Queremos aprovechar para recordar a tod@s los encausados por las Leyes Mordaza, a los compañer@s sindicalistas, de los movimientos sociales, a Mónica y Francsco, a l@s de la operación Pandora y a tantos otr@s que sufren las consecuencias de las leyes represoras del Estado.
Inspiradxs en Títeres desde abajo y como muestra de agradecimiento y apoyo hacia ellos organizamos este taller de autoconstrucción de títeres de goma espuma con materiales para reciclar o desecho…
El taller esta pensado para que peques de hasta 113 años pasemos una tarde entretenida aprendiendo juntas a darle vida a un títere y descubrir las infinitas posibilidades de transformación social a través del juego, la imaginación y la creatividad.
También disfrutaremos de una merendilla colectiva.
Tráete lo que tengas por casa que creas que pueda servir para vestir a “lxs muñecxs” y recuerda que pensamos mancharnos.
Os esperamos !!!
Red de apoyo a lxs detenidxs en las operaciones pandora y piñata
En el País Vasco entre 2009 y 2015, la enseñanza primaria tuvo un descenso de 229 millones en relación con en año 2009 y y 123 en la enseñanza secundaria y FP.
El esfuerzo de las familias españolas les sitúa a la cabeza de los países industrializados del entorno. Su gasto representa el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje superior a la media europea (0,4%) mientras que el gasto que destina el sector público (el Estado y las autonomías, que tienen transferidas el grueso de las competencias educativas y son las que más deben aportar) es “claramente inferior” al de la UE (3,8% frente a un 4,6%).
Este recorte del gasto en los presupuestos de educación apenas afectó a los conciertos con la enseñanza privada y concertada, en su mayoría colegios religiosos, que no tuvieron merma de las subvenciones. En España la enseñanza concertada es de 30% y en Euskadi del 50% y disfruta del mejor convenio de todo el estado.
Estos recortes en la enseñanza primaria y secundaria han provocado una pérdida de la calidad de la enseñanza pública, debido al incremento de niños y niñas por aula y la reducción del profesorado de apoyo.
Las diferencias de acceso y calidad de educación se han ido incrementando cada vez más, ya que quienes pueden pagar, pueden seleccionar colegios, incrementándose la brecha educativa entre las familias obreras y las familias de las clases medias y altas.
La partida destinada a becas para 2016 en el Estado, asciende a 1.416 millones de euros, 3 millones más que en 2015 y menos de 332 millones que el curso 2011-2012, cuando alcanzó los 1.748 millones.
En cuanto a la enseñanza universitaria, se han perdido en el año 2012/2014 más de 44.000 estudiantes por el aumento de las tasas académicas impuestas por el Ministro Wert.
La diferencia entre el descenso de estudiantes entre los centros públicos y los privados es notable. De los 22.056 matriculados menos del curso 2013-2014 (según el avance estadístico hecho público por Educación), 21.043 correspondían a la universidad pública y 1.013, a la privada. El año anterior, las cifras para la pública fueron incluso más acusados (22.390) frente al incremento de 336 alumnos en instituciones privadas.
La aprobación del ‘3+2’ es un paso atrás en la educación universitaria española. Los estudiantes se verán forzados a cursar los másters para poder tener acceso al mundo del trabajo, y esto encarecerá aún más la universidad pública para las familias trabajadoras.
La brecha de la desigualdad de oportunidades sigue incrementándose. Los estudiantes más pobres tienen una probabilidad tres veces mayor de quedar rezagados que el resto. Además hay alumnas/os que en casa no tienen una habitación para estudiar, que pasan mucho frío porque no tienen calefacción y además un 25 % de las familias tienen dificultades para alimentarse y un 50% para llegar a fin de mes.
El sindicato CGT y la organización Ecologistas en Acción, junto a la coordinadora Baladre,impulsan una campaña entre los movimientos sociales por la amnistía social. Esto es, una campaña de concienciación y de difusión para pedir que aquellas sanciones, administrativas o penales, aplicadas a personas por participar en protestas en defensa de los derechos sociales en los últimos años, sean amnistiadas. Pretenden, a medio plazo, solicitar que se establezca una ley que reconozca dicha amnistía social. Esta iniciativa surge tras el aumento de la conflictividad social en los últimos años, a raíz de la llamada crisis económica, y el aumento de las movilizaciones en defensa de los derechos laborales y sociales y de los servicios públicos y de la represión a sus participantes.
Por este motivo, decenas de movimientos y colectivos sociales y antirrepresivos están llamados a participar en unas jornadas que se celebrarán el mes próximo en Valencia. La campaña se inició el pasado mes de septiembre con unas jornadas similares en Madrid y pretenden organizar una hoja de ruta de futuras movilizaciones y acciones por todo el Estado llevadas a cabo por diferentes movimientos y organizaciones de distinta índole. Entre las decenas de plataformas y colectivos participantes se encuentran, además de CGT, Ecologistas en Acción y Baladre, la plataforma contra las llamadas ‘Leyes Mordaza’ NoSomosDelito, la Red Solidaria Antirrepresiva, la plataforma por la libertad de Alfon o Madres contra la Represión.
El objetivo final de este llamamiento es impulsar una ley que reconozca la amnistía social para aquellas personas sancionadas o condenadas por participar en movilizaciones sociales durante los últimos años. Pero a corto plazo, los integrantes de esta convocatoria pretenden concienciar a los movimientos sociales de que esta reclamación debe ser un objetivo prioritario y común en solidaridad con las personas afectadas por participar en las protestas. La reclamación de la amnistía social tiene como prioridad, además, la exigencia de la derogación de las llamadas ‘leyes mordaza’, es decir, las reformas de las leyes de Seguridad Ciudadana, Seguridad Privada, el Código Penal y el Pacto Antiterrorista llevadas a cabo durante la pasada legislatura.
También piden la supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes, tanto de derechos laborales como sociales; la anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores derivados de la intervención gubernativa en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos; la eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales; la desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica; la reparación a las personas afectadas por la represión con daños físicos o secuelas de otro tipo, la exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las Fuerzas de Seguridad del Estado; y la libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos ha arrastrado el actual modelo político y económico.
Irene de la Cuerda, secretaria de Acción Social de CGT, explica a cuartopoder.es: “De lo que se trata es de que el tema de la amnistía social sea asumido por todos los colectivos y que en todas las movilizaciones esté presente esta reclamación de la amnistía social, que se convierta en un grito común de todos los movimientos sociales, como sucedió con la amnistía política”. De la Cuerda añade: “Luego iremos dando pasos para que cualquier gobierno asuma que hace falta una amnistía social como ruptura con todo lo anterior, como ruptura con un periodo que supone un retroceso en los derechos sociales, civiles y políticos de décadas”. Como objetivo final, la sindicalista de CGT señala: “La petición última sería una ley que aglutinase la amnistía de las personas represaliadas por participar en un montón de luchas distintas y de muchos lugares”. La amnistía social “debe ser una prioridad para las personas que luchamos por un mundo más justo”, concluye.
En la misma línea se expresa Luis González, portavoz de este tema de Ecologistas en Acción. “Ha habido un gran aumento de la represión en los últimos años, con nuevas normativas como las ‘leyes mordazas’ y con anteriores, un gran aumento de denuncias por lo civil y por lo penal contra personas por defender los derechos básicos”, informa. “Por eso, desde Ecologistas en Acción creemos que igual que en otros momentos históricos se ha pedido una amnistía política, ahora tenemos que exigir esta amnistía social”, añade González, quien describe que, de momento, están manteniendo “reuniones a nivel estatal con muchos colectivos sociales” y que más adelante “habrá una petición a distintos partidos políticos para que secunden la iniciativa y la lleven al Parlamento”.
Sato díaz
