Las ayudas públicas a Bankia pudieron ser de hasta 147.000 millones de euros

Bankia protagonizó el mayor rescate bancario acometido por el Gobierno de España. El banco que resultó de la fusión de varias cajas de ahorro, entre las que se encontraban Bancaja y Caja Madrid, necesitó una inyección directa de capital de 22.424 millones de euros, de los cuales 17.959 se correspondían a inyección directa de capital y 4.465 millones de euros se canjearon por participaciones preferentes convertibles.

Esta cifra de casi 23.000 millones de euros ha sido la que tanto el gobierno como el Banco de España han usado hasta el momento a la hora de hablar sobre el coste que ha supuesto para el contribuyente el rescate bancario y para valorar las ayudas realizadas por parte de las administraciones públicas a dicho banco.

Este nuevo informe, firmado por los peritos del Banco de España encargados de analizar el caso Bankia, ha roto con ese discurso incluyendo las ayudas de la SAREB, también conocido como el “banco malo”, como ayudas públicas a la entidad que presidía Rodrigo Rato. A finales de 2012, la SAREB compró activos a Bankia y BFA, su empresa matriz, valorados por otros 22.317 millones, por los que entregó al banco bonos emitidos por la SAREB y avalados por el Estado. Los peritos elevarían así la cantidad del rescate de 23.000 a 46.000 millones de euros, duplicando la cantidad defendida siempre por el Gobierno y el Banco de España.

El argumento defendido por los técnicos del Banco de España se basa en considerar también como ayudas públicas esta compra por parte de la SAREB, ya que el banco malo fue concebido para liberar a la banca de activos y así sanear sus balances. El banco malo está en manos del Gobierno en un 45% y el 55% restante en posesión de inversores privados. Con esta fórmula el Gobierno evita tratar la SAREB como una empresa pública, elude introducir las deudas de esta en la contabilidad del Estado y escurre el bulto a la hora de contabilizar esta compra de activos por parte del banco malo como ayudas provenientes del sector público, al contrario de lo que dicen ahora los dos peritos del Banco de España.

Créditos fiscales, avales, préstamos y adquisición de activos financieros

La técnica adoptada por Gobierno y por el Banco de España de usar la cifra de los 23.000 millones de euros como las únicas ayudas por parte de las administraciones públicas no deja sólo las compras de la SAREB fuera del cómputo. La Plataforma de la Auditoría de la Deuda (PACD) elaboró un informe en el que valoraban otras ayudas a la banca que no han sido valoradas por las administraciones públicas y que aumentarían esa cantidad hasta los 147.000 millones de euros.

El Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF)

Los activos inmobiliarios no fueron lo único que el Estado adquirió a los bancos privados. El FAAF es una organismo creado para adquirir activos financieros de “máxima calidad” con la finalidad de “apoyar la oferta de crédito a la actividad productiva de empresas y a los particulares” comprando esos activos e inyectando capital a los bancos para que así pueda fluir el crédito. Este organismo adquirió activos financieros, que dudosamente se podrían clasificar de “máxima calidad”, por valor de 21.041 millones de euros, de los cuales se usaron 3.322 millones de euros para comprar activos financieros a Bankia. Ni el gobierno ni los peritos del Banco de España incluyen esta compra de activos como una ayuda pública a la banca privada, a pesar de que se trata de una operación muy similar a la realizada por la SAREB.

Los créditos fiscales

Los créditos fiscales y los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son deudas que Hacienda tiene con los bancos debidas a sus pérdidas. A las entidades bancarias se les ha permitido usar esta “deuda” futura como si fuera un activo presente. De este modo han podido usarlo para sanear sus balances, usarlas como aval o incluso venderlas a terceras partes como si se trataran de activos presentes y reales.

Los créditos fiscales concedidos a Bankia durante su rescate fueron de 6.957 millones de euros y tampoco han sido contabilizados nunca como una ayuda del sector público por el Gobierno o el Banco de España.

Elaborado por Carlos Sánchez Mato a partir de datos de Banco de España, FROB, Tesoro y FAAF

Préstamos baratos del Banco Central Europeo

El BCE elaboró un plan para reactivar la economía que trataba de volver a hacer fluir el crédito a PYMES y familias mediante el préstamo de una gran cantidad de dinero a los bancos privados a intereses cercanos al cero. La máxima autoridad en materia monetaria de Europa prestó un billón de euros a tipos de interés del 0’25% y 0’15%. La banca española acudió a esos préstamos para recibir más de 350.000 millones de euros a intereses muy bajos que utilizó para comprar gran parte de la deuda pública que España emitió para poder paliar la crisis, que el rescate a esa misma banca había causado.

En el caso de Bankia, la entidad recibió 58.022 millones de euros a intereses prácticamente nulos que pudo usar para comprar y especular con deuda pública o para prestar a las administraciones públicas locales mediante el plan de pago a proveedores sin necesidad de prestar a familias y empresas.

Avales del estado a los depósitos bancarios

Una de las primeras medidas tomadas por el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero al estallar la crisis financiera fue elevar por ley el aval que protege los depósitos bancarios de los clientes de 20.000 a 100.000 euros por persona y entidad. Esta medida, mostrada como una protección a los clientes, elevó la cantidad comprometida para avalar dichos depósitos por parte del Estado en 795.135 millones de euros.

De este incremento, 34.768 millones fueron a los depósitos de los clientes de Bankia, lo que la convirtió en un banco “demasiado grande para caer” y justificó su posterior rescate. Estos avales nunca han sido considerados como parte del rescate ni de las ayudas públicas recibidas por parte del Banco de España, al contrario de lo que defienden desde la PACD. “Tanto en el caso de los avales bancarios como en los préstamos del BCE son recursos al que el conjunto de la ciudadanía no tiene acceso. Las entidades financieras reciben un trato de favor por parte de las instituciones publicas supranacionales y nacionales” , explica Guiomar Morales, de la PACD. “Ademas, en el caso de los avales, implica un claro ahorro para las entidades financieras, ya que si hubieran tenido que recurrir al mercado, el coste derivado de contratar dichos avales hubiera sido muy superior”, comenta la activista, “ni que decir tiene, el crédito a intereses prácticamente cero procedente del BCE, el cual podría haber usado ese dinero para financiar directamente a los estados”, concluye Morales.

Rodrigo Rato, Deloitte y la CNMV

Según informa el diario El Mundo, el cual ha tenido acceso al informe, los dos peritos critican duramente el comportamiento del presidente de la entidad durante su salida a bolsa calificándola de una “farsa de Rodrigo Rato y su equipo con la colaboración de la auditoría Deloitte” que provocó un rescate público más caro de lo que defiende el Gobierno.

El informe señala que la salida a bolsa del grupo se realizó cuando BFA estaba en quiebra siendo ocultado a los inversores con el visto bueno de la CNMV. ’Los administradores de BFA y Bankia [encabezados por Rodrigo Rato] prefirieron diferir el reconocimiento de las pérdidas evidenciadas, lo cual fue lesivo para los intereses de los inversores e incluso, como finalmente sucedió, para los intereses del Estado que unos pocos meses después tuvo que rescatar y sanear el grupo BFA’, concluyen los dos peritos.