Todo ello ha ocasionado que CGT haya llevado a cabo distintas acciones sindicales tanto en defensa de los trabajadores y trabajadoras de la empresa como de sus legítimos representantes. Se van a llevar a cabo distintas concentraciones que empezaran el día 24 de julio en todo el territorio español frente a las tiendas Vodafone de las ciudades más importantes, ya que la compañía Marktel da servicio a distintas firmas entre las que destaca Vodafone-Ono como cliente principal, así como Jazztel, Bankia, Aguas de Valencia, Mapfre, Gas Natural y Sanitas.
La fundación de Grupo Marktel, íntimamente ligada a la Casa Real y a instituciones eclesiásticas, consta en el Registro de Fundaciones Asistenciales y se dedica a, según reza en el BOE, “asistencia e inclusión social y culturales” con el fin de “apoyar el acceso al trabajo del colectivo de minusválidos, así como el de otros colectivos mal representados en el mercado, como mujeres y jóvenes.”
Lo cierto es que, tal y como ha denunciado en reiteradas ocasiones CGT, la Dirección de Grupo Marktel deja mucho que desear en cuanto al trato hacia su propia plantilla, así como al respeto de los derechos laborales.
CGT-Marktel denuncia ritmos de trabajo insostenibles, vulneraciones constantes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, retrasos sistemáticos en el abono de las nóminas, doble escala salarial basada en aplicación de distintos convenios, congelación de sueldos desde el año 2009 y una presión constante basada en la amenaza y el temor. A todo esto se suma una estrategia antisindical que va encaminada a una sola cosa: erradicar el sindicalismo de clase y comprometido que representa la CGT.
Y no sólo eso, sino que a raíz del rechazo de la CGT a la imposición de un nuevo convenio absolutamente regresivo, algo a lo que la empresa no estaba acostumbrada en las negociaciones, ésta ha iniciado una auténtica campaña de acoso y persecución a los representantes sindicales. Contratación de detectives para controlar la actividad de los delegados (incluso fuera de horas de trabajo); recogida de firmas entre la plantilla para revocar al Comité de Empresa; campaña a través de folletos desacreditando la acción sindical de los representantes de trabajadores y trabajadoras… Todo ello en medio de un clima de terror creciente entre la plantilla a la que se pretende dividir y que vive cómo el simple hecho de exigir el cumplimiento de la legalidad se convierte en motivo de despido.
De momento, además de haber interpuesto sendos recursos a los despidos y sanciones, el sindicato continúa con la lucha directa en favor de los derechos laborales y con la denuncia pública de un caso de dictadura empresarial que ocasiona sufrimiento, miedo, precariedad e inseguridad entre decenas de familias.
