El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, AC (CCTI) denuncian obstrucción en la documentación y aplicación del Protocolo de Estambul de casos de tortura en Chiapas.
Funcionarios impiden a peritos independientes la aplicación del Protocolo de Estambul
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, AC (CCTI) denuncian obstrucción en la documentación y aplicación del Protocolo de Estambul de casos de tortura en Chiapas.
Dos expertos independientes en la aplicación del Protocolo de Estambul, integrantes del CCTI, acompañados por integrantes del Frayba, realizarían trabajo de defensa, documentación y aplicación de protocolo a 11 personas internas en tres Centros Estatales de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS), ubicados en San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y Playas de Catazaja, Chiapas.
Las 11 víctimas recluidas en los CERSS a las que se les aplicaría el Protocolo de Estambul por parte de los peritos independientes, en su mayoría son indígenas y presentan diferentes niveles de deterioro en su salud física y mental, por falta de atención médica y psicológica. Dos de ellas son mujeres. Dos de los detenidos tienen problemas de salud graves que requieren una valoración y atención urgente adecuada e imparcial.
Con antelación el Frayba solicitó por escrito a las autoridades penitenciarias el ingreso de los peritos independientes a las cárceles correspondientes, así como se garantizaran las condiciones necesarias para las entrevistas médicas y psicológicas, sin embargo las autoridades en todo momento dieron respuestas lentas y confusas incluso argumentando actividades deportivas en los centros penitenciarios, cuando por información proporcionada por los y las víctimas refieren que no había ningún tipo de actividad oficial que impidiera la atención a nuestra solicitud.
A pesar de las gestiones que se realizaron con varias autoridades competentes a la solicitud presentada, la respuesta siempre fue evasiva, confusa y ninguna autoridad se hizo responsable de dar una respuesta adecuada, inclusive entre las mismas autoridades se contradecían, con la intencionalidad de obstruir el trabajo de documentación.
Esto ejemplifica una vez más como el Estado mexicano, del cual las autoridades de Chiapas son parte, se niegan a dar salida a estas denuncias, ignorando las recomendaciones hechas por instancias nacionales e internacionales respecto a la investigación de calidad en casos de tortura. En su momento el Relator sobre Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, en su informe sobre México manifestó su preocupación por que “los expertos independientes capacitados en aplicar el Protocolo son escasos y enfrentan obstáculos para acceder a las víctimas privadas de libertad” además de la importancia de documentarla con el Protocolo de Estambul por peritos independientes.
En el contexto en el que se discute el Proyecto de Ley General sobre Tortura, las autoridades del estado de Chiapas dejaron ir la oportunidad de mostrar su interés para investigar hechos de tortura en personas privadas de su libertad y abonar por una mayor credibilidad en la protección de los derechos humanos de las personas sobrevivientes de tortura.
Es importante hacer mención que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene conocimiento de la situación en la que se encuentran varias de las personas detenidas que los peritos independientes visitarían; por lo que en las reuniones que tendrán integrantes del Frayba con las y los Comisionados de la CIDH durante su visita in loco que realizará en México se informará de la situación de indefensión en que se encuentran las víctimas de tortura en Chiapas.
Lamentamos que el Gobierno de Manuel Velasco Coello, a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana el Comisario Gral. Jorge Luis Llaven Abarca, realicen actos de obstrucción a la defensa de los derechos humanos.
Urgimos al Gobierno de Manuel Velasco Coello, se brinden todas las facilidades para que en fechas posteriores los peritos independientes, en compañía con integrantes del Frayba puedan realizar las acciones de documentación y defensa de los derechos humanos, así como la aplicación del Protocolo de Estambul.
Después de estas acciones tanto el Frayba como el CCTI tenemos el temor fundado que las víctimas de tortura que los peritos independientes visitarían, se encuentran en total indefensión, además de ser vulnerables en recibir amenazas, intimidación, aislamientos y traslados injustificados como mecanismo de generar miedo y terror a las víctimas y familiares.
Ante lo anterior y evidenciando la ineficacia del Gobierno de Manuel Velasco Coello, las organizaciones firmantes solicitamos al Estado mexicano tome las medidas correspondientes para garantizar la seguridad física y psicológica de las 11 víctimas, así como proporcionar la condiciones óptimas para la documentación de los casos de tortura a los defensores de derechos humanos, médicos y psicólogos que aplican el protocolo de Estambul.
