El activista Tom Kucharz ha comparecido hoy en la segunda jornada de la Comisión de Estudio sobre el TTIP que se celebra en la Asamblea de Extremadura a instancia del Grupo Paralamentario Podemos. El objetivo de esta Comisión, la única de este tipo que hay en el país, es analizar las consecuencias que el tratado de libre comercio que negocian sin transparencia la Unión Europea y Estados Unidos puede tener en nuestra región.
«La labor que está haciendo el Grupo Parlamentario Podemos y esta Cámara es muy importante, no sólo por concienciar sino también porque es una obligación parlamentaria controlar al Gobierno. Y si el Gobierno no protege a la población está haciendo dejadez de funciones», ha relatado Kucharz, quien también afirma que «ni al Gobierno de España ni a la Comisión Europea les interesa saber cómo afectará el TTIP en Extremadura».
Por ello, el ecologista e investigador considera muy importante que tras la Comisión de Estudio la Asamblea encargue informes sectoriales sobre las repercusiones en agricultura, servicios sociales, denominaciones de origen, etc.
En su intervención, Kucharz ha hecho mención a un estudio encargado por la Comisión Europea a la consultora Ecorys en el que se confirma que la aprobación del TTIP supondría pérdidas de empleos y amenazas para el derecho a la salud. Sin olvidar el impacto que tendría sobre la seguridad alimentaria, porque se eliminarían los sistemas legislativos que la protegen y desaparecería el principio de precaución para implantar en su lugar normas más débiles. «Y ello socavaría el derecho de la Asamblea de Extremadura a regular a favor de normas alimentarias más estrictas», ha añadido el compareciente, quien también ha recordado los efectos negativos del tratado sobre los servicios públicos, sobre todo en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales.
Extremadura, contraria al CETA
En su visita a la región, Tom Kucharz también ha hecho mención a la propuesta de pronunciamiento aprobada en pleno hace unos días por la que Extremadura se muestra contraria al CETA, tratado similar al TTIP que la Unión Europea negocia en este caso con Canadá.
El también miembro de Ecologistas en Acción considera básico que el CETA no se aplique de manera provisional, como quiere la Comisión. De momento, el aumento de la presión ciudadana está teniendo efecto y cada vez son más los Gobiernos que muestran sus dudas y exigen poder posicionarse de manera democrática y que se hagan ratificaciones en los Parlamentos nacionales.
