La Confederación General del Trabajo (CGT) ha acordado en una Plenaria Extraordinaria la convocatoria de una jornada de huelga general para el próximo miércoles, 15 de octubre de 2025. La organización anarcosindicalista llama a participar a toda la sociedad en los actos y movilizaciones que se organizan para este día en los diferentes territorios del Estado español. Dicha convocatoria se hace más necesaria que nunca dada la situación por la que atraviesa la clase trabajadora, y entre cuyas causas está la escalada bélica que a nivel internacional dirigelas prioridades de los gobiernos y sus representantes a un nuevo e importante rearme de sus ejércitos. En el caso español, CGT fundamenta la convocatoria de esta jornada de huelga en la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, y contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización.
Desde que diera comienzo esta última etapa del plan de eliminación del pueblo palestino por parte de Israel, en octubre de 2023, la CGT ha intentado sin éxito lograr una reunión con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Presidencia del gobierno español, tanto para exponer los argumentos a favor de una redistribución del gasto público en beneficio de las clases populares y también para exigir el fin de las relaciones económicas y el embargo de armas con Israel.
Entre los motivos que justifican la jornada de huelga general para el 15 de octubre están:
-Genocidio israelí en Gaza y violación de la legalidad internacional, porque a pesar de que el hostigamiento y los crímenes de Israel sobre Palestina se mantienen desde hace décadas, el asedio que comenzó en octubre de 2023 es ya uno de los más crueles por la crisis humanitaria que ha generado el asesinato de más de 60.000 personas (el 30 % de ellas eran menores) y los casi 157.000 heridos. La Corte Internacional de Justicia ya ha declarado que Israel está cometiendo un crimen de genocidio sobre una población totalmente desarmada y enferma.
-Impacto social y político de este genocidio en la sociedad española, como lo demuestran las innumerables acciones y movilizaciones que desde octubre de 2023 se vienen llevando a cabo desde la sociedad civil mayoritariamente, para evidencias los crímenes de Israel y la pasividad de la Comunidad Internacional. En este sentido, CGT hace hincapié en la solidaridad mostrada hacia el pueblo palestino y en cómo, a medida que han avanzado los meses, la gente ha ido asumiendo el dolor de los palestinos y las palestinas así como el derecho que poseen a resistir, sobrevivir y defenderse, y como así se vio el pasado 27 de septiembre de 2024 en la jornada de huelga general convocada también por nuestra organización y Solidaridad Obrera.
-Impacto económico del conflicto provocado por Israel, ya que las agresiones de este Estado no se han limitado únicamente al territorio palestino, sino que también han afectado a otros de la misma región, como Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen. La sinrazón de Israel ha generado una gran inestabilidad en Oriente Próximo que amenaza a la soberanía alimentaria y energética, causa devaluación de la moneda, agudiza las crisis de deuda y ralentiza que la clase trabajadora pueda recuperar el poder adquisitivo que mantenía antes de la pandemia de Covid-19 en 2020.
Esta situación es preocupante a nivel mundial, pero en el caso español diferentes informes y estudios indican que la inflación podría dispararse todavía más desde el comienzo de la guerra en Ucrania (2021). No cabe ninguna duda que quienes pagarían las consecuencias de todo ello serían los trabajadores y las trabajadoras en mayor medida.
-El Estado español como cómplice de conflictos armados y de genocidios, como el que desarrolla el gobierno de B. Netanyahu en Palestina. Un crimen que obedece a una estrategia para expoliar los recursos de los palestinos y las palestinas, para que poco a poco vayan abandonando sus territorios. A través del hostigamiento, de bombardeos, el hambre y la falta de medicamentos que palien enfermedades de la población, Israel intenta imponer su ley por la fuerza.
CGT considera que tanto la Comunidad Internacional como el Estado español vienen siendo cómplices de esta masacre en Palestina, a través del mantenimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Y a pesar de las movilizaciones ciudadanas para boicotear económicamente al Estado sionista, no hay evidencias más allá de un tímido comunicado de intenciones para cortar lazos con este país. CGT afirma que desde octubre de 2023 apenas ha cambiado algo en este sentido, y las leyes o manifestaciones que se han anunciado por parte del gobierno de PSOE-Sumar han sido más simbólicas que otra cosa.
CGT tiene claro que el Estado español no puede continuar de ninguna manera las relaciones, del tipo que sean estas, con Israel mientras esté asesinando a seres humanos indefensos en la franja de Gaza y en el resto de los territorios que tiene ocupados y que pertenecen al pueblo palestino.
-Redistribución del gasto público en favor de la clase trabajadora, porque las relaciones comerciales con Israel, sobre todo aquellas que consisten en exportar material bélico, además de evidenciar la complicidad con este crimen también indica que las partidas presupuestarias se están destinando a otros intereses alejados de la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras en el Estado español.
España ha continuado, desde octubre de 2023 a la actualidad, adjudicando contratos a empresas militares israelíes o a otras que fabrican productos para Israel. Esto ayuda a que la actividad bélica siga siendo rentable para multinacionales muy importantes y a costa del sufrimiento y el dolor de miles de personas inocentes.
Por otro lado, los gastos destinados para materiales y efectivos militares repercuten en los recortes que se producen de manera casi paralela en otros servicios esenciales para la vida digna de las personas trabajadoras. Además de impedir o ralentizar el crecimiento de la economía, las inversiones militares fomentan las crisis ecológicas y el cambio climático. Es una reivindicación histórica de la CGT, desde que echó a andar como organización anarcosindicalista, la eliminación –o en su caso una importante disminución- de las partidas presupuestarias destinadas a gasto militar en beneficio de la clase trabajadora, a través de un gasto público destinado a medidas que ayuden social, laboral y profesionalmente a la clase trabajadora. En este sentido, CGT indica que la realidad de los trabajadores y las trabajadoras españolas es muy precaria, como indican las cifras de las Encuestas de Población Activa (EPA), los análisis económicos y las cifras de accidentes mortales y personas heridas en sus lugares de trabajo. Tampoco se puede obviar en este punto la situación extrema de aquellas personas migrantes que se ganan la vida –como pueden o les dejan- en el Estado español. Estas son las más vulnerables de todo el sistema, como bien sabemos, debido a la falta de regularización y al auge del racismo en sectores cada vez más reaccionarios de la sociedad.
Por todos estos motivos, desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se ha planteado una serie de exigencias al gobierno de PSOE-Sumar que consisten en:
-aumento de las pensiones de jubilación, de las cuantías de prestación por incapacidad, prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, pensiones de viudedad, prestaciones por subsidio y desempleo, y de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
-creación de medidas y programas destinados al fomento del empleo, a la inserción laboral y ayudas a la dependencia, así como la creación de ofertas de empleo público para personas trabajadoras con discapacidad.
-aumento de las ofertas de empleo público para sanidad y servicios sociales y seguridad social de la Administración Pública, y para los procesos de estabilización de trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad.
-aumento de las partidas autonómicas destinadas al alquiler y aumento del presupuesto destinado al parque de vivienda pública.
-aumento de medidas para el fomento de la economía social y recuperación del entorno rural, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica y cambio climático. También en medidas eficaces para la reinserción laboral en el marco del proceso de transición justa.
-revocación y suspensión de las licencias de ventas de material militar con anterioridad a octubre de 2023 y de los acuerdos bilaterales con el Estado de Israel. Prohibición del comercio y de las inversiones en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, de las inversiones en empresas y bancos israelíes. Ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, deportivas, institucionales, políticas, etc. con el régimen de Israel.
CGT, como organización libertaria e internacionalista, no puede mantenerse pasiva ante la situación que padecen miles de personas en un conflicto del que no pueden huir y que ya dura demasiados años. Tampoco, como anarcosindicalistas, podemos esperar a que desde las instituciones se den las circunstancias oportunas para que los gobiernos tomen decisiones que ayuden a frenar el poder real de Israel en estos momentos. Es por lo que desde CGT se ha venido organizando, fomentando y participando en todas aquellas acciones destinadas a la visibilización de este genocidio. Las movilizaciones, que cada vez han ido sumando a más personas y colectivos de la sociedad civil, ya son masivas en todo el continente, por lo que es hora de contribuir a la presión social por el fin definitivo de este crimen y por el derecho del pueblo palestino a elegir su destino en paz y libertad.
¡Invirtamos en vida y no en armas! ¡Por el fin del genocidio en Palestina!
