El gobierno prepara una reforma laboral encubierta del sector público. Si se aprueba, nos dejará a los trabajadores precarios del sector público sin prácticamente derechos y con la posibilidad de ser despedidos a precio de saldo. La propuesta de reforma ha entrado directamente en el Senado y podría ser aprobada en menos de un mes.
Ya estamos acostumbradas que los gobiernos actuales escondan sus políticas reales. De hecho, ya nos hemos encontrado que al volver de vacaciones nos han subido el IVA, nos han suprimido de conciliación familiar, nos han impuesto aún más trabas para cobrar el PIRMI, nos herrado cerrado el CAP más cercano o han aprovado una nueva legislación neoliberal recortadora de derechos sociolaborales. Ahora mismo una nueva amenaza se cierne en nuestra contra. Aprovechando la infamia que supondrá legislar la impunidad del Borbón recientemente abdicado por medio de una enmienda al Proyecto de Ley de «Racionalización del Sector Público», el PP intentará eliminar, de golpe, una buena parte de los pocos derechos que aún tenemos los y las trabajadoras precarias de este sector. Y lo están intentando hacer por medio de otra enmienda (pulsa aquí para acceder a su texto) que han introducido durante la tramitación en el Senado de esta ley, aprovechando que todo el interés mediático ha desviado hacia el aforo del ex-rey.
¿En qué consiste esta reforma?
Básicamente, y de una única pasada, implica erosionar derechos importantes de los trabajadores / as públicos no funcionarios, especialmente de aquellos que no tenemos contratos indefinidos y de los llamados «indefinidos no fijos». Resumidamente, estas medidas se concretan en:
1) Facilitar la destrucción, vía amortización, de una parte importante de los puestos de trabajo del sector público, al considerar que hay plazas que «no son de necesaria cobertura». Los y las trabajadoras no fijas que ocupamos estas plazas podremos ser despedidas de manera prácticamente directa, con indemnizaciones misérrimas, de sólo 8 a 12 días por año trabajado, y sin que podamos acogernos a los pocos mecanismos de defensa frente a los despidos que todavía reconocen los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
2) Permitir la contratación precaria sin ningún límite de tiempo. Es decir, se deja sin vigencia en el sector público la obligatoriedad de convertir en indefinido un contrato de obra y servicio a los tres años (o cuatro, si hay un convenio que así lo dice). En definitiva, un trabajador precario podrá acumular contratos de obra y servicio por un mismo trabajo en una administración pública hasta que se jubile o alguien decida no renovarlo o finalizar el contrato, una manera de permitir el despido libre prácticamente regalado.
3) Finalmente, legaliza una práctica frecuente pero hasta ahora ilegal en el mundo académico y de la investigación científica, como lo es el encadenamiento irregular de contratos, al plantear que, en estos ámbitos, no se puede aplicar el artículo 15.5 del ET que hasta ahora obliga a hacer indefinido al trabajador que lo sufre.
Llueve sobre mojado
Años de recortes en el sector público por parte de los gobiernos estatal y autonómicos han dejado muy dañados sus trabajadores. El índice de desempleo se ha disparado, de tal manera que en los últimos años una parte importante de los nuevos parados provienen de las administraciones públicas y del sector de actividad vinculado a éstas. Miles de interinos hemos sido expulsados y enviados al paro, por ejemplo en la enseñanza. Miles de contratos temporales no se han renovado. Miles de jubilaciones no han sido cubiertas por nuevas contrataciones. En definitiva, hospitales cerrados, líneas educativas clausuradas, servicios sociales masificados por la pérdida de trabajadores y recursos. Una situación que, en el ámbito de la administración local, todavía está en proceso de empeorar, debido a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) aprobada por el gobierno Rajoy a finales del 2013, la cual despoja la mayoría de los ayuntamientos de sus competencias, y abre la puerta a la privatización masiva de sus servicios.
Estos recortes también han afectado seriamente las personas que hemos podido seguir trabajando en el sector público. Aparte de los recortes salariales, que en Cataluña superan el 20%, hemos visto cómo se perpetuaba la precariedad de muchos de nosotros que, ante la limitación a hacer contratos indefinidos (ya no digamos de acceder a una provisión de plaza de funcionaria) , se nos ha hecho pasar por diferentes formas contractuales: encadenando contratos de obra y servicio, obligándonos a ser falsos autónomos, pasando a situaciones de interinidad, etc. Estas medidas, si se aprueban, permitirán lo que hace tiempo tanto el gobierno español como el de la Generalitat están buscando, en la misma línea que pregona la patronal para el sector privado: facilitar el despido e incrementar el uso de contratos «basura» con salarios muy por debajo de la media actual, precarizar al máximo el empleo en el conjunto del sector público y reducir drásticamente la masa salarial.
Nos afecta a todas
Estas medidas nos afectan a todas. La experiencia nos muestra como la devaluación de las condiciones de trabajo en el sector público termina arrastrando las condiciones y derechos laborales al resto de sectores de la economía. Además, un sector público degradado, con trabajadores / as precarizados y altamente explotadas afectará muy negativamente a las condiciones de vida de una gran mayoría de la población, erosionando la sanidad y la educación pública y, por supuesto, el resto de los servicios públicos de carácter social.
Es por eso que hacemos un llamado urgente a hacer frente de forma contundente contra esta nueva agresión que nos están preparando. Por la defensa del sector público, los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, ni un paso atrás.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT de Catalunya
