Esta semana se han conocido las cifras del paro del mes de agosto, con la Región de Murcia encabezando el incremento del desempleo en las comunidades. Para la CGT, estos datos ponen de manifiesto la relación existente entre desempleo y modelo productivo, pero además, denuncia la contribución que en este hecho tiene la gestión de los servicios públicos regionales, con recortes de plantilla, precariedad y privatizaciones.
El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo en la Región de Murcia al término del mes de agosto se situó en 106.853, lo que supone un aumento de 3.685 personas respecto a julio, según datos difundidos este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por sectores, el paro aumentó en Servicios en 1.941 personas, en Agricultura en 690 personas, en Industria en 671 personas y en Construcción en 546 personas.
Más de la mitad de ese volumen de nuevos parados se aglutina en el sector servicios, provenientes principalmente del turismo, debido a la estacionalidad del mismo, con una subida de 1.941. La mayor subida se produce en la agricultura, con un 8,11 %, por el fin de algunas de las campañas más destacadas del año. De los 57.521 contratos realizados en la Región de Murcia durante el mes de agosto, tan solo 4.004 han sido indefinidos (6,96%), mientras que los contratos temporales han sido 53.517 (93.04%). La contratación indefinida está por debajo de la media a nivel del estado, que suma el 7,51%. Estos datos reflejan que el empleo murciano es altamente dependiente de la contratación temporal, que unida a las condiciones de trabajo en muchos casos deficientes, así como a los bajos salarios, tiene a la precariedad laboral como seña de identidad del modelo productivo ofrecido por la patronal y el gobierno autonómico.
Además, la Confederación General del Trabajo (CGT) de la Región Murciana, llama la atención sobre cómo contribuyen las distintas administraciones públicas al incremento del desempleo en Estado Español, y en particular, en la Región de Murcia. Desde hace unos años, se viene constatando como las distintas administraciones públicas, tanto Regional como Local, no sólo no reponen las bajas que se producen en las plantillas de empleados públicos, tanto de funcionarios como de personal laboral, ya sea por jubilaciones, bajas por enfermedad, fallecimientos, etc., sino que por otras vías administrativas se desprenden de sus plantillas de personal.
Lo que se ha dado en llamar externalización de servicios públicos, o privatización de la gestión de estos servicios, es otra de las vías y formas de destruir empleo, que en este caso utiliza la Administración Pública. De hecho, este proceso pasa por otro previo, que es la precarización de los contratos, de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de un servicio público privatizado y de sus derechos, para finalmente proceder a la reducción del número de contrataciones, despidos.
La CGT denuncia que todas las condiciones de la prestación de los servicios públicos que se privatizan, recogidas tanto en los pliegos de condiciones administrativas y prescripciones técnicas con que son ofertados, como en los contratos que se formalizan con las empresas adjudicatarias, vienen a ser, poco más que “palabras desnudas sobre papel mojado”. Así se demuestra en el cada vez más repetido comportamiento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Murcia, en el incumplimiento de los contratos administrativos suscritos, por parte de las empresas adjudicatarias de estos servicios públicos, en los que hacen y deshacen a su antojo en materia laboral, con el consentimiento ‘por inactividad’ del adjudicador del contrato.
Esta organización sindical cuenta con numerosos ejemplos en esta materia, llevados ante los tribunales de Justicia, pues como se advierte, estas administraciones públicas consienten “en connivencia” con las empresas, en los despidos, en la eliminación de empleo y, por supuesto, en el incremento de los beneficios empresariales, a veces también en el reparto, terminando en muchos casos en los tribunales de Justicia.
Paro y modelo productivo, paro y gestión pública. Dos cuestiones que hay que afrontar, transformando el modelo económico y productivo regional, hacia otro basado en la justicia social, las relaciones laborales dignas y la sostenibilidad ambiental. Por ello, la CGT está por la defensa de los servicios públicos como derechos sociales para todos y todas, regidos, no por el principio de rentabilidad económica, sino por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir las necesidades sociales.
