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Huelga indefinida en Iveco tras el despido de trabajadores enfermos

La plantilla de la fábrica de camiones de Madrid irá a una huelga que consideran «por la salud laboral de los trabajadores».

El próximo 12 de septiembre los trabajadores y trabajadoras de Iveco irán a la huelga. Las y los más de 2.400 empleados de la planta que fábrica camiones, situada en Madrid, se encuentran inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Pero ese no es el motor del próximo paro: piden la readmisión de 10 trabajadores, despedidos por “motivos injustos” bajo causas organizativas, disciplinarias, por bajo rendimiento o por salud.

Según explican los representantes de los trabajadores, la empresa, amparándose en el artículo 52 d) del Estatuto de los trabajadores, está despidiendo a trabajadores por faltas de asistencia intermitentes, aunque justificadas. Así, aquellos empleados que han estado de baja más de ocho días en un periodo de dos meses consecutivos o más de 20 días en un periodo de cuatro meses no consecutivos a lo largo de un año pueden convertirse en despidos objetivos. Todo ello si durante los 12 meses anteriores han faltado un 5% de los días hábiles. Un viacrucis legal que ha mandado al paro a trabajadores con bajas justificadas a un módico precio. Según recoge el artículo, estos empleados reciben una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades.

“Este artículo lo reformó a peor el PSOE y luego lo endureció el PP con la última reforma laboral y no se suele aplicar, aunque ahora se está empezando a usar en el sector de la automoción”, explica Heriberto Tella, miembro de CGT en el comité de empresa y delegado de prevención de riesgos laborales quien señala que estamos ante “despidos terapéuticos”. “Son gente enferma y personas que tienen lesiones derivadas de los ritmos frenéticos del trabajo en cadena como problemas de hernias discales o codos de tenista. Tenemos una plantilla joven y la empresa aplica los despidos sobre gente que puede tener futuras bajas. La empresa ya lo había aplicado en casos excepcionales anteriormente reconociéndolos luego como improcedentes en los juzgados, pero ahora parece que lo quiere aplicar de forma intensiva”, explica el sindicalista.

Los despidos comenzaron a mediados de julio, tras la firma del ERTE. Según relatan los representantes de los trabajadores, la empresa comenzó a manifestar que se había disparado el absentismo. “Reunimos a una comisión creada para atajar el absentismo, para analizar los casos y tomar medidas para evitar la aplicación del artículo 52. Para nosotros las bajas tienen que ver con el alto ritmo de trabajo. No quisieron negociar y empezaron a despedir”, resume Tella.

BAJO EL ETERNO YUGO DEL DESPIDO

Es entonces cuando los sindicatos que representan a los trabajadores acordaron por unanimidad ir a la huelga indefinida. El pleno del Comité de empresa tomaba la decisión el 20 de julio, denunciando la política de “terror” empleada por la empresa que había decidido “saltándose todos los cauces del diálogo despedir de forma masiva aplicando el artículo 52”. El 25 de julio tenía lugar el acto de mediación en el Instituto Laboral. Tampoco hubo avances ese día por lo que la convocatoria sigue adelante. “Estamos orgullosos porque no es una huelga al uso, no es una huelga para reivindicar dinero, es por la salud laboral de los trabajadores, una huelga por nuestra dignidad y contra el miedo”, añade el miembro de CGT.

Pero esta situación no es nueva para una plantilla que vive bajo el eterno yugo del despido. Ya hace dos años, tal y como publicaba Diagonal, los empleados tuvieron que plantar cara por la ejecución de despidos amparándose en el sistema de evaluación japonés ‘World Class Manufacturing’ (WCM). Este sistema evaluaba a los trabajadores en 20 aspectos que iban desde la puntualidad hasta las habilidades sociales. El sindicato CGT denunciaba que basándose en esas evaluaciones la empresa había despedido a gente que se encontraba con bajas de larga duración.

Hoy el artículo 52 ha sustituido a este sistema de evaluación. “Trabajamos con tensión y cada vez se incrementa más”, asegura Tella. “Ahora lo que están haciendo es computar no solo bajas por salud, también cercenan derechos o intentan limitarlos. Te vulneran el derecho a la salud y el derecho a tus licencias legalmente retribuidas”, denuncia Tella mientras advierte que no van a parar hasta conseguir la readmisión de los despedidos y la paralización en la aplicación del artículo 52. “De momento, estamos seguros de que si no hubiéramos planteado la huelga hubiéramos tenido más despidos”, concluye.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/laboral/huelga-indefinida-iveco-tras-despido-trabajadores-enfermos

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Acción Sindical

El día que ubericen tu trabajo será demasiado tarde para reaccionar

La lucha de los taxistas va mucho más allá que la simple protección de su sector, es una batalla en una guerra contra la precarización y atomización del empleo.

Si algo ha conseguido el capitalismo ha sido la atomización del empleo. La descomposición de la fuerzas sindicales mediante el desmantelamiento de la estructura de los trabajos y de los lugares donde se realizan. Esto no es algo que se haya inventado o haya arrancado con las nuevas tecnologías en la última década. No es algo atribuible a ninguna aplicación de móvil o a ningún visionario fundador de startups por sí solo. Es algo que viene de muy lejos y que lleva décadas en marcha. La proliferación de restaurantes de fast food que se abastecen de una plantilla de estudiantes que creen que va a ser su “trabajo mientras se sacan la carrera”; la subcontratación y deslocalización de la producción fabril a países donde no se respetan los derechos laborales y sindicales; la trampa del emprendimiento como nueva forma de explotación laboral. Como explica el sociólogo Jorge Moruno, en su libro No tengo tiempo (Akal, 2018), lo que hizo el neoliberalismo “fue deshilachar el tejido social, el pueblo armado, el contrapoder social, crear un desierto social mediado únicamente por las relaciones de consumo, por la subjetividad de la empresa y por patrones de conducta basados en la competitividad”.

Esa dispersión de los empleados y desaparición de los lugares físicos de producción donde la plantilla tenía el tiempo de conocerse y unirse, las fábricas, es la estrategia de un neoliberalismo que, desde tiempos de Thatcher, se dio cuenta de que la única manera que tenía de avanzar en su plan era acabar con la fuerza sindicalista atomizando cada vez más el empleo. Separando cada vez más a los y las trabajadoras. Rompiendo o transformando la relación laboral empleado/empresario. Inventando nuevas formas de explotación laboral. Y la última vuelta de tuerca, aunque tampoco sea nada nuevo, provocar la confrontación interna de la clase obrera. Conseguir que llamemos “privilegiados” a los sectores que simplemente han conseguido mantener más derechos que el nuestro. Que no se han doblegado a la precarización. Que tienen una mayor fuerza de negociación al tener la posibilidad de paralizar una ciudad entera.

 

Lo que está ocurriendo estos días con la huelga de los taxis contra Uber y Cabify no es más que una consecuencia de esa lucha. Estas empresas turbocapitalistas -por favor os pido que dejéis de llamarlo economía colaborativa- han atomizado más el empleo. Han separado a sus trabajadores con la excusa de que son (falsos) autónomos. Han descompuesto la relación de empleado con su empresa. Han precarizado hasta lo inimaginable el trabajo de taxista. Han bloqueado, de momento, la posibilidad de que dichos conductores, muchos de ellos desesperados tras estar varios años en situación de desempleo, se puedan autoorganizar para pedir una mejora laboral, porque a la mínima queja o fallo en tu trabajo te “desconectan”, que es como ahora llaman al despido en este tipo de empresas. La transformación es tal que han conseguido modificar incluso el concepto «despido».

Y no, no es solo en los taxis. No es únicamente en el sector de repartidores de comida o paquetería. No es ni tan siquiera un mal de aquellos empleos que se rigen por una aplicación de teléfono. Esta uberización del empleo se está extendiendo cada vez más. La atomización del empleo, encarnada en la figura del falso autónomo que compite ferozmente con sus “compañeros” por obtener un encargo o un “bolo” (en inglés gig, de ahí el término gig economy, mucho más correcto para este tipo de trabajos que economía colaborativa) cada vez más precario, ha llegado a las fábricas cárnicas de Sueca (Valencia), a los repartidores de prensa, a los puestos de enfermería o al servicio de fontaneros a domicilio en el Reino Unido, a los pilotos de compañías aéreas, a la enseñanza y a cada vez más profesiones donde el empresario es capaz de abaratar algo a base de precarizar un empleo y provocar la lucha encarnizada por dichos bolos.

La uberización del empleo está aquí, y si crees que a ti no te va a pasar o que tu sector es intocable, te equivocas. A lo que nos enfrentamos no es a unas plataformas online que gracias a la libre competencia han flexibilizado el mercado laboral de los sectores privilegiados. Nos enfrentamos a la modificación de la relación laboral entre trabajador y empresario. Entre el capital y la fuerza de trabajo. La pérdida de la lucha de clases porque estaremos demasiado ocupados por sobrevivir en una lucha contra nuestros iguales. “La uberización del empleo no es más que la pura y antigua superexplotación del capitalismo”, tal y como dijo el antropólogo y activista David Graeber en una entrevista a este mismo medio. Ante esas nuevas metodologías de superexplotación, debemos pensar y concretar nuevas formas de lucha que puedan ser articuladas por todos los sectores y no solo por aquellos que pueden paralizar una ciudad o una estiba.

Las chicas y chicos de Mensakas, una cooperativa de reparto de comida que pretende crear trabajo digno y que nació de las y los riders explotados por Deliveroo, han mostrado una vía: organización y lucha contra esa atomización mediante redes sociales, creación de un sindicato en un puesto laboral que hasta hace bien poco parecía imposible y la creación de una alternativa laboral justa y digna para competir con los turbocapitalistas. Deberíamos tomar nota de este ejemplo.

Las redes sociales en estos días de la huelga de taxis es una buena muestra de esa confrontación dentro de la misma clase obrera. Lees mensajes donde se llama “privilegiados” a sectores que han defendido sus derechos. Donde se ve una barbaridad un sueldo de 2.000 euros mensuales porque nos hemos acostumbrado a la precariedad. Donde se sigue comprando el discurso de que un conductor de Uber o un repartidor de Glovo son emprendedores que tienen derecho a participar en la libre competencia. El panorama es desolador y, mientras sigamos actuando así, la uberización de la economía no deja de avanzar. Un avance cada vez más normalizado y difícil de revertir. Si no haces nada para apoyar esta lucha, estés de acuerdo o no con las reivindicaciones de los taxistas, la uberización del trabajo te tocará a ti algún día, pero entonces ya será demasiado tarde para darte cuenta y cambiarlo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/falsos-autonomos/huelga-taxis-dia-uber-ubericen-trabajo-tarde-para-reacciona

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Acción Sindical Acción Social Internacional

Violencia y amenazas de muerte a trabajadores en la fábrica del mayor exportador de ropa de India

Esta primavera, en Shahi Exports, el mayor exportador de ropa de la India, varios empleados miembros de sindicatos hicieron circular una petición reclamando a la gerencia que ofreciese a los empleados agua limpia y que aumentase los salarios. Los directivos de Shahi respondieron, según ha descubierto una ONG, con amenazas de muerte a varios de esos trabajadores y ordenando a otros empleados que les dieran una paliza.

Un gerente de la Unidad 8 de Shahi en Bangalore dijo a una empleada: “No sería un pecado si alguien te mata y se deshace de ti”. Después le pidió presuntamente a otros empleados que le diesen una paliza a la mujer, que casi fue estrangulada por uno de ellos, según ha descubierto el organismo en una investigación.

Otro gerente insultó a otra empleada afín a los sindicatos y dijo a otros trabajadores: “Estas zorras están intentando hacer cerrar la fábrica. Dadle una paliza y matadla”. La mujer fue golpeada, le arrancaron la ropa y le robaron un collar, el móvil y la cartera.

La investigación del  Consorcio por los Derechos de los Trabajadores (WRC, por sus siglas en inglés), un grupo con sede en Washington que controla la actividad en fábricas para 190 universidades en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ha hallado que ocho gerentes son responsables de la violencia y amenazas de muerte y que 15 empleados cercanos a los sindicatos han sido suspendidos de forma injusta.

La investigación llega en un momento en el que el WRC está luchando por mantener las mejoras que logró para trabajadores de empresas textiles en la vecina Bangladesh, después de que se generara un escándalo mundial por las condiciones de trabajo tras el derrumbe fatal del complejo Rana Plaza en 2013.

El WRC pidió que Shahi despida a estos gerentes, reincorpore a los trabajadores suspendidos y reconozca oficialmente al sindicato. Pero tras la negativa de Shahi a admitir la responsabilidad de sus gerentes y despedirlos, el WRC ha exigido a las grandes marcas occidentales que le compran ropa –incluidas H&M, Benetton, Abercrombie & Fitch y Columbia Sportswear– que presionen a Shahi para que despida a los gerentes y pida disculpas a los 15 trabajadores.

Al incrementarse la presión del WRC y de las empresas occidentales, a principios de este mes –tres meses después de la violencia– Shahi anunció que había despedido a cinco gerentes y había comenzado el proceso de despido de otros cuatro. Además, Shahi reincorporó a los 15 trabajadores, les pagó los sueldos adeudados y aceptó reconocer y negociar las condiciones de trabajo con el sindicato Unión de Trabajadores Textiles de Karnataka.

Scott Nova, director ejecutivo de WRC, afirma que Shahi tomó estas medidas sólo después de que WRC montara una campaña y sacara a la luz  un informe de 28 páginas en el que se detallan los abusos cometidos en la empresa. Nova indica que la primera oferta de Shahi de reincorporar a los 15 trabajadores no significa nada porque los trabajadores tendrían miedo de regresar si los gerentes que los habían amenazado y habían ordenado que los golpearan están todavía al frente (varios gerentes habían sido suspendidos).

Una fábrica de 3.000 empleados

WRC está financiado por 190 universidades para supervisar fábricas en todo el mundo que producen ropa con el logo de las universidades. Los investigadores del WRC han logrado que las marcas occidentales dejen de contratar a fábricas que violan los derechos de los trabajadores y muchas fábricas temen que el WRC descubra sus infracciones.

Nova muestra preocupación por el hecho de que varias marcas que compran ropa a Shahi no sabían nada de las palizas y las amenazas en la fábrica de 3.000 empleados hasta que fueron informadas por el WRC. “Las marcas dicen que tienen estándares de trabajo más estrictos” y mayor supervisión, señala Nova, “pero los gerentes de un proveedor clave ordenaron golpear a trabajadores, amenazaron con matarlos y no recibieron ninguna medida disciplinaria. Más de dos meses después todavía estaban a cargo de la fabricación de productos para marcas como Benetton y Abercrombie & Fitch”, añade.

“No hemos podido verificar o encontrar ninguna prueba de que esos gerentes hayan realizado amenazas, golpeado a trabajadores o instado a nadie a hacerlo”, indica a The Guardian Anant Ahuja, uno de los directivos de Shahi. Ahuja afirma que el “WRC exigió a Shahi que tomara medidas disciplinarias y despidiera a esos empleados” y añadió que “en respuesta a la presión implacable del WRC”, Shahi “los ha despedido”.

Ahuja afirma que la violencia se generó entre dos empleados miembros de los sindicatos y otros empleados fuera de la fábrica, señalando que los primeros estaban presionando a los demás para que firmaran la petición y se unieran al sindicato. Acusa al WRC de hacer públicas falsas amenazas de muerte y afirmaciones de que los gerentes habían golpeado a estos empleados, pero sostiene que esas acusaciones se basaron en entrevistas con los partidarios de los sindicatos.

“Nosotros en Shahi siempre hemos estado comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados”, afirma Ahuja. “En este caso aislado existieron cuestiones respecto del resarcimiento conciliatorio, pero hemos cooperado con los sindicatos y las negociaciones han sido productivas”, añade.

Los medios de comunicación indios siguieron de cerca la disputa en Shahi, principalmente porque el directivo de Shahi Anand Ahuja recientemente contrajo matrimonio con una de las actrices más populares de Bollywood, Sonam Kapoor.

Los trabajadores del WRC respaldan su investigación, alegando que la versión de Shahi “es falsa y obstinadamente deshonesta”. El WRC sostiene que sus investigadores entrevistaron a más de 30 empleados de Shahi y descubrieron que varios gerentes habían llamado a empleados a sus oficinas, que les habían maltratado y que luego habían pedido a otros empleados que les golpearan.

«Tu casta solo sirve para limpiar lavabos»

La investigación del WRC ha hallado que un gerente dijo a un empleado miembro del sindicato: “Tu casta sólo sirve para limpiar lavabos. ¿Cómo te atreves a pedirme un aumento?”. Luego le pidió a otros empleados que le golpearan y le robaran.

El WRC señala a un comunicado reciente de Shahi a sus empleados de Bangalore en el que la empresa lamenta la violencia y afirma que los empleados suspendidos “no habían hecho nada malo”.

Nova y Ben Hensler, abogado de la ONG, afirman que varias de las grandes marcas occidentales que compran ropa a Shahi tardaron mucho en presionar a Shahi y al principio no le exigieron a la empresa que despidiera a los gerentes responsables de la violencia. El WRC hizo público su informe el 20 de junio para aumentar la presión sobre las marcas occidentales y Shahi.

“Si lo hubiésemos dejado en manos de las marcas, el sindicato no existiría, sus líderes estarían en una lista negra, los trabajadores estarían aterrorizados y silenciados y los gerentes que ejercieron la violencia antisindical seguramente habrían sido ascendidos”, señala Nova.

Las marcas aseguran que fueron agresivas en las presiones a Shahi a que tomara medidas disciplinarias contra los gerentes, reincorporara a los trabajadores y reconociera al sindicato. “Podemos asegurar que hemos utilizado nuestra influencia al máximo”, declaró H&M. “La gerencia se disculpó públicamente y ha reconocido el derecho de asociación de los trabajadores. Lo que sucedió en Shahi es inaceptable”, añadió.

Abel Navarrete, vicepresidente de responsabilidad empresarial de Columbia Sportswear, que produce indumentaria deportiva para muchas universidades, afirma que Shahi “fue presionada por todas las marcas. El presidente y su familia recibieron constantes llamadas telefónicas”. Navarrete explica que muchas empresas no exigieron inmediatamente a Shahi que despidiera a los gerentes porque tenían dudas sobre los procesos debidos en estos casos y pensaban que podrían estar “despidiendo a empleados sin causa”.

Abercrombie & Fitch afirmó: “Estamos muy preocupados por lo que sucedió en la fábrica de la Unidad 8 de Shahi y por el dolor y sufrimiento causado a esos 15 trabajadores. No toleraremos este tipo de comportamiento”. Por su parte, Benetton declaró: “Estamos en constante contacto con Shahi para insistir en que se garanticen los derechos de los trabajadores”.

Respecto de la disputa entre Shahi y el WRC sobre lo ocurrido, Mark Anner, director del Centro por los Derechos Globales de los Trabajadores de la Universidad Estatal de Penn, explica: “Es significativo que la empresa tomase esas medidas: reincorporó a los trabajadores y despidió a algunos de los gerentes. Eso sugiere que reconocen que las marcas encontraron el informe de la investigación creíble”.

Anner remarcó que el precio que las marcas occidentales pagan por la ropa hecha en India y Bangladesh ha bajado desde el año 2000. “Eso genera incentivos para evitar los sindicatos a toda costa”, asegura. Anner señala que las empresas con programas de responsabilidad empresarial suelen ser mucho más lentas en detectar y denunciar abusos contra los trabajadores. “Todavía dependemos mucho de las campañas independientes y de los medios de comunicación para lograr que las empresas se responsabilicen de graves violaciones a los derechos de los trabajadores”, concluye.

Fuente: https://www.eldiario.es/theguardian/Violencia-amenazas-trabajadores-exportador-India_0_794770852.html

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Acción Sindical

El lado oscuro de los descuelgues: ganar competitividad a costa del trabajador, según demuestra un estudio

Un estudio de Empleo muestra que las empresas han abusado de las posibilidades abiertas por las últimas dos reformas laborales para reducir salarios, también después de la recesión.

“Concurren las causas justificativas (de tipo económico)”. Esa frase costó parte de su sueldo al único empleado de una empresa del sector de la construcción. Se hizo mediante un descuelgue del convenio colectivo que se le aplicaba, un procedimiento legal que obedece a la lógica de “mejor con peores condiciones que sin trabajo”. Un estudio ha analizado las actas de las negociaciones en un centenar de empresas. Se trata de un material confidencial que revela justificaciones muy escuetas como la del ejemplo, pero también recortes draconianos de sueldo en empresas ya saneadas simplemente para ganar cuota de mercado o concursos públicos. Todo ilegal.

Un ejemplo de esas ilegalidades se da en una compañía de 35 trabajadores que se dedica a la fabricación de productos químicos. “El mantenimiento de los salarios actualmente hace que la empresa no sea competitiva en el mercado, y ello ha llevado a no obtener determinadas contrataciones públicas por la imposibilidad de ofertar un precio competitivo derivado, en buena medida, de la necesidad de cubrir los costes en materia de personal”, dice el acta.

El estudio de los descuelgues forma parte de un proyecto más grande, publicado por el Ministerio de Trabajo, que analiza los efectos económicos de la negociación colectiva en España entre 2007 y 2015. Es especialmente relevante por tratar un material al que no se tiene acceso: las actas de la negociación. La confidencialidad de esos documentos impide dar nombres de empresas ni otras cuestiones que permitan identificarlas. Sólo se alude al sector, al número de trabajadores y a la materia afectada por el descuelgue. Pero eso no impide hacerse una idea de lo lejos que se ha llegado los últimos años.

DESCUELGUES EN FRAUDE DE LEY

El descuelgue es una medida legal que permite a los empresarios dejar de aplicar el convenio colectivo en varios aspectos como la jornada, los turnos o el sistema retributivo. Es una ventana que dejó entreabierta la reforma laboral de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que acabó de abrir del todo la de 2012 ya bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

Basta con argumentar cuestiones técnicas, organizativas o económicas. En este último punto, es suficiente con tener dos trimestres consecutivos de descenso de “ingresos ordinarios o ventas”, según recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Eso hace que sea relativamente sencillo cumplir los requisitos para bajar salarios, aumentar jornadas, retirar pluses o todo a la vez. Sin embargo, lo que se observa en este estudio es que, pese a las facilidades, se cometen “múltiples y recurrentes ilegalidades”, dice su autor, Luis Gómez, en conversación con El Salto.

A este doctorando en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid le llaman la atención los “abusos de derecho en forma de reducciones salariales desproporcionadas en relación a la situación económica o productiva de la empresa (con caídas de hasta el 45% e incluso hasta el límite del Salario Mínimo Interprofesional), ejecución de descuelgues en situación de recuperación económica, de saneamiento de las cuentas de la empresa e incluso con previsión de contratación”.

También se dan descuelgues que el propio autor de la investigación ha dado en llamar como “preventivos”. Se trata de inaplicaciones de convenios que están por firmar a pesar de que la legislación lo impide.

“En el supuesto de que se publique un nuevo convenio, las partes procederán a adaptar este acuerdo al nuevo”, dice el acta de la inaplicación de una empresa de la construcción en lo que parece una adaptación a la ley. Sin embargo matiza: “en el caso de que este nuevo convenio tenga efectos económicos retroactivos, los mismos no serán de aplicación a los trabajadores de la empresa”. Se trata de una fórmula que aparece casi calcada en las actas de otras tres empresas del sector con entre tres y ocho trabajadores.

Son cuestiones que, a pesar de ser ilegales, están negro sobre blanco y firmadas por las partes: empresa y representación de los trabajadores.

Eso precisamente es “lo más impactante” para Gómez. “Muchas irregularidades son expresas y, por tanto, demostrables ante un juez, pero no son denunciadas por parte de los trabajadores, lo que sólo puede deberse al temor a futuras represalias o al ajuste directo por vía de la flexibilidad externa”, es decir, a los despidos.

Pero “muchas irregularidades” en el estudio de cien casos son en realidad ¿muchas o pocas? Dicho de otra manera, ¿están realmente los empresarios aprovechándose del temor de sus empleados? “La selección fue aleatoria”, aclara el autor del análisis, así que, “por esa aleatoriedad, cabe plantearse que el conjunto de las mismas presenten una proporción relativamente similar en cuanto a poseer estos u otros elementos censurables”.

DUMPING SOCIAL

Hay más sobre la empresa de 35 trabajadores que quería ganar concursos públicos bajando el salario de sus empleados. En las actas se reconoce que los ERE que se han llevado a cabo (dos en concreto antes del descuelgue) “restan competitividad en un entorno de incremento de la actividad; y es que la reducción de jornada o la suspensión de contratos que contenían los expedientes de regulación de empleo puestos en funcionamiento no permitían atender las necesidades de la empresa que le permita remontar las cifras actuales de negocio”.

Dicho de otra manera, la empresa pretendía cambiar despidos por contrataciones y menores sueldos. A eso el estudio lo llama “con casi toda probabilidad, un supuesto de dumping social”.

“Es difícil hacer una estimación sobre cuántos supuestos de inaplicaciones de convenios se realizan teniendo como fin el dumping social”, reconoce Gómez. Ese caso parece claro y también las estadísticas, es decir, los números (sin entrar en el análisis de las actas) parecen confirmar que algo hay. “El gran porcentaje de inaplicaciones que se llevan a cabo, incluso ya en la etapa de recuperación, con horizontes temporales de varios años, induce a pensar en la utilización de la norma más allá de la vigencia de la situación económica negativa”.

Incrementar la competitividad a costa de las condiciones de los trabajadores (dumping social) es grave. Sin embargo, no parece haber sido masivo. “Sí se ha generado una carrera a la baja en las retribuciones, como primer elemento del dumping, pero no de los precios de venta”, aclara Gómez, que explica que esa práctica es igualmente dañina.

Para ello, se remite a los datos de la Comisión Europea en los que se ve que, durante la crisis, España ha sido el tercer país (tras Grecia e Irlanda) que más ha reducido salarios y uno de los que más ha incrementado los precios de los productos exportados (una forma de medir la competitividad): un 5,78% frente al 4,6% de Alemania, el 1,74% de Reino Unido o el 0,57% de Francia.

MEJOR TENER PEORES CONDICIONES QUE PERDER EL EMPLEO

En un momento en el que los datos de paro pulverizaban marcas casi mes tras mes, parecía lógico pensar que una rebaja de las condiciones era un mal menor.

“La ortodoxia económica plantea una falsa disyuntiva”, dice Luis Gómez. “Se amputa del salario la mitad de su naturaleza, concretamente la del mismo como fuente de consumo, manteniendo exclusivamente su papel como coste”. Si, además, los precios se mantienen o crecen, la cosa se agrava.

Lo que esta postura (un enfoque postkeynesiano) le dice a quienes defienden los descuelgues como una cuestión inevitable a no ser que se quiera que aumente el desempleo, es que se olvidan de la pérdida de poder de consumo y que eso acaba volviendo a dañar a la propia economía.

Como muestra, algunos números. “Mientras los beneficios agregados se estancaron entre el cuarto trimestre de 2011 y el tercero de 2012, la masa salarial se desplomaba 9 puntos y en el cuarto trimestre de ese año se reducía deliberadamente un 4%. Con ello se consiguió incrementar el excedente bruto de explotación un 1,28%, pero en el siguiente trimestre se desplomó 3 puntos”.

Dicho de otra manera: se entra en un “círculo vicioso” ya que, “en el caso español, el ajuste vía precios no hace sino incrementar el ajuste vía cantidades”, dice Gómez. Eso significa que, queriendo evitar que suba el paro, al final, se puede acabar provocando precisamente eso.

El investigador propone ver qué ha sucedido en otros países, en concreto 37 que sufrieron recesión en 2009. Aquel año, España, junto a catorce países entre los que están Reino Unido, Suecia o Finlandia, vieron aumentos de salarios pero también crecimiento del paro, lo que justificaría esa tesis de la rebaja de condiciones como mal menor. Sin embargo, ese mismo año, cayeron el paro y también los salarios en Austria, Estados Unidos, Japón, Corea y hasta en diez países más. Eso contraviene la tesis. También lo hace que suban los salarios y baje el paro y pasó en Chipre, Luxemburgo, Malta, Macedonia, Turquía y Suiza. Siguieron esta teoría de caída de salarios con incremento de empleo sólo Alemania y Polonia. Todo según datos de AMECO, la base macroeconómica de la Comisión Europea.

¿Alternativa? Esta se basaría “en estudiar cuál es el margen, a tenor de la evolución de los patrones de consumo y ahorro esencialmente de los trabajadores, con el que se podría trabajar para que un ajuste probablemente muy modulado de los salarios no afecte a la demanda y, sobre esa base, estudiar el diseño de las fórmulas jurídico-laborales que permitan explotar dicho margen”, dice Gómez.

Eso pasa por no dar por sentado nada.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/laboral/reforma-laboral-abuso-descuelgues-bajada-salarios

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Concentración denuncia ¡¡Asalto a la flotilla de la libertad!!


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Acción Social Internacional

No queremos un segundo apartheid, contra la legalización del racismo

El pasado 19 de julio, el gobierno sionista de Israel terminó de quitarse la careta al decretar, vía ajustada mayoría parlamentaria, una Ley Fundamental que declara al país como “un Estado para la nación judía”, Jerusalén como su capital única y entera, el derecho de autodeterminación solamente para los judíos y la declaración del hebreo como única lengua oficial del país. Es un paso decisivo en el proceso que, desde su constitución, pero especialmente desde el año 2000, los cada vez más derechistas gobiernos isralíes, han ido dando con la proclamación de leyes, unas 65, que discriminan a los ciudadanos palestinos en Israel y los residentes palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados. La nueva ley estatal judía de Israel afianza la superioridad étnica mediante la promoción de políticas racistas. Como venimos denunciando y contra lo que venimos protestando desde hace décadas, se avanza hacia la construcción de un estado sionista basado en el exterminio de la mayoría del pueblo nativo que habitaba esas tierras, la expropiación y ocupación de las mismas y la subordinación de la existencia de otras vidas en los territorios ocupados. Eso debiera de ser motivo suficiente para que, tanto las autoridades internacionales aseguraran la seguridad e integridad del Pueblo Palestino en sus tierras, como para que el resto del mundo aislara y boicoteara a las compañías que se lucran de esta situación de explotación y expolio al pueblo palestino. Igualmente se ha señalado que la ley en ninguna parte menciona palabras como ‘democrático’ o ‘igualdad de derechos’, pero sí repite muchas veces la palabra ‘judío’. Cabe señalar que una ley fundamental se convierte en dogma para todo el resto de desarrollo legislativo del país y que alcanza no solo al pueblo judío confiriéndole derechos de supremacía, si no al resto de pueblos no judíos, la subordinación y despojo de cuyos derechos determina este régimen sionista. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) denunciamos todas las formas de organización social y política que no se basen en la igualdad de derechos, el respeto y la libertad, tanto de los pueblos como de las personas que habitan los territorios. Es por ello que CGT nos venimos sumando a las denuncias internacionales tanto del autoritarismo, supremacismo, colonialismo y racismo creciente de los sucesivos gobiernos isralíes como del inmovilismo internacional, así como de las empresas que se lucran de esta política basadas en el en un auténtico “apartheid” del pueblo palestino al más puro estilo nazi. Igualmente, reiteramos nuestra denuncia y repulsa a la masacre y exterminio del ejército israelí mandatado por el régimen sionista, sobre el pueblo Palestino. Mientras tanto, el Pueblo Palestino, resiste y se moviliza en la denuncia de este genocidio. Frente a las 4 personas palestinas asesinadas en los últimos días y las más de 120 personas heridas, la CGT se solidariza con la resistencia palestina y se suma al llamamiento de solidaridad y apoyo al movimiento internacional por una Palestina libre.

POR UNA PALESTINA LIBRE, CONTRA TODAS LAS DISCRIMINACIONES

Secretariado Permanente

Madrid, 23 de julio de 2018

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Acción Sindical

Las camareras de piso despedidas tras afiliarse a CNT, denunciadas por un piquete

La gobernanta del hotel ha denunciado a las ocho trabajadoras por supuestos insultos que le habrían lanzado durante un piquete.

Primero, despedidas; después, denunciadas. Las camareras de piso de la sección sindical de Exeo, que se afiliaron a CNT para luchar por sus derechos laborales, se sienten rodeadas. El pasado 20 de junio, la empresa de limpieza a la que pertenecían perdía el contrato con el hotel Exe de Getafe, gestionado por el grupo Hotusa. Las ocho camareras de piso que se habían sindicado no fueron readmitidas por la empresa entrante, Ecolimpieza, y tampoco fueron recolocadas por Exeo. Al día siguiente comenzaron con los piquetes de protesta a las puertas del establecimiento. Hoy, tras un mes de lucha, acaban de recibir una denuncia.

“La gobernanta nos ha denunciado por insultos durante un piquete. Nos ha denunciado a las ocho despedidas, un poco a ojo, porque ni siquiera hemos estado las ocho en los piquetes”, explica a El SaltoAlfonsi Asperilla, secretaria de comunicación de la sección sindical.

Las camareras de piso creen que tras la denuncia está la campaña de presión orquestada por el hotel contra ellas. Tras recibir la comunicación de la denuncia de manera escalonada, las ocho extrabajadoras del hotel de Getafe acudieron el martes juntas a comisaría. “La policía no nos ha dado aún más información. Hasta que no vayamos ante el juez no sabremos concretamente a qué piquete se refiere”, cuenta Asperilla.

No obstante, por muchas que sean las presiones que rodean a su lucha, Alfonsi insiste en que no se van a rendir. “Nos sentimos rodeadas y presionadas por el hotel. Pero esto aquí no acaba”, advierte. Y, siguiendo este impulso, hoy mismo se plantarán a las 19.30h a las puertas del hotel Plaza Mayor, del grupo Eurostars —al que pertenece Hotusa—. “Ahí está trabajando Ecolimpieza, que son los que tenían que habernos subrogado”, apunta la secretaria de comunicación.

UN CAMINO DE LUCHA EN LUCHA

Como publicó El Salto, estas camareras llevaban trabajando en el hotel Exe de Getafe desde julio de 2016 y habían pasado ya por tres subcontratas. Entre cambio y cambio, perdieron la antigüedad acumulada. Cuando llegó la última empresa, Exeo, decidieron sindicarse para que no hubiera más vulneraciones. En 2018 crearon su propia sección sindical. Consiguieron que sus contratos pasaran de ser por obra y servicio a indefinidos. Consiguieron además que no les bajaran el sueldo, jornadas de ocho horas y horas extras remuneradas. Pero este camino de triunfos se frenó con el primer despido. Primero cayó la gobernanta, afiliada a CNT y compañera en la lucha. Las camareras denuncian que para controlar su pelea sindical, contrataron a otra coordinadora afín a la empresa.

“Trabajar con la nueva gobernanta que pusieron ha sido muy difícil. Nos acusaba de acosarla, de romper cosas. Nos ha estado saboteando el trabajo, intentando poner en contra a las compañeras”, explica Alfonsi. “Un día nos plantamos y dejamos camas sin hacer porque nos mandaron colocar la cartelería del hotel y no nos daba tiempo. Se volvió loca y se lío una buena”, asegura. “Venía con la intención de hacernos la vida imposible para que nos fuéramos”, afirma.

Estas trabajadoras aseguran que su despido fue una estrategia pactada entre el hotel y la subcontrata. Pero lo que no sospechaban estas dos empresas es que la verdadera lucha comenzara con los despidos. Estas camareras de piso llevan un mes de piquete en piquete en las puertas del establecimiento de Getafe y en las de otros hoteles de la cadena. Además, han salido a las calles y han organizado charlas en las principales plazas de Leganés y Getafe. Y en esa senda van a seguir hasta conseguir que se haga justicia. La semana pasada Exeo comenzaba a negociar y ofrecía tres readmisiones. Pero ellas quieren llegar hasta el final y conseguir la readmisión de todas las que continúan en la lucha. “Nosotras vamos a seguir. No sé a dónde vamos a llegar pero seguiremos con la lucha”, advierte Alfonsi.

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Acción Social

CGT: “Sabemos cuál es nuestro bando y nunca estaremos al lado de quienes defienden a los poderosos y reprimen a los débiles”

A 82 años del golpe militar fascista, CGT denuncia que la represión y la persecución sigue siendo la misma hacia quienes se enfrentan a los poderosos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado cuando se cumplen 82 años del golpe de Estado contra la II República que desencadenó una guerra que se prolongó durante 3 años con la victoria del fascismo y la represión franquista que todavía dura.

En este sentido, la CGT ha manifestado que tras 40 años de la muerte del genocida Francisco Franco, en pleno 2018 en el Estado español se continúa persiguiendo y apaleando a quienes se enfrentan al sistema, a los abusos de los poderosos y a las injusticias cometidas por los gobiernos de turno.

CGT vuelve a reclamar un 18 de julio más “Verdad, Justicia y Reparación” para todas aquellas víctimas del fascismo y exige a las instituciones del Estado que se acaben las celebraciones de exaltación al franquismo, que se localicen y se exhumen a todas las represaliadas del régimen para que recuperen su dignidad, que se investiguen todos los crímenes cometidos contra el bando perdedor, que se investiguen los casos de bebés robados, que las empresas beneficiadas gracias al trabajo esclavo de tantas personas presas del franquismo compensen a sus familiares, que se expliquen en todas las escuelas las razones del exilio de miles de familias y que se declaren nulas todas las sentencias condenatorias de los tribunales militares fascistas que acabaron con la vida de millones de disidentes con el régimen del bando nacional.

La organización anarcosindicalista ha indicado que a 82 años de aquel golpe militar, la supuesta democracia en la que vivimos continúa blindando a los más poderosos que son, a su vez, quienes pisan los derechos y libertades de los más débiles. En este sentido, la CGT también ha querido recordar que no se puede confiar en la “buena voluntad” de las instituciones del Estado aunque sí en el poder del pueblo, como el que demostró aquel 19 de julio de 1936, tomando cuarteles y haciendo frente al fascismo.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

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Acción Social Internacional

Municipalismos: en México se piensa mucho en ti

México es un auténtico laboratorio municipalista donde las tradiciones comunitarias (indígenas y campesinas) se dan la mano con las formas de autogobierno socialista (con raíces marxistas, anarquistas o libertarias).

México y este país quizás compartan más de lo que piensan. Compartimos situación periférica dentro de economías y poderes políticos que nos desbordan por el Norte. Compartimos tradiciones de ida y vuelta, como lenguas, músicas y poéticas que van y vienen. Sobre México se asientan cerca de 60 culturas. Como aquí, compartimos una mal encajada diversidad política y cultural: nos movemos de forma excluyente entre distintas raíces identitarias, donde la diferencia es percibida como amenaza y no como riqueza de un Estado, por otra parte, progresivamente neoliberal y conservador.

Compartimos también búsquedas de nuevas formas de hacer política, intentando desplazar las referencias tradicionales asentadas en las últimas décadas, dentro del juego institucional representativo, en un bipartidismo de centro-derecha. Allá PAN (Partido de Acción Nacional) como remedo conservador del PRI (Partido Revolucionario Institucional), acá PP como valedor de una vieja y desigual España que encuentra apoyos en el PSOE.

En ambos países han emergido apuestas políticas que buscaban promover alternativas para canalizar el descontento. Y entre las alternativas comunes, el municipalismo es una propuesta que se enfrenta a aquellas que emergen desde la izquierda institucional.

En México, no obstante, la apuesta más mediática de una renovada izquierda, aunque con un candidato ligado a los entramados políticos del país desde hace décadas, se aglutina alrededor de Antonio Manuel López Obrador (AMLO, como es conocido popularmente). Las encuestas y las élites mexicanas parecen preparadas para recibir a AMLO como futuro presidente de la nación.

Obtendría alrededor de un 35% de votos en las elecciones del 1 de julio, 10 puntos por delante de Ricardo Anaya (PAN-Frente) y algunos más de José Manuel Meade (PRI), considerado como un recambio “independiente” del denostado Peña Nieto, pero que se hunde paulatinamente en las intenciones de voto directo manifestadas en los sondeos.

Por estas tierras, la posibilidad de sorpasso de Podemos se difuminó, en parte, por su deseo de jugar al marketing político del populismo: discursos genéricos buscando una transversalidad mediática, desde una organización marcadamente piramidal. En su lugar, al hilo de una guerra de banderas, el partido político de Ciudadanos (cercano al llamado “movimiento naranja” con el que se promociona en México el partido Movimiento Ciudadano) se ofrece como un populismo conservador con menos complejos, más agresivo y que no precisa empuje social, antes al contrario, confía en el voto del miedo que genera la precariedad y la falta de referentes colectivos en lo cotidiano.

El candidato AMLO, o también Andrés “Manuelovich” como él se bautizó irónicamente tras ser acusado de recibir financiación rusa, no ha dudado en apoyarse en proyectos políticos que le cuestionan su apelativo de “izquierda”. Su partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) se ha aliado con el PT (Partido del Trabajo) pero también recientemente con el conservador partido de Encuentro social (PES), próximo a círculos profundamente conservadores y protestantes del país, conformando la alianza Juntos Haremos Historia.

AMLO procede de las zonas más izquierdistas del PRI, pero su propuesta política ha ido volviéndose más ambigua o directamente menos considerada hacia los referentes emancipatorios que originaron el surgimiento de MORENA como organización social en 2011, reconvertido en opción política institucionalizada en el 2014.

Como prueba de ello destacan la idea de mostrar “mano dura” frente a la delincuencia y de “perdonar” los pecados de los narcotraficantes; su apuesta por un defensor de los transgénicos (Víctor M. Villalobos) como su futuro secretario de Agricultura; el neoliberalismo con el que se relacionan las ideas del director del programa económico (Abel M. Hilbert); así como la incorporación reciente de candidatos que militaron en el PRI o en el MC. Se trataría de un giro que recuerda en gran medida el reformismo negociador con las viejas élites de Lula en Brasil. Paradójicamente AMLO representa, a partes iguales, el fin y el regreso del viejo PRI.

Frente a un más de lo mismo, el municipalismo transformador paulatinamente viene ocupando espacios territoriales y políticos en México. Advertencia: el municipalismo no está de moda en México, es toda una tradición que, como en el Estado español, toma fuerza ante el histórico blindaje de las élites por arriba. Demandas de autogobierno, resistencias indígenas, prácticas comunitarias y pedagogías fundadas en la autonomía social conforman un ramillete de tradiciones que sustentan actualmente el municipalismo en México.

Tratando de eliminar los caciques territoriales, las élites mexicanas desarrollaron la idea de “municipios libres” tras la revolución mexicana en la segunda década del siglo XX. Por “libre” se entiende formalmente la capacidad de administrar presupuestos e impuestos, y evitar la subordinación entre el alcalde (presidente municipal) y el gobernador.

La demandas de (auto)gobierno, con claras referencias a un municipalismo libertario de la mano de pedagogos como Ivan Illich, Gustavo Esteva y las propuestas emanadas del zapatismo, se aunaron con las reclamaciones indigenistas, recogidas en la constitución mexicana, de gobernarse de acuerdo a sus “usos y costumbres”. En la práctica, consejos comunitarios e instituciones modernas marcadas por una democracia participativa y por redes de economías cooperativistas conforman un tándem municipalista que se mueve con fuerza por abajo y a la izquierda del propio AMLO.

El legado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) está hoy marcado y legitimado por la propuesta de Municipios Autónomos. Cuando el EZLN irrumpe en 1994 difunde un primer comunicado, hoy conocido como la “Primera Declaración de la Selva Lacandona. Hoy decimos basta”, donde no aparecen referencias al autogobierno municipal. Los anhelos territoriales y de justicia social indígena-campesinos se aliaban en ese instante con el marco de radicalización democrática que tanto circularía por el mundo a lo largo de los 90: la campaña “50 años bastan!” en 1994, inicio de la protesta “antiglobalización”, consolidación de los primeros foros sociales (locales y mundiales) un lustro después.

De aquellas lluvias democratizadoras vendrían después los futuros 15M (protestas marcadas por un “lo llaman democracia y no lo es”) y el ciclo político municipalista posterior, en la cual las alcaldías por el cambio son un referente significativo.

Sería en diciembre de 1994 cuando la propuesta del EZLN se articula en torno al desarrollo de “municipios rebeldes”. A día de hoy, estos municipios son resistencia territorial, formas de democracia que combinan la apertura de instituciones (democracia participativa) y una nueva organización directa desde asociaciones y ciudadanía (democracia radical), que nutre de salud, educación, economías locales y capacidad de decisión más allá de los deseos del Estado mexicano y los mercados globales. Sólo así explicamos la permanencia del EZLN tras más de tres décadas.

Toda una nueva generación educada en ese municipalismo de bases libertarias y comunitarias que ha fortalecido la construcción de un poder “desde abajo” como ellos indican a través de los llamados MAREZ (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas), organizados a su vez en fórmulas de intercooperación municipalista como son, a partir de 2003, las Juntas de Buen Gobierno.

Estas nuevas generaciones zapatistas, no obstante, han propuesto irrumpir mediáticamente en la arena política a través de la candidata indígena Marichuy. Una (pre)candidata que no ha podido finalmente recopilar las firmas que se necesitan para postularse en la contienda electoral. Indígena y mujer, a la búsqueda de apoyos comunitarios que en ocasiones no han considerado apropiada esta maniobra electoral y, sobre todo, enfrentada a una exigencia de validar sus firmas a través de teléfonos celulares (en un país pobre, sin conectividad o luz eléctrica en amplias zonas rurales) son los factores que la han alejado del escenario electoral.Por el momento.

Si bien el zapatismo representa una renovada base ya consolidada de ese municipalismo político y social, existen en México otros referentes. Oaxaca es un Estado en el que 418 municipios de los 570 que lo conforman se rigen por el sistema de asambleas comunitarias. Algunos más participativos, otros más apegados a instituciones indígenas propias, aunque no faltan reformulaciones a las que se adaptan partidos tradicionales como el PRI. Pero no es una cuestión de números, no sólo. Estos municipios autónomos cada vez impiden más el aterrizaje de la maquinaria electoral.

Existen pueblos que se blindan durante las llamadas electorales para que no lleguen autoridades o urnas, no hay permiso de la comunidad para apostarle a acceder al ayuntamiento vía partidos. “Los partidos nos fraccionan” me comentaba un joven oaxaqueño con cargo comunitario. En su lugar, estos municipios negocian directamente el acceso a presupuestos así como el respeto al desarrollo de procesos comunitarios como base del autogobierno.

Otro frente más discutible es la conformación de poderes locales por parte de las llamadas “autodefensas comunitarias”, nombre con el que se conoce a grupos civiles armados que a partir de 2013 se alzaron frente a la violencia impuesta por las bandas de narcos. 37 grupos se constituyeron rápidamente en el Estado de Michoacán. En algunos casos, el control del territorio parecía dar paso a formas de autogobierno, desplazando a militares, narcotraficantes y a una administración estatal inexistente o cómplice de estos dos últimos. A la postre, gran parte de las autodefensas han sido también refugio de nuevas bandas organizadas en su propio beneficio, como los H3 o Los Viagras.

Sin duda, la incapacidad o el desprecio del Estado mexicano, como la de otros Estados del mundo, para considerar prioritarios en su agenda política el bienestar de la población y sus formas de gobierno, han animado iniciativas de autogobierno que van de lo económico a lo político. Una referencia significativa son el despegue del cooperativismo económico que arropa los municipios autónomos en Chiapas. Como también son ejemplos de un cooperativismo en alza, con amplia base comunitaria, el caso de la Tozepan, en el Estado de Puebla. Nace a finales de los 70 como cooperativa de consumo y de ahí a la producción de café y otros alimentos; y en paralelo a facilitar servicios de salud, acceso a vivienda, crédito y educación a las comunidades que forman parte de ella. Hoy componen Tozepan más de 30.000 familias asentadas en 26 municipios. Las cooperativas están integradas en más de un 60% por mujeres.

Con una orientación hacia la constitución desde el ámbito local, nacen también partidos y organizaciones sociales al grito de “fuera partidos tradicionales”. En ese sentido, expresando una desafección institucional como lo indicara el 15M en el Estado español. Pero distanciándose del 15M por su mayor conexión con el ámbito electoral desde sus inicios, algo que aquí sólo se produciría posteriormente con el ciclo municipalista y en menor medida con Podemos.

Se trata de iniciativas como Wikipolítica. A caballo entre el Partido X y Podemos. De progresiva implantación en 10 estados del país, fue espoleado en gran parte por la red #YoSoy132 que sacudiera los cimientos políticos del país al forzar al mismísimo ex-presidente Enrique Peña Nieto a refugiarse en los baños de la Universidad Iberoamericana, perseguido por estudiantes que lo increparon en una conferencia. Su líder más visible, Pedro Kumamoto, insiste en que su propósito “no es ganar la elección, sino modificar la forma de hacer política y facilitar los flujos de la comunicación”.

Poder local, con todo, no es sinónimo de autogobierno para procurar bienestar social, democratización desde abajo o unas economías más sustentables para las comunidades beneficiarias. Por ejemplo, el desarrollo del municipio como institución de gobierno local fue usado como el recurso gubernamental para detener la expansión del zapatismo. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, ambos del PRI, canalizaban fondos municipales y otras inversiones en infraestructura para contrarrestar la legitimidad del zapatismo y capturar redes clientelares.

También el uso de lo local, como puede ocurrir aquí, puede representar un aterrizaje de “marcas blancas” de grandes partidos estatales, alejándose de una práctica municipalista de abrir instituciones liberales y refundar la autonomía social desde nuevas instituciones ciudadanas, en línea con el municipalismo propuesto por Janet Biehl y Murray Bookchin. La propia derecha renueva su imagen, más verde y preocupada por enlazar con proyectos locales tangibles, como demuestra la irrupción en importantes áreas metropolitanas (como Guadalajara, la segunda ciudad del país en habitantes) de apuestas sobre gestión de aguas, medidas frente al cambio climático o apoyos a la agricultura urbana encabezadas por el Movimiento Ciudadano.

Como vemos, México es un auténtico laboratorio municipalista donde las tradiciones comunitarias (indígenas y campesinas) se dan la mano con las formas de autogobierno socialista (con raíces marxistas, anarquistas o libertarias). No forman aún redes densas que compartan proyectos “desde abajo”. Pero ciertamente hay exploraciones interesantes, como la idea de comunalidades, basadas en un hacer territorial que construye vínculos, se apega a territorios, promueve economías locales. Nuevos comunes (o Rebeldías en común) emparentados con el municipalismo diríamos por acá. Iniciativas para radicalizar la democracia y promover una sustentabilidad social y ambiental que se comparten con pueblos kurdos, comunidades andinas o propuestas de ciudades en transición. Pero que también se enfrentan a quienes hacen del municipalismo una marca, un eslogan, acaso un lugar donde hablar de poderes locales pero no de poder ciudadano.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/mapas/municipalismos-mexico

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Acción Sindical Huelga

CGT condena la violencia policial contra la plantilla en huelga de Amazon

La Policía Nacional ha cargado contra un piquete informativo en la puerta del almacén logístico en San Fernando de Henares y ha detenido a dos trabajadores que ya están en libertad.

La Confederación General del Trabajo (CGT) condena enérgicamente las cargas policiales que se han producido a primera hora de la tarde en el segundo día de huelga de la plantilla de Amazon, que se encuentra en lucha contra la explotación y la precariedad.

Las cargas policiales se han producido contra un piquete informativo que se encontraba en la puerta del almacén ejerciendo pacíficamente su derecho a la huelga. Según compañeros presentes, el piquete ha invadido parcialmente la carretera y los agentes de la Policía Nacional han respondido con empujones y deteniendo a algunas personas. El resto de concentradas han reaccionado protestando contra estas identificaciones, contra los empujones y finalmente, contras las cargas policiales dirigidas a trabajadores que solo estaban informando.

CGT considera que la intervención de la Policía Nacional ha sido totalmente desmedida e injustificada, saldándose con varios heridos y algunos detenidos que han sido puestos en libertad a última hora de la tarde.

CGT denunciará y llegará hasta el final de lo acontecido esta tarde en San Fernando de Henares, y recuerda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, -integrados por servidores públicos pagados por el pueblo al que reprimen- que ni los golpes ni el abuso de autoridad pararán la lucha de la plantilla de Amazon por unas condiciones laborales dignas.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT