Pablo Elorduy
El pulso entre el Parlamento de Valonia, una de las federaciones belga, y el conjunto de los poderes de la Unión Europea continuará con la inminente firma del acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá, tras ceder Bélgica al ultimátum planteado por Comisión y Consejo europeo.
Charles Michel, primer ministro belga, ha anunciado a mediodía que su Gobierno levanta el veto al tratado de inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés). El ultimátum de la gobernanza de la Unión Europea ha dado sus frutos y el Tratado sigue quemando etapas para su entrada, provisional, en vigor.
En verano, la Comisión Europea, maniobró para que el Tratado, considerado Mixto –esto es, que tiene que ser ratificado en cada uno de los 38 Parlamentos nacionales y regionales– pudiera entrar en vigor de forma provisional antes de esa ratificación, que dependerá en países como Francia y Alemania de las cámaras resultantes de sus próximos procesos electorales.
Quedaba así allanado el camino para que el CETA comenzase a andar con el voto de los Gobiernos actuales, incluido el Ejecutivo español, en funciones hasta que se produzca la investidura de Mariano Rajoy. El Gobierno en funciones maniobró en verano para la ratificación exprés del CETA sin haber informado ni consultado al Congreso de los Diputados ni al Senado ni los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.
El plan hubiera seguido su curso de no ser por la tenacidad del Parlamento de Valonia. El trabajo de 18 meses de esta cámara federal dio como resultado un ‘no’ fundamentado en varios aspectos. Entre otros, Valonia consideró que los derechos con que contarán los inversores en el Tratado entre la Unión Europea y Canadá constituyen «un atentado contra los derechos laborales, sociales y ambientales».
En concreto, el tribunal de diferencias entre estados e inversores, conocido como ISDS o como ICS, ha sido el motivo del rechazo belga. La gobernanza europea, en un juego de palo y zanahoria, ha hecho una declaración conjunta con Canadá para atraer el ‘sí’ de Valonia, pero no se han producido retoques en el Tratado. El Tribunal de arbitraje será la clave de una posible ratificación definitiva del tratado, que Valonia supedita a la desaparición del mecanismo.
Conservadores, socialdemócratas y liberales europeos obtienen así una victoria sobre la bocina –incompleta, ya que el Acuerdo se puede rechazar en los Parlamentos regionales– que se produce apenas unas horas después de que se anunciase el fracaso de las negociaciones con Canadá. En el Parlamento Europeo, el grupo de la izquierda GUE/NGL ha reaccionado hablando del «carácter antidemocrático» de una Unión Europea que, según la diputada de Izquierda Unida, Marina Albiol «pretende imponer sus políticas neoliberales por las buenas o por las malas” a los parlamentos elegidos democráticamente.
El activista Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, parte de la campaña contra los acuerdos de libre comercio, declara a Diagonal que «las presiones y los chantajes feroces de la Unión Europea, de la patronal europea y de los gobiernos europeos como el alemán y francés han surtido efecto», y compara la situación con el «golpe» a Grecia para la firma del tercer memorándum de entendimiento con la troika.
Para Kucharz, se ha unido a la presión de la Comisión Europea, una «presión inaceptable» del gobierno belga, «de corte derechista y ultra liberal a los gobiernos regionales como el de Valonia amenazando con los recortes en subvenciones u otras consecuencias políticas y económicas».
Desde Bruselas, se advierte del papel que ha jugado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en la presión a Bélgica, un papel para el que no está legitimado por mandato. Tras el pulso, el Tratado debe volver al Parlamento Europeo y a los 38 Parlamentos nacionales y regionales de la UE. La clave, señala Kucharz, es la mención a la obligación de “notificar” a la UE cualquier rechazo de los parlamentos regionales» porque con ello se paraliza la aplicación provisional, otro de los puntos anti-democráticos que se buscar aprobar en el Consejo de la UE, así se paraliza el proceso de ratificación y en consecuencia el tratado no entraría en vigor. Una posibilidad que sigue siendo bastante probable por el fuerte rechazo de la mayoría de varios parlamentos regionales belgas», concluye Kucharz.
El tribunal de arbitraje y otros secretos del CETA
Información de Tom Kucharz.
La declaración de hoy entre gobierno federal belga y gobiernos regionales de hoy también incluye que los jueces del Sistema de Tribunal de Inversión que CETA crearía tendría que estar formado por «jueces profesionales», algo que no recoge el tratado CETA y por lo tanto es improbable que se cumpla esta condición del acuerdo belga. Se trata, en todo caso de un tribunal de arbitraje privado que seguiría siendo una justicia privatizada y paralela a la justicia doméstica con derechos especiales de los inversores por encima del resto de la población. Por ejemplo, Estados y comunidades afectadas por violaciones a los Derechos Humanos por parte de los inversores no podrían presentar una demanda en este tribunal de arbitraje, El documento recoge también la exigencia de una garantía para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a este sistema de arbitraje, pero es una trampa porque no tienen los recursos económicos necesarios (varios millones de euros) para costear estos procesos. Investigaciones académicas muestran que en el 95% de todas indemnizaciones concedidas en los casos judiciales de arbitrajes internacionales privados los grandes ganadores de estos casos fueron grandes corporaciones (de más de 1.000 millones de dólares USA en ingresos anuales) e individuos súper ricos (con más de 100 millones de dólares de riqueza).
La declaración también recoge cláusulas para consumidores y agricultores para activar una protección y apoyos económicos específicos, pero como tales cláusulas no están integrados en el tratado CETA, tendría que ser el propio gobierno belga en este caso quien asumiera las medidas. Mientras en el CETA no hay ninguna obligación para las empresas transnacionales y los actores financieros especulativos, sí legisla de forma contundente para garantizar los beneficios de dichos actores corporativos en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías sociales.
También habla del deseo de excluir los servicios públicos del CETA, pero es una declaración de buenas intenciones porque está demostrado que los servicios públicos no están excluidos del CETA y más bien sufrirían una profundización de procesos de privatización, externalización. CETA incluso impide las re-nacionalizaciones.
