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EL SFF-CGT CONVOCARÁ HUELGAS 9, 10, Y 11 DE FEBRERO EN TODO EL SECTOR FERROVIARIO
Ante los terribles acontecimientos ocurridos en las últimas horas, el SFF-CGT realizará movilizaciones para exigir un nuevo modelo ferroviario en el que se priorice la seguridad de las personas trabajadoras y la ciudadanía
El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT), con representación en la mayoría de las empresas del sector ferroviario, anuncia que impulsará movilizaciones durante los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir un cambio inmediato del modelo ferroviario actual y colocar de nuevo en el centro la seguridad en la circulación, la calidad del servicio y la protección de las condiciones laborales de todas las personas trabajadoras del ferrocarril.
En opinión del sindicato, los acontecimientos recientes han vuelto a demostrar algo que el sector conoce desde hace tiempo: la liberalización sin control, la externalización masiva y la precarización estructural han comprometido la seguridad ferroviaria, empujando al sistema hacia un escenario de colapso operativo cada vez más evidente. Los sucesos de Adamuz y Gélida no pueden ser tratados como hechos aislados ni como errores puntuales: son el reflejo de un modelo que ha debilitado la capacidad de prevención, mantenimiento y respuesta ante incidencias. “Todo el mundo sabe que este modelo está poniendo en riesgo la seguridad. Lo que ha pasado no es casualidad: es consecuencia directa de años de privatización encubierta, abandono de la red convencional y desmantelamiento de medios y plantillas”, señalan desde el SFF-CGT.
NO ES UN PROBLEMA DE UN COLECTIVO: AFECTA A TODO EL SECTOR
El SFF-CGT subraya que esta situación no afecta a un único colectivo, sino que compromete a todas las personas que sostienen el ferrocarril: circulación, infraestructura, personal a bordo de los trenes, personal de empresas auxiliares y contratas, junto con el personal de conducción.
Por ello, el sindicato hace un llamamiento a la unidad del conjunto del sector ferroviario para responder con firmeza. “No es momento de dividir ni de buscar culpables entre trabajadoras y trabajadores. La respuesta debe ser colectiva, inmediata y dirigida hacia quienes han tomado decisiones políticas y empresariales que han roto el modelo ferroviario”, remarcan.
MOVILIZACIONES Y ADVERTENCIA PREVIA AL MINISTERIO
El SFF-CGT señala que esta situación ya fue advertida por el sindicato en una carta remitida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el pasado 26 de septiembre, en la que se alertaba de la degradación del modelo ferroviario y del impacto directo sobre la seguridad. Esa comunicación no obtuvo respuesta, pese a la gravedad del diagnóstico.
Ante este escenario, el sindicato anuncia la convocatoria de huelgas en todo el sector ferroviario los días 9, 10 y 11 de febrero, con el objetivo de exigir medidas reales, recursos suficientes y el fin de un modelo basado en la rentabilidad por encima de la seguridad.
“El sistema ferroviario está en plena crisis operativa y reputacional. No vamos a permitir que se siga jugando con la vida de la ciudadanía y de las plantillas. Es momento de actuar y de exigir responsabilidades donde corresponde”, concluye el SFF-CGT.
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Racismo institucional: odiar al trabajador migrante, pero necesitarlo para sustentar ganancias
La situación que soportan miles de personas trabajadoras migrantes y/o racializadas en el Estado español exige una respuesta sindical específica, que establezca lazos de solidaridad y apoyo mutuo contra el capital
En una nueva nota de coyuntura de ‘La Brecha’, elaborada por el Gabinete Socioeconómico de la Confederación General del Trabajo (CGT), se analiza la situación de la clase trabajadora migrante en el Estado español y cómo estas personas están sometidas a un racismo institucional que por un lado les explota y criminaliza, pero por otro les necesita para llevar a cabo aquellas labores que no se pueden externalizar a otros territorios.
En este análisis, CGT se ha centrado en la figura del trabajador migrante de origen magrebí, una categoría que comprendería las nacionalidades de Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania, Libia y el Sáhara Occidental. En la actualidad, 3 de cada 4 personas asalariadas de origen africano en el Estado español son de origen magrebí. En este sentido, CGT hace alusión a los episodios racistas que se vivieron hace algunos meses en puntos concretos de la geografía española, que son los que más personas migrantes trabajadoras concentran, como Torrepacheco en Murcia.
Los objetivos empresariales, centrados en obtener el mayor beneficio con el menor coste, han llevado a que muchas empresas deslocalicen sus actividades, trasladándose a otras partes del planeta donde las clase trabajadora es explotada y abusada ante la ausencia de leyes y normas laborales que garanticen derechos esenciales. Pero cuando la actividad de una empresa no se puede llevar a ningún otro lugar y la mano de obra es necesaria, es cuando se recurre a la clase trabajadora migrante, a la que se le ofrece sin duda unas condiciones laborales y salariales mucho más indignas y precarias. De este modo, para que estas empresas tengan una importante rentabilidad necesitan ajustar al máximo las condiciones retributivas, y sobre todo limitando la conflictividad laboral y social. Desde CGT, en este análisis, se afirma que “la fuerte concentración de esta población empleada en sectores con bajos salarios y condiciones muy duras revela cómo el racismo se encuentra ligado a la segmentación del mercado de trabajo”. Esto es algo que también se refleja en los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, por la que sabemos que la ganancia media anual de una persona trabajadora de nacionalidad africana es de casi 19.000 euros, mientras que una persona de nacionalidad española supera los 28.000 euros. Son empleos precarios, inestables y donde los derechos laborales se incumplen sistemáticamente. Las personas migrantes que se ganan la vida en estas condiciones no tienen garantizado nada, viven en la incertidumbre constante y con miedo. Es una población con muchas posibilidades de sufrir pobreza y exclusión social, por lo que en muchas ocasiones, ante la necesidad de sobrevivir, estas personas aceptan cualquier tipo de trabajo y en cualquier condición.
Por otro lado, y casi de forma paralela, los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad, alentados por los discursos político de extrema derecha, construyen una imagen de la persona migrante (pobre) a la que acusan de problemas sociales concretos, que están originados precisamente por las condiciones en las que estos seres humanos están obligados a malvivir. Para la organización anarcosindicalista, este aspecto evidencia a la perfección la causa por la que esta población migrante no puede “adaptarse”, y “pagan” –incluso varias generaciones después- querer sobrevivir en un país extranjero.
Por todo ello, desde el Gabinete Socioeconómico de CGT indican la importancia de organizar redes de solidaridad y ayuda mutua como estrategia sindical contra el avance del capital, puesto que ninguna sociedad puede denominarse “democrática” cuando se permite que miles de personas trabajadoras migrantes sobrevivan con condiciones laborales de hace siglos.
Descárgate este numero de La Brecha en: https://cgt.es/racismo-
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