14 de julio de 2014
NOTA DE PRENSA
-CGT denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción un posible fraccionamiento de contratos y los posibles casos de enchufismo en el Tribunal de Cuentas
-Se fraccionaban contratos para, supuestamente, evitar la licitación pública y adjudicar a dedo a un empresario que realizó obras para un consejero y un alto directivo del Tribunal de Cuentas
-El posible incumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el acceso al empleo público podrían haber sido vulnerados flagrantemente con la finalidad de colocar a personas afines
La Confederación General del Trabajo (CGT) entiende que existen indicios claros de la posible comisión de varios delitos, como los de prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y cohecho, en el Tribunal de Cuentas lo que exige una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
CGT basa su denuncia en la información periodística de las últimas semanas que pone en evidencia la forma en que se fraccionaban contratos para, supuestamente, evitar la licitación pública y adjudicar a dedo a un empresario que realizó obras para un consejero y un alto directivo del Tribunal de Cuentas; así como el presunto “enchufismo” en la selección de personal del organismo público que fiscaliza las cuentas de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos.
Según la información periodística podría haber una discordancia entre las cuantías de los contratos menores adjudicados al empresario Ángel Ortega supuestamente facilitada por el propio Tribunal de Cuentas y la información facilitada por el mismo empresario al periódico El País, así como la información administrativa que el periódico dice disponer, lo cual exige una investigación para averiguar el importe exacto, el objeto y las tareas concretas realizadas y certificadas correspondientes a los contratos menores adjudicados al empresario y de esa forma determinar si los contratos fueron troceados intencionadamente, con el fin de eludir la aplicación de la legislación de contratos del sector público y evitar la convocatoria de un concurso público. El empresario Ángel Ortega realizó determinados servicios a las personas que le encomendaban trabajos en el Tribunal de Cuentas.
También CGT exige una investigación sobre el posible incumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el acceso al empleo público, el de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pues podrían haber sido vulnerados flagrantemente con la finalidad de colocar a personas afines por diversas causas: afinidad política, amistad, relaciones familiares, etc.
Según la información periodística, “el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT”. Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución.
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
