Los Sindicatos del régimen vuelven de su “incomparecencia” en los años de la Gran Estafa y lo hacen al estilo de siempre: Pacto Social interclasista, con quienes fueron son y serán los ejecutores de todas las políticas de destrucción de derechos laborales y sociales, la clase empresarial.
Este “consenso”, llamado Paz Social o espíritu de la Transición, como le gusta decir a la nueva Ministra de Trabajo, ha sido desde 1977, con los Pactos de la Moncloa, lo que ha anclado las relaciones laborales a tres pilares básicos: la flexibilidad laboral, la moderación salarial y la libertad empresarial sobre la fuerza de trabajo.
Desde el Estatuto de los Trabajadores, en el año 1980, hasta las últimas Reformas Laborales del 2010 (del PSOE) y del 2012 (del PP), los “Sindicatos del sistema” han garantizado que los Pactos Sociales firmados con la Patronal, los harían cumplir disciplinando a la clase obrera, actuando como verdaderos “agentes sociales”, para garantizar el crecimiento de la economía, es decir la tasa de ganancia del capital o los beneficios del capital.
El contrapoder de la clase obrera, el conflicto y la lucha solidaria, fue garantía de derechos laborales y sociales. Abandonado el conflicto laboral y social, la clase empresarial ha ido asumiendo todo el control sobre la organización del trabajo, tanto en el acceso (contrataciones), como en la permanencia en el trabajo (condiciones laborales), como en la salida (despidos).
Hoy tenemos una clase obrera no solo precarizada y empobrecida, sino desmovilizada (a excepción de ciertos sectores, los más precarizados, que estallan puntualmente), e indefensa para revertir la inseguridad jurídica y social que padece cuando la contratan (el fraude en las contrataciones, tanto en los mercados privados, como en los públicos, es la norma); para tener un mínimo de dignidad en sus condiciones laborales (salarios, salud, negociación colectiva, derecho de huelga y libertad sindical) y para frenar la “libertad absoluta” del capital cuando nos echan a la calle. Este crimen social, el del despido libre y muy barato, es el reino de la impunidad jurídica empresarial que asienta el modelo social de injusticia en que vivimos.
Las subidas salariales “pactadas”, que son solo recomendaciones, es decir, “oraciones a la virgen de Lourdes”, lo mismo que recomendar un salario mínimo de Convenios en 14.000 € en tres años y que los convenios (gran parte de ellos ya están “liquidados”) conserven la vigencia mientras se negocia, o que se deje de abusar de las “contratas y subcontratas” como factor de empeoramiento de las condiciones salariales…, no son producto del conflicto de millones de asalariados y asalariadas, sino que es un mandato del BCE, la OCDE, el FMI y la Comisión Europea, que quieren asegurar que el “crecimiento de la economía producido desde el 2014”, es decir, el crecimiento de la Tasa de Ganancia y Explotación (los beneficios empresariales se encuentran en cifras superiores a los mejores años de la década de especulación de la economía del ladrillo y los servicios), pueda continuar.
Clases asalariadas que “no consumen” porque se les ha robado “generosamente”, tanto en sus salarios directos (salarios), como en los indirectos (prestaciones de desempleo y pensiones) y en sus derechos sociales (salud, educación y cuidados…) y claro, el sistema, para seguir acumulando, necesita desposeer a la mayoría social, bien directamente (plusvalías), bien indirectamente a través del consumo, pero si esa mayoría social tiene la “faltriquera” casi vacía, el capital se “enfada” y, o bien mete sus excedentes en “fondos” o bien simplemente deslocaliza a otros “mercados”.
El PSOE, sus Ministras, las económicas y las de trabajo, han dejado algo claro: cumpliremos con Europa, el déficit es sagrado y no vamos a derogar Reformas Laborales, sino a “instar a los agentes sociales” a pactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, donde la flexibilidad laboral, el control salarial, es decir la moderación salarial y los “despidos libres”, continúen rigiendo las relaciones laborales… eso sí, “con consenso y espíritu de la Transición”.
Renunciaron al conflicto y estuvieron desaparecidos durante esos diez largos años de la “crisis-estafa”, por eso ahora las consecuencias se miden en pérdida de libertad para el trabajo, eliminación de casi todos los derechos laborales y pérdida de derechos sociales fundamentales para la vida.
Reaparecer en escena ahora con el IV AENC, no es sino acudir a la llamada de Empresarios y de las clases poderosas (políticos incluidos), para garantizar la tasa de ganancia del capital.
La clase obrera, la mayoría social, solo recuperando el conflicto laboral y social, tendrá alguna garantía de recuperar y avanzar en sus DERECHOS.
SECETARIADO PERMANENTE DE LA CGT
