CGT Cantabria

El abandono del sector social por parte de las instituciones y grandes sindicatos se está viendo con toda su fuerza en la pandemia provocada por el coronavirus. Olvido de estos supuestos agentes sociales, entre los que incluimos al equipo de gobierno como máximos responsables de los servicios sociales, a la hora de reclamar condiciones dignas para profesionales y personas usuarias de estos recursos. De esta manera, no se han hecho públicas las cifras de contagios ni fallecidos en lo recursos que gestionan estas empresas concesionarias, ni se han reclamado medidas de protección adecuadas para todas las personas relacionadas con este sector.

En una emergencia sanitaria, tal y como estamos viviendo y con un gobierno autodefinido como progresista y al servicio de las clases populares, lo mínimo que podíamos esperar, al igual que hacen en la sanidad y educación, es que defendieran los servicios públicos, apostaran por la gestión pública y criticaran nuestra situación laboral como profesionales del sector social a la par que defienden nuestra profesión.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el Real Decreto aprobado por este gobierno el 4 de noviembre otorga la cantidad de casi 27 millones de euros estando la mayor parte destinado a entidades gestoras que explotan nuestros recursos con un simple fan recaudatorio. Empresas concesionarias que bajo la denominación de ONGs o fundaciones se esconden fondos buitre, empresas de servicios y otros organismos sin el menor interés en la rehabilitación e integración social. Entidades gestoras que han recibido enormes cantidades de dinero público por prestar unos servicios a costa de aplicar lamentables condiciones salariales y laborales a sus plantillas, y sin el mínimo control por parte de las administraciones acerca de cómo se ha gestionado ese dinero.

Empresas que se aprovechan del voluntariado para sus fines como Cruz Roja, que promueven la caridad y no la justica social como Cáritas o que han ejecutado despidos en masa como la ONCE, son algunas de las instituciones que más dinero reciben por parte del gobierno, junto con otras tantas que se niegan a cumplir nuestros convenios ya de por si entre los más precarios del estado. Ingresos que no estarán obligados a justificar, por lo que no ya solo como trabajadores del sector, si no como contribuyentes, supone una total falta de transparencia, lo que no es nuevo pues, por ejemplo, los salarios de los directivos de las empresas que han reciben algún tipo subvención seguirán siendo secretos a pesar de que están pagados con dinero público, al igual que el dinero que destinan a la compra de inmuebles y otras actividades alejadas de sus supuestos fines.

Este Real Decreto es una nueva decepción para un gran número de profesionales que teníamos puestas muchas esperanzas en este equipo de gobierno y, sobre todo, en Unidas Podemos, pues creíamos que por fin nuestro sector iba a ocupar el lugar que se merece dentro del estado de bienestar y ocupar un espacio dentro del discurso político que nunca hemos tenido. Por el contrario, esta iniciativa respalda todavía más a unas empresas concesionarias que han mostrado un desprecio absoluto por la seguridad de profesionales y personas usuarias.

La gestión privada de los recursos de atención social ha demostrado ser un fracaso, por lo que desde CGT-Diversidad Funcional exigimos que los poderes públicos comiencen a dar los pasos necesarios para la implantación de la gestión pública de nuestros recursos como medida más racional para optimizar el gasto público, asegurar la mejor atención y proporcionarnos unas condiciones laborales acordes a la importancia, responsabilidad y exigencia que tiene nuestro trabajo.