La Confederación General del Trabajo de Cantabria ha adquirido un local en la calle Joaquín Reguera Sevilla (Vía Cornelia) de Santander, y nos complace invitaros a participar con nosotras en los tres días que hemos programado para celebrar este deseo hecho realidad.
La Ley 27/2011 de Zapatero, pactada entre casi todas las fuerzas políticas y los sindicatos del régimen, más la Ley 23/2013 del PP que regula el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización del sistema de Pensiones de la Seguridad Social, han supuesto, la primera una rebaja media en torno al 20%, mientras que la segunda reforma del 2013 sumará una pérdida adicional del 15%, por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.
El “sacrosanto déficit” conlleva un apalancamiento de las políticas denominadas de “consolidación fiscal” o, en términos sencillos, políticas de robo y expolio de los derechos sociales, siendo uno de los factores en las cuentas generales del Estado, que desvía miles y miles de millones del gasto social (pensiones, educación, sanidad y dependencia fundamentalmente) para cumplir con los compromisos con Bruselas.
Los gobiernos de turno, desde el 2011, cuando abordan la reforma del artículo 135 de la CE (se garantiza el pago de los intereses y principal de una deuda ilegítima e ilegal, pues es la deuda de los banqueros y especuladores), se enfrentan al siguiente dilema: o bien aplicar recortes en el gasto o bien subir los impuestos directos y/o indirectos para obtener mayores ingresos.
El problema, el financiero, por “ley”, obliga a las cuentas de la Seguridad Social a tener cuanto menos equilibrio, es decir, los ingresos menos los gastos, debieran ser 0, o tener superávit, de lo contrario, las revalorizaciones de las pensiones, con independencia del coste de vida (IPC), solamente se actualizarán en un 0,25%.
La Seguridad Social, sujeta a esta “regla sagrada del mercado”, ante la destrucción de millones de empleos desde el 2011, la bajada de las cotizaciones empresariales a través de las subvenciones y las reducciones, las tarifas planas, la expulsión de cientos de miles de cotizantes de las personas “cuidadoras” por ley de Dependencia y el menor ingreso, debido a que los cientos de miles de asalariados y asalariadas que entran al mercado de trabajo desde el 2011 lo hacen con salarios cercanos al SMI, colocan al sistema público de Seguridad Social en déficit continuo y permanente, al menos hasta el 2022.
Todos estos factores políticos, es decir, decisiones políticas adoptadas por los gobiernos del PSOE y del PP conjuntamente con Bruselas, ha conllevado un deterioro de las cuentas públicas, y se le imputa a la Seguridad Social un déficit cercano al 1,5 del PIB a finales del 2017, es decir, cerca de 18.500 millones de euros.
Contraviniendo el artículo 50 de la CE “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…”, se decide reducir aún más el “gasto en pensiones” (ya se han reducido sustancialmente con el alargamiento del periodo de cálculo, con el retraso en la edad de jubilación…), por medio de incrementar las pensiones solamente en el 0,25%, lo cual ha servido para financiar parte del agujero del “déficit” y, desde el 2019, aplicar el factor de sostenibilidad para todas las personas que se jubilen a partir de ese año.
El factor de sostenibilidad, más allá de la “fórmula pseudo -científica”, es lisa y llanamente una reducción en origen de la pensión, al establecer el cálculo de la misma en función de la esperanza de vida a ese momento y el que no se debe percibir más que las generaciones anteriores. Es decir, se cobrará menos al mes pero durante más años.
Concluyendo, la Seguridad Social, nuestro sistema público de Pensiones, ha sido quebrado de forma premeditada y metódica por parte de los partidos gobernantes desde 1980 y por casi todo el arco parlamentario desde 1995.
Las personas pensionistas, así como las clases obreras en activo, no hemos sido capaces de generar movilización social suficiente para parar este robo de uno de nuestros derechos fundamentales, más si tenemos en cuenta que el 38% de los hogares españoles dependen del perceptor principal que es pensionista.
Quebrar el sistema público de Seguridad Social tiene un objetivo para nada escondido: mercantilizar y entregar a los mercados privados (banqueros y aseguradoras) el 45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones públicas. Los privilegiados: mercados, empresarios, ejecutivos, capital, se desligan de la obligación de cumplir con el principio de solidaridad, no contribuyendo a la caja común por medio de mecanismos de elusión fiscal que el sistema “legal” les permite.
El empobrecimiento de las personas pensionistas actuales (9 millones de pensiones) se refleja en que, más de 5 millones perciben una pensión menor del SMI, y con la NO subida de las pensiones según el coste de vida -cuando no la congelación- y la bajada en origen de la pensión para todas las personas que se jubilen a partir del 2019, nos encontraremos en un futuro-presente donde la desigualdad y el empobrecimiento serán las señas de identidad para la mayoría de la población.
CGT considera que se hace necesario una MOVILIZACIÓN social fuerte y radical para “salvar” el derecho social más fundamental: LAS PENSIONES PÚBLICAS UNIVERSALES y SUFICIENTES.
El 6 de diciembre del 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deshecho la política tradicional de ese país con respecto a Palestina y ha anunciado el reconocimiento del Jerusalén ocupado como capital del estado creado en 1948 de Israel y ha ordenado el traslado de la embajada de su país a esta ciudad. En este acto suicida y provocador, despoja al pueblo palestino de todos sus derechos para dárselos al estado genocida de Israel.
Esta decisión irresponsable, teniendo en cuenta la situación de extrema gravedad (bloqueo, nuevos asentamientos, colonos, represión, militarización, estado de sitio, detenciones arbitrarias, robo de tierras, desempleo o ruina económica) en que se encuentran los Territorios Ocupados de Cisjordania y la franja de Gaza, provocará sin duda un recrudecimiento sin precedentes de las acciones de resistencia palestina que desembocará en una voraz y sangrienta espiral de violencia, que ya ha dado comienzo.
Durante 70 años, EEUU ha permitido a Israel robar las tierras palestinas (incluso cuando pretendía ocultarlo firmando la Resolución 2334) y hacer una limpieza étnica. Esta decisión de Trump representa una nueva fase en la agresión al pueblo palestino.
La ‘Ley del Gran Jerusalén’ de 1980 incluye la expulsión de los palestinos “residentes” de su ciudad natal con mil artimañas, y desde entonces está ilegalmente bajo la jurisdicción de Israel.
El estatus de la parte oriental de la ciudad, conquistada en 1967 por Israel, se encuentra disputado, ya que en este sector —referido habitualmente como Jerusalén Este o Jerusalén Oriental, que incluye la Ciudad Vieja— es donde el Estado de Palestina pretende establecer su capital. Israel discute las reclamaciones palestinas y, tras la Guerra de los Seis Días, considera la ciudad como un todo unificado y un mismo municipio, declarándola como su capital «eterna e indivisible». Esta anexión ha provocado un amplio rechazo en la comunidad internacional, materializado en la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que la consideró contraria al Derecho internacional, y en señal de protesta por este acto unilateral los estados miembros de las Naciones Unidas acabaron por trasladar sus embajadas a Tel Aviv, tal como pedía la resolución.
Aunque nunca llegó a aplicarse la administración internacional que la propia ONU dictaminó en su Resolución 181 del año 1947, sí había un consenso internacional de no reconocer Jerusalén como capital del estado de Israel.
Este acto sólo puede desencadenar más conflictos étnico-religiosos en la región en el cumplimiento del Proyecto del Nuevo Oriente Próximo, imposibilitando la creación de un estado palestino, y de paso, ampliar el negocio de la militarización de la zona, y cumplir así el “sueño” sionista de posesión de los territorios entre el Nilo y el Eufrates, como marca su bandera. Otro de los propósitos de este reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel puede ser forzar a la Autoridad Palestina a aceptar la llamada “Iniciativa de Paz” de Jared Kushner que propone olvidarse del “estado palestino” y del regreso de los refugiados, conseguir una autonomía con la soberanía de Israel sobre las fronteras y el espacio aéreo de Cisjordanía, a cambio de recibir un generoso paquete de ayuda financiera destinada a la burguesía palestina.
Implica además que EE. UU. ya no considera la presencia israelí en Jerusalén Oriental una ocupación, ni ilegales los asentamientos judíos construidos después de la Guerra de 1967, que infringen el Convenio de Ginebra que establece que una potencia ocupante no tiene soberanía en el territorio que ocupa. Así, EEUU rompe con su compromiso formal de cumplir con el derecho internacional.
Este acto temerario ha acabado con décadas de consenso internacional sobre el estado de la ciudad. Hasta la Unión Europea, el principal aliado de Washington, ha dejado solo a Trump en esta peligrosa aventura.
También provocará la intifada de una gente que no sólo hoy no tiene nada que perder, sino que ve cómo secuestran su esperanza de un futuro diferente. Situación que además propiciará el protagonismo de organizaciones como Hamas.
Esta hazaña de Trump está condenada al fracaso. La cuestión es el número de víctimas que dejará a su paso y por eso, desde el Equipo Palestina de la Secretaría de Relaciones Internacionales hacemos un llamado a la afiliación de CGT a estar atentos a la evolución inmediata de los acontecimientos en la Palestina ocupada y, si es posible, participar en los actos de apoyo al pueblo palestino que se desarrollen en nuestras ciudades.
Desde este Equipo no tenemos dudas, Palestina es una tierra ocupada.
Consideramos a todo Estado como enemigo directo del autogobierno de las personas.
Vemos las religiones, ateísmo incluido, como legítima decisión individual, pero nunca como justificación de agresión entre las personas.
La libre federación de personas ha de permitir a los pueblos autodeterminar su forma de gobernarse y convivir.
Por todo ello nos manifestamos claramente por la condena total y absoluta de este nuevo gesto de guerra por parte de un Imperio hacia un pueblo que reivindica su derecho a ejercer gobierno en la tierra donde siempre vivió.
Secretaría de relaciones internacionales de la CGT
Hoy hablamos de la Ley de Memoria Histórica aprovechando que por estas fechas cumple 10 años. Para ello hemos invitado a:
Presenta: Jorge del Olmo @SandokaRN
La privatización -la externalización- de los Servicios Públicos (SSPP)por cualesquiera de las modalidades formales-jurídicas, tiene su sustentación política en la modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado Español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los puestos necesarios en los SSPP, y la pérdida de cientos de miles de empleos públicos por la vía del despido y la no renovación de contratos.
El capitalismo liberal, es la desposesión de los servicios esenciales para la comunidad a través de su mercantilización y las privatizaciones de las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, para ser convertidos en negocio.
Dineros que han sido trasvasados al negocio privado, por el mecanismo de reducción del gasto público, que se acerca a los 78.000 millones de euros en el Estado Español.
Los recortes son dramáticos para la mayoría social. Ninguno de los bienes comunes se libra de esta barbarie:la educación, la sanidad, la vivienda, las prestaciones de desempleo, los cuidados, la dependencia, la cultura, las pensiones, las inversiones en lo público…
Las consecuencias de estas políticas en el empleo público y en las rentas salariales ha supuesto la destrucción de 156.000 empleos y la pérdida de un 17% real en el gasto salarial, la infra inversión en los medios y la precarización generalizada en toda la cadena de trabajo.
El Trabajo Público es “aquel” que no debe ser nunca mercantilizado y su gestión se realiza desde el Estado en todas sus estructuras, la central, las autonómicas, las regionales, las municipales, y las empresas “públicas”, bajo cualquiera de las modalidades existentes hoy en nuestro sistema jurídico normativo.
La gestión de lo Público no puede basarse en criterios de rentabilidad mercantil, sino en el principio de suficiencia (siempre existirán recursos para que los servicios públicos lleguen de manera universal a toda la población) y en el principio de eficiencia, es decir, su gestión debe ser eficiente sin incurrir en un “mal negocio”, pues de lo contrario se estaría violando el principio de suficiencia.
CGT exige en esta campaña “Por un Trabajo Público Digno”:
DIGNIFICAR EL TRABAJO PÚBLICO, EN BENEFICIO DE TODAS Y TODOS
Los grupos y colectivos participantes en el Encuentro por la Amnistía Social celebrado en la Parroquia de S. Carlos Borromeo (Madrid), queremos mostrar nuestro apoyo afectuoso y solidario con quienes en estos momentos están sufriendo la represión como consecuencia de sus luchas en defensa de su dignidad.
Desgraciadamente estamos asistiendo a una represión desmedida y en todas sus variantes (baja, media y alta intensidad) desde el poder, como método para mantener sus privilegios e intereses. Nos encontramos con una gran cantidad de casos, víctimas de graves represiones, como consecuencia de la utilización de leyes como la «ley Mordaza», al no saber resolver los conflictos sino es con la utilización de la fuerza. Sentimos que son tal la cantidad de casos en estos momentos en los tribunales que es prácticamente imposible nombrarlos a todos.
Por esta razón, las personas asistentes al Encuentro por la Amnistía Social, queremos mostrar la máxima preocupación por la deriva autoritaria del Estado y por la justificación que él mismo hace de sus políticas represivas. Desde este encuentro queremos denunciar y solidarizarnos con aquellas personas y colectivos que conocemos que están sufriendo esta represión.
*En primer lugar, nuestro afecto y solidaridad con Alfon, sus familiares y amigas.
*Nuestro apoyo, este 25 de Noviembre, contra la violencia machista y denunciando la posición mezquina de la justicia y de los medios de comunicación ante la violación y la violencia ejercida en contra de la dignidad de las mujeres en casos como el de Pamplona.
*Nos solidarizamos con Victor Tormo, militante de CGT-Castelló, que será juzgado el próximo día 4 de diciembre y al que se le piden 3 años de prisión y 12.000 euros de multa por haber publicado en las redes sociales fotos de policías secretas que actuaron sin identificación como tales.
*Mostramos nuestra indignación con la política represiva continuada que se ejerce en las Fronteras de Ceuta y Melilla y con sus devoluciones en caliente a Marruecos de personas inmigrantes. Así mismo denunciamos que se utilice la cárcel de Archidona (Málaga), aun sin acabar, para transformarla en un CIE improvisado, ignorando todas las normas humanitarias. ¡¡Ni presos, ni presas…ni CIES, ni rejas!!
*Queremos apoyar a Ascensión Lopez, la bebé robada que irá a la prisión por denunciar su caso. Le piden 55.000 euros para evitar la prisión.
*Mostramos nuestra indignación por la persecución a l@s muHYPERLINK «mailto:mucic@s»sHYPERLINK «mailto:mucic@s»ic@s y cantantes de la Insurgencia (grupo de hip-hop combativo). También por la persecución a la libre expresión en las redes sociales y que está suponiendo un sin fin de casos de represión, impensables hace unos años; ejemplos como el de Alfredo Ramirez, el primer tuitero en entrar en prisión por sus escritos en Internet.
*Pedimos la libertad de las personas encarceladas de Altsasua, a las que se les quiere condenar por terrorismo por una pelea en un bar con guardia civiles y a los que fiscalía les pide más de 50 años para cada joven. Llevan ya más de un año en la cárcel.
*Mostramos nuestra solidaridad con la gente del caso de l@s 27 de la Universidad de Barcelona, que tienen que ser juzgados en breve por haber ocupado el rectorado. Entre estas personas encausadas se encuentra el Secretario de CGT de Cataluña.
*Mostramos nuestra solidaridad con Alberto Cañedo, ex-alcalde de Carcaboso en Cáceres (Extremadura). Alberto Cañedo tiene varias condenas por haberse enfrentado al bipartidismo político en su ayuntamiento y ensayar en su pueblo modestas iniciativas de desarrollo local y agroecología.
*Denunciamos la represión al movimiento vecinal de Murcia, que tan valientemente se están oponiendo al muro que RENFE-ADIF quiere levantar separando a barrios y personas. Ante la decidida oposición del vecindario les están empezando a llegar multas a cientos por desobediencia, resistencia, daños, etc. Desde el Encuentro por la Amnistía Social nuestra solidaridad y apoyo.
*Exigimos que termine la represión en los centros de trabajo contra l@s trabajador@s que luchan por los derechos laborales en sus empresas. La represión es tan continua que los despidos, amenazas, coacciones y todo tipo de abusos por parte de los empresarios es lo cotidiano en el mundo del empleo. Son tantos los casos que no sabríamos por donde empezar. ¡¡NO LA LAS REFORMAS LABORALES!!
* Apoyamos a todos los Centros Sociales que estén sufriendo la represión del estado en cualquiera de sus formas. “La Dragona” en Madrid, La Invisible en Málaga y La Revo en Sevilla. De la misma manera a las gentes de la Corrala Guevara, en Málaga, que luchan por recuperar sus viviendas.
*Nos oponemos a que se abra la mina de Uranio en Retortillo y comarca(Salamanca), poniendo en juego la vida de muchísimas personas y el futuro, ya difícil en estos momentos, de estas tierras. ¡¡Ni una agresión más a las zonas rurales!!
*Moestramos nuestra solidaridad con los grupos de acción antimilitarista de las Islas Canarias, sancionados por una acción no violenta el Día de las Fuerzas Armadas en las Palmas. Así mismo mostramos nuestra solidaridad y apoyo a la joven Ahisa, militante de la Asamblea Nacional Canaria, represaliada con 18 meses de cárcel por realizar una pintada contra el Paro
*Denunciamos todos los episodios represivos que están sucediendose en Cataluña debido a lo que se conoce como el Proces de Independencia. Libertad para todas las personas presas y las que han sufrido la violencia en ese conflicto.
Por último, mostramos nuestra preocupación por el auge de las actividades racistas y fascistas de los grupos de extrema derecha, así cómo la tolerancia y permisividad ante sus actos violentos por parte de las autoridades y los cuerpos policiales. Así lo demuestran casos como los del 9 de Octubre en Valencia,los fascistas de Blanquerna, agresiones en Barcelona, Murcia o Málaga.
ENCUENTRO ESTATAL POR LA AMNISTÍA SOCIAL.
En el vigésimo cuarto programa de Rojo y Negro en Lucha se incluyen reportajes de los siguientes conflictos:
