Construyamos otra Europa. Tenemos que ser capaces de levantar una Europa que centre su atención en las personas, para que sean atendidas en sus necesidades, y no como en la actualidad, que dedica la mayor cantidad de recursos en potenciar y consolidar el poder y usura de las grandes entidades bancarias, y multinacionales, estando y muy lejos de la Unión Europea que deseamos.
La CGT, convoca a las Euromarchas 2015 para exigir un cambio radical en las políticas de la Unión Europea de austeridad, deuda, paraísos fiscales y tratados de libre comercio que imponen la privatización de los servicios básicos como la salud, la educación la dependencia, el agua etc.
Hacemos un llamamiento a las afiliadas y afiliados para que la CGT se haga visible en la calle, sobre todo, y de forma organizada en las movilizaciones que tendrán lugar en las distintas ciudades por donde pasa el autobús de la marcha.
Porque la movilización es el único camino, acude al llamamiento de tu Sindicato ó F.L. Os envío la convocatoria para Madrid de los días 3 y 4 de Octubre. Esperamos que la CGT, esté a la altura de la situación de emergencia social que vivimos y responda como siempre con la movilización.
Te convocamos:
– El 3 de octubre a sumarte a las columnas en las que se concentrará la CGT y que confluirán en una concentración en Cibeles a las 18:30 h.
Y a las 19:30 h representación de El Crepúsculo del Ladrillo | Ópera Buffa para Tiempos de Crisis.
– El día 4 de octubre de 12 a 14 h en la Plaza del Museo Reina Sofía a asistir a una Asamblea abierta en la que se debatirán los temas de Pobreza, TTIP, Austeridad (en la que intervendrá el secretario de Formación del C.C. de CGT, Desiderio Martin), Deuda etc.
Continúan las jornadas de huelga de los viernes convocadas por los comités de empresa de Renfe y Adif contra la privatización de las empresas y la precarización del servicio.
Nuevo viernes y nueva jornada de paros en Renfe y Adif, como sucederá todos los viernes hasta el 23 de octubre, de dos horas por turno (0-2; 13-15 y 20-22 horas), convocada por los comités de empresa contra la privatización de estas empresas públicas y por el desbloqueo de las negociaciones.
«Las movilizaciones», explican desde Comisiones Obreras, «no tienen otro objeto que salvar el ataque que el Gobierno actual aplica contra el ferrocarril público y la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios, al conceder a empresas privadas actividades que son rentables para la caja pública. Y atenta contra la situación de trabajadores y trabajadoras, cuyo futuro es incierto con esta política que permite el envejecimiento de la plantilla (la mayor de toda Europa, con 53,4 años de edad media), sin que se dé más solución que privatizar, en muchas ocasiones en condiciones de ‘dumping social'».
Por su parte, CGT, que cifró el seguimiento de la huelga el 18 de septiembre en torno al 85% de las plantillas, exige a las empresas «un plan de ingresos urgentes para este año, para cubrir la escasa y envejecida plantilla tras los últimos despidos colectivos que han supuesto la supresión de más de mil puestos de trabajo desde el año 2014 en las empresas públicas ferroviarias», también otro plan que permita «el rejuvenecimiento de la plantilla, cuya edad media está en 54 años, y que de no contar con 7.000 puestos de trabajo previstos, desaparecería en gran parte en el plazo de cinco o seis años.
Para este sindicato, las distintas políticas llevadas a cabo, entre ellas «la desaparición de los puestos de trabajo sin reposiciones, la venta a bajísimo coste y con plenas garantías de beneficios rápidos de los servicios ferroviarios rentables económicamente y sumado al cierre de líneas, estaciones, frecuencias y abandono del ferrocarril que es obligación de servicio público», supone la privatización del ferrocarril público y «la conversión de un servicio muy rentable en términos sociales y estratégicos en un negocio al servicio de los grandes fondos inversores y las grandes trasnacionales que son los que están detrás de su desmantelamiento».
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/27877-nueva-jornada-huelga-renfe-y-adif.html
NINGUNA PERSONA ES ILEGAL POR EL DERECHO DE ASILO Y LA SOLIDARIDAD
La crisis migratoria de la que hemos sido testigos durante las últimas semanas ha mostrado de la manera mas cruda y gráfica las consecuencias de las políticas migratorias llevadas a cabo por la U. E.
Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra califican la nueva propuesta de la Comisión Europea para desbloquear las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de cambio superficial.
La nueva propuesta de la Comisión Europea para establecer, a través del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio entre EE UU y la UE (TTIP), mecanismos de arbitraje para conflictos entre Estados y empresas ya tiene sus primeras críticas. Varias organizaciones reaccionaban hoy ante la noticia, hecha pública ayer, de acabar con los tribunales privados e implantar en su lugar una corte pública, que sería la encargada de decidir en las casuísticas de conflicto entre compañías y naciones. El nuevo mecanismo se denominaría Investment Court System (ICS) y sustituiría al polémico ISDS, que obtuvo una fuerte crítica por parte de la opinión pública, además de por parte de partidos y organizaciones.
Mientras la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, califica la reforma como una “modernización del antiguo sistema de resolución de conflictos”, desde Amigos de la Tierra se oponen a cualquier tipo de arbitraje “que otorgue derechos a las empresas por encima de gobiernos”. La directora de la ONG, Liliane Spendeler, explica que “la propuesta de la Comisión para reformar el sistema de arbitraje está hecha con la misma vara de medir que el anterior mecanismo”, asegurando que, “a pesar de su nuevo nombre y algunas reformas de funcionamiento, blinda los derechos de los inversores extranjeros sin exigirles ninguna obligación para proteger a la ciudadanía”.
“Si bien la Comisión, al menos en sus declaraciones, intenta abordar algunas de las críticas al ISDS, con la designación pública de los jueces o la supuesta garantía de los Estados de poder legislar, no hace más que disfrazar un sistema que no es necesario, ni aborda el problema de raíz: la concesión exclusiva de privilegios a los inversores extranjeros por encima de la sociedad, de los gobiernos y de los inversores domésticos, en clara contradicción con el carácter democrático de la Unión Europea y la libre competencia”, remarcan desde Amigos de la Tierra.
Por su parte, Ecologistas en Acción, uno de los colectivos más activos en la lucha contra el TTIP, tilda la propuesta de la comisaria de «maquillaje del sistema de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado, que sigue dando a las multinacionales el privilegio exclusivo de desafiar la soberanía parlamentaria y las medidas de la administración pública». La organización afirma que el rechazo social que el ISDS ha generado, incluyendo el de los parlamentos holandés y francés, «ha obligado a la Comisión a presentar una serie de cambios superficiales al ISDS en el marco de las negociaciones con Estados Unidos para tratar de desmovilizar la creciente oposición al TTIP».
La organización también recuerda que la propuesta «omite que los Estados miembros de la UE han firmado 1.228 Tratados de Protección de Inversiones que incluyen el sistema ISDS, que la propia Comisión Europea defiende a ultranza». También hace hincapié en que en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA), pendiente de ratificación, la Comisión ha incluido el ISDS, «que amplía de facto las posibilidades de uso de los tribunales privados de arbitraje, lo que demuestra cómo su principal objetivo es defender los intereses privados del poder económico por encima de los Derechos Humanos de la ciudadanía».
La nueva propuesta de Malmström implicaría la creación de un sistema judicial integrado por 21 jueces, de los que 15 formarían el Tribunal de Primera Instancia (cinco ciudadanos de EE UU, cinco de la UE y cinco de terceros países) y seis el de apelaciones (dos estadounidenses, dos de la UE y dos de terceros). Las dos salas, que en teoría deberían garantizar la seguridad de todo el proceso jurídico, tienen consideración de Corte Internacional, una novedad respecto a la anterior propuesta ISDS. Su mandato duraría seis meses, prorrogable una única vez.
Otro de los principales cambios se refiere al sorteo de los casos. Éstos se distribuirían de forma aleatoria en los tribunales, formados por tres jueces, uno de la UE, un estadounidense y un último de un tercer país. En la anterior propuesta los casos se repartían ad hoc y los árbitros eran escogidos por terceras partes. Respecto a lo referente al conflicto de intereses, Malström indicaba: “Su independencia debe estar fuera de duda”.
Asimismo, la propuesta establece que el derecho a regular las políticas públicas estaría completamente preservada a los Estados, lo que implicaría que el TTIP no podría inmiscuirse en la soberanía nacional de los Estados modificando legislaciones. “Las disposiciones derivadas de la protección de inversiones no deberán interpretarse como un compromiso de los gobiernos a no cambiar su marco jurídico”, reza el texto.
Para Amigos de la Tierra, la inclusión del arbitraje entre inversores y Estados no es necesaria, ya que inversiones multibillonarias han tenido lugar sin este mecanismo. “Los inversores ya disponen de mecanismos de protección, como acudir a los tribunales normales, por lo que no existe ninguna razón para otorgarles este poder descomunal con una corte específica de inversiones”, afirman. Además, recuerdan que “mientras las empresas extranjeras pueden demandar a los gobiernos, en particular si estos legislan en pro del interés social y del medio ambiente, los gobiernos no pueden demandar a las empresas en estos tribunales”.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/27789-maquillaje-del-ttip-del-isds-al-ics.html
Las Euromarchas recorrerán varios países de la Unión Europea y confluirán en Bruselas el 17 de octubre para denunciar las políticas de austeridad y defender la necesidad de generar alternativas.
En el Estado español el pistoletazo de salida será el 30 de septiembre. Las Euromarchas, organizadas por decenas de colectivos, plataformas, organizaciones y movimientos de al menos ocho países distintos, recorrerán distintos territorios de Europa del 1 al 15 de octubre para confluir en Bruselas en una gran manifestación el día 17. Frente a las políticas neoliberales y la sumisión de los gobiernos a los mercados, frente a las políticas de austeridad y la privatización de servicios públicos, frente a unas condiciones de precariedad laboral y social cada vez más extendidas, frente a unas políticas que no promueven la igualdad de género ni erradican el machismo, frente a los paraísos fiscales amparados por la UE, frente al deterioro del medio ambiente, frente a los muros que se levantan en Europa… “habrá que decir basta”, dice el manifiesto de las Euromarchas presentado ayer en Madrid.
Las Euromarchas nacen en el Alter Summit, un foro alternativo de confluencia y luchas que este año se celebró en Bruselas. “Se propuso hacer una movilización europea contra la austeridad y por la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro, contra las políticas de la troika, en defensa de lo público, porque en todos los países hay una gran ofensiva neoliberal –que se verá agravada con el TTIP– por la privatización de los servicios públicos. Unido a la reivindicaciones como las condiciones laborales y la lucha contra la precariedad laboral y social”, explica a Diagonal Ginés Fernández, miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad y que también participa en las Euromarchas.
“El objetivo fundamental es transmitir la necesidad de combatir esas políticas y generar alternativas en el marco de la Unión Europea”, añade Fernández. En España, son 34 las organizaciones y movimientos convocantes, y las marchas, que partirán de Gibraltar el día 1 después de una recepción y asamblea en Cádiz, pasarán por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón y Catalunya, donde se irán organizando asambleas abiertas, coloquios y actos públicos. Tras su confluencia con el resto de marchas en Bruselas, “se evaluarán las marchas y se verá cómo se coordina la continuación, pero es verdad que ya hay distintas redes temáticas con organizaciones de distintos países que están coordinando acciones sobre temas concretos: agua pública, contra las privatizaciones, sobre medio ambiente, temas financieros… De momento se está englobando por el Alter Summit”.
En el Estado español, un núcleo importante de las organizaciones que participan en las Euromarchas son también impulsoras de las Marchas de la Dignidad, que este año están organizando una jornada de movilización general para el 22 de octubre. “Para las Euromarchas se ha tenido en cuenta el modelo de las Marchas de la Dignidad en España. Además, tienen una conexión importante porque para nosotros las Euromarchas serán el calentamiento de cara a la necesidad de movilizarse el 22 de octubre, y es necesario que estas movilizaciones tengan el máximo apoyo”, añade Fernández. Las reivindicaciones, “el no a la deuda ilegítima, no al TTIP, la derogación de las reformas laborales, la defensa de un empleo y un salario dignos y de la renta básica, no a la privatización de servicios públicos, mayores prestaciones, no a la guerra…”. Pero el proceso está abierto, y para concretar y ampliar el marco reivindicativo, las organizaciones participantes han convocado a una asamblea abierta el 19 de septiembre en el Matadero de Madrid.
Gladys Martínez López
Diagonal
COMUNICADO
PP Y PSOE JUNTOS POR EL LIBRE COMERCIO
El 8 de julio, la gran coalición formada por los partidos popular y socialista europeo ha dado luz verde a las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estado Unidos y la Unión Europea (TTIP), así como a la inclusión del controvertido mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados, ISDS.
Una vez más el PSOE nos muestra su verdadera cara neoliberal al votar, junto al PP, en la votación del 8 de Julio en el Parlamento Europeo, a favor del TTIP y de su Mecanismo de Resolución de Controversias Inversor Estado (ISDS), bajo el eufemismo de variar el tipo de Tribunal de Arbitraje.
El Partido Socialista, al igual que el Partido Popular, son el sostén, en el Estado Español, de las políticas diseñadas por la Troyka para secuestrar la democracia y entregársela «cautiva y desarmada» al dictamen de los grandes grupos financieros y de las transnacionales, al margen del interés general, de los derechos humanos y de la voluntad de los pueblos.
Defensores a ultranza de los Tratados de Libre Comercio, los «socialistas» del Estado Español, sirven fielmente los dictados de sus amos, los grandes Lobys económicos sin importarles las consecuencias de miseria, pérdida de soberanía y de derechos que, para la ciudadanía y la clase trabajadora de este país tendría la firma y aplicación de estos tratados (TTIP-TISA-CETA.)
Con los votos de los socialdemócratas europeos, se ha consumado una vez más, la traición a los intereses de los pueblos a quienes “estos señores” dicen representar. Si bien esta votación no es vinculante, posibilita que se siga negociando por parte de la Comisión, sin ni siquiera tener obligación de respetar dicha resolución.
El informe y las enmiendas votadas por la mayoría del Parlamento Europeo son una muestra de la retórica manipuladora de las instituciones europeas. El Parlamento apoya las negociaciones y la firma del TTIP, con la inclusión de líneas rojas relativas a los derechos laborales, las normativas ambientales y la protección de las personas consumidoras, pero esta votación del Parlamento Europeo no tiene carácter vinculante por lo que estas líneas rojas, son solo discursos que enmascaran el verdadero significado de la votación. De igual forma, en el texto de la resolución tampoco se establecen mecanismos que garanticen la protección de estos derechos.
El nuevo texto pide “un tribunal de arbitraje diferente”, una indefinición para que nada cambie, ya que siguen siendo tribunales al margen de los tribunales ordinarios lo que equivale, a que las empresas puedan seguir litigando contra los Estados por atentar contra sus beneficios esperados ante organismos privados.
Una vez más el Parlamento desoye a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que han dicho no al TTIP y al ISDS. En la votación, a través de una “enmienda de compromiso” presentada por el grupo social demócrata europeo (S&D), se ha permitido la incorporación del mecanismo de resolución de controversias entre inversor y Estado (ISDS). La enmienda sólo maquilla aspectos formales del mecanismo de arbitraje, sin embargo apuesta por los tribunales supranacionales que confieren privilegios a los inversores y a grandes transnacionales extranjeras frente a las políticas democráticas de cada estado.
Este ejercicio de fino cinismo, no hubiera sido posible sin la colaboración de la socialdemocracia europea, con el PSOE a la cabeza, ya que no ha habido ni un diputado de este partido que haya roto la disciplina de voto, como si ha sucedido con algunos eurodiputados franceses, alemanes etc., de la bancada socialdemócrata.
Hoy desde nuestros territorios queremos exigir a los Diputados Socialista de Cantabria que se posicionen públicamente en contra del TTIP y del TISA, que digan claramente qué opinan de estos tratados y que pidan, a sus Eurodiputados que rechacen en el Parlamento Europeo estos acuerdos que perjudican gravemente el futuro de la población que dicen representar.
Mapas de los municipios con Moción No al TTIP aprobada
