“Presupuestos Generales del Estado (PGE), empleo público, servicios públicos, gasto social, ingresos…”
Las cifras económicas presentadas en el cuadro macro de los PGE por parte del gobierno y sus compinches, cuadran perfectamente la cuenta de la “estafa” que abrieron a partir del 2011, cuando reformaron el artículo 135 de la Constitución.
Cada año, se ingrese lo que se ingrese, los banqueros y el capital financiero tienen garantizados dineros suficientes para sus rentabilidades ilegítimas, pero el gasto social (pensiones, desempleo, dependencia, subsidios, becas…), gastos de personal de las Administraciones Públicas y las inversiones, ya se ven disminuidas en la cuantía “conveniente” para cuadrar un déficit “público” fijado por Bruselas, que le permite no contabilizar como las denominadas “ayudas al sector financiero”, es decir, el robo y desposesión de miles y miles de millones del gasto social para convertir en estructural la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Estas cuentas (PGE 2017), se basan en el techo de gasto aprobado en el ejercicio 2016 por casi todo el elenco parlamentario (PP, PSOE, C´s, Coalición Canaria y PNV), lo que significa que el recorte ya estaba incorporado, lo cual supuso una no disponibilidad de crédito de 10.400 Millones de €, es decir, un menor gasto en Protección Social, Inversiones y Desarrollo.
Bruselas y la Troika fijan las políticas fiscales y presupuestarias de todos y cada uno de los 28 estados miembros de la U€ y exigen recortes y austeridad, para cuadrar un “déficit público”, donde la deuda que tienen los estados no es “pública”, sino que les pertenece a sus auténticos deudores, el sector financiero y bancario.
Estos recortes y esta austeridad impuesta autoritariamente, significa para el Estado español, que las personas pensionistas (más de 8,5 millones), sean quienes financien una parte importante de los ingresos que se “redistribuyen” al sector financiero y a las grandes Empresas y Corporaciones, por la vía de subirles las pensiones un 0,25%, cuando la inflación se situará en el 2% o más a fin de año.
Las personas trabajadoras de las Administraciones Públicas, también financiarán los beneficios de banqueros y grandes Corporaciones Empresariales por dos vías: una, perdiendo poder adquisitivo al subirles los salarios solamente un 1% respecto de una inflación entre el 2%/3% y, en consecuencia, menor gasto, y la otra, no invirtiendo en empleo público.
El empleo público, ese gran “pacto social” anunciado por las burocracias sindicales del régimen y el gobierno, donde se dice que se convocarán 250.000 plazas en tres años, no es empleo nuevo y, mucho menos, el necesario para garantizar unos Servicios y Administraciones Públicas eficientes y de calidad, sino que el “Estado español” no tiene sino que cumplir con la Jurisprudencia Europea y convertir esos 250.000 trabajadores y trabajadoras, actuales interinos, en fijos, pues sus puestos de trabajo son estructurales. Nada aparece acerca de los más de 150.000 puestos de trabajo suprimidos en educación, sanidad, dependencia, cultura, investigación… desde el 2008, consolidando un modelo público precario, insuficiente y no universal.
Las personas dependientes (más de 340.000 sin prestación), las personas desempleadas, con una cobertura actual de las prestaciones y subsidios de desempleo de menos del 50% (2,3 millones no perciben nada de los 4,4 millones de personas paradas, según la EPA), las personas jóvenes estudiantes (becas), los subsidios disminuidos para el colectivo de excluidos y excluidas, que agranda la “miseria e indignidad del sistema político y su estado de desecho”, la ausencia de presupuesto necesario para la violencia de género, la no dotación de fondos comprometidos para el acogimiento de las personas refugiadas…, financiarán a banqueros, financieros y Grandes Corporaciones sus ilegítimos beneficios.
La estafa se consolida y esta vez lo hacen con todo “el descaro y sinvergüencería” de llamar a estos Presupuestos los “del crecimiento económico… ya hemos salido de la indigencia”.
Razón no les falta, si vemos las cifras macro económicas, pues los ricos y grandes grupos financieros y empresariales, no solo no tienen subidas de impuestos, sino que consolidan un Impuesto de Sociedades y un impuesto como las SICAV, que les garantiza miles y miles de millones a sus cuentas de resultados particulares, en vez de aportar al gasto público general, conforme al principio de contributividad (cada renta aporta en función de sus ingresos). De esta manera seguiremos nutriendo los ingresos en base al IRPF y el IVA, convirtiendo a la mayoría social en “paganini” de la bacanal de una minoría de burgueses, empresarios, banqueros y burocracias políticas y ejecutivas.
