“Ya que la riqueza generada en la sociedad es creada por todos los ciudadanos, resulta indigno que una parte de ellos, una parte cada vez mayor, no cuente con los recursos mínimos para sobrevivir”. Con esta explicación se inicia el texto de recogida de firmas para la aprobación de una ley de la renta básica y por el reparto de la riqueza en el País Valenciano, cuya campaña se presentó ayer en Valencia frente a la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social de la Generalitat. Con una escasa presencia policial, cerca de 50 personas emplazadas en la acera gritaron consignas como “pan, trabajo, techo y dignidad”, “Que sí, que sí, que no hay dinero, quién lo tiene, corruptos y banqueros”, “no son suicidios, son asesinatos”, “ei, ei, ei, que trabaje el rey”, “nativa y extranjera la misma clase obrera” y “No hay pan para tanto chorizo”. La primera parte de la iniciativa por la renta básica, que consiste en la recogida de firmas, se prolongará hasta mediados de noviembre; posteriormente se anunciarán nuevas acciones, según confirmaron los portavoces.
La Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en 2015 y publicada por el INE en mayo de 2016, señala que el 25,3% de la población del País Valenciano se halla en riesgo de pobreza (la media estatal se sitúa en el 22,1%). Además, el 19% de los hogares valencianos llegan a fin de mes con “mucha dificultad”, lo que representa uno de los mayores porcentajes junto a Canarias y Murcia (el promedio estatal es del 13,7%). Según la encuesta el 44,1% de los hogares en el País Valenciano no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, el 41,4% no dispone de capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 11,7% manifiesta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. En cuanto al ingreso medio anual neto por persona, el del País Valenciano se situó en 9.098 euros, lejos del País Vasco (13.836), Navarra (13.300) o Madrid (12.534).
El artículo primero de la propuesta define la renta básica como derecho “individual” (no de carácter familiar”) y “suficiente”, de manera que cubra las necesidades vitales. Fijada en una disposición transitoria, la cuantía de la renta se sitúa en el equivalente al umbral de la pobreza calculado a partir de las cifras anuales del INE: 663,4 euros mensuales en 2015. La iniciativa plantea la aplicación de la renta básica en dos fases. A la primera, que entraría en vigor nada más aprobarse la ley, podrían acogerse todas las personas domiciliadas en el País Valenciano e inscritas en los servicios autonómicos de empleo, que no cuenten con cobertura por desempleo ni otros ingresos; afectará asimismo a todas las personas que estuvieran percibiendo ingresos inferiores a los previstos en la renta básica (se abonaría un complemento hasta llegar a la citada renta). Cuando existiera disponibilidad presupuestaria, se aplicaría la segunda fase: la renta básica como derecho universal e incluyendo al resto de las personas. “Se trata de una propuesta sencilla, fácil de aplicar, sin gasto burocrático y que afronta el problema de la pobreza; sí hay dinero y sí que es posible, lo que no hay es voluntad política”, aseguran los activistas.
Entre los promotores de la iniciativa figuran la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alkosa, la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT-Valencia, las Sillas contra el Hambre de Valencia, la Asociación de Vecinos de Natzaret, la Asamblea de Parados y Precarios de CGT-Sagunto, la Asociación Vecinal de Desempleados de Llíria y Pobla Llarga, el colectivo Baladre de Xàtiva, Lunes al Sol de Quart de Poblet, Dones i Prou, Assemblea de Parades i Precàries de Benidorm y Marea Roja de Alicante.
¿Dónde obtener los recursos para la financiación de la renta básica? Los activistas instan a la Generalitat a incrementar los ingresos, por ejemplo, mediante una recuperación “real” de los impuestos de patrimonio y sucesiones; también mediante el desarrollo de las competencias en el tramo autonómico del IRPF, lo que debería traducirse -según la propuesta de la Campaña- en un aumento de la cuota a las rentas más altas. Otra de las posibilidades es un impuesto que grave los depósitos bancarios, que ya se ha legislado en autonomías como Extremadura; la idea se completaría con la creación de nuevos impuestos a escala autonómica. Otra fuente de recursos se basaría en “exigir” medidas al gobierno central, como la lucha contra el fraude fiscal, el control de los beneficios de personas o empresas que operen en paraísos fiscales, así como la eliminación de transferencias por culto y “privilegios” impositivos a la iglesia católica. En el cálculo se tienen en cuenta otros dos factores: la renta básica “asimilaría” otras como subsidios de desempleo o pensiones no contributivas, lo que implicaría un importante ahorro para la Administración. Además, apunta el texto, “el aumento de recaudación por la dinamización de la economía”.
Miembros de la Campaña solicitaron ayer por registro de entrada en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, una reunión con los responsables del departamento que dirige la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (gobierna actualmente en el País Valenciano la mayoría formada por Compromis, el PSPV-PSOE y Podemos). El objetivo de la reunión sería obtener información sobre los planes de la Conselleria en torno a prestaciones y subsidios para personas en situación de paro y pobreza. Además, los activistas pretenden dar a conocer a los responsables políticos la campaña para reivindicar una ley en materia de renta básica. Hace un año los colectivos y organizaciones mantuvieron ya un primer encuentro con la directora general de Inclusión Social, Elena Ferrando.
Los portavoces de la iniciativa han insistido en la idea de la renta básica como derecho, no como “limosna” ni “ayuda graciable”. Toni Carrión, de las Sillas contra el Hambre, ha justificado la propuesta ante los concentrados: “El trabajo para ganarse la vida es cada vez más una utopía; todos tenemos derecho a existir, trabajemos o no, y la tecnología lleva a que la mano de obra resulte cada vez menos necesaria”. ¿Dónde estaría el potencial de la renta básica? “Contribuye a que la gente pueda defenderse de la miseria”, subraya el activista. Asimismo ha tomado la palabra Rafael Córcoles, presidente de la Associació de Desocupats, Precaris i Veïns de la Pobla de Vallbona, municipio de 22.000 habitantes de la provincia de Valencia. La plataforma se define como “apartidista”, y dedicada a la búsqueda de empleo, autoempleo y formación de los parados. Entre las últimas actuaciones, destaca la recogida de firmas para que parados, jubilados y vecinos en situación de precariedad accedan al transporte gratuito en metro. El objetivo es presentar las firmas ante el ayuntamiento. La asociación ha planteado además tareas de limpieza y replantación en zonas de escombros situadas en el entorno del municipio, así como la posibilidad de adecuar los jardines de la Pobla de Vallbona.
El Parque Alcosa es un barrio dormitorio adscrito al municipio de Allfafar y ubicado ocho kilómetros al sur de Valencia. Allí viven cerca de 10.000 personas. Muy próximo a una pancarta que reivindica la renta básica, el miembro de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alkosa, Toni Valero, recuerda que el barrio ha mantenido tasas de paro de entre el 30% y el 40% en los últimos 30 años, y que en torno al 70% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. En 1987 se constituyó la cooperativa social de la Koordinadora, que ha desarrollado a lo largo de los años tareas de mantenimiento de los servicios públicos, limpieza y jardinería con grupos en riesgo de exclusión. La continuación de estos trabajos, regulados mediante un convenio entre las partes, se halla actualmente en riesgo por los criterios de selección de personal que plantea el ayuntamiento, explica Toni Valero. Planteado el conflicto, la Koordinadora ha convocado una asamblea abierta el próximo martes, 27 de septiembre, en la plaza del Parque Alcosa; y el jueves los activistas asistirán al pleno municipal de Alfafar. “Estamos viviendo un ejemplo de caciquismo urbano”, resalta Valero, que defiende la “municipalización comunitaria” de los servicios públicos locales. Desde los albores de la crisis, la Koordinadora de Kolectivos ha reivindicado un Plan de Medidas de Urgencia que incluya una renta básica local (aunque no con financiación exclusiva del ayuntamiento).
