{"id":7399,"date":"2017-05-31T08:06:07","date_gmt":"2017-05-31T06:06:07","guid":{"rendered":"http:\/\/cgtcantabria.org\/wp\/?p=7399"},"modified":"2017-05-31T08:06:07","modified_gmt":"2017-05-31T06:06:07","slug":"medio-millon-de-euros-de-fianza-para-los-27-okupas-que-denunciaron-los-chiringuitos-universitarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cgtcantabria.org\/wp\/?p=7399","title":{"rendered":"Medio mill\u00f3n de euros de fianza para los 27 okupas que denunciaron los chiringuitos universitarios"},"content":{"rendered":"
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\u201cNi hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma\u201d, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballb\u00e9 al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), eldesembolso de una fianza de 511.835 euros<\/b>, con el pretexto de garantizar la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilizaci\u00f3n de la ense\u00f1anza<\/b> que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Aut\u00f3noma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.<\/p>\n

\"\"<\/a>No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario<\/b> catal\u00e1n <\/b>porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un a\u00f1o despu\u00e9s de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro m\u00e1s violento<\/b> y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la ca\u00edda del franquismo de represalias pol\u00edticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscal\u00eda con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un \u201centramado criminal\u201d que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la instituci\u00f3n mediante procedimientos violentos de alg\u00fan modo inspirados en la kale borroka<\/i>.<\/p>\n

El abono de la fianza por responsabilidad civil deber\u00e1 ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusaci\u00f3n y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, ser\u00e1n embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargar\u00eda a uno de los 27<\/b>, hasta cubrir la suma total de la fianza.<\/p>\n

Todas las n\u00f3minas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, ser\u00e1n embargadas en los porcentajes m\u00e1ximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y m\u00e9s, se han solidarizado con los procesados, dicha decisi\u00f3n es una condena t\u00e1cita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunci\u00f3n de inocencia y que comprometer\u00e1 seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayor\u00eda j\u00f3venes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.<\/p>\n

\u201cLas p\u00e9rdidas diversas de los servicios del rectorado\u201d<\/b><\/p>\n

Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucci\u00f3n N\u00famero 2 de Cerdanyola del Vall\u00e9s que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fern\u00e1ndez- no s\u00f3lo no ha rebajado la petici\u00f3n de fianza realizada por la fiscal\u00eda en el escrito de acusaci\u00f3n, sino que la ha endurecido increment\u00e1ndola en 126.997 euros<\/b> (casi un 25 por ciento). En su petici\u00f3n de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluy\u00f3 en su primera denuncia.<\/p>\n

En la valoraci\u00f3n citada de los da\u00f1os y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la p\u00e9rdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las p\u00e9rdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gesti\u00f3n del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, \u201clas p\u00e9rdidas diversas de los servicios del rectorado\u201d y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulaci\u00f3n, jardiner\u00eda, cristales y mobiliario.<\/p>\n

El nuevo rectorado de la UAB de oposici\u00f3n moderada que reemplaz\u00f3 al equipo de Ferran Sancho intent\u00f3 posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscal\u00eda a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoraci\u00f3n de las responsabilidades civiles que reduc\u00eda hasta los 10.000 euros la estimaci\u00f3n de los desperfectos supuestamente provocados. \u00c9sta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instru\u00eda el sumario, dado que el rectorado hab\u00eda retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusaci\u00f3n particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fern\u00e1ndez haya incrementado la petici\u00f3n de fianza de la fiscal\u00eda atendiendo a un tercer peritaje, \u201ctodav\u00eda m\u00e1s desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que tambi\u00e9n concurren al proceso\u201d.<\/p>\n

En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vall\u00e9s se imputa a los 27 encausados un delito continuado de des\u00f3rdenes p\u00fablicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jur\u00eddica mediante la intimidaci\u00f3n, as\u00ed como da\u00f1os y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son tambi\u00e9n acusados de \u201cun delito continuado de coacciones <\/b>encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresi\u00f3n de los supuestamente perjudicados\u201d, traducci\u00f3n penal del \u201cescrache\u201d que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperaci\u00f3n con s\u00f3lo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejerc\u00eda sus labores docentes.<\/p>\n

Juicio pol\u00edtico<\/b><\/p>\n

Las penas de prisi\u00f3n que el fiscal solicita para estos siete \u00faltimos procesados son de catorce a\u00f1os. Al resto se le pide once y medio m\u00e1s cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicar\u00eda de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot<\/b> y Jordi Gassiot<\/b>, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 am\u00e9n de uno de los pocos l\u00edderes sindicales que, junto a Diego Ca\u00f1amero<\/b>, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la ca\u00edda del r\u00e9gimen franquista.<\/p>\n

Adem\u00e1s de profesor de Prehistoria y arque\u00f3logo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretar\u00eda general de la Confederaci\u00f3n General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un a\u00f1o despu\u00e9s de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, hab\u00eda desempe\u00f1ado el cargo de secretario de Acci\u00f3n Social. A partir de 2006, formaba parte tambi\u00e9n del comit\u00e9 de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicaci\u00f3n en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados<\/b>.<\/p>\n

\u00a0<\/a><\/p>\n

Al abogado de los estudiantes, Eduardo C\u00e1liz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio pol\u00edtico contra los l\u00edderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, ven\u00edan se\u00f1al\u00e1ndose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todav\u00eda m\u00e1s all\u00e1 cuando afirman que el proceso tiene algo tambi\u00e9n de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.<\/p>\n

El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gest\u00f3 en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logr\u00f3 aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matr\u00edcula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una pol\u00edtica de transparencia que impidiera que la universidad p\u00fablica fuera un v\u00edvero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.<\/p>\n

Las sospechas de corrupci\u00f3n se extend\u00edan sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores m\u00e1s estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se ped\u00edan explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del \u201cfuncionamiento irregular\u201d de \u201cciertos chiringuitos\u201d como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundaci\u00f3 UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en \u201cdudosas condiciones\u201d de millones de euros procedentes de las arcas p\u00fablicas.<\/p>\n

La CGT denunci\u00f3 tambi\u00e9n que algunos docentes hab\u00edan suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la instituci\u00f3n y apunt\u00f3 directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio p\u00fablico-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este \u00faltimo respondi\u00f3 en su d\u00eda amenazando con interponer una demanda por injurias que jam\u00e1s lleg\u00f3 a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados<\/b> en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opini\u00f3n de los procesados viene a respaldar la idea del \u201cajuste de cuentas\u201d.<\/p>\n

Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposici\u00f3n de Pere Sol\u00e0 que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.<\/p>\n

En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un s\u00f3lo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moci\u00f3n aprobada por el \u201cparlamento de la UAB\u201d o claustro. Una semana despu\u00e9s de que diera inicio la ocupaci\u00f3n, en v\u00edsperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad P\u00fablica (PUC) -de la que tambi\u00e9n forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.publico.es\/sociedad\/subida-tasas-medio-millon-euros.html<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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