por JESÚS MAGALDI, abogado, miembro del Colectivo Preocupados
“Si el mundo está en guerra, sólo queda luchar y bailar con dignidad” (LOS BONITOS DEL NORTE)
En mis idas y venidas por este mundo, París ha ocupado un lugar muy importante. Desde mi infancia, cuando veía y releía en casa de mis padres las guías de los años 60 cuando visitaron París, se despertó mi curiosidad por esta ciudad.
Más adelante con el paso del tiempo cuando la visité por primera vez, pude ya comprobar en persona todas esas sensaciones de que me habían hablado.
Esta última semana, las noticias que llegan de París me han desconcertado y me duele ver a esta ciudad que admiro y en la que he pasado tan buenos ratos tan aterrorizada y “atacada”. He podido disfrutar de sus gentes, de Aryam, el hindú dueño de aquel hotel en el Barrio Latino, de Mohamed, el guía del Louvre, de Mamadou, el senegalés de la tienda de telas de Château Rouge, de Catherine, la bretona que me ayudó a encontrar la guía del Loire en Les Halles, en fin parisinos y parisinas de todas partes.
Se ha instalado un clima de terror, donde los mandatarios franceses hablan de “encontrarnos ante una guerra”. Si es así, debemos reflexionar contra quien, que nos ha llevado a ello y si los ciudadanos también vemos “esa guerra” y si participaremos de ella.
Hace ya una semana que se produjeron los ataques a la población en París por parte de terroristas yihadistas y, en vez de irse imponiendo la normalidad, la ciudad se encuentra bajo un estado de emergencia impuesto desde el día 14 de noviembre de 2015 por el Decreto 2015/1476 del Gobierno francés.
Este Decreto hace aplicación de la Ley 55/385, de 3 de abril de 1955, por al que se instituyo el estado de urgencia para su aplicación en Argelia.
La declaración de este estado supone la implantación de una regulación de excepción que supone básicamente la suspensión de derechos fundamentales de las personas, estableciendo medidas, como las previstas en el artículo 5:
- Prohibir la circulación de personas y vehículos en los lugares y en las horas establecidas, de manera similar a un toque de queda.
- Establecer zonas de seguridad y protección en las que la permanencia de personas esté regulada.
- Prohibir la estancia en toda o en parte de la región de toda persona que intente impedir la acción de los poderes públicos.
- Prohibición de concentraciones y manifestaciones o cierre provisional de ciertos lugares de reunión (teatros, salas de fiestas)
Además, se ha previsto también la aplicación del artículo 11 de la Ley 55/385 de 1955 que dispone otra serie de medidas extraordinarias y limitadoras de derechos que son:
- Otorgar a las autoridades administrativas previstas en el artículo 8 el poder de ordenar registros domiciliarios de día y de noche.
- Habilitar a esas mismas autoridades a tomar las medidas que aseguren el control de la prensa y publicaciones de toda clase así como las emisiones radiofónicas, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales.
La infracción de estas normas conlleva el encarcelamiento entre 8 días y 2 meses y el pago de una multa de 3.750 euros.
La última medida adoptada es prorrogar el estado de emergencia por tres meses, hasta febrero de 2016.
En ella, se recoge, además de las medidas citadas, que podrán limitarse las comunicaciones de las personas sometidas a arresto domiciliario y que podrán ser disueltas todas las organizaciones o asociaciones que “participen, faciliten o inciten a la comisión de actos que supongan un atentado grave al orden público y que acojan en su seno a personas en arresto domiciliario”.
¿Realmente es necesario tomar estas medidas limitadoras de derechos y libertades fundamentales? Son los ciudadanos de a pie los que ven limitados sus derechos por un período prorrogado por tres meses, hasta febrero del 2016.
Los mandatarios franceses, como expuse más arriba, justifican todas estas medidas con el argumento de que “estamos en una guerra” contra el Estado Islámico y la Yihad.
Respecto a estos grupos que ahora son calificados como enemigos peligrosos, debemos preguntarnos ¿de donde surgen?, ¿cómo se financian?, ¿cómo consiguen las armas de que disponen para las acciones que realizan?. Nada es aleatorio y se hace necesario encontrar respuesta a estas preguntas. No es este artículo el lugar donde encontrar esas respuestas. Sólo abro el espacio para la reflexión y el debate sosegado y reflexivo.
Volviendo más atrás, retomaré la cuestión del recorte de libertades y derechos fundamentales. No es la primera vez que asistimos a un hecho de esta naturaleza, vivimos el 11-S en Nueva York, el 11-M en Madrid, en el Estado español durante los años 80-90 la violencia terrorista y en ninguna de estas ocasiones se tomaron medidas como las que ha decretado el Gobierno francés.
En nuestro país, solamente se ha declarado en una ocasión el estado de alarma del artículo 116 de la Constitución de 1978 y fue con ocasión de una huelga laboral, de controladores aéreos, en diciembre de 2010.
LA EXCEPCIÓN SE TRANSFORMA EN NORMA Y ACABAN CONSIGUIENDO QUE SEAN ACEPTADOS SUS POSTULADOS Y QUE NUESTRA VIDA COTIDIANA PIERDA PRECISAMENTE SU NORMALIDAD.
Sin embargo, las tendencias actuales van en la línea de recorte de libertades y derechos fundamentales.
En los últimos tiempos, es el Derecho Penal de la Peligrosidad la tendencia imperante en el derecho sancionador.
Esto supone que se sancionen conductas a las que la “autoridad competente” atribuye el papel de llevar a la comisión de actos delictivos aunque dichos actos no se hubieran cometido.
Es un derecho preventivo, una normativa de excepción, quebrando la relación lógica entre la falta y la sanción, o el delito y la pena. Un sistema autoritario, sea democrático o no, se define respecto a su enemigo y en la actualidad la etiqueta de “terrorista” cuadra a la perfección.
Ante la situación actual de crisis económica, de recursos, de valores que están viviendo los Estados Occidentales que ha conducido a la quiebra de sus discursos y de sus políticas del bienestar, estos Estados se “arman” y buscan enemigos como causantes de sus debilidades y de sus fracasos, ya sea el movimiento anarquista, las corrientes “antisistema” o el “terrorismo yihadista”.
Los Estados se dotan de herramientas para combatir a estos nuevos “enemigos” y todo ello se traduce en normativas de excepción, donde los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos se ven recortados y las poblaciones sometidas a estados de excepción que conducen a un control social de las mismas.
Reflexionemos buscando los porques de este momento y no dejemos que los árboles no nos impidan ver el bosque.
Fuente: http://www.elfaradio.com/2015/12/02/que-los-arboles-no-nos-impidan-ver-el-bosque/
Francisco Molero Ojeda es un joven de 27 años natural de Cuevas de San Marcos (Málaga), con una larga trayectoria en los movimientos sociales, políticos y sindicales.
