Exigimos el alto de la represión, la liberación de los detenidos y que se garantice la integridad y seguridad de las personas mapuche y no mapuche así como su derecho a manifestarse.
El 10 de Enero de 2017 se produjo un violento operativo conjunto de Gendarmería Nacional y la Policía del Chubut en territorio de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, en el noroeste de Chubut, provincia de la Patagonia argentina, a unos cien kilómetros al norte de la ciudad de Esquel, sobre la ruta nacional 40, que fue cortada durante varias horas, aislando e impidiendo incluso el acceso de los abogados de la comunidad al lugar.
El territorio en conflicto fue recuperado por los mapuche en 2015 de manos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, una empresa agropecuaria propiedad del Grupo Benetton. Benetton es, con la propiedad de estas estancias, el mayor terrateniente de la Argentina, con cerca de 900.000 hectáreas.
En el operativo se superpusieron dos órdenes judiciales. Una, emitida por el Juzgado Federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, mandaba a Gendarmería a despejar las vías del ferrocarril conocido como «La Trochita», que une las localidades de Esquel y El Maitén y atraviesan el territorio de la comunidad (así como el de muchas otras comunidades mapuche y mapuche-tehuelche). La segunda orden, dictada por el juez José Colabelli, del fuero provincial, mandaba a allanar la comunidad por un supuesto caso de abigeato (robo de ganado).
Las fuerzas de seguridad ingresaron al territorio sin supervisión de los jueces, que no estuvieron en el lugar, ni de los fiscales que pidieron las medidas, dando lugar a corridas, trifulcas y enfrentamientos que dejaron tres detenidos (dos de ellos heridos) a disposición del poder judicial federal y tres gendarmes lesionados. A los tres detenidos se les dictó, posteriormente, la prisión preventiva, por lo que permanecerán presos en la Unidad Penal 14, de Esquel.
La Policía del Chubut, por su parte, emboscó a otras siete personas -miembros de la comunidad y visitantes- que habían salido esa misma mañana a buscar animales que se habían dispersado. El vehículo en que viajaban recibió, según las versiones que manejamos, más de 60 disparos. Esta acción produjo siete nuevos detenidos, quienes fueron, además, golpeados en el traslado entre El Maitén y Esquel. Las mujeres detenidas fueron especialmente vejadas y maltratadas. Fueron liberados el 12 de enero, pero quedaron procesados por «abigeato agravado» a manos del juez Dal Verme, luego de que Colabelli aceptara una recusación en su contra.
Pero, además, en la tarde del 10 de enero, mientras en Esquel la gente se agrupaba para acompañar a los detenidos frente a la comisaría y la prisión, efectivos de la Infantería de la policía provincial realizaron disparos contra miembros de la comunidad en la ruta 40. Dejaron dos heridos de bala graves, que fueron trasladados en vehículos particulares al hospital de Lago Puelo porque las ambulancias de Esquel y El Maitén se negaron a acercarse sin custodia policial. Se trató de uno de esos «enfrentamientos» que dejan heridos de un solo lado.
Frente a estos hechos manifestamos nuestro más enérgico repudio y resaltamos algunos aspectos que indican la peligrosidad de las actitudes asumidas por el Estado argentino:
a) La instalación de la idea de «amenaza» que representa el pueblo mapuche y sus reclamos para la sociedad, intentando ligar sus reclamos a la violencia armada, la guerrilla, el terrorismo y las actividades ilegales. Tanto el Gobernador de la provincia, Mario Das Neves como la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich han hecho declaraciones en este sentido, cuya finalidad es justificar y legitimar acciones represivas como las que se acaban de vivir. No se aplicarán sólo al pueblo mapuche: todo movimiento de protesta estará en la mira.
b) La tergiversación de los reclamos y las formas de diálogo: mientras se adjudica a las organizaciones mapuche inflexibilidad e intransigencia, el Estado cierra todas las vías de diálogo. Un ejemplo es la mesa de negociaciones que aquí se había abierto respecto del tránsito de «La Trochita»: fue la provincia de Chubut quien se retiró del diálogo.
c) La connivencia entre los intereses privados y la represión estatal: un supuesto robo de animales justifica un allanamiento, una recuperación territorial (del que Benetton no puede siquiera acreditar legalmente la propiedad) una represión violenta. Al respecto queremos advertir acerca de futuras agresiones del Estado hacia Pu Lof en Resistencia así como otras comunidades y organizaciones mapuche, que desde hace tiempo sostienen paciente y pacíficamente sus reivindicaciones sin que se les escuche, se les haga lugar ni se produzca la reparación que históricamente reclaman y merecen.
Exigimos el alto de la represión, la liberación de los detenidos y que se garantice la integridad y seguridad de las personas mapuche y no mapuche así como su derecho a manifestarse.
