La campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión, formada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se presentó ayer con un objetivo fundamental: que se conozcan y se discutan públicamente los distintos acuerdos con los que la Unión Europea quiere profundizar su política comercial.
Nueve tratados en marcha, uno por definir y un tribunal para dominarlos a todos y volver a legitimar a los denostados mecanismos privados de arbitraje. La Unión Europea ha acelerado las negociaciones de acuerdos comerciales y su brazo armado, la Comisión Europea, ha afinado las cuerdas para que los debates pasen desapercibidos a la opinión pública europea e, incluso, a los parlamentos nacionales y federales.
La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión se presentó ayer, 19 de junio en Madrid, para denunciar su preocupación por la ofensiva liberalizadora que la Unión Europea ha desarrollado en 2018 y poner en marcha un espacio unitario de información y movilización contra “el modelo comercial que apuntalan estos tratados”.
Decenas de organizaciones sociales, ecologistas y de consumidores, entre las que están Comisiones Obreras, UGT, Greenpeace y Ecologistas en Acción, han sido las primeras en adherirse a un manifiesto con el que se pretende revitalizar la lucha contra los acuerdos comerciales, después de la exitosa campaña contra el TTIP y el tratado con Canadá, CETA, que, no obstante, no pudo impedir que éste entrase en vigor en septiembre de 2017, pese a no haber sido ratificado —aún—por todos los parlamentos nacionales de la UE.
España ha sido uno de los puntales de los acuerdos alcanzados hasta ahora. El Congreso y el Senado ratificaron el acuerdo con Canadá, y el rodillo de PP, PSOE y Ciudadanos hace previsible que el Gobierno de Sánchez no se desvíe de la hoja de ruta marcada por la Dirección General de Comercio de Cecilia Malmström. Aún así, la campaña No a los Tratados Comerciales e Inversión reclama un “debate parlamentario y público” antes del 26 de junio, cuando se debe producir la reunión de Consejo de la UE para dar el visto bueno al tratado con Japón.
CETA
A pesar de que el acuerdo ya se está aplicando, quedan incógnitas en torno al tratado con Canadá. En España, está pendiente un recurso de constitucionalidad sobre el CETA que pasará esta semana por el registro del Congreso de los Diputados, según anunció ayer Unidos Podemos en la rueda de prensa de la campaña contra los tratados.
El nuevo ejecutivo italiano, por boca de su ministro de agricultura también ha amenazado con hacer naufragar el acuerdo con Canadá. El camino hacia su ratificación es complejo y, desde la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, confían en que se revierta la implementación provisional que la Comisión Europea consiguió tramitar en otoño de 2017. El próximo martes tiene lugar también la primera audiencia del Tribunal de Justicia de la UE para analizar si el tribunal de arbitraje incluido en el CETA es compatible con el derecho comunitario.
TRATADO UE-JAPÓN (JEFTA)
Es uno de los tres tratados cuya fase de negociación ha concluido ya. Se acordó sin deliberación previa con organizaciones sindicales y con un movimiento táctico por parte de la Comisión Europea y Japón que quitó lastre a las discusiones: al prescindir de los polémicos tribunales de arbitraje privados (ISDS), la negociación pudo concluir en diciembre de 2017.
Se trata de un acuerdo que la Comisión Europea ha categorizado como de “competencia exclusiva” de la UE, lo que impide que los 30 parlamentos nacionales y regionales de los países miembro de la UE puedan votarlo, pese a que tendrá impacto sobre políticas como la contratación pública y los servicios o los sectores como el agrícola y el metal. La fechas clave son el 26 de junio, cuando el Consejo de la UE daría aprobación al tratado UE-Japón para que pueda ser firmado el 11 de julio.
TRATADO UE-SINGAPUR
Otro tratado concluido y a falta de firma. Es un acuerdo de calado ya que Singapur es, de facto, un paraíso fiscal y una pieza clave en el transporte comercial marítimo mundial. Es un espejo del Jefta en cuanto a que ha sido considerado de “competencia exclusiva” de la UE y por tanto no será ratificado por los Gobiernos europeos si no se produce una contestación de la sociedad civil. Con Singapur se ha negociado un tratado comercial que no pasará por los parlamentos nacionales y otro sobre la protección de la inversión que incluye un apartado para la instauración de tribunales de arbitraje (ISDS), lo que puede demorar su aplicación.
TRATADO UE-VIETNAM
Muy similar a la situación del tratado con Singapur. La UE quiere ratificarlo cuando antes, aunque no se descarta la separación de los mecanismos ISDS en un acuerdo paralelo para no retrasar demasiado su firma. Entre los temores de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, están las pésimas condiciones laborales en Vietnam, que funciona como “maquila” de China —trabajos poco cualificados y con bajos salarios—, una controversia que, aseguran, tampoco se resolverá con la ratificación por parte de Vietnam de convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El problema es el modelo de producción y consumo que impone la globalización, afirman desde la campaña.
TRATADO UE-MÉXICO
La Unión Europea y México llegaron a un “acuerdo político” el pasado mes de abril para “modernizar” el tratado comercial firmado hace 20 años, aún vigente. La UE entra en el “territorio Trump” en un momento en el que se ha complicado la renegociación del Nafta —tratado firmado entre EE UU, México y Canadá— por la imposición por parte del presidente estadounidense de aranceles sobre acero y aluminio a sus vecinos y las políticas migratorias antilatinas como uno de los ejes de su mandato.
Las tensiones quedaron patentes en la fracasada cumbre del G-7 en Canadá. En ese contexto, el nuevo Gobierno de México —el país celebrará elecciones el 1 de julio— tendrá un pie y medio vinculado a la agenda neoliberal de la Unión Europea.
TRATADO UE-MERCOSUR
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay componen Mercosur, el área de deseo de la Unión Europea en América del Sur. El acuerdo está muy avanzado aunque quedan puntos calientes por resolver. La UE pretende cerrarlos en julio. Los principales desacuerdos están relacionados con el tira y afloja en torno a la importación y exportación de automóviles, carne y agrocombustibles así como con el transporte marítimo.
TRATADO UE-CHILE
Al igual que con México, la UE pretende actualizar el acuerdo vigente con Chile desde el año 2000. El 13 de junio, el Parlamento Europeo instó a que se produjera esa actualización antes del final de la legislatura, algo bastante inviable. La resolución se produjo una semana después de la tercera ronda de negociaciones con el país del Pacífico.
TRATADO UE-AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
En estos últimos días, la comisaria Malmström viajó a Australia y Nueva Zelanda para reunirse con sus contrapartes e inaugurar las negociaciones de tratados comerciales similares al CETA o JEFTA. Considerando los intereses de estos países para exportar más carne y recursos naturales como carbón o uranio, podría agravar muchos problemas ya existentes en estas áreas.
TRATADO UE-REINO UNIDO
El laberíntico proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea después del Brexit debe dar lugar a un acuerdo comercial en la línea marcada por el CETA. La batalla comercial entablada por Estados Unidos mediante los aranceles al aluminio y el acero puede decantar la firma de un tratado que, o bien profundice la visión neoliberal del multilateralismo y deje en papel mojado las promesas de relocalización del trabajo que hicieron los partidarios del Brexit, o que se base en las promesas de un replanteamiento de la política comercial del país anglosajón realizadas por el líder laborista Jeremy Corbyn. Las negociaciones del Brexit muestran que tanto el librecambismo de la UE y el mal entendido proteccionismo de Trump persiguen un objetivo común de mercantilización.
EL TRIBUNAL MULTILATERAL DE INVERSIONES
El diagnóstico de la Comisión Europea en las negociaciones con Canadá, Estados Unidos y Japón fue claro: los tribunales privados de arbitraje (ISDS) despiertan oposición política y son un escollo a menudo insalvable, ya que su rechazo por parte de la opinión pública va en aumento. En enero, la campaña contra los acuerdos comerciales entregó al Ministerio de Economía y Competitividad 417.000 firmas contra el sistema de arbitraje de inversión.
El rechazo popular al TTIP y CETA y la negativa de Japón a firmar el Jefta se modificara el sistema ISDS, ha llevado a la Comisión Europea a implementar un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), que solo permitiría interponer demandas a los inversores. La Comisión espera que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL) apruebe el comienzo de las negociaciones antes del final de la actual legislatura europea.
TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA
España es uno de los países del mundo más demandados ante los tribunales de arbitraje ISDS. El Estado se arriesga a tener que compensar a multinacionales y fondos de inversión por una cantidad de 7.565,8 millones de euros. Las 40 demandas de arbitraje contra España se basan en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo internacional muy poco conocido y firmado en 1994 que garantiza a los inversores amplios derechos para demandar cuando consideran que las medidas tomadas por un gobierno afectan sus ganancias. Por ello, la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión ha demandado del nuevo gobierno del PSOE que España se retire de este tratado como hizo Italia en 2015.
