El grupo de activistas antimilitaristas que paralizó el transporte de blindados hacia las maniobras de la OTAN Trident Juncture el pasado octubre en Sagunto (Valencia) se enfrenta a acusaciones de desobediencia grave, desórdenes públicos y multas por intrusión.
El 16 de octubre de 2015, seis activistas de Antimilitaristes-moc se introdujeron en la explanada del puerto de Sagunto (Valencia), que estaba siendo usada esas semanas para preparar el transporte de vehículos militares hacia los escenarios principales de las maniobras de la OTAN Trident Juncture, los mayores entrenamientos de guerra de la Alianza en los últimos diez años.
A pesar de llevar puestos monos blancos y chalecos reflectantes de color rosa, portar un par de pancartas con los lemas ‘War stops here’ y ‘Disculpen las molestias: obstaculizando la preparación de la guerra’, y entrar en compañía de dos periodistas, la presencia del grupo pasó inadvertida para la vigilancia durante los pocos minutos que necesitó para buscar los vehículos militares más llamativos de entre las decenas que se encontraban allí estacionados: los carros de combate Leopard 2E pertenecientes al ejército danés que estaban listos para ser transportados al campo de maniobras de Chinchilla (Albacete).
Unos momentos después, cuatro activistas ya habían fijado sus tubos de bloqueo dentro de las cadenas de dos de los carros de combate, que solamente pudieron ser liberados tras la intervención cuatro horas después de dos unidades de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil, empleando una sierra radial con la que inutilizó los tres tubos metálicos.
Para entonces, ya hacía mucho que los tres periodistas que cubrieron finalmente la acción habían sido obligados a abandonar el lugar sin poder completar su trabajo, coaccionados por las amenazas de medidas legales en su contra. El grupo de seis activistas fue detenido y conducido a dependencias de la Guardia Civil en la localidad de Puçol, donde permanecieron durante casi otras cuatro horas más antes de ser puestos en libertad con cargos.
Tenaza represiva contra la desobediencia civil
A pesar de la ausencia de daños, tensiones, o situaciones de peligro en la acción, cuatro activistas recibieron acusaciones de desórdenes públicos y desobediencia, dos de los tipos penales que la reciente reforma del Código Penal ha reelaborado para atajar las acciones de protesta de esta clase, por los que podrían recibir condenas de hasta cuatro años de cárcel y multas de varios miles de euros.
La tenaza represiva contra el grupo de antimilitaristas se completó unas semanas más tarde con un procedimiento administrativo abierto por la Delegación de Gobierno que les impone cuatro infracciones graves de acuerdo a la Ley de Protección Ciudadana por «intrusión en instalaciones donde se prestan servicios básicos para la comunidad cuando se causa interferencia grave en su funcionamiento».
Por esta infracción, la Delegación de Gobierno ya les ha impuesto cuatro multas de 601 euros, sanciones que han quedado en suspenso en espera del resultado del proceso penal.
Asimismo, el informe de la Guardia Civil en el que se basa este paquete represivo iba más allá, abriendo la puerta a posibles acusaciones de daños, por «difusión pública de de mensajes que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público», o la imputación también de los tres periodistas que cubrieron la acción.
Así, se afirma que el grupo de antimilitaristas había entrado en el recinto «tras romper varios bloques de hormigón de la valla de hormigón […] utilizando una maza o herramienta similar», sin aportar prueba alguna de ello, o que «los activistas estaban plenamente organizados, teniendo cada uno de ellos una función: […] tres de ellos grabaron y fotografiaron el incidente […] publicándolo horas más tarde en la página de internet del movimiento MOC Valencia».
Por el momento, ninguna de estas afirmaciones se ha traducido en mayores actuaciones represivas, y las cuatro personas acusadas se encuentran actualmente a la espera derecibir una citación para prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto.
Uno de los dos objetivos principales de la acción antimilitarista era «romper con el silencio y el pesimismo que han enfriado la protesta social durante el año pasado mientras se iban materializando las nuevas leyes que criminalizan el activismo de los movimientos sociales, y reivindicar la desobediencia civil, no sólo como instrumento para desbordar las leyes mordaza, sino también como herramienta legítima de participación política radicalmente democrática».
Según señalaron el mismo día del bloqueo del transporte de armamento, su pretensión era «detener el flujo de material y personal de estos juegos de guerra también para visibilizar el contraste por un lado entre la terrible situación de las personas refugiadas de las guerras, que buscan protección y se encuentran con vallas, cuchillas y muerte en el mar, y por otro lado la absoluta libertad de movimientos con que se desplazan estos días los ejecutores de las guerras y su armamento, especialmente durante estos ejercicios militares».
Para el colectivo, «acciones como ésta contribuyen a construir una cultura de paz basada en la cooperación, la justicia y la no violencia, y no en la disuasión y la fuerza».
