El próximo 9 de julio cuatro trabajadores y trabajadoras de la antigua empresa Expert Polymere de l’Arboç (comarca del Baix Penedès, Tarragona) y dos asesores sindicales estamos citados a declarar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Tarragona. Estamos encausados a raíz de los hechos ocurridos durante la tramitación del ERE por cierre de dicha empresa hace ya once años. La Fiscalía nos reclama penas de entre tres años y dos meses y cuatro años y seis meses de prisión, así como multas que rondan los 3.000 EUR, por presuntos delitos de atentado contra la autoridad y contra el derecho al trabajo.
El 20 de julio de 2004 se estaban llevando a cabo negociaciones entre la dirección de la empresa Expert Polymere y el Comité de Empresa de la misma, acompañado de dos asesores sindicales de la CGT, relativas a un ERE de extinción que Expert había presentado. Durante la reunión entre la dirección y los representantes de los trabajadores, los miembros de la plantilla, que ya habían finalizado su turno de trabajo, se encontraban dentro del recinto de la fábrica esperando a ser informados del resultado de dicha reunión.
Una vez acabada la reunión, el Comité y los asesores informaron a la asamblea de trabajadores sobre el estado de las negociaciones. Durante la celebración de la asamblea cabe mencionar la presencia de efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del recinto de la empresa, hecho que venía produciéndose cada día desde la presentación del ERE, a pesar de que no se había producido ningún tipo de incidente hasta la fecha. Tras la asamblea, los asesores sindicales se marcharon del recinto y fueron a buscar su coche. En ese momento, y «sin mediar provocación» previa alguna (tal como consta en el parte de ese día del propio servicio de seguridad de la empresa), se produjo una carga de la Guardia Civil contra los trabajadores que aún se hallaban allí reunidos y dentro del recinto de la fábrica.
La brutal e injustificada intervención policial resultó en lesiones a tres de los trabajadores que se hallaban allí presentes, los cuales tuvieron que ser evacuados en ambulancia y ser atendidos en el CAP del Vendrell. Al pasar los asesores con el coche ante la puerta del recinto y observar lo que estaba pasando, se detuvieron y salieron del vehículo para mediar con la policía. Pero al intentar mediar, cuatro Guardias Civiles se abalanzaron sobre uno de ellos, que fue agredido y posteriormente detenido.
A raíz de estos hechos los agredidos presentamos denuncias por lesiones contra la Guardia Civil en los Juzgados del Vendrell. En dichas denuncias constaban como testigos el resto de la plantilla que se encontraba en la asamblea. Posteriormente, y como reacción, la Guardia Civil presentó una denuncia contra nosotros, los denunciantes, y también contra los testigos. Esa contradenuncia deriva en un proceso penal que nos afecta a los cuatro trabajadores y a los dos asesores sindicales. Cabe decir que la empresa Expert en ningún momento interpuso ninguna denuncia alguna por los hechos que habían sucedido dentro de sus instalaciones.
Once años después de los hechos y del cierre de Expert, cuando los afectados esperábamos que el expediente ya hubiera sido archivado, nos encontramos con que debemos afrontar un juicio con petición por parte de la Fiscalía de penas de prisión y multas económicas.
A día de hoy Vanessa, Yolanda, Sandra, Juan, Pedro, Juan Antonio y nuestras familias debemos afrontar una situación cruel e inesperada. La dilación del proceso ha hecho que nuestra situación personal y familiar haya cambiado mucho a lo largo de estos once años. Vanessa, de 37 años, es actualmente madre de dos hijos, de 5 y 9 años. Sandra, de 37 años, es madre de dos hijos, de 8 y 6 años. Yolanda, de 37 años, es madre de dos hijos, de 7 y 12 años. Juan, de 37 años, es padre de una niña de 7 años. Pedro, de 66 años, está jubilado y es padre de dos hijos de 21 y 27 años. Y Juan Antonio, de 67 años, está también jubilado, y tiene 2 hijos y 4 nietos.
Todo esto ha supuesto un duro golpe en nuestras vidas y la de nuestras familias, que se han visto drásticamente alteradas por los delitos de los que injustamente se nos acusa, con las consecuencias a nivel psicológico y emocional que conlleva la perspectiva de una posible pena de prisión. Y todo ello por el simple hecho de haber intentado defender nuestros puestos de trabajo y haber sufrido una agresión policial.
Con estas breves líneas queremos dar a conocer a la opinión pública esta grave e injusta situación, y hacer un llamamiento a la ciudadanía, las diferentes fuerzas políticas, sindicales y sociales a apoyar nuestra absolución.
Cuenta solidaria: IBAN: ES77 2013 3059 41 0210121861
Si nos tocan a una, nos tocan a todas!!!
