COMUNICADO
Hoy nos concentramos una vez más para manifestar nuestra repulsa a las acusaciones de la fiscalía de Cataluña de penas que van desde los 11 años a los 14 años de prisión y multas que llegan hasta los 380.000€, por realizar una de las tradicionales ocupaciones del Rectorado de la Universidad Pública en 2013.
Se trata de otro montaje represivo, en este caso contra 25 estudiantes, un profesor (Secretarios General de la CGT Cataluña) y un empleado del PAS de la UAB.
Los hechos por los que se sientan en el banquillo estas personas relacionadas con la Autónoma de Barcelona se remontan a la primavera del año 2013, cuando en un contexto de recortes en la educación, más de 150 estudiantes y algunos profesores y empleados universitarios se encerraron en el rectorado de la UAB para exigir la aplicación de unos mociones aprobadas anteriormente en el Claustro, órgano no vinculante pero sí de máxima representación de todos los sectores de la comunidad universitaria y el de mayor rango en el que participa el estudiantado. Dichas mociones defendían, entre otras medidas, que la UAB incumpliera la subida de tasas del 66% y que se estableciesen títulos especiales de transporte público para estudiantes de la universidad.
Más de tres años después de aquella protesta, la Fiscalía formula peticiones de penas de prisión de 11 años y cinco meses para 20 de los acusados, además de demandar que se imponga a todos los acusados la prohibición de acceder a la UAB durante cinco años. Con esta segunda petición se impediría –aún en el caso de no ser condenados a prisión- que varios estudiantes pudieran acabar su carrera y que quienes son plantilla de la universidad puedan desarrollar sus funciones. Para los otros siete procesados la acusación pide un total de 13 años y nueve meses, puesto que la acusación de ocupar el rectorado, añade la de coacciones para alterar la libertad de expresión, supuestamente ejercidas contra una vicerrectora. Por si todo esto no fuera suficiente, también se pide desde la acusación una indemnización a la UAB, que en conjunto se acerca a los 400.000 euros.
La CGT considera un absoluto despropósito este proceso y reitera su denuncia sobre las distintas «varas de medir» que la Justicia suele aplicar según los procesados pertenezcan a la clase trabajadora –que ejerce su derecho a defender unos servicios públicos universales y de calidad- o sean de las castas dirigentes y adineradas. Lo estamos volviendo a comprobar con la suaves peticiones de condena de los implicados en los casos Gürtel, ERE, Bankia, Palau, etc. y con la dureza que se aplica en casos como este de «Som 27 i Mes» o con otros donde son procesados trabajadores o jóvenes activistas libertarios: «Procesión Coño Insumiso», Pandora, Mateo Morral, Alfon, Preguntar no es delito etc. que –curiosamente- suelen acabar con la absolución o el archivo de la causa, porque son auténticos montajes policiales y/o judiciales contra la gente que lucha por sus derechos y que no ha cometido más delito que ser pobre.
Precisamente se ha conocido hace unos días la sentencia por la que se condena (cuatro meses y quince días de prisión) a dos militantes de la CGT de Andalucía por la ocupación simbólica de una finca en Pizarra (Málaga) de propiedad pública, pero que desde hace décadas viene usurpando una familia de terratenientes. Según el Juzgado nº14 de Málaga su delito fue «mostrar intención de quedarse en la finca reclamada para uso social».
Agradecemos a todas y todos la solidaridad y el apoyo mutuo , y pedimos que se continúe dando una respuesta contundente para parar esta sin razón, apoyando a las personas para que no se sientan solas. Denunciando que el único delito que cometen es defender los derechos de todas.
SI NOS TOCAN A UNA NOS TOCAN A TODAS !!
