Después de 20 años de privatización del agua y la electricidad en beneficio de Veolia, Gabón acaba de decidir deshacerse de dicha multinacional francesa. En respuesta, el grupo francés ha recurrido de nuevo a un tribunal de arbitraje internacional, una estructura opaca que, dentro del marco de los tratados de inversión, se encarga de defender los intereses de las multinacionales frente a los Estados.
Desde la privatización de 1997, la empresa francesa Veolia disfrutaba de un monopolio absoluto sobre la distribución del agua y la electricidad en Gabón a través de su filial SEEG (Sociedad de Energía y Agua de Gabón), de la que controlan el 51%. Un acuerdo ventajoso mutuamente para la multinacional francesa y el régimen de Omar Bongo y, posteriormente, para su hijo Alí, ya que ambos poseían una parte de las acciones de la SEEG, a través de un holding familiar, con sus consiguientes y sustanciosos dividendos (800.000 euros según una investigación de Mediapart).
De repente, giro espectacular: el pasado 16 de febrero, el Estado gabonés rompió el contrato de concesión que le ligaba al grupo privado francés, procediendo de inmediato a la requisición de la SEEG. La concesión había sido renovada por cinco años en marzo de 2017, pero las negociaciones acabaron fracasando. Teniendo en cuenta su gestión desastrosa antes de recurrir a la privada, nada parece indicar que el Estado llegue a garantizar la provisión de agua y electricidad a la población después de más de 20 años de gestión privada con un balance más que moderado.
Veolia y el Estado Gabonés comparten probablemente la responsabilidad de la degradación de la situación, pero como el contrato firmado con Veolia ha sido mantenido en secreto por las dos partes, es difícil evaluar a quién incumbe más la falta flagrante de inversión y lo vetusto de las infraestructuras. El Gobierno y los más cercanos a la familia Bongo han ido acumulando impagos, beneficiándose hasta ahora de la indulgencia de la SEEG.
Declarándose ofuscado por la decisión de Gabón, el grupo francés ha denunciado una “grave violación de las normas de derecho” y se declara “víctima de una expropiación brutal por parte del Estado gabonés”. El pasado 8 de marzo, Veolia, a través de su filial SEEG, presentó una demanda de recurso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una oficina del Banco Mundial con sede en Washington.
El CIADI es uno de los principales tribunales de arbitraje internacional en los que se zanjan las disputas entre inversores y Estados, o, lo que es lo mismo, entre las grandes multinacionales y los gobiernos que atentan contra sus intereses. Opacos y estructuralmente inclinados a favor del sector privado, estos mecanismos llamados ISDS son el centro de la controversia de los acuerdos de libre comercio como el Tafta y el Ceta. Las empresas occidentales los utilizan desde hace tiempo contra los países del sur del planeta.
VUELTA A LA GESTIÓN PÚBLICA
Sin embargo, se constata forzosamente que Veolia se ha hecho muy impopular en el seno de la población gabonesa a causa de los numerosos apagones y cortes de agua. Según Mays Mouissi, analista económico gabonés, el descontento de la población está justificado: “Barrios enteros de Libreville y su periferia se quedan sin agua durante dos semanas sin que se registre un descuento del total a pagar en la factura. Veolia hace pagar varios millones de francos CFA a los usuarios por los postes de electricidad cuando éstos quieren conectarse a su red para luego atribuirse la propiedad de manera unilateral; a veces hay que esperar más de seis meses desde la solicitud de un contador (de agua o electricidad) hasta la instalación”.
El activista y defensor del medio ambiente gabonés Marc Ona Essangui cita concretamente el gigantesco apagón que sumió a Libreville en la oscuridad, justo en el momento de la celebración de Nochevieja, el 31 de diciembre pasado. Él opina que el grupo francés y su filial someten a los gaboneses a un esclavismo disfrazado. “Hay que nacionalizar la SEEG, poner los medios, poner a los gaboneses a la cabeza de la SEEG. ¡Que estamos en 2018!”, exclama un gabonés en el momento del nombramiento de la nueva dirección provisional de la SEEG.
En pleno centro de la capital, Libreville, numerosos ciudadanos recolectan el agua de lluvia o hacen idas y venidas hasta los pozos más cercanos… El ministro del Agua y la Electricidad, Guy Bertrand Mapangou, afirma que las tarifas han aumentado “más del 75% las de electricidad y más del 88% las de agua en 19 años”, desde que Veolia gestiona la distribución. Se olvida de mencionar que estos aumentos fueron también en beneficio de los intereses del clan Bongo. El Gobierno de Gabón ha denunciado asimismo a la empresa francesa por llevar a cabo acciones contaminantes. Estos hechos han sido confirmados por las organizaciones de la sociedad civil gabonesa, como Brainforest, que se ha preguntado públicamente por qué el Gobierno no había denunciado antes, a pesar de que les habían alertado repetidamente en el pasado.
VEOLIA, ¿ADICTA AL ARBITRAJE INTERNACIONAL ?
Gracias al maná financiero de la gestión privada del agua en Francia, Veolia y su competidora Suez llevaron a cabo una política agresiva de expansión por todo el mundo desde los años 1990. Sin embargo, poco después de la “guerra del agua” de Cochabamba en Bolivia, en el año 2000, las multinacionales del agua sufrieron fracasos rotundos. Muchas ciudades del mundo entero, e incluso en Francia, eligieron deshacerse de sus prestatarios privados o no renovar sus contratos (léase el informe publicado por el Observatorio de las Multinacionales con el Transnacional Institute (TNI) y otros: Agua pública, agua de futuro. La experiencia mundial de la remunicipalización). Paralelamente, los conflictos entre las autoridades públicas y las multinacionales del agua, como ocurre hoy en Gabón, se han multiplicado.
Dentro de semejante contexto, la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional privado es el arma preferida para un grupo como Veolia, que no ha dudado en utilizarla en numerosas versiones. El 20 de agosto de 2007, por ejemplo, el CIADI ya había condenado a la provincia argentina de Tucumán a pagar 105 millones de dólares en concepto de daños, más intereses y gastos, a Veolia, que operaba entonces bajo el nombre de Vivendi, y a su filial argentina, la Compañía de Aguas de Aconquija, tras la pérdida de la concesión del agua de la provincia, rescindida en 1997.
Debemos recordar que en abril del 2015 el CIADI condenó a Argentina a pagar 405 millones de dólares (380 millones de euros) de indemnización a Suez Environnement —que reclamó 1.200 millones de dólares cinco años antes— por haber vuelto a nacionalizar el servicio del agua de Buenos Aires en 2006, después de años de conflictos a causa de la falta de inversión y de una bajada en la calidad del agua potable. Veolia también se vio implicada en este proceso como accionista minoritaria de la nueva empresa nacionalizada.
Otro objetivo emblemático: Egipto. El aumento del salario mínimo egipcio de 400 a 700 libras al mes (de 41 a 72 euros) le pareció inaceptable a la multinacional, que presentó una querella ante el CIADI contra Egipto el 25 de junio de 2012. Según Veolia, las nuevas categorías salariales infringían los compromisos contraídos dentro del marco del convenio de colaboración público-privado firmado con la ciudad de Alejandría para el tratamiento de residuos y que reducían el margen de beneficio de la empresa.
UN ARMA ANTIRREMUNICIPALIZACIÓN
En Lituania, Veolia gestionaba el servicio de calefacción urbana de la capital, Vilnius, y de otros nueve municipios, pero la sociedad francesa aplicaba costes muy elevados y los fiscales lituanos la acusaron de manipular los precios de la energía y le impusieron varias multas. El municipio de Vilnius decidió finalmente no renovar su contrato de 15 años con el grupo francés, que finalizaba en 2017. Veolia reaccionó llevando por primera vez a un Estado europeo ante el CIADI y reclamó a Lituania 100 millones de euros en enero de 2016, antes de exigir 120 millones de euros de indemnización en abril de 2017.
Veolia afirma que las autoridades lituanas se negaron a compensar las pérdidas de sus filiales Vilniaus Energija y Litesko, sufridas a causa de los cambios legislativos y reglamentarios que la empresa juzga discriminatorios. Por su parte, el Ayuntamiento, que acusa a Veolia de imponer tarifas prohibitivas, responde en abril de 2017 declarándose listo para reclamar a Veolia 200 millones de euros ante el tribunal de arbitraje de Estocolmo.
Tampoco hay que olvidar que todos estos procedimientos de ISDS puestos formalmente en marcha no son más que la punta del iceberg. Por una parte, ciertos procedimientos no se hacen públicos, y por otra, la simple amenaza de recurrir a este tipo de arbitraje es a menudo suficiente para intimidar a las autoridades públicas, que desearían remunicipalizar sus servicios o por lo menos renegociar los contratos.
En Marruecos, recientemente, la amenaza de la no renovación del contrato en Rabat con Redal, la filial de Veolia a cargo de la distribución del agua y la electricidad, llevó al grupo francés a anunciar en los medios que había contratado los servicios de un gabinete de abogados especializados para preparar una nueva reclamación ante el CIADI.
Los acuerdos de libre comercio, a través de los mecanismos ISDS y otras disposiciones como a las cláusulas “sin retorno” una vez que un sector ha sido liberalizado, aparecen como una amenaza directa para las autoridades públicas y los ciudadanos que deseen volver a debatir la privatización de servicios básicos como el agua o la electricidad. Por esa razón, sin duda, el Gobierno francés y los demás gobiernos europeos, sensibles a los intereses de sus multinacionales, continúan promoviendo la adopción de tales acuerdos a pesar del descontento del público. El último ejemplo hasta la fecha: Francia acaba de pedir a sus socios europeos que “se aceleren” las negociaciones en vistas a la firma de un tratado de inversión entre la Unión Europea y Japón. ¿Hace falta destacar la conexión con el hecho de que Veolia esté intentando implantarse en el archipiélago japonés?
Por lo que respecta a Gabón, una cosa está clara: con el procedimiento opaco del arbitraje internacional privado no se sale de la lógica de negociaciones secretas y de acuerdos a los más altos niveles entre Veolia y el Gobierno de Ali Bongo. En detrimento de los gaboneses mismos. Régis Essono, activista de la asociación Survie y del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM), lucha por la auditoría ciudadana de la deuda pública de Gabón. Nos da parte de su preocupación: “La población gabonesa se arriesga a ser la gran perdedora de este combate. Constatan ya que el servicio todavía es igual de catastrófico, a pesar de la salida de Veolia. Sobretodo teniendo en cuenta los elementos de los que disponemos por el momento, no veo que Veolia pueda perder el combate jurídico y no recibir una enorme compensación, que privará aún más a la población gabonesa de recursos de los que ya son expoliados y privados por sus dirigentes”.
