{"id":2884,"date":"2015-02-08T08:25:45","date_gmt":"2015-02-08T06:25:45","guid":{"rendered":"http:\/\/cgtcantabria.org\/wp\/?p=2884"},"modified":"2015-02-06T17:26:18","modified_gmt":"2015-02-06T15:26:18","slug":"la-criminalizacion-avanza-catalogo-de-nuevos-terroristas-segun-la-reforma-penal-de-pp-y-psoe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cgtcantabria.org\/wp\/?p=2884","title":{"rendered":"La criminalizaci\u00f3n avanza: Cat\u00e1logo de nuevos terroristas seg\u00fan la reforma penal de PP y PSOE"},"content":{"rendered":"

Por\u00a0<\/em>Pedro \u00c1gueda<\/p>\n

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\"reforma_codigo_penal\"<\/a>Con la expuesta intenci\u00f3n de hacer frente al fen\u00f3meno yihadista, el Partido Popular y el PSOE han pactado una reforma del C\u00f3digo Penal que extiende la definici\u00f3n de \u201cterrorismo\u201d a conductas que nada tienen que ver con los delitos que puedan cometer integristas isl\u00e1micos, seg\u00fan coinciden los expertos consultados.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de la oposici\u00f3n a la prisi\u00f3n permanente revisable, los socialistas prestan su apoyo a un concepto de terrorismo sobre el que otros miembros de la oposici\u00f3n, activistas y catedr\u00e1ticos de Derecho Penal dan la voz de alarma: el texto de la proposici\u00f3n de ley introduce conceptos tan amplios y vagos que actos que hasta ahora merec\u00edan un determinado reproche penal pasar\u00e1n a ser castigados con la severidad que merece un acto terrorista.<\/p>\n

En concreto, la reforma del art\u00edculo 573 del C\u00f3digo Penal establece como delitos terroristas los \u201cdes\u00f3rdenes p\u00fablicos\u201d u otros contra el patrimonio si con ellos se pretende \u201cobligar a los poderes p\u00fablicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo\u201d o, simplemente, \u201calterar gravemente la paz p\u00fablica\u201d. Estas son las acciones y grupos susceptibles de ser investigados, detenidos, juzgados y condenados por terrorismo a partir de la reforma acordada por el PSOE y el PP.<\/p>\n

Vecinos de Gamonal y otros barrios<\/h3>\n

Los participantes en los disturbios del barrio burgal\u00e9s de Gamonal pretend\u00edan parar las obras en un bulevar aprobadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Lo que hicieron se puede traducir por que algunos protestaron de forma violenta con la intenci\u00f3n de obligar a un \u201cpoder p\u00fablico\u201d a rectificar y \u201cabstenerse\u201d de llevar a cabo su proyecto.<\/p>\n

La afirmaci\u00f3n encaja con la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 573 del C\u00f3digo Penal que el PP y el PSOE quieren aprobar. De haber estado en vigor la reforma del C\u00f3digo Penal que han aprobado los dos partidos, los causantes de lesiones a los polic\u00edas antidisturbios podr\u00edan haber sido condenados a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n

El Ministerio del\u00a0Interior difundi\u00f3 la supuesta vinculaci\u00f3n<\/a>\u00a0de algunos violentos llegados de fuera con grupos pr\u00f3ximos al terrorismo, aunque los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le\u00f3n describ\u00edan a un manifestante residente en el barrio y sin antecedentes, salvo en dos excepciones.<\/p>\n

Con la reforma pactada, sucesos como los de Gamonal \u201cactivar\u00e1n la legislaci\u00f3n\u201d en esta materia antiterrorista, advierte el catedr\u00e1tico de Derecho Penal Jacobo Dopico. Y a\u00f1ade: \u201cAparte de la mayor gravedad de la reacci\u00f3n penal, deben mencionarse otras grav\u00edsimas consecuencias, como una detenci\u00f3n policial por cinco d\u00edas o la interceptaci\u00f3n de las comunicaciones sin autorizaci\u00f3n judicial previa\u201d.<\/p>\n

Defensores del medio ambiente y los derechos de los animales<\/h3>\n

\u00bfAlteran gravemente la \u201cpaz p\u00fablica\u201d los activistas que se plantan en Tordesillas todos los a\u00f1os para impedir la celebraci\u00f3n del Toro de la Vega? En caso afirmativo, ya existe el primer indicio de terrorismo. \u00bfNo pretenden que las autoridades proh\u00edban la fiesta? Otra respuesta positiva les sit\u00faa directamente en el radar de la lucha antiterrorista.<\/p>\n

\u00bfY las organizaciones animalistas que asaltan granjas donde se maltrata a los animales? \u00bfNo llevan a cabo un delito contra el patrimonio con la intenci\u00f3n de cambiar la legislaci\u00f3n que no castiga la cr\u00eda de animales en determinadas condiciones? Con otras dos respuestas afirmativas a estas preguntas, la suerte de los animalistas estar\u00e1 echada cuando se apruebe la reforma del PP y el PSOE, seg\u00fan los penalistas consultados.<\/p>\n

El tribunal competente para instruir y juzgar los delitos de terrorismo es la Audiencia Nacional. Siempre cabe la posibilidad de que la redacci\u00f3n ambigua de la ley permita al magistrado instructor rechazar un proceso por terrorismo y derivar las denuncias contra los animalistas a un juzgado ordinario.<\/p>\n

Pero antes de que eso ocurra, coincide el catedr\u00e1tico de la Universidad Aut\u00f3noma Manuel Cancio, los participantes en las protestas podr\u00e1n ser investigados y detenidos por unidades policiales antiterroristas, sus comunicaciones intervenidas sin autorizaci\u00f3n judicial previa y su arresto transcurrir\u00e1 en r\u00e9gimen de incomunicaci\u00f3n, incluso por un espacio m\u00e1ximo de cinco d\u00edas. A todo esto cabr\u00eda sumar el tratamiento medi\u00e1tico que Interior da a los sospechosos de terrorismo. Seg\u00fan los expertos consultados, la proposici\u00f3n de ley del PP y el PSOE permite todo ello.<\/p>\n

Bajo estos mismos par\u00e1metros, Fuerzas de Seguridad y jueces tendr\u00edan respaldo legal para responder con operaciones antiterroristas contra aquellos que protagonicen actuaciones con fuerza contra la construcci\u00f3n de centrales nucleares y otras obras susceptibles de da\u00f1ar el medio ambiente. Para ello no ser\u00e1 necesario que atenten contra personas, bastar\u00e1 con que lo hagan contra el \u201cpatrimonio\u201d.<\/p>\n

Habituales en desahucios, escraches y protestas contra las privatizaciones<\/h3>\n

Desde que existe la Plataforma Antidesahucios, m\u00e1s de 1.000 desalojos han sido abortados en Espa\u00f1a. Esto es, en un millar de ocasiones, un grupo de personas ha impedido a la comisi\u00f3n del juzgado, eventualmente apoyada por la polic\u00eda, ejecutar el mandamiento de desahucio.<\/p>\n

Traducido al nuevo texto legal, los activistas han impedido a un poder p\u00fablico realizar una acci\u00f3n. Y para hacerlo han incurrido en des\u00f3rdenes p\u00fablicos. Si no han sido graves, se enfrentan a una multa que puede alcanzar los 30.000 euros, seg\u00fan la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En el caso de que se trate de hechos graves, deber\u00e1n atenerse a los delitos de terrorismo que recoger\u00e1 el nuevo art\u00edculo 573 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 diferencia una resistencia a la autoridad susceptible de multa de otra de car\u00e1cter grave? Aqu\u00ed entra la reforma del C\u00f3digo Penal que ha aprobado el PP en solitario y que no alude, en principio, al terrorismo. Seg\u00fan el nuevo texto, cometer\u00e1 un acto grave de des\u00f3rdenes p\u00fablicos el que se niegue a abandonar un lugar, solo a trav\u00e9s de la resistencia pasiva, sin necesidad de que recurra a la violencia.<\/p>\n

Las actuaciones contra los desahucios dejan a menudo im\u00e1genes de activistas abrazados entre s\u00ed y retirados a rastras por los antidisturbios. Para el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, la reforma antiterrorista es la tercera pata de \u201cun tr\u00edpode de excepci\u00f3n\u201d, que se completa con la Ley de Seguridad Ciudadana y el resto de la reforma del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n

Algo similar ocurrir\u00eda con los escraches, que tambi\u00e9n ha popularizado en Espa\u00f1a la PAH. Con la campa\u00f1a que emprendieron, los activistas pretend\u00edan presionar a los pol\u00edticos para que votaran a favor de una Iniciativa Legislativa Popular en favor de la daci\u00f3n en pago. Su objetivo declarado, por tanto, era \u201cobligar a los poderes p\u00fablicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo\u201d.<\/p>\n

De nuevo aparece la renovada redacci\u00f3n del art\u00edculo 573 del C\u00f3digo Penal por los grupos socialista y popular. La misma situaci\u00f3n se repetir\u00eda con aquellos que se vieran envueltos en \u201cdes\u00f3rdenes p\u00fablicos\u201d al protestar contra la privatizaci\u00f3n de Aena o el Canal de Isabel II, como apunta el catedr\u00e1tico de la Universidad Aut\u00f3noma Manuel Cancio.<\/p>\n

Ciberactivistas<\/h3>\n

Los activistas en la red que han traspasado la l\u00ednea, seg\u00fan el actual C\u00f3digo Penal, tambi\u00e9n tienen su apartado en la reforma del art\u00edculo 573. Esos delitos que cometen ahora pasar\u00e1n a ser terrorismo \u201ccuando se cometan con alguna de las finalidades descritas en el apartado anterior\u201d, es decir, para obligar a los poderes p\u00fablicos a realizar algo o a dejar de hacerlo, alterar gravemente la paz p\u00fablica o \u201cdesestabilizar gravemente el funcionamiento de una organizaci\u00f3n internacional\u201d.<\/p>\n

Esta \u00faltima intencionalidad, aplicable no solo a los\u00a0hackers<\/em>, adquiere cierta relevancia cuando se habla de ellos. En el caso de que uno o varios de estos\u00a0hackers<\/em>\u00a0decidan asaltar los archivos inform\u00e1ticos de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, estar\u00e1n incurriendo en un delito de terrorismo, seg\u00fan la pr\u00f3xima legislaci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/p>\n

El art\u00edculo 197 bis del C\u00f3digo Penal actual castiga con prisi\u00f3n de entre seis meses y dos a\u00f1os a quien, \u201cpor cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorizaci\u00f3n a datos o programas inform\u00e1ticos contenidos en un sistema inform\u00e1tico\u201d.<\/p>\n

Con el texto que presentan el PSOE y el\u00a0 PP, los\u00a0hackers<\/em>\u00a0podr\u00e1n ser perseguidos por eso mismo en calidad de presuntos terroristas. As\u00ed ser\u00e1 cuando obtengan informaciones violando la seguridad inform\u00e1tica de personas o instituciones. En ocasiones se trata de espionaje empresarial o pirater\u00eda inform\u00e1tica, pero en otras se ha tratado de obtener informaci\u00f3n relevante para los ciudadanos por la gravedad de los hechos que hacen aflorar. De no haber sido sustra\u00eddos y entregados a los medios de comunicaci\u00f3n, nunca se hubieran conocido.<\/p>\n

En el campo que afecta a los ciberactivistas, el abogado y director jur\u00eddico de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Expresi\u00f3n (PDLI), Carlos S\u00e1nchez Almeida, destaca el caso de los imputados en un juzgado de Gij\u00f3n por tumbar la web de la Junta Electoral Central durante las protestas del 15M realizadas en 2011 en fechas no autorizadas por su proximidad a las elecciones auton\u00f3micas y municipales. Con el pr\u00f3ximo C\u00f3digo Penal, advierte el letrado, podr\u00edan ser acusados de un delito de terrorismo.<\/p>\n

Tuiteros, al l\u00edmite<\/h3>\n

La pr\u00f3xima legislaci\u00f3n antiterrorista abarcar\u00e1 los delitos cometidos por quienes difundan \u201cp\u00fablicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean id\u00f3neos para incitar a otros a la comisi\u00f3n de alguno de los delitos de este cap\u00edtulo\u201d.<\/p>\n

Esos delitos, como se menciona anteriormente, no tienen por qu\u00e9 estar vinculados necesariamente con el terrorismo yihadista y podr\u00edan cometerse durante una protesta que derive en altercados. En este sentido, S\u00e1nchez Almeida destaca la \u201cambig\u00fcedad\u201d de la expresi\u00f3n \u201csean id\u00f3neos\u201d como soporte para perseguir como terroristas infinidad de mensajes difundidos a trav\u00e9s de las redes sociales, como ha ocurrido en algunas de las convocatorias post-15M.<\/p>\n

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