El cadáver de la activista Lesbia Yaneth fue encontrado el pasado miércoles 6 de julio en el vertedero municipal de Marcala (La Paz, Honduras). Yaneth había desaparecido el martes, tras salir de su casa en bicicleta alrededor de las 17:00. El cuerpo presentaba un trauma cráneo-encefálico abierto, producido por un objeto cortante.
El asesinato de Yaneth es el segundo de una activista por los derechos indígenas y de la naturaleza que se produce en el país en cuatro meses, tras el de Berta Cáceres a principios de marzo.
Al igual que Cáceres, Yaneth formaba parte del Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras (COPINH,) como lideresa indígena, oponiéndose a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla, que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras.
En un comunicado, el COPINH responsabilizó «directamente» del asesinato de Yaneth «al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López, vicepresidenta del Congreso Nacional, y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz».
El Consejo también destacó el carácter de «feminicidio político» del asesinato de Yaneth, por entender que se busca «callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta».
Para Alejandro González, coordinador de la ong Amigos de la Tierra, los asesinatos de Cáceres y Yaneth prueban que «Honduras es el país más peligroso del mundo para ser ecologista».
González asegura a Diagonal que en apenas cuatro meses se ha repetido el mismo patrón, en el que figuran el asesinato de una activista, los intereses de una hidroeléctrica que opera en Honduras con capital extranjero y la connivencia del gobierno. «Lo más terrible es la sensación de impotencia e impunidad. Tras el asesinato de Cáceres se produjo una fuerte respuesta internacional que consiguió hacer daño al proyecto contra el que ella luchaba», recuerda González, quien pide que se dote de recursos potentes a las investigaciones.
Amigos de la Tierra exige a la comunidad internacional la toma de medidas para evitar «esta barbarie que desde 2010 ha acabado con la vida de más de un centenar de activistas».
