Los pensionistas están en pie de guerra. Tras la decisión del gobierno de una subida de las pensiones del 0,25% para el 2018, parte de los pensionistas han decidido salir a la calle a protestar, porque su poder adquisitivo se verá reducido un año más. Por otra parte, en la Comisión del Pacto de Toledo se producen fuertes tensiones entre los diferentes grupos políticos ante el anuncio por parte de la Ministra Fátima Bañez de aumentar los años cotizados para calcular el valor de las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones? Cómo es posible que personas tan agradecidas como los pensionistas, que tradicionalmente han sido utilizadas por los dos grandes partidos para ganar las elecciones, se subleven y manifiesten abiertamente su descontento? ¿Cómo puede ser que uno de los Pactos más sólidos en España, el Pacto de Toledo de las pensiones, se esté tambaleando?
Sin duda, los cimientos del sistema público de pensiones están en entredicho y muchos se plantean si el sistema es o no es sostenible. Varias generaciones de españoles y españolas se preguntan si cobrarán su pensión cuando les toque jubilarse y si alguna vez podrán hacerlo. La cuestión es si esta valoración es puramente política y, por tanto, subjetiva y condicionada a intereses partidistas y particulares o si realmente es una valoración objetiva derivada de un análisis económico serio y riguroso. Y de ser cierta desde el punto de vista económico, ver si existen soluciones que permitan resolverlo.
El sistema público de pensiones en España está basado en el llamado sistema piramidal o esquema de Ponzi, según el cual las pensiones de quienes han abandonado el mercado laboral, son pagadas por quienes están en activo. Llevamos ya varias décadas en las que se ha producido un incremento del envejecimiento de la población (cada vez hay más pensionistas), a la vez que el empleo, no solo se ha reducido como consecuencia del incremento de las tasas de paro, sino que además se ha precarizado, con salarios cada vez más bajos e inestables. Hemos llegado a un punto en el que de una relación ideal de 4 trabajadores en activo por cada pensionista, se ha pasado a una de menos de 2 trabajadores en activo por pensionista.
Lógicamente, cuando son cada vez más lo que se jubilan y menos los que trabajan y además lo hacen en peores condiciones, llega un punto en el que el sistema ya no se sostiene. Como consecuencia de ello, la Seguridad Social ha ido incrementando su déficit desde el año 2011 hasta llegar al 1,7% del PIB en el 2016, debido a un aumento constante del gasto en pensiones, que ha pasado del 7,6% del PIB en 2008 al 10,7% en 2016. Además, las previsiones estadísticas, según el INE, señalan que este gasto continuará creciendo durante los próximos años y que a pesar de que se consiga reducir el desempleo al 6% en 2060, será insuficiente para compensar el incremento del gasto de las pensiones.
De este análisis puramente matemático se deduce que el sistema público de pensiones deja de ser sostenible y se colapsa. Pero también se deduce otro elemento que a menudo se deja de lado pero que es muy importante tener en cuenta a la hora de buscar soluciones: las causas que han provocado este desajuste vienen de la mala política laboral seguida por los gobiernos, es decir, el incremento del paro y el deterioro de las condiciones laborales. Y estas causas han sido provocadas por las reformas laborales llevadas a cabo por los diferentes partidos que han gobernado España. Señalo esta cuestión porque todas las medidas que se han implantado para tratar de parar el colapso del sistema público de pensiones no han sido más que auténticos parches totalmente inútiles y que en ningún caso han abordado el problema de fondo. Medidas como la modificación del número de años de cotización para el cómputo de la base reguladora de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación, el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la pensión o la limitación de la subida de las pensiones con un máximo en el 0,25% (que es la medida que ha creado el malestar actual), son medidas que no abordan en ningún caso las causas de fondo y que realmente lo que pretenden es ir deteriorando el sistema de pensiones de manera intencionada con el fin de sustituirlo por un sistema privado. A finales de 2013, el gobierno del PP aprobó (solo con sus votos) una reforma de las pensiones que desvinculaba su crecimiento de la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumo) al sustituirlo por el Índice de Revalorización (IR) y establecía un mínimo de subida en el 0,25% y un máximo en el 0,5% por encima del IPC. Durante los cuatro años siguientes, la subida aprobada ha estado siempre en el mínimo y, por tanto, por debajo del IPC, lo que ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo de los pensionistas.
En el año 2000 se creó el Fondo de Reserva (hucha de las pensiones) con el fin de garantizar el pago de las pensiones. Este Fondo llegó a alcanzar los 66.815 millones de euros en 2011, pero a partir de ese momento ha ido reduciéndose hasta alcanzar los apenas poco más de 8 mil millones en diciembre de 2017. Las pagas extras exigen cerca de 8 mil millones de euros adicionales, por lo que el Fondo de Reserva de las pensiones ya no es suficiente, lo que obliga a buscar otros mecanismos de financiación alternativos. El gobierno ha tenido que solicitar un préstamo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para poder pagar las pensiones del mes de diciembre de 2017.
Sin ninguna duda, quienes señalan que el sistema público de pensiones en España está quebrado y no existen soluciones reales para recuperarlo, están en parte en lo cierto. Pero lo que no dicen es que no ha habido una verdadera voluntad política por resolverlo y que las medidas aplicadas sobre el mercado de trabajo han acelerado aún más la posible quiebra de la Seguridad Social. ¿Porqué ha sido así? Porque detrás de un sistema privado o mixto de pensiones se esconde un gran negocio para los bancos, empresas aseguradoras y grandes grupos empresariales en general. El sistema público de pensiones en España ha sido históricamente uno de los pilares más importantes que sostiene el Estado de bienestar, desde que se constituyó el Retiro Obrero Obligatorio en 1919. Atentar contra él significa atentar contra el Estado de bienestar, y la crisis económica de 2007 ha sido la excusa perfecta para hacerlo. Es harto improbable que quienes están a favor de la privatización del sistema de pensiones en España, intenten buscar soluciones reales y efectivas a su situación actual. Alentar el negocio privado de los planes de pensiones les asegura el uso de las puertas giratorias, de manera que defender políticamente los privilegios de estas empresas les permite cobrar retribuciones astronómicas una vez abandonan los cargos políticos que ostentaban. El segundo sector que mayor número de exaltos cargos contrata es el bancario, tras el sector energético.
¿Es necesario mantener un sistema público de pensiones? y, si es necesario, ¿es viable?; o ¿lo mejor sería crear un sistema privado-mixto de pensiones al estilo anglosajón? La mayor parte de la población necesita de un sistema público de pensiones, sin ninguna duda. Con un incremento de las desigualdades económicas y de la pobreza, con un empleo de cada vez peor calidad, con salarios bajos y altas tasas de temporalidad, parece improbable que una gran parte de la población reúna las condiciones económicas adecuadas para contratar un plan de pensiones privado suficiente para garantizar un retiro digno. Por tanto, la eliminación del sistema público de pensiones incrementaría aún más la pobreza y las desigualdades en España, lo que afectaría al consumo y la caída de este al desarrollo económico del país. Una gran cantidad de ciudadanos quedaría excluido de las prestaciones por jubilación y dejaría de tener acceso a bienes y servicios de primera necesidad. Luego desde el punto de vista social es fundamental seguir manteniendo un sistema público de pensiones. Quienes defienden un sistema privado de pensiones, lo hacen pensando en el gran negocio que supondría para determinados grupos empresariales, especialmente para bancos y compañías aseguradoras.
El Estado tiene implantado un mecanismo de desgravaciones fiscales y de deducciones en la base impositiva del Impuesto sobre la Renta con el fin de promocionar los planes privados de jubilación y otros tipos de aseguramiento privado dotado con más de 2 mil millones de euros anuales. Sin embargo, hay que decir que no es oro todo lo que reluce, es decir, que se venden las pensiones privadas como un instrumento para aumentar las ganancias de los particulares, cuando se ha demostrado que la rentabilidad de las pensiones privadas en España es ridícula. Según un informe de la OCDE, la rentabilidad media de los fondos de pensiones privados en España durante el período 2008-2012 fue negativa y solo Estonia y Polonia presentaron una rentabilidad más baja que España. De los 257 fondos de pensiones privados que existen en España, solo el 1,16% de los mismos alcanzó una rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años. Por otra parte, el dinero que estas empresas consiguen a través de los planes de pensiones los utilizan para especular a través de diferentes tipos de fondos de inversión, entre ellos los fondos buitre. Estamos, por tanto, ante un negocio engañoso para los consumidores, nada ético y al que el Estado destina miles de millones de euros.
La siguiente pregunta que hemos de abordar es si es posible asegurar la viabilidad del sistema de pensiones. No cabe ninguna duda de que manteniendo el sistema económico actual es imposible que el sistema público de pensiones se sostenga. Los salarios más habituales en España ascienden a poco más de 16 mil euros brutos anuales, la devaluación salarial ha sido superior al 10% y el 90% de los contratos que se están creando al amparo de la última reforma laboral son temporales. En este contexto, no solo no es viable el sistema público de pensiones, sino el conjunto del sistema económico. La economía española, con una deuda pública superior al billón de euros y más del 100% del PIB y con un mercado de trabajo cada vez más precarizado, está al límite del colapso. No están en juego las pensiones, sino el conjunto del sistema económico español. Las decisiones en materia económica van directas al corazón del Estado de bienestar, y las pensiones son uno de sus pilares más importantes, como ya hemos señalado anteriormente.
Por tanto, ¿hay solución? Sí la hay, pero exige un cambio del modelo productivo. Mientras sigamos con un modelo productivo basado en la especulación y la temporalidad, va a ser imposible que el sistema económico se recupere. Para asegurar las pensiones y el resto de elementos que constituyen el Estado de bienestar, hay que tomar decisiones pensando en el largo plazo, pero también hay que adoptar medidas a corto plazo. A largo plazo, la única manera de garantizar la sostenibilidad de las pensiones es a través de un empleo de calidad, estable y con salarios altos. Las empresas han de ganar competitividad, no devaluando los salarios, sino apostando por el conocimiento y la innovación. El cambio de modelo productivo solo se consigue con un cambio de mentalidad de las empresas. Lo he dicho en más de una ocasión: empresas socialmente responsables, comprometidas con el entorno, capaces de crear valor añadido a través de la diferenciación, la calidad, el diseño y la innovación y dispuestas a retribuir justamente a sus empleados.
Solo así se consigue un sistema económico inclusivo y sólido. Pero el problema del pago de las pensiones es inmediato, por lo que hay que buscar soluciones a corto plazo. Agotado el Fondo de reserva, solo hay una opción: pagar las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado. Y para ello hay que incrementar los ingresos fiscales, no reducir los gastos sociales. Incrementar los impuestos a quienes más ganan y a las grandes fortunas, desde una visión de solidaridad y de justicia social, es clave en este proceso; al igual que lo es acabar con el fraude fiscal y crear mecanismos para que las grandes empresas paguen los impuestos que realmente les corresponde. Tampoco tiene sentido seguir aplicando exenciones y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de los empresarios, porque se ha demostrado que se trata de una medida totalmente ineficaz. Con estas medidas no se crea más empleo, sino que lo que se consigue es transformar empleo fijo y estable en empleo temporal y precario. La gran cantidad de recursos destinada a este tipo de medidas tan ineficaces, se podría dirigir a apoyar a las empresas en la implantación de sistemas de gestión basados en el conocimiento y la innovación, lo que redundaría en un empleo de calidad, asegurando así el pago de las pensiones del futuro. Otra medida que se podría tomar para incrementar los fondos destinados a las pensiones públicas sería eliminar las desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta por la contratación de planes de pensiones y otros seguros privados, que como ya hemos señalado supera los 2 mil millones de euros anuales. Con todas estas medidas se conseguiría una cantidad económica significativa que podría ir destinada al pago de las pensiones y de otro tipo de prestaciones sociales, asegurando así el Estado de bienestar.
Como se puede observar, existen múltiples medidas que pueden ayudar a mantener el sistema público de pensiones y asegurar su sostenibilidad, tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, no es cierto que las pensiones públicas no se puedan pagar y que haya que buscar otros instrumentos alternativos (o complementarios) como son los planes privados de pensiones. Estos últimos no son más que un negocio poco ético para bancos y compañías de seguros y que en ningún caso resolverían el problema de la quiebra del sistema. Que no nos engañen, quienes sostienen que la Seguridad Social está en quiebra y las pensiones públicas ya no se pueden pagar, son quienes buscan con estas medidas acabar con el Estado de bienestar y lucrarse personalmente. Otra economía es posible.
Texto: Joan Ramon Sanchis Palacio
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/el-dilema-de-las-pensiones-quien-y-como-pagarlas
