El ‘caso Pandora’ acaba de forma tan estridente como lo fue su inicio. Tres años después de que decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra entraran en la Kasa de la Muntanya -símbolo del movimiento okupa barcelonés- y la registraran durante más de 11 horas en busca de pruebas contra el «terrorismo anarquista», la Audiencia Nacional ha enterrado ahora de forma definitiva un caso que comenzó en sus juzgados. Y lo ha hecho entre críticas de la juez Carmen Lamela a la policía de la Generalitat a la que, en esencia, acusa de no haber sido capaz de aportar pruebas concluyentes pese al enorme despliegue, los tres años transcurridos y la publicidad que se dio a la operación.
La madrugada del 16 de diciembre centenares de agentes de los Mossos -entre ellos prácticamente toda la Brigada Mòbil (Brimo)- se desplegaron en 14 locales y casas en los distritos barceloneses de Gràcia, Sant Andreu y Poble Sec; en Manresa y Sabadell; además de realizarse entradas en Madrid. El objetivo era actuar contra presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), un grupúsculo conocido por colocar artefactos explosivos caseros contra cajeros automáticos, entidades bancarias o símbolos relgiosos como la Basílica delpilar en Zaragoza o de La Almudena, en Madrid. Dos de sus miembros cumplen condena, precisamente, por estos dos últimos ataques.
La espectacularidad del operativo de los Mossos d’Esquadra aquel día contrasta ahora con los frutos -ninguno- de una investigación que la propia Audiencia Nacional vinculó en sus comunicados públicos con el anarquismo violento.
Según el auto publicado este martes por el juzgado de InstrucciónCentral número 3 de la Audiencia Nacional, nada de lo atribuido por los Mossos y el juez Javier Gómez Bermúdez contra los 11 detenidos -siete mujeres y cuatro hombres- puede demostrarse. Únicamente ha podido evidenciarse «que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista, algunos de ellos con antecedentes penales, así como con personas que han sido condenadas por su pertenencia a los GAC». Ninguna de todos esos hechos es ilegal, a la vista de la decisión de la juez Lamela.
La magistrada sostiene que «pese a los diversos teléfonos intervenidos e informes de todo tipo que han sido recabados» no ha podido concluirse ningún tipo de delito. Menos aún que los 11 detenidos -siete de ellos fueron encarcelados- «pudieran estar realizando determinadas actividades en el seno de movimientos anarquistas o grupos terroristas». Tampoco han dado resultado los esfuerzos de los investigadores en la que suponía su última esperanza, el descifrado de los ordenadores y discos duros que los Mossos se llevaron de los domicilios y de la Kasa de la Muntanya.
La misma juez acabó con la misma determinación en 2016 con la considerada como segunda fase de la Operación Pandora que se llevó a cabo en octubre de 2015 con la detención de otras nueve personas.Como ha sucedido ahora, la Audiencia Nacional daba por sobreseído el caso en junio pasado ante los «escasos resultados» de la investigación realizada por los Mossos, que no aportaron indicios «concretos ni suficientes» sobre una supuesta actuación delictiva.
Fuente: http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/30/592db9b146163fd34e8b462b.html
ADIF ha estado durante 5 años infracotizando por gran parte de su plantilla, calificando las horas extras comunes como fuerza mayor y tratando como dietas conceptos salariales.
La Confederación General del Trabajo (CGT), tras años de acciones sindicales y denuncias realizadas ante la gran cantidad de horas extraordinarias que se producen al año en ADIF, ha logrado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social investigue y descubra el fraude cometido por ADIF por valor de 4.818.595`99 euros en concepto de “diferencias en la cotización”.
Los inspectores encargados de dirigir este procedimiento han resuelto que este fraude corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. Durante estos años, ADIF ha estado infracotizando por una gran parte de su plantilla, calificando las horas extraordinarias como fuerza mayor y tratando como dietas conceptos salariales.
CGT considera que este fraude masivo en las cotizaciones por parte de un ente público, dependiente del Ministerio de Fomento, es intolerable además de incidir negativamente en las arcas públicas y de tener graves consecuencias sobre las trabajadoras y trabajadores que se encuentran con problemas a la hora de calificar enfermedades profesionales o la incapacidad permanente.
CGT considera que deben depurarse las responsabilidades, procediéndose inmediatamente por parte de ADIF a regularizar las cotizaciones de toda la plantilla.
Del mismo modo, la CGT viene denunciando la falta de plantilla y la elevada edad media que tiene la actual. Es por lo que desde la organización anarcosindicalista se exige a esta empresa pública la organización de una convocatoria de empleo público urgente que conlleve a un incremento sustancial de la plantilla.
Macarena Amores García
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT
“Nuestra pelea es por la vida. Este paso que damos es difícil pero necesario. Tenemos que darlo si queremos seguir existiendo como pueblos. También abrimos la invitación a toda la sociedad civil organizada y no organizada a sumarse a esta lucha por la vida” señaló la vocera electa del Concejo Indígena de Gobierno del Congreso Indígena Nacional, María de Jesús Patricio Martínez.
La Primera Asamblea del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) realizada este 27 y 28 de mayo en el Cideci de San Cristóbal de las Casas nombró a sus 71 integrantes y a su vocera: María de Jesús, ‘Marichuy’, como muchos le llaman, es una mujer nahua de Tuxpan al sur de Jalisco, dedicada a la medicina tradicional y a la lucha por su comunidad.
Los 71 concejales elegidos, representantes de los pueblos indígenas de México y su vocera, que entre todos, mujeres y hombre, integran el Concejo Indígena de Gobierno para México, respondieron a las preguntas de medios nacionales e independientes, bosquejando así el rumbo de su propuesta. “Nuestra pelea es por la vida, no vamos por votos. Vamos por la organización y la construcción del poder desde abajo” señalaron María de Jesús, Sara López González y Betina Cruz Velázquez, mujeres representantes nahua, maya y binizá respectivamente.
En la plenaria, con la asistencia de casi 1,500 personas, con la que cerró el trabajo de la Asamblea Constitutiva del CIG, estuvieron presentes representantes de las múltiples luchas que existen en el país como invitados del CNI, entre ellos, los padres y madres de Ayotzinapa, Araceli Osorio, la madre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria y mucho más que expusieron el momento que viven en su búsqueda de verdad y justicia. En la Asamblea participaron 693 delegados, 492 invitados del CNI, 71 concejales y 230 delegados Zapatistas.
“Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. Los partidos políticos tienen que ser deconstruidos, se deben terminar. Esa forma de hacer política ya no tiene una salida viable para nuestros problemas” explicó Fortino Domínguez, zoque de Chapultenango, Chiapas, desplazado de su lugar de origen e integrante del CIG.
El Profe Filo, de la mixteca poblana, intervino para precisar: “No se confundan, esto es un asunto que tiene que ver con la civilización, no es una vulgar lucha de poder”.
Sara, del pueblo maya, reiteró “No vamos por votos, vamos por todo. No vamos a cuidar urnas, vamos a reconstruir este país que se cae a pedazos. No estamos en una campaña electoral, estamos en una campaña por la vida, por la defensa de la vida y el rescate de este país”. Y agregó: “ Es una campaña por la vida y la organización de los pueblos, es una campaña por la construcción del poder desde abajo, no aspiramos a tomar el poder de arriba”.
A la pregunta sobre la opinión acerca de la Ley de seguridad interior, la respuesta por parte de Gabriela, representante tzeltal fue: “El término seguridad es de los de arriba, para nosotros el término es represión. En nombre de la ‘seguridad’ nos reprimen y nos criminalizan. Nos tratan como delincuentes cuando lo único que hacemos es defender nuestros territorios y defender la vida sobre la tierra”.
Mario Luna del pueblo yaqui comentó: “Hay una gran desilusión del trabajo de los partidos políticos y es importante destacar que es el CIG quien encabeza esta campaña. Como la ley no permite registrar un Concejo, se registrará a la compañera María de Jesús. No estamos ofreciendo una solución mágica. Estamos invitando a que nos organicemos desde abajo”.
Para subrayar la diferencia de la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno con el sistema de partidos políticos, Fortino Domínguez, representante zoque señaló: “Los partidos políticos tienen una concepción del mundo individualista. Los pueblos pensamos en colectivo, como la representación que estamos aquí”.
“No vamos a hacer una campaña sino buscamos organizarnos junto con todo el país para desmontar el poder que desde arriba nos imponen. Este es un camino que comienza y es un camino colectivo. La experiencia en México nos dice que los partidos políticos tienen que ser deconstruidos, se deben acabar. Esa forma de hacer política ya no tiene una salida viable para nosotros” comentó Fortino quien señaló “debemos deconstruir este Estado Nación. Nosotros ya estamos decididos a hacerlo”.
Por su parte, el ‘Profe Filo’ representante de la región mixteca poblana abundó en el tema: “En el mundo nahua hay una escena muy bella: un abuelo antes de morir le dice a su nieta ‘el día, nuestro día, tú sí lo verás, tú sí lo vivirás”. Ese día llegó. Esto es muy complejo porque hablamos de la civilización que parió esta tierra. El CIG está parado sobre miles de años de historia que nos anteceden. Entonces no se confundan, este es un asunto de civilización, no es una vulgar lucha por el poder”.
“Desde hace 500 años el proyecto que ha dominado este país es el occidental. Puede decir la historia de arriba lo que quiera, para nosotros la historia es otra. Para nosotros da lo mismo si son conservadores o liberales, o si son izquierda o derecha. El proyecto desde hace 500 años es el mismo” señaló el Profe Filo y, haciendo referencia a la pregunta específica sobre López Obrador, respondió: “Andrés Manuel no engaña a nadie, su proyecto se enmarca en este contexto occidental. Lo dice muy claro cuando le pide a las mineras que no contaminen tanto y que nos paguen un poquito más. Lo está diciendo cuando se junta con una bola de criminales, por eso no está engañando a nadie”.
“Es un sistema mundo el que está en crisis y se está derrumbando, y otro, el nuestro, está ahora resurgiendo, no lo ven, no lo oyen. Pero aquí estamos sobre nuestra historia, aquí estamos nosotros los pueblos indígenas hoy en los albores del siglo XXI” concluyó el Profe Filo de la mixteca poblana.
A la pregunta sobre cómo puede afectarlos el racismo y la discriminación en este proceso, la representante tzeltal señaló: “Durante 500 años hemos vivido en un sistema de castas que queremos sustituir por una sociedad igualitaria. Sustituir la cultura de la discriminación por una cultura del respeto”. En otra intervención, un integrante del CIG subrayó: “el racismo está en la mente de quien lo ejerce, entonces el problema no es de nosotros”.
El Profe Filo, subraya la importancia de lo que sucede en esta Primera Asamblea del Concejo Indígena de Gobierno y haciendo un recuento del proceso de consulta y difusión de la propuesta en muchos sitios comentó: “No estamos mirando arriba, estamos mirando abajo. Fuimos a muchos lugares, dialogamos con mucha gente. Vemos que arriba está el caos, la muerte, la destrucción y las mentiras de los propios medios de comunicación. Lo que vimos abajo da miedo, porque algo está pasando, algo se está moviendo. Fue entonces que decidimos que sí aceptaríamos esta propuesta, porque vimos que sí hay con qué y con quién para levantar un nuevo país, vimos que ya se mira el horizonte”.
“El día de hoy es el más grande de nuestra historia. Nos tomó 20 años conocernos. Durante cinco siglos estuvimos en resistencia y hoy estamos haciendo una alzamiento indígena, el más grande en la historia de México y es no violento. No violento” finalizó.
El video de la conferencia de prensa de la Primera Asamblea Constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno / video de Enlace Zapatista
“Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), eldesembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.
No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.
El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.
Todas las nóminas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, serán embargadas en los porcentajes máximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y més, se han solidarizado con los procesados, dicha decisión es una condena tácita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que comprometerá seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.
“Las pérdidas diversas de los servicios del rectorado”
Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cerdanyola del Vallés que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fernández- no sólo no ha rebajado la petición de fianza realizada por la fiscalía en el escrito de acusación, sino que la ha endurecido incrementándola en 126.997 euros (casi un 25 por ciento). En su petición de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluyó en su primera denuncia.
En la valoración citada de los daños y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la pérdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las pérdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gestión del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, “las pérdidas diversas de los servicios del rectorado” y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulación, jardinería, cristales y mobiliario.
El nuevo rectorado de la UAB de oposición moderada que reemplazó al equipo de Ferran Sancho intentó posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoración de las responsabilidades civiles que reducía hasta los 10.000 euros la estimación de los desperfectos supuestamente provocados. Ésta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instruía el sumario, dado que el rectorado había retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusación particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fernández haya incrementado la petición de fianza de la fiscalía atendiendo a un tercer peritaje, “todavía más desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que también concurren al proceso”.
En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vallés se imputa a los 27 encausados un delito continuado de desórdenes públicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jurídica mediante la intimidación, así como daños y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son también acusados de “un delito continuado de coacciones encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresión de los supuestamente perjudicados”, traducción penal del “escrache” que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperación con sólo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejercía sus labores docentes.
Juicio político
Las penas de prisión que el fiscal solicita para estos siete últimos procesados son de catorce años. Al resto se le pide once y medio más cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicaría de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot y Jordi Gassiot, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 amén de uno de los pocos líderes sindicales que, junto a Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la caída del régimen franquista.
Además de profesor de Prehistoria y arqueólogo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un año después de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, había desempeñado el cargo de secretario de Acción Social. A partir de 2006, formaba parte también del comité de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicación en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados.
Al abogado de los estudiantes, Eduardo Cáliz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio político contra los líderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, venían señalándose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todavía más allá cuando afirman que el proceso tiene algo también de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.
El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gestó en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logró aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matrícula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una política de transparencia que impidiera que la universidad pública fuera un vívero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.
Las sospechas de corrupción se extendían sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores más estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se pedían explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del “funcionamiento irregular” de “ciertos chiringuitos” como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundació UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en “dudosas condiciones” de millones de euros procedentes de las arcas públicas.
La CGT denunció también que algunos docentes habían suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la institución y apuntó directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio público-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este último respondió en su día amenazando con interponer una demanda por injurias que jamás llegó a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opinión de los procesados viene a respaldar la idea del “ajuste de cuentas”.
Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposición de Pere Solà que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.
En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un sólo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moción aprobada por el “parlamento de la UAB” o claustro. Una semana después de que diera inicio la ocupación, en vísperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad Pública (PUC) -de la que también forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.
Fuente: http://www.publico.es/sociedad/subida-tasas-medio-millon-euros.html
Alrededor de 200 autobuses llegarán a Madrid desde todos los puntos del Estado español para pedir “Pan, Trabajo, Techo e Igualdad” el 27 de mayo, porque la situación en la que nos encontramos es insostenible.
Las Marchas de la Dignidad se han dirigido hoy a la ciudadanía desde Neptuno para realizar un último llamamiento antes de la movilización del sábado 27 en Madrid.
Silvia Salamanca y Víctor Jiménez, miembros de la coordinadora estatal de las Marchas, han explicado la organización de las columnas y la necesidad de acudir en masa a Madrid este sábado. “Desde las Marchas sabemos que los derechos se consiguen y se mantienen en la calle. Ningún gobierno podrá amordazar la voz del pueblo. Llamamos a toda la clase trabajadora, a todas las mareas y colectivos en lucha y a la ciudadanía en general a que se una el 27 en la movilización de Madrid”.
Existirán cuatro columnas correspondientes con los puntos cardinales, a las que se irán uniendo colectivos, organizaciones y ciudadanas de todos los territorios del Estado español. Además de estas cuatro columnas, Libertad (sur), Igualdad (este), Unidad (oeste) y Solidaridad (norte), estarán las columnas del Bloque Combativo de Clase integrada por sindicatos y colectivos alternativos, y la de Memoria Histórica y Pensiones.
Víctor Jiménez ha explicado que la realidad social por la que atraviesa el país actualmente no es tan idílica y el sábado la población se lo hará saber al gobierno de Mariano Rajoy.
Silvia Salamanca ha recordado que el recorte de derechos que sufrimos solo persigue tener un pueblo cada vez más pobre y oprimido, algo que estamos constatando con el engaño de la recuperación económica y la creación de empleo. Además, ha recalcado que la situación de semi-esclavitud que padece la clase trabajadora es consecuencia directa de las dos reformas laborales.
Las Marchas de la Dignidad defenderán también los Servicios Públicos, atacados directamente por la reforma del artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago de una deuda que no es del pueblo. Del mismo modo, reivindican la igualdad de las mujeres y el fin de la Violencias Machistas con la creación de un pacto de Estado, la derogación de las Leyes Mordazas y la Amnistía Social y el fin de la permisividad con la corrupción política y empresarial.
Stefano Scarpetta, director de Empleo y Trabajo del organismo, cree que en nuestro país el impacto de esta medida sería muy positivo debido a la escasez de las ayudas públicas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) juzga positivo que los países prueben la eficacia de la renta universal básica, como Finlandia u Holanda, pues el sistema de protección social actual se está quedando obsoleto.
Durante la presentación del informe de la OCDE ¿Qué cambiaría una renta universal?,Stefano Scarpetta, director de Empleo y Trabajo del organismo, juzgó que la asignación mensual para todos los ciudadanos es «un debate importante, necesario y útil».
Por ello, experiencias como la que está llevando Finlandia, donde unos 2.000 desempleados reciben 560 euros mensuales, son necesarias para saber qué funciona.
«Se trata de una manera de comprenderlo antes de aplicarlo a nivel nacional, que es muy complicado», señaló Scarpetta en la sede de la OCDE en París.
Para el director, estas pruebas son pertinentes, pues el actual sistema de protección social ha de adaptarse a un nuevo modelo económico que produce menos asalariados y un aumento de trabajadores independientes, que tienen menos derechos sociales.
El documento analiza cuatro países (Italia, Francia, Finlandia y Reino Unido) bajo el supuesto de que el salario universal sería aplicable a todos los adultos y menores, pero excluiría a los jubilados.
Con esta modalidad, la asignación de la renta universal significaría la eliminación de todas las ayudas o prestaciones sociales, como el paro, y solo se conservarían ayudas a la vivienda y a los discapacitados.
La simulación realizada por la OCDE está además basada en un equilibrio de las cuentas, por lo que su aplicación implicaría un aumento de los impuestos, sobre todo a los más ricos, para que el déficit no aumentase.
Para los autores del informe, el impacto de la renta universal depende del sistema de protección de cada país.
En los que las ayudas son robustas, como en Finlandia o Reino Unido, no se resuelve el problema de la pobreza, pues al recibir un salario básico significa que se retiran ayudas a poblaciones en riesgo.
El impacto de la renta universal depende del sistema de protección de cada país, dice la OCDE
En estos casos, se aboga por una intervención «más centrada» en estratos vulnerables, como los jóvenes que ingresan en el mercado de trabajo.
Sin embargo, en Italia, tal y como sucedería en países con niveles de protección parecidoscomo España, Portugal y Grecia, el impacto de la renta universal sería muy positivo debido a la escasez de las ayudas.
Según Scarpetta, otro impacto potencialmente positivo de la renta universal es el cambio de «comportamiento» en relación al mercado laboral, un asunto que interesa a Finlandia.
«En este tipo de países, que son muy generosos con el paro (…), a veces a la gente no le compensa trabajar», comentó Scarpetta.
En cambio, en el supuesto de la ayuda universal, esta capa podría estar más dispuesta a aceptar trabajos que antes no se planteaba, pues acumularía salario y renta universal.
Fuente: http://www.publico.es/economia/ocde-apoya-renta-basica.html
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#RNtvLucha19
En el decimonoveno programa de Rojo y Negro Lucha se incluyen reportajes de los siguientes conflictos:
- En España hay 7 centrales nucleares en funcionamiento. Todas tienen una edad entre 30 y 40 años. La renovación del permiso de funcionamiento de las centrales nucleares por otros veinte años impediría el cambio a las energías renovables y mantendría una energía sucia y peligrosa.
- Los 7 del Ave:
Los días 10 y 11 de mayo se celebró el juicio contra los siete compañeros acusados por los echos ocurridos durante la inauguración de la llegada del AVE a Alicante. en junio de 2013.
En OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud del País Vasco, la actitud tanto del Lehendakari Urkullu como del Consejero de Sanidad Darpón y de la Directora de Osakidetza, Mujika respecto a la donación de la Fundación Amancio Ortega a Osakidetza, nos produce una gran decepción en muchos aspectos. Tenemos mucho que decir al respecto:
Sobre la dignidad de este pueblo
Afortunadamente para la ciudadanía vasca, nuestra Comunidad no tiene ninguna necesidad de recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Menos aún de quien siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.
Sobre nuestras necesidades y carencias
Nuestro Sistema de Salud se financia con los impuestos y éstos son uno de los pilares del Estado Democrático para la justicia social distributiva. Tenemos un PIB suficiente para que no nos falte nada en nuestro sistema de salud, si es que lo que realmente falta es mas tecnología, como dice reconocer el Lehendakari.
Sobre algunas “Fundaciones filantrópicas”
Osalde también tiene algo que decir a la Fundación Amancio Ortega. Si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos
En Osalde defendemos el derecho a la salud de todos y todas las personas. Y la salud depende de sus determinantes sociales, como la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, etc. Si estas grandes empresas del Estado, deslocalizan gran parte del trabajo productivo en Bangladesh o Marruecos, deberían tratar de armonizarse los derechos de todas las personas que forman la cadena de productores y consumidores. Le sugerimos que el lobby textil se una a la iniciativa legislativa recientemente aprobada en el Parlamento Europeo para obligar a los proveedores de la industria textil que abastecen a la Unión Europea a respetar los derechos humanos de sus trabajadores en todo el mundo. Si quiere pasar por empresa ética es en ese nivel donde tiene que demostrarlo y no ofreciendo regalos a quienes no le aprietan las clavijas fiscales.
Sobre la penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica
Por otro lado, hay que valorar la oportunidad y necesidad del “regalo tecnológico” en el contexto de Osakidetza. Si lo que interesa es la salud, hay que valorar el impacto de estos cuatro aceleradores lineales y un mamógrafo sobre la salud de las personas de Euskadi. En el momento evolutivo de nuestro Sistema de Salud, la evidencia científica ha demostrado que el incremento tecnológico apenas logra incrementar los niveles de salud, estamos en la fase “plana” o incluso decreciente (por los efectos secundarios) de la curva tecnologia-salud. Superada la fase salubrista y agotada la fase sanitaria, urge abordar la fase social. La tecnología, sea diagnóstica o terapeútica, se utiliza mal, en exceso y practicamente sin control de costes. Hay despilfarro, mala utilización, bajo rendimiento y efectos adversos por exceso relativo. Los resultados son pobres y de alto coste. Y en personas de edad avanzada los supuestos beneficios de la tecnología son marginales y a menudo a costa de mala calidad de vida (dos de cada tres pacientes de cáncer son mayores de 80 años). Lo que significa que, si seguimos así, a mas tecnología, más despilfarro. No es más tecnología lo que hace falta, sino mejor utilización y sobre todo, insistir en otras políticas de carácter social de las que depende en gran medida la salud, especialmente como consecuencia de la crisis económica, las políticas neoliberales y los factores demográficos.
Sobre los Determinantes Sociales de la salud
En esta fase de desarrollo de nuestro Sistema Sanitario, éste solo contribuye en un 11% a la salud. El resto depende de la biología humana, el ambiente o el estilo de vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, etc. Condiciones cada vez mas deterioradas con las políticas de recortes y con la creciente desigualdad producida por las políticas neoliberales.
Sobre el final de la fase sanitaria y el principio de la fase social
No es de recibo que se siga incrementando la carrera de la tecnología, que se dediquen costosos recursos que casi solo favorecen a la industria, mientras que muchas familias carecen de lo más elemental para poder conservar su salud. Las inversiones mas rentables son preventivas. Las autoridades suelen cargar con los programas de cribado y la promoción de hábitos saludables, pero olvidan lo más importante, mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, son muchas las organizaciones que insisten en advertir de la influencia en la salud de la extensión y persistencia de la pobreza en nuestro país, la precariedad, la exclusión y el incremento de las desigualdades. El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%. Casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas) no tienen ningún ingreso. El desempleo en 2016 era del 19,6%, el doble de la media de la CE y el mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado un 10%, el valor de las acciones empresariales se ha multiplicado por 5 en los últimos 25 años.
Sobre los recortes
Lo primero que deben hacer los gobiernos es recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el RDL 16/2012 y el RD 1192/2012 que retiró 873.000 tarjetas sanitarias y la reforma sanitaria, con sus recortes y copagos. Esta reforma afecta en especial a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a desempleados y en paro de larga duración que permanezcan fuera de España por más de 90 días. Sus graves consecuencias no se han evaluado, salvo la red de ONGs REDER que está registrando muchas de las incidencias derivadas como falta de información, barreras administrativas, facturación, etc
Sobre la pretendida colaboración “público-privada”
Estamos hartos de escuchar de los gobiernos neoliberales su mantra de la “colaboración público-privada” o la “necesidad de crear riqueza”, cuando lo primero es una falacia dada la divergencia de intereses de ambos sectores y lo segundo una ambigüedad que sugiere que todos vamos a ganar algo, cuando las evidencias revelan su verdadero significado: “riqueza para unos pocos y aumento de la desigualdad social”
La realidad es muy diferente de esta pretendida armonía igualitaria: la medicina privada en Euskadi crece a expensas del deterioro de la pública. De 2011 a 2016 se ha incrementado en un 6,4% las personas que han contratado un seguro médico y las aseguradoras han incrementado sus beneficios un 6,12 %. Para nosotros esto es la esencia de lo que el Consejero Darpon y anterior Director Gerente de IMQ Zorrozaure , una de las mayores aseguradoras medicas de Euskadi, llama “colaboración público privada”
Sobre la salud “en todas las políticas”
Mejorar la salud también requiere atender los determinantes sociales de salud mediante acciones en otros sectores, como derogar la Reforma Laboral para acabar con la precariedad; una renta mínima; atender a las 340.000 personas dependientes que no reciben atención, o el rescate de los parados de más de dos años.
Y sobre las alternativas frente a la “insostenibilidad del sistema público”
Hay que combatir la falacia de la insostenibilidad del Sistema Publico de Salud, un pretexto para privatizar la sanidad y hacerse con la gran bolsa de recursos a costa de mas desigualdades en salud. Privatizar es mas caro, como se ha demostrado ampliamente desde las políticas de Thacher, mientras que nadie ha demostrado los pretendidos beneficios de la privatización. Hay una escasez de recursos. Nuestro gasto publico sanitario es inferior a la media europea (aprox 1.500 € gasto sanitario publico per capita) Bajó del 7,2% PIB en 2008 al 6,4% en 2013, sobre todo en Atención Primaria; La recaudación es escasa y no se combate eficazmente el fraude fiscal; Hay un elevado gasto farmacéutico por mala utilización, escaso control de utilización (hospitales), precios y patentes; encarecimiento por procesos privatizadores; Escasa importancia de la Atención Primaria, eje del Sistema, la mas resolutiva y económica; Faltan camas de media y larga estancia; etc.
OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud. Bilbao, 12 de mayo de 2017