Los sindicatos no descartan convocar nuevas movilizaciones tras la gran repercusión que tuvo la última huelga para tratar de reanudar la negociación del convenio que lleva 21 meses parada.
El pasado 6 de octubre, el sector de telemarketing vivía una de sus jornadas más históricas. La huelga convocada por los sindicatos CGT, CCOO y UGT alcanzaba, según las cifras que éstos manejan, entre el 65% y 75% de seguimiento por parte de los trabajadores (unos 35.000 empleados). Bajo la etiqueta #ColgamosLosCascos, la huelga de un sector regularmente invisibilizado alcanzó gran repercusión en la redes sociales, y los medios se hicieron eco de la movilización.
Tras más de veinte meses de negociación para un nuevo convenio colectivo en el sector de telemarketing o contact center, los sindicatos presentes en la mesa negociadora llevaron a cabo dos jornadas de paros parciales previas a la convocatoria de la huelga. Con el éxito de la jornada pretendían dar un golpe sobre la mesa y que las empresas corrigieran, en su opinión, su actitud intransigente.
Pasado casi un mes de la histórica movilización, los trabajadores de contact center han vuelto al segundo plano mediático y resurge el pesimismo en torno a las intenciones de las empresas. La negociación del convenio sigue parada, se cumplen 21 meses sin acuerdoy los sindicatos no descartan convocar nuevas movilizaciones a corto plazo.
Con un salario de media de 650 euros mensuales, los trabajadores se están viendo obligados a encadenar varios contratos con jornadas parciales de 4 horas diarias para llegar a fin de mes
Una de las principales reivindicaciones por parte de CCOO, UGT y CGT reside en la subida salarial. Macarena Zambrano, trabaja desde Sevilla para Qualytel –una de las principales empresas del sector-. Ella, junto al resto de compañeras y compañeros de telemarketing, lleva desde 2014 con el salario congelado. Fruto del desacuerdo para la firma de un nuevo convenio, los empleados no han visto actualizado su sueldo acordado en el anterior convenio.
Con un salario que apenas llega al salario mínimo, la media del sector se encuentra en 650 euros mensuales, los trabajadores se están viendo obligados a encadenar varios contratos con jornadas parciales de 4 horas diarias (dentro del propio sector) para poder llegar a fin de mes. “Y ni siquiera se llega”, añade Julio Fuentes, representante de la Coordinadora Estatal de CGT.
Para Macarena, el problema está en que además del salario, las empresas tampoco cumplen las concreciones horarias pactadas en el convenio: “Trabajamos de lunes a domingo casi once horas seguidas, cuando acordamos que en una semana tuviéramos dos días de descanso. Esto genera un problema de conciliación familiar para los compañeros que tienen hijos, porque no pueden verlos y tampoco existen guarderías en fin de semana”.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictaminado en dos ocasiones durante último año, que todas las empresas del sector deben garantizar el derecho de los trabajadores a solicitar la reducción de jornada que deseen para el cuidado de sus familiares; tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 37.5 y 37.6.
Pero ni siquiera la subida salarial bastaría para la mejora de las condiciones laborales de los empleados de este sector. Otra de las situaciones que denuncian los representantes de los trabajadores es la precariedad de las plantillas, con una rotación laboral que alcanza un 10% mensual. Macarena asegura que la tendencia empresarial está dirigida a la sustitución de trabajadores fijos con contratos estables por empleados de ETTs (empresas de trabajo temporal). “Si a la precariedad le sumas que contratan trabajadores de una empresa temporal para hacer el trabajo que haces tú por uno o dos meses, la situación es aún peor. En la empresa que trabajo hemos llegado a tener al 50% de la plantilla de una empresa temporal”, evidencia Macarena.
A la rotación constante de trabajadores se añade la movilidad geográfica del personal de mayor antigüedad o con contrato indefinido, denuncian desde CGT: “Para conservar tu trabajo de seis horas en el que cobras 600 euros te obligan a desplazarte a otro lugar, impidiendo tener un proyecto de vida”.
Respecto a las mujeres las agresiones son más profundas en un sector altamente feminizado. La profesión de contact center se caracteriza por un elevado porcentaje de mujeres, el 70%; frente a 30% que ocupan los hombres. Pero en los últimos años la tendencia se está revirtiendo, asegura Julio Fuentes (CGT): “Estamos observando que coincidiendo con los años fértiles de la mujer, esa tendencia se invierte y empiezan a contratar a hombres coincidiendo con esos años de edad fértil. Ni siquiera existen planes de igualdad aunque la ley obliga a aplicarlos desde 2007”.
Los trabajadores de contact center tampoco son ajenos a la realidad de los despidos. La reforma laboral emprendida por el Partido Popular en 2012 ha ayudado a acrecentar esta realidad. Antes de la modificación legislativa, las empresas tenían que aludir pérdidas económicas para realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE); desde entonces pueden presentar los ERE como un mero ajuste de la organización productiva.
Otra de las situaciones que denuncian los representantes de los trabajadores es la precariedad de las plantillas, con una rotación laboral que alcanza un 10% mensual
Esta práctica habitual en otros sectores como el de las telecomunicaciones, se suma a una particularidad del telemarketing: el artículo 17 del convenio de contact-center. Este apartado permite a las empresas la extinción anticipada del contrato por disminución del volumen de la campaña, es decir, la empresa puede presentar un gráfico en el que demuestra que en los próximos meses disminuirá el número de llamadas y ejecutar despidos.
Las últimas víctimas de estas prácticas empresariales son los trabajadores de las empresas subcontratadas por Telefónica para prestar su servicio de atención al cliente. A mediados de octubre, Telefónica anunciaba a sus proveedores Emergia, Unitono, Atento, Digitex y Extel que tendrían que dejar de prestar servicio entre 8 y 9 de la mañana, y entre 10 y 12 de la noche.
“Eso implica que a los trabajadores que estuvieran en esos turnos, en torno a unos 4000 empleos, se le va a modificar su horario a un turno partido que comprende una banda horaria de 9:00 a 20:00 con dos horas para comer. Les supone estar todo el día en su centro de trabajo por 800 euros en el mejor de los casos. Además los trabajadores que estaban en la banda de 22:00 a 24:00 y podían aumentar un poquito más su salario con plus de transporte y nocturnidad dejarán de percibirlo”, relata Sofía Castillo (representante de CCOO).
En el caso de la proveedora Extel, su dirección comunicó la decisión de ir más allá planteando un ERE que afectará a 380 empleados. Ayuntamientos como el de Zaragoza o A Coruña expresaron su solidaridad con los trabajadores de Extel ofreciéndose a mediar entre las partes y exponiendo diversas pancartas en el balcón del consistorio. Durante las últimas semanas, la mesa negociadora ha intentado que esos despidos en vez de forzosos fueran voluntarios, sin llegar a un acuerdo.
Solo en el transcurso del último año, los ERE en las empresas Extel e Indra -proveedoras de Telefónica y Vodafone- dejarán a unas 880 personas en la calle. “Este sector no ha acusado económicamente la crisis, han seguido manteniendo beneficios. Los ERE que se presentan nunca son por causas económicas sino por razones organizativas. Saben que no pueden defender en un tribunal que lo presentan por razones económicas”, aseguran desde CGT.
Según el observatorio del sector que realiza la empresa DBK, el volumen de negocio de las empresas españolas experimentó en el último año un crecimiento del 2%. Entre las claves para este aumento de beneficios, señala el informe, se encuentran el aumento de ventas y las políticas de contención de costes. En los últimos años, las empresas que prestan servicio a las telecomunicaciones han exportado su modelo de negocio a diversos países de Sudamérica: “El salario que les pagan es de 200 euros por una jornada completa, cuando el umbral de la pobreza allí es de 400 euros. Y para dar una atención al cliente en España imagínate los horarios que tienen”, comenta Julio Fuentes (CGT).
Isolina García, presidenta de SINTRAC –sindicato chileno con mayor representación en el sector- relata a Público las prácticas de las empresas españolas en Chile: “En la empresa española Unisono hemos tenido enormes luchas tanto en la negociación colectiva reglada, una de las más restrictivas del mundo (el Ministerio de Trabajo la sitúa en el 10%); como en el incumplimiento sistemático de normas laborales en derechos tan mínimos como el derecho de ir al baño o de maternidad. Muchas de ellas han optado por acudir con pañal al trabajo porque no disponen de pausa. Además, en Chile se utiliza el desafuero legal para despedir dirigentes y aniquilar el movimiento sindical, prácticas que los contact center españoles han utilizado”.
(La empresa aludida, contactada en varias ocasiones, no ha querido aportar su versión a este diario)
Con este panorama, desde los sindicatos consideran que el caballo de batalla debe ser la subrogación de los trabajadores. “El ERE en Extel es un síntoma más. El 60% de las empresas hacen contratos por obra y servicio para una campaña muy concreta que duran unos meses. Por ello es necesario que con ese alto nivel de rotación de plantilla, los trabajadores puedan ir de una empresa a otra conservando su salario y sus derechos”, señala el representante de CGT. Las empresas de telecomunicaciones, aseguradoras o energéticas no son las únicas que realizan esta práctica. Lo grave, afirman, es que desde la propia administración se fomente la externalización y la precariedad de los servicios de atención al ciudadano.
Es el caso de la Línea 010 dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Hasta la llegada de Alberto Ruiz Gallardón, la concesión del servicio a Ferroser –filial de Ferrovial- incluía una cláusula que obligaba a la subrogación de los trabajadores. Desde su desaparición, cada nuevo pliego ha conllevado la supresión de empleos. Con la llegada de Ahora Madrid al consistorio el pasado año los trabajadores convocaron una huelga en noviembre de 2015, cansados de esperar las promesas electorales de remunicipalización de servicios: “El informe jurídico que recibe Ahora Madrid referente a la remunicipalización del servicio, les obligaba a convocar oposiciones y despedir a todo empleado de la empresa Ferroser.
«Fuimos a la huelga porque esperábamos que, como ha ocurrido en León o Zaragoza, la empresa recupera el servicio y subrogara a los trabajadores”, detalla Daniel Palacino (miembro de la sección sindical de CC.OO en Línea Madrid 010). A partir de ese momento la actitud de Ahora Madrid da un giro y deciden hacer caso al informe jurídico, anunciando un nuevo pliego que incluirá cláusulas sociales.
Pasado un año desde el anuncio de la inclusión de dichas cláusulas en los nuevos concursos, la únicas que han salido adelante tienen un mero carácter cosmético. Como, por ejemplo, obligar a las empresas a dar de alta a los trabajadores en la Seguridad Social. “Parece una obviedad. Es una obligación de todas las empresas. Si las cláusulas no van a mejorar el convenio colectivo de nada vale”, señala Daniel Palacino. Aunque el nuevo convenio del sector que se está negociando contiene pequeñas mejoras en horas médicas o permisos retribuidos, la parte sindical mantiene que hasta que no se produzca una subida salarial y se acabe con los despidos masivos tras la finalización de los contratos la situación está lejos de mejorar.
Fuente: http://www.publico.es/economia/telemarketing-aumenta-beneficios-costa-precariedad.html
