La campaña de Colze a Colze busca confrontar la represión; una de las facetas de ella es lajudicialización de nuestras vidas.
A más de dos años y medio de las primeras detenciones de las operaciones Pandora y Piñata, y con una nueva prórroga de 18 meses en la instrucción del sumario de Piñata, las encausadas continuamos con las medidas cautelares que se nos impusieron para poder salir en libertad provisional. En la línea de la campaña —y como una de las acciones que forman parte de ella— hemos decidido enfrentar esta judicialización y desobedecer las medidas impuestas.
¿En qué consiste esta acción de desobediencia?
5 personas de Barcelona y Madrid, imputadas tanto en Piñata como en Pandora, dejarán de presentarse a firmar. Estas firmas mensuales eran, junto con la prohibición de salir del Estado español, la retirada del pasaporte y la obligación de notificar un cambio de domicilio, las exigencias de la Audiencia Nacional para poder mantenernos fuera de prisión. La intención con esta acción es confrontar la represión y la imposición de estas medidas señalando, además, el castigo preventivo y el ataque contra la organización política que buscan con ello además de lograr la retirada de todos los cargos contra todas las personas imputadas y, en consecuencia, de las medidas cautelares.
¿Por qué estamos realizando esta acción de desobediencia?
Sabemos que estas medidas no las sufrimos únicamente las personas acusadas en estas operaciones, se le aplican a un amplio abanico de personas, pero somos tan conscientes de ello como del hecho de que la aplicación y los efectos de las mismas difiere totalmente según quienes sean las personas encausadas. En nuestro caso, como en el de muchos más de los que se está hablando en los últimos tiempos, sabemos que estas operaciones son ataques contra la disidencia política, contra aquellas personas que se organizan, de la manera que sea, para lograr un cambio social. Estas operaciones policiaco-judiciales son un ataque contra las diferentes formas de respuesta política, contra las que con su práctica intentan construir otro modo de vivir. Son operaciones que, acompañadas de toda la espectacularidad y eco mediático correspondientes, construyen el ideario de un enemigo interno peligroso y agazapado casi en cada esquina. Operaciones con cuya cobertura mediática se construye ese «Otro», que debe ser erradicado en defensa del estatus quo. La utilización de la Audiencia Nacional y la supuesta excepcionalidad de las leyes antiterroristas no es más que otra de las múltiples caras que tiene la burocratización y la legislación a golpe de noticia. La Ley Mordaza, ampliación de la Ley de Seguridad Ciudadana o las diferentes ordenanzas cívicas —todas ellas— se justifican mediante una creación mediática de un peligro inminente y constante (sean las raperas, las de la PAH, las anarquistas, las trabajadoras sexuales, las skaters, las manteras, aquellas a los que se identifica como islamistas de manera genérica estigmatizando a una amplia variedad de comunidades…).
¿Qué intereses defienden estas medidas?
Somos conscientes de que la justicia no puede actuar de otra manera. No habrá una justicia mejor en este sistema social en el que vivimos. Puede ser menos mala, puede dar cabida a algo más que a lo actual, pero seguirá defendiendo los intereses de aquellos que tienen el poder y el dinero para controlarlo. Pero creemos que es necesario salir de estos momentos de espera, de incertidumbre y —sobretodo— empezar a señalar cuáles son las razones que se ocultan tras la imposición de estas medidas. Y éstas son, como se ha señalado antes, imponer un castigo preventivo. Las medidas suponen un recordatorio constante de la causa pendiente, en la que en general no suele haber cargos ni peticiones definidas, un castigo que busca desmovilizar a un entorno sobre el que pende constantemente la amenaza de ser los siguientes en caer gracias, entre otras cosas, a la laxitud del concepto de terrorismo.
Con ello nos declaramos insumisas a su chantaje
Codo a Codo, afrontemos la represión
