Para el SFF-CGT, la deplorable situación actual de las empresas ADIF y RENFE es fruto directo de las políticas aplicadas desde los distintos ministerios y cuyos responsables principales son los distintos gobiernos nacionales y por prolongación, los actuales presidentes de las dos entidades públicas. Una vez que el gobierno del PP ha cesado en sus funciones, queda solicitar la dimisión de los actuales presidentes de RENFE y ADIF, por lo que desde este sindicato consideramos una pésima gestión.
Desde la aprobación de la ley de Sector Ferroviario, pasando por la aprobación de las Directrices europeas (la última, aplicación del IV paquete ferroviario) y sobre todo el seguidismo de las actuales políticas económicas y de adaptación a una realidad demandada por Europa que no es cierta, han colocado a Renfe y Adif en una situación de absoluto desmantelamiento: endeudamiento insostenible de Adif y Adif AV, cercana la quiebra de Renfe Mercancías, continua privatización de los servicios de Renfe Fabricación y Mantenimiento, abandono y falta de inversiones en las líneas que no sean AVE -con la estudiada falta de concreción de las OSP-, externalización paulatina de todos los servicios propios de la actividad de las empresas ferroviarias, etc.
En lo que respecta a los aspectos laborales; en ADIF: continua pérdida de poder adquisitivo, desmantelamiento de servicios prestados por personal propio que se privatizan día a día, nulo avance de las negociaciones (clasificación profesional, jubilación parcial, movilidad, etc.) insuficiente potenciación la Seguridad en la Circulación, pilar básico en el ferrocarril y de los sistemas de Seguridad, falta de formación del personal vinculado a la seguridad en la circulación, etc.
En el Grupo Renfe: continua y constante externalización de los servicios que presta el personal ferroviario, creación de distintas escalas salariales que introducen la precariedad, los desequilibrios salariales y las diferencias en el sistema de promoción, pérdida de poder adquisitivo a lo largo de los años, incumplimientos constantes de los acuerdos firmados (desconvocatorias de huelga, desvinculaciones, etc.), acumulación progresiva de problemas en la prestación de los servicios por dejadez empresarial, falta de formación continua en los distintos puestos de trabajo e insuficiente en los nuevos ingresos y ascensos, etc.
En definitiva, un modelo de ferrocarril basado en los rendimientos económicos y las cuentas de resultados, en macro-inversiones cuya rentabilidad social queda en entredicho pero que sin embargo, beneficia a las grandes constructoras. Un ferrocarril que se mantiene alejado de las necesidades de la mayoría ciudadana, de sus necesidades de movilidad y del carácter de un servicio público de calidad.
Debemos también recordar, que ambos presidentes se han negado a cumplir con lo mandatado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en cuanto a la publicación de los salarios de todo el personal de dirección fuera de los Convenios Colectivos de las dos empresas, llegando a recurrir por vía judicial este mandato y que supone de facto, la negación de la transparencia y el incumplimiento de sus respectivos Códigos Éticos de empresa. A todo lo anterior, debemos sumar la imputación del actual presidente de ADIF en el caso Lezo, y pendiente de las conclusiones de la investigación de la empresa Madrid Calle 30, de la que era consejero el actual presidente del Grupo Renfe y que se encargaba del mantenimiento de la M-30 en Madrid.
SFF-CGT
