Luchas mineras, huelgas generales, escraches, “rodea” los parlamentos, marchas y desahucios, conflictos estudiantiles, concentraciones, cortes de carreteras y polígonos en defensa de una vivienda digna; el 15-M, las okupaciones, mareas (blancas, verdes, azules, negras…), las marchas de la dignidad, en defensa del derecho al aborto y los derechos de las mujeres, los discapacitados, los preferentistas, contra la represión…Miles de personas se han enfrentado durante los últimos años a la legalidad establecida, en defensa de sus derechos y de lo público. Éste es el punto de partida de la propuesta Amnistía Social: “Nos han desdibujado e insultado sin compasión a través de sus medios de desinformación”. Hablan, incluso, de un “genocidio de baja intensidad”, en la que el Estado ha emprendido una acción represiva y desmedida en defensa de quienes son responsables de la actual situación de emergencia social. Dicho en otros términos, se establecen represalias por pedir cosas tan elementales como el final de los desahucios o buscar comida en las basuras.
El 10 y 11 de febrero de 2017 se celebrará en Salamanca el cuarto encuentro estatal de la iniciativa Amnistía Social. La idea surgió hace aproximadamente dos años en una comarca valenciana, L’Horta, de la mano de la Koordinadora de Kolectivos del Parque Alcosa (barrio adscrito al municipio de Alfafar donde viven cerca de 10.000 personas, con un 70% de la población por debajo del umbral de la pobreza) y personas de la extinta Asamblea Antirrepresiva del 15-M de Valencia. El objetivo, una respuesta colectiva a la miríada de episodios represivos ocurridos en los últimos años. La Coordinación Baladre de luchas contra la pobreza, el sindicato CGT y Ecologistas en Acción se adhirieron a la propuesta. Las primeras jornadas de ámbito estatal se celebraron en septiembre de 2015, en Madrid. La PAH, la CNT, 25-S Madrid, familiares y amigos de los encausados por “Rodea el Parlament” y Can Vies asumieron la Amnistía Social en el siguiente encuentro, celebrado en Valencia (febrero de 2016). Desde el primer día definieron la iniciativa como una respuesta “en común y desde abajo a sus bestialidades y pretensiones de dominarnos”. En la siguiente cita, en Málaga (mayo de 2016), participaron personas y colectivos de Madrid, Alicante, Andalucía y Valencia. Cuatro meses después, se produjo el Encuentro de Madrid, organizado por Ecologistas en Acción. Allí se acordó avanzar en la elaboración de un mapa de la represión por territorios; habilitar una página Web (prevista para diciembre), además de cuentas en Facebook y Twitter; y constituir grupos de trabajo por áreas, como feminismo, cultura, empobrecimiento o derechos sociales. La agenda se completó entre el pasado 16 y 21 de julio, con la caravana-marcha por la Amnistía Social entre Valencia y Alicante organizada por Baladre.
Califican la situación como “excepcional”. Exigen, en consecuencia, la derogación inmediata de las “leyes represoras”: Ley Orgánica 1/2015 de Reforma del Código Penal; Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; Ley 5/2014 de Seguridad Privada; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica 2/2015 de Reforma del Código Penal en materia de terrorismo. ¿Qué implica, en concreto, la Amnistía Social? Los activistas desarrollan la idea en un decálogo de reivindicaciones; en primer lugar, la supresión de todas las causas penales abiertas en los juzgados, derivadas de protestas contra los recortes de derechos laborales y sociales; además, la anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores en contra de los manifestantes; la eliminación de cargos delictivos para quienes se enfrentaron a intervenciones policiales en desahucios, huelgas generales y otras luchas; en relación con el punto anterior, la libertad de los presos por estas causas; asimismo, la desaparición de toda ficha penal y antecedentes archivados que provengan de las protestas sociales; los tres últimos apartados exigen la supresión de leyes y mecanismos represivos: la ley del menor, la ley de extranjería, el cierre de los CIE, las “listas negras”, los “montajes” policiales, las torturas y el régimen de incomunicación en las prisiones (Fies).
“La idea es combatir la atomización de casos y la dispersión de fuerzas; lo importante es tener claro que quienes practican la represión son siempre los mismos”, explica Jesús Arteaga, activista por la Amnistía Social. Dicho en otros términos, que quienes padezcan un caso de represión, reciban la solidaridad de otros grupos: “Si nos tocan a una, nos tocan a todas”. Arteaga considera que la estrategia del poder es infundir miedo y aislar a los grupos que protestan en la calle. Lejos de dogmas y jerarquías, el modelo organizativo que se perfila en torno a la Amnistía Social se asemeja a la del Movimiento contra la OTAN, que incorporaba asambleas, comités, diferentes espacios y plataformas sectoriales, entre la diversidad de fórmulas. “Lo importante es que sea una propuesta de todas, la idea de confluencia”, agrega Jesús Arteaga. Se trata de un espacio de coordinación que avanza en difundir la idea de Amnistía, pero no de un modo cerrado: “Cada grupo o individuo la puede interpretar a su manera, según su realidad”, subraya el activista Manolo Bayona. Además del decálogo reivindicativo, les une una consigna sencilla y fundamental: todo lo social es político, pero no todo lo político es social. En concreto, han convocado para el próximo 23 de diciembre un “día de acciones descentralizadas” en todo el estado, que incluya –además de la Amnistía Social- luchas locales. Encierros, pintadas, charlas, concentraciones…
Ese día la Campaña por la Renta Básica del País Valenciano convocará una manifestación en la que se reivindicará, también, la Amnistía Social. Esto concuerda con el principio de actuación que se está manteniendo, resalta Jesús Arteaga: “La Amnistía Social no es una campaña, sino un proceso de extensión de la idea por los colectivos que sufren la represión; que incorporen la propuesta a sus prácticas”. Además se están generando materiales de apoyo: chapas, camisetas en diferentes idiomas o listas de correo para difundir las denuncias. ¿En el ámbito del estado español? “Esto no es una estructura estatal, no queremos estructuras sino espacios de puesta en común”, insiste Manolo Bayona. Cada cuatro meses celebran, en diferentes ciudades, jornadas de refuerzo e intercambio de experiencias. La tarea requiere un trabajo ímprobo, por la multiplicidad de casos. El pasado cuatro de noviembre se cumplió un año de la detención por orden de la Audiencia Nacional de seis personas del colectivo Straight Edge de Madrid, en el contexto de la llamada “Operación ICE”. De ideología anarquista, vegana y en contra de cualquier tipo de drogas, uno de los miembros del colectivo, Nahuel, permanece en prisión preventiva y a la espera de juicio; en sólo un año ha pasado por las cárceles de Soto del Real, Navalcarnero, Estremera, Morón de la Frontera y Aranjuez.
El ocho de noviembre de 2016 la policía nacional abordó en sus ciudades de residencia a los 13 integrantes del grupo de Hip Hop “La Insurgencia” (todos los residentes en el estado español, salvo un menor de edad). Se les requisó, según informaron en un comunicado, todo el material electrónico que llevaban consigo y se les citó a declarar nueve días después en la Audiencia Nacional. El motivo de la imputación, presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio, asociación ilícita y contra las instituciones del Estado. El mismo día tuvo lugar la detención de 15 miembros de la Peña Bukaneros del Rayo Vallecano (tres de ellos, menores) y otra del colectivo de Moratalaz, “Distrito 14”. La policía acusó de una supuesta agresión a los miembros de Bukaneros, que quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez. En el listado podría agregarse al activista Diego Lores, detenido en enero de 2015 por supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. El activista había participado en las protestas por el traslado de un barco a la rotonda ubicada en el barrio de Coia (Vigo). Una de las críticas a esta iniciativa era el elevado coste del traslado, al tiempo que se desatendían las necesidades básicas de la población. La fiscalía ha pedido el sobreseimiento del caso.
El joven malagueño y militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Francisco Molero, acudió a la convocatoria de “Rodea el Congreso” en Madrid el 25 de abril de 2013. Fue detenido por agentes de la policía nacional, juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid y condenado en noviembre de 2015 a cinco años de prisión y más de 16.000 euros en concepto de multas e indemnizaciones. Un caso más reciente en la extensa nómina de represaliados son las 45 familias de las Corralas de la Dignidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), cuyo juicio comenzó a finales del pasado mes de marzo. A las acusaciones por un presunto delito de usurpación, respondían con una apelación a la justicia social: “Ni casa sin gente, ni gente sin casas”. Pero con independencia de la pluralidad de ejemplos, tal vez marque un hito la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eldiario.es publicó un balance a partir de las cifras recabadas tras una petición de información al gobierno, que arroja conclusiones palmarias. Durante los siete meses posteriores a la entrada en vigor de la ley, se tramitaron más de 40.000 sanciones en virtud del nuevo texto legal. Uno de los apartados que llama la atención es el de las sanciones por “faltar el respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad” (6.217 sanciones tramitadas en el citado periodo); además, se tramitaron 3.700 sanciones por desobediencia, resistencia a la autoridad o negarse a la identificación.
Otro ángulo del que se pueden enfocar las políticas represivas se incluye en el libro “Los gobiernos españoles contra las libertades” (Akal), de Pascual Serrano y Juan García Mollá. Constatan una tendencia que no resulta una novedad: con 161 presos por cada 100.000 habitantes, el estado español posee la tasa más elevada de población carcelaria en los países de la Europa occidental. Esta realidad convive con el hecho de que España cuente con una de las tasas de criminalidad más bajas de la UE (46,1 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a la media comunitaria de 62,8). ¿Quién ingresa en prisión? Los autores destacan que el 42% de los reclusos entran por delitos patrimoniales como hurtos o robos, entre los que no se hallan los de “guante blanco”, “que se cometen desde los despachos de empresas y entidades financieras”. El 34% cumplen condena por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas). La media del tiempo de estancia en prisión en España es, además, muy superior al del resto de países de la UE (16,9 meses de cumplimiento de condena, frente a los 10,4 meses de promedio en la Europa occidental).
