El estado y la clase política (toda), en nombre de la “ley y el orden”, se desentienden de la realidad social y encima nos criminalizan cuando disentimos, no obedecemos y salimos a las calles a pelear por nuestros Derechos.
El tema de las “elecciones y Catalunya”, les viene de lujo para seguir ocultando la realidad de la crisis social que padecemos la mayoría social, especialmente las clases asalariadas empleadas, paradas, desocupadas, pensionistas, jóvenes, mujeres y migrantes.
Crisis social grave que afecta al empleo, a las prestaciones sociales, a las pensiones públicas, a los hogares y a los cuidados de las personas dependientes, así como al calentamiento global, con afectación del 79% del territorio español y sus repercusiones en la agricultura y la soberanía alimentaria.
La EPA del tercer trimestre, además de mostrar la “desaceleración de la economía”, deja varios indicadores demoledores: El verano deja solo 16.200 personas desempleadas menos, su peor cifra desde 2012 y el desempleo se reduce en la menor tasa desde hace siete años, lo cual sitúa la cifra de personas paradas “oficialmente” en 3,2 millones, siendo los hombres quienes aumentaron el empleo en 74.300 y por el contrario las mujeres incrementaron el desempleo en 4.900.
A la vez que se incrementa la brecha de género en el empleo -por lo tanto se incrementa la desigualdad-, también lo hace en el desempleo, donde las mujeres soportan una tasa de “desahucio” de sus empleos superior en 3,91puntos.
El descenso de los desempleados en verano (16.200) se debe solo a la reducción del desempleo entre los hombres (-33.700) mientras que el número de mujeres paradas aumentó (+17.400). Estos datos dieron como resultado un aumento de la tasa de paro de las mujeres (hasta el 15,92%) y una caída de la de los hombres (situada en el 12,17%).
Quienes pierden el empleo, son los millones de personas empleadas precariamente (contratos temporales) en los servicios ligados a la temporada turística y a la hostelería, por dos factores coyunturales: el frenazo del turismo en el estado español y los miles y miles de contratos a tiempo parcial, los cuales son obligados a trabajar el doble de la jornada “legal”, ahorrándose el empresariado miles de puestos de trabajo.
El número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó en el último trimestre y volvió a superar el millón: 1.010.000 hogares.
El Informe Arope, que mide la pobreza en la U€, dice que el 21,5 % de la población española, es decir, algo más de 10 millones de personas, están en Riesgo de Pobreza, siendo la población desempleada quienes mantiene las tasas más altas de riesgo de pobreza y dentro de este colectivo son las mujeres quienes más sufren esta ausencia de derechos fundamentales a vivir con dignidad.
El 13% de las personas con empleo vive por debajo del umbral de la pobreza europeo, este ratio solo es superado por dos países, Grecia y Rumanía. Es decir, estamos hablando de casi 2,8 millones de personas que trabajan y son pobres.
Nuestros sistemas públicos de protección: desempleo, ausencia de rentas básicas y la mayor privatización de la salud y la educación, aumentan la pobreza y la privatización de bienes básicos para vivir, con especial incidencia en ese más de 1 millón de hogares donde todos sus miembros están en paro.
Pero para una parte minoritaria de la población, la “feria de la economía” les va de lujo: En el 2010 en el Estado Español se contaba con 172.000 millonarios, pues bien, en el 2019 alcanzaba la cifra de 979.000.
61 españoles(as), cuentan con un patrimonio valorado en más de 500 millones de dólares (447,7 millones de euros) y el banco que hace estos estudios (Credit Suisse) también estima que el número de millonarios españoles crecerá un 42% en los próximos cinco años, hasta situarse en 1.394.000 en 2024
Y el gobierno y la clase política, pues siguen haciendo política para esa parte beneficiada, mandando a Bruselas el Plan Presupuestario del Reino de España para el 2020, donde garantizan que el gasto social (educación, sanidad, dependencia, empleo…) sigue no solo congelado, sino disminuido respecto al 2008 y, por sino quedaba claro, que no van a revertir ninguna de las “leyes” que eliminaron derechos laborales y sociales de la mayoría de la población (Reforma Laboral, recortes en Servicios Públicos, Ley Mordaza, etc.), y le dicen a Bruselas que implementarán la “mochila austriaca” que, en síntesis, significa que las personas trabajadoras se van a pagar sus despidos y su complementación de las pensiones, cuando lleguen a los 67 o 70 años a jubilarse.
Y si las clases asalariadas, las personas pensionistas, las mujeres, las desahuciadas… disienten, desobedecemos a estas leyes que atentan contra los Derechos Fundamentales de las personas y salimos a las calles a reclamar Justicia Social, su “estado y todos sus aparatos judiciales y represores” nos aplicarán la “ley el orden constitucional” para garantizar la rentabilidad del capital, la riqueza de una minoría y los derechos (todos) de los poderosos.
CGT se declara insumisa y desobediente con este sistema criminal y absolutamente injusto, y seguimos y seguiremos luchando por la Justicia Social, al estar convencidas de que es el único lenguaje que entienden los poderosos.
