![\"arton1103\"](\"http:\/\/cgtcantabria.org\/wp\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/arton1103.jpg\")
<\/a>Entre 1997 y 2015, se han presentado un total de 25 demandas contra el Estado espa\u00f1ol ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Con la excepci\u00f3n de dos de ellas, una interpuesta en el a\u00f1o 1997 y otra en 2012, la mayor\u00eda de las reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se han producido en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os. Un gran porcentaje, 15 de ellas, han sido presentadas durante 2015.Las 23 demandas contra el Estado espa\u00f1ol ante el CIADI que se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n tienen que ver con los recortes de los \u00faltimos gobiernos espa\u00f1oles a las primas al sector de las energ\u00edas renovables<\/strong>. De ah\u00ed que todas estas reclamaciones se hayan presentado entre 2012 y 2015. Este tribunal arbitrario, aunque sea el m\u00e1s transparente de todos seg\u00fan los coordinadores del informe, no muestra mucha de la informaci\u00f3n de los litigios ya que existen clausulas de confidencialidad. La cantidad exigida como compensaci\u00f3n s\u00f3lo se muestra en 6 de las 23 demandas al estado espa\u00f1ol. En caso de que el Gobierno espa\u00f1ol fuera condenado a pagar compensaciones a esas 6 empresas la cifra alcanzar\u00eda los 2.241 millones de d\u00f3lares<\/strong>.\u201cEspa\u00f1a es ya el cuarto pa\u00eds del mundo con un mayor n\u00famero de demandas de arbitraje en su contra; en el momento de cerrar este informe, tiene pendientes de resoluci\u00f3n 24 recursos \u2014a los 23 citados en este informe se le ha sumado en marzo de 2016 otra demanda m\u00e1s de una filial de Toyota y Tepco\u2014 ante el CIADI. Es un caso paradigm\u00e1tico de lo que podr\u00eda ocurrir si hubiera gobiernos que trataran de llevar a cabo pol\u00edticas contrarias a los intereses de las grandes transnacionales, ya que probablemente se encontrar\u00edan con un listado de contenciosos de arbitraje internacionales impulsados por estas compa\u00f1\u00edas\u201d<\/i>, explica Pedro Ramiro del Observatorio de Multinacionales de Am\u00e9rica Latina<\/a> (OMAL) y uno de los autores del informe.En todos estos casos, el instrumento jur\u00eddico invocado ha sido el Tratado de la Carta de la Energ\u00eda. Este tratado, firmado a mediados de los a\u00f1os noventa con los objetivos de garantizar el suministro de hidrocarburos a la Uni\u00f3n Europea y de potenciar el sector energ\u00e9tico de los pa\u00edses de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de grandes empresas e inversores para ir demandando al Estado espa\u00f1ol ante el CIADI por\u201cuna expropiaci\u00f3n indirecta de los beneficios que seg\u00fan sus c\u00e1lculos (estimatorios) podr\u00edan haber obtenido con la legislaci\u00f3n de partida sobre la cual se basaron para invertir\u201d<\/i>.
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La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio Internacional, la Comisi\u00f3n de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Soluci\u00f3n de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Estocolmo y el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial son tribunales privados que se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales.<\/p>\n<\/dt>\n<\/dl>\n
El hecho de que en los tratados comerciales y acuerdos de inversi\u00f3n omo el TTIP, el CETA y el TISA se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales, como en el caso de los ISDS<\/a>, como el principal mecanismo de resoluci\u00f3n de conflictos entre los grandes inversores y los estados representa una amenaza para los gobiernos firmantes del tratado y su soberan\u00eda. \u201c<\/i>Los mecanismos ISDS se revelan fundamentales para el avance de la globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica y la lex mercatoria, ya que asientan las condiciones para la expansi\u00f3n de los negocios de las grandes corporaciones y hacen muy dif\u00edcil la reversi\u00f3n de las pol\u00edticas neoliberales\u201d<\/i>, explica el autor del informe.<\/p>\n
Al preguntar a Ramiro por las consecuencias de la posible aprobaci\u00f3n de los tratados TTIP y CETA declara que \u201cahora, en la Uni\u00f3n Europea, estamos sufriendo los mismos planes de ajuste estructural, austeridad y disciplina fiscal que se impusieron en Am\u00e9rica Latina en las \u00faltimas d\u00e9cadas del siglo pasado; de igual manera, hoy con tratados como el TTIP y el CETA se pretende restringir nuestra soberan\u00eda econ\u00f3mica en la misma medida en que la soberan\u00eda latinoamericana se vio afectada por la llegada de \u201cnuestras empresas\u201d hace dos d\u00e9cadas. As\u00ed, esta nueva ronda de tratados comerciales y acuerdos de inversi\u00f3n supone otro paso m\u00e1s en el avance de la arquitectura de la impunidad construida a favor de las compa\u00f1\u00edas multinacionales y del capital\u201d.<\/i><\/p>\n
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- Las empresas espa\u00f1olas contra gobiernos latinoamericanos<\/dt>\n<\/dl>\n
Las empresas con sede en Espa\u00f1a tambi\u00e9n han denunciado a otros gobiernos ante este tipo de tribunales. El n\u00famero total de casos vinculados a multinacionales con sede en el estado espa\u00f1ol asciende a 34. De todas las demandas presentadas ante el CIADI por parte de empresas espa\u00f1olas, el 90% han sido interpuestas contra pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. El 64% del total de demandas van dirigidas a diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, el 13% a Centroam\u00e9rica y otro 13% a Am\u00e9rica del Norte (M\u00e9xico).<\/p>\n
A lo largo del per\u00edodo comprendido entre 1998 y 2015, han sido tres los a\u00f1os en los que se ha concentrado el mayor n\u00famero de demandas: 2003, 2009 y 2012. Dicha evoluci\u00f3n temporal de las controversias inversor-estado responde a aquellos momentos donde m\u00e1s conflictos se han producido como consecuencia de las medidas tomadas por diferentes gobiernos latinoamericanos para recuperar la soberan\u00eda estatal frente a las privatizaciones de servicios p\u00fablicos que se realizaron en la mayor\u00eda de pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Argentina encabeza la lista, seguido por Venezuela, M\u00e9xico y Ecuador; destaca, especialmente, el caso de Argentina, que ha sido llevada en 9 ocasiones ante el CIADI coincidiendo con los a\u00f1os en los que el gobierno de Cristina Fern\u00e1ndez expropi\u00f3 y nacionaliz\u00f3 el 51% de la petrolerar YPF de la que Repsol era due\u00f1a.<\/p>\n
Yago \u00c1lvarez<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Hoy se ha presentado el nuevo informe de Ecologistas en Acci\u00f3n \u201cJusticia privatizada. El Estado espa\u00f1ol y los mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias inversor-Estado\u201d en el que se analizan las demandas presentadas a Espa\u00f1a por parte de multinacionales en los … Sigue leyendo
- Las empresas espa\u00f1olas contra gobiernos latinoamericanos<\/dt>\n<\/dl>\n