Celebramos el final de este lamentable montaje policial y judicial, que ha afectado de forma muy negativa la vida de todas las encausadas y de sus familias durante demasiados meses y años. Y todo ello por el simple hecho de haber defendido sus puestos de trabajo. Durante este tiempo se ha hecho muy patente la intencionalidad política que ha animado todo este procedimiento. En primer lugar, por el hecho que las únicas trabajadoras de la empresa que han continuado imputadas hasta el día de hoy han sido, y no por casualidad, las personas que habían denunciado agresiones por parte de agentes de la Guardia Civil. En segundo lugar, porque cinco años después de haberse iniciado todo el procedimiento, y de forma totalmente discrecional, se incorpora en el mismo un nuevo cargo (de vulneración del derecho al trabajo), con el único objetivo de aumentar las peticiones de penas de prisión para las encausadas.
El hecho que la Fiscalía se haya visto obligada a reconocer que el delito de atentado que se imputaba inicialmente al compañero Pedro Duque no era tal, y sólo se podía sostener, como mucho, un delito de resistencia, resulta sintomático de la debilidad de las acusaciones que se han sostenido durante todo este tiempo. Las declaraciones contradictorias de los propios agentes de la Guardia Civil han hecho desvanecer gran parte de las pretensiones de la Fiscalía.
Una vez más se ha hecho evidente, pues, el uso por parte del Estado de la represión como herramienta contra las personas que luchan, con voluntad ejemplificadora, para meter el miedo en el cuerpo a todos aquellos y aquellas que pugnan para defender los derechos laborales y sociales y para conseguir un mundo más justo.
Desde la CGT del Baix Penedès y la CGT del Garraf-Alt Penedès agradecemos el apoyo recibido por toda la organización y también por parte del resto de colectivos que nos han apoyado, que llevan meses mostrando con gestos de todo tipo su solidaridad activa con las personas encausadas, y especialmente a todos aquellos y aquellas que las han acompañado hoy y se han concentrado una vez más de forma masiva ante el juzgado de Tarragona para hacerlas sentir que no estaban solas.
Cómo sabéis, todas las campañas antirepresivas comportan gastos para la gente que las soporta, y la del Caso Experto no es una excepción, dado que son 6 personas las represaliadas y han sido 11 años largos de proceso. Os animamos a realizar contribuciones solidarias para hacer frente a todos estos gastos, y especialmente a las de defensa jurídica de las encausadas. Podéis hacerlo al siguiente número de cuenta:
IBAN: ES77 2013 3059 41 0210121861
LA REPRESIÓN NO NOS PARARÁ!
SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!
