Categorías
Categorías
8 de marzo 2020
Los grupos y colectivos participantes en el Encuentro por la Amnistía Social celebrado en la Parroquia de S. Carlos Borromeo (Madrid), queremos mostrar nuestro apoyo afectuoso y solidario con quienes en estos momentos están sufriendo la represión como consecuencia de sus luchas en defensa de su dignidad.
Desgraciadamente estamos asistiendo a una represión desmedida y en todas sus variantes (baja, media y alta intensidad) desde el poder, como método para mantener sus privilegios e intereses. Nos encontramos con una gran cantidad de casos, víctimas de graves represiones, como consecuencia de la utilización de leyes como la «ley Mordaza», al no saber resolver los conflictos sino es con la utilización de la fuerza. Sentimos que son tal la cantidad de casos en estos momentos en los tribunales que es prácticamente imposible nombrarlos a todos.
Por esta razón, las personas asistentes al Encuentro por la Amnistía Social, queremos mostrar la máxima preocupación por la deriva autoritaria del Estado y por la justificación que él mismo hace de sus políticas represivas. Desde este encuentro queremos denunciar y solidarizarnos con aquellas personas y colectivos que conocemos que están sufriendo esta represión.
- En primer lugar, nuestro afecto y solidaridad con Alfon, sus familiares y amigas.
- Nuestro apoyo, este 25 de Noviembre, contra la violencia machista y denunciando la posición mezquina de la justicia y de los medios de comunicación ante la violación y la violencia ejercida en contra de la dignidad de las mujeres en casos como el de Pamplona.
- Nos solidarizamos con Victor Tormo, militante de CGT-Castelló, que será juzgado el próximo día 4 de diciembre y al que se le piden 3 años de prisión y 12.000 euros de multa por haber publicado en las redes sociales fotos de policías secretas que actuaron sin identificación como tales.
- Mostramos nuestra indignación con la política represiva continuada que se ejerce en las Fronteras de Ceuta y Melilla y con sus devoluciones en caliente a Marruecos de personas inmigrantes. Así mismo denunciamos que se utilice la cárcel de Archidona (Málaga), aun sin acabar, para transformarla en un CIE improvisado, ignorando todas las normas humanitarias. ¡¡Ni presos, ni presas…ni CIES, ni rejas!!
- Queremos apoyar a Ascensión Lopez, la bebé robada que irá a la prisión por denunciar su caso. Le piden 55.000 euros para evitar la prisión.
- Mostramos nuestra indignación por la persecución a l@s mucic@s y cantantes de la Insurgencia (grupo de hip-hop combativo). También por la persecución a la libre expresión en las redes sociales y que está suponiendo un sin fin de casos de represión, impensables hace unos años; ejemplos como el de Alfredo Ramirez, el primer tuitero en entrar en prisión por sus escritos en Internet.
- Pedimos la libertad de las personas encarceladas de Altsasua, a las que se les quiere condenar por terrorismo por una pelea en un bar con guardia civiles y a los que fiscalía les pide más de 50 años para cada joven. Llevan ya más de un año en la cárcel.
- Mostramos nuestra solidaridad con la gente del caso de l@s 27 de la Universidad de Barcelona, que tienen que ser juzgados en breve por haber ocupado el rectorado. Entre estas personas encausadas se encuentra el Secretario de CGT de Cataluña.
- Mostramos nuestra solidaridad con Alberto Cañedo, ex-alcalde de Carcaboso en Cáceres (Extremadura). Alberto Cañedo tiene varias condenas por haberse enfrentado al bipartidismo político en su ayuntamiento y ensayar en su pueblo modestas iniciativas de desarrollo local y agroecología.
- Denunciamos la represión al movimiento vecinal de Murcia, que tan valientemente se están oponiendo al muro que RENFE-ADIF quiere levantar separando a barrios y personas. Ante la decidida oposición del vecindario les están empezando a llegar multas a cientos por desobediencia, resistencia, daños, etc. Desde el Encuentro por la Amnistía Social nuestra solidaridad y apoyo.
- Exigimos que termine la represión en los centros de trabajo contra l@s trabajador@s que luchan por los derechos laborales en sus empresas. La represión es tan continua que los despidos, amenazas, coacciones y todo tipo de abusos por parte de los empresarios es lo cotidiano en el mundo del empleo. Son tantos los casos que no sabríamos por donde empezar. ¡¡NO LA LAS REFORMAS LABORALES!!
- Apoyamos a todos los Centros Sociales que estén sufriendo la represión del estado en cualquiera de sus formas. “La Dragona” en Madrid, La Invisible en Málaga y La Revo en Sevilla. De la misma manera a las gentes de la Corrala Guevara, en Málaga, que luchan por recuperar sus viviendas.
- Nos oponemos a que se abra la mina de Uranio en Retortillo y comarca(Salamanca), poniendo en juego la vida de muchísimas personas y el futuro, ya difícil en estos momentos, de estas tierras. ¡¡Ni una agresión más a las zonas rurales!!
- Mostramos nuestra solidaridad con los grupos de acción antimilitarista de las Islas Canarias, sancionados por una acción no violenta el Día de las Fuerzas Armadas en las Palmas. Así mismo mostramos nuestra solidaridad y apoyo a la joven Ahisa, militante de la Asamblea Nacional Canaria, represaliada con 18 meses de cárcel por realizar una pintada contra el Paro
- Denunciamos todos los episodios represivos que están sucediendose en Cataluña debido a lo que se conoce como el Proces de Independencia. Libertad para todas las personas presas y las que han sufrido la violencia en ese conflicto.
Por último, mostramos nuestra preocupación por el auge de las actividades racistas y fascistas de los grupos de extrema derecha, así cómo la tolerancia y permisividad ante sus actos violentos por parte de las autoridades y los cuerpos policiales. Así lo demuestran casos como los del 9 de Octubre en Valencia,los fascistas de Blanquerna, agresiones en Barcelona, Murcia o Málaga.
ENCUENTRO ESTATAL POR LA AMNISTÍA SOCIAL.
Cada día cientos de personas huyen de Honduras camino de Estados Unidos. Prefieren emprender un viaje peligroso y de resultado incierto antes que quedarse a vivir en un país donde imperan pobreza, inseguridad y falta de oportunidades.
El miércoles 9 de octubre comenzaban los primeros bombardeos en las ciudades de la Administración Democrática del Norte y Esta de Siria, también conocida como Rojava, por parte del ejército turco.
En el marco de la guerra de Siria, Rojava (zona kurda del norte de Siria) consiguió su autonomía en 2012, y estableció una organización política, social y económica basada en un modelo de democracia de toma de decisiones a través de un sistema de asambleas que tiene su primera base en los barrios y pueblos (los consejos de comunas); un modelo económico que da respuesta a las necesidades de la población local a través del fomento de cooperativas y protección de la naturaleza; un modelo social, cultural y educativo de reconocimiento y convivencia entre las diferentes etnias y religiones, y sobre todo de defensa de la liberación de la mujer, con igualdad de derechos y una práctica real de participación en la vida social y política a través de organizaciones autónomas y de correpresentatividad en las organizaciones mixtas y las copresidencias.
También hay que señalar que la Administración Democrática del Norte y Esta de Siria, creada como tal en la Constitución de 2016, acoge cientos de miles de personas refugiadas de toda Siria y que sus fuerzas militares de autodefensa (las YPG y YPJ- unidades femeninas integradas en las Fuerzas Democráticas Siria) han tenido un papel fundamental en la lucha contra el Estado Islámico en la región, en la que murieron más de 11.000 milicianos y milicianas de las YPG y YPJ.
Esto hizo que la Administración Democrática del Norte y Esta de Siria sea un modelo único de democracia de base, de liberación de la mujer, de convivencia multirreligiosa y multiétnica, de protección del entorno natural, de paz y de acogida. Esto es lo que hoy está siendo masacrado en directo ante la impasividad internacional. Pero ¡Rojava no está sola!
El ataque de Turquía está generando una catástrofe humanitaria con consecuencias tan graves como:
⦁ Una masacre hacia la población civil durante los bombardeos que se han dirigido a zonas densamente pobladas.
⦁ El desplazamiento de población, convirtiendo a cientos de miles de personas en desplazadas internas y en refugiadas. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha puesto como excusa para justificar la invasión la reubicación en el norte de Siria de un millón de refugiados de los más de tres millones y medio que viven en Turquía. Pero, en primer lugar, Turquía no se ha preocupado por las y los refugiados sirios. Muchas y muchos malviven en campos en pésimas condiciones -a pesar del dinero que reciben de Europa- o trabajan en condiciones de explotación en fábricas. En segundo lugar, en el norte de Siria viven 5 millones de personas, no sólo kurdas, sino de diferentes grupos étnicos (árabes, armenios, asirios…) que se están convirtiendo refugiadas con la invasión. Por lo tanto, la reubicación de las refugiadas sirias sería utilizada para hacer una limpieza étnica.
⦁ El auge del Estado Islámico en la región después de que escaparan de campos y prisiones miembros de este grupo fascista, la mayoría extranjeros – que los estados europeos han renunciado a juzgar en sus países de origen- y que ya están atentando y sumando más muertos y desplazados a los provocados por el ataque turco. Está en riesgo que implanten de nuevo un régimen de terror para toda la población y, en especial, por las mujeres que son privadas de todo derecho y participación en la vida pública.
⦁ La desaparición de un modelo de democracia de base y de convivencia interétnica e interreligiosa en Oriente Próximo que era una esperanza para la democratización y la liberación de las mujeres de toda la región.
Hay que tener presente que éste es un ataque planificado largamente; las amenazas del gobierno turco de ocupación de este territorio autónomo han sido reiteradas, desde que en enero de 2018 ocupara el cantón de Afrin, parte del territorio del norte y este de Siria.
Entonces, una operación militar con objetivos civiles, en que la comunidad internacional no hizo nada para detener y se infiltraron agentes cercanos al Estado Islámico, generó miles de muertos, refugiados, una limpieza étnica con un cambio demográfico y continúan a día de hoy los secuestros, asesinatos, violaciones de mujeres, despojo de tierras y de correos de lan población kurda (como las tierras y olivos, de las que Turquía ha estado comercializando el aceite en España, entre otros países). También hay que recordar que el gobierno turc bombardea continuamente suelo del Kurdistán iraquí, con la excusa de perseguir la guerrilla del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdistán) causando la muerte de civiles.
El brutal ataque de Erdoğan a Rojava está propiciado por la retirada del ejército de EE.UU. de la zona – aliado táctico de Rojava en la lucha contra el Estado Islámico y que hasta ahora contenía la intervención turca-, así como por Rusia que tiene control sobre el espaci aéreo. También lo ha facilitado una tímida reacción del Parlamento Europeo y de países como Francia y Alemania que han condenado los ataques y retirado la venta de armamento a Turquía, pero no han emprendido acciones para forzar una parada de la guerra. Mientras tanto, el gobierno español si bien ha condenado en un comunicado la operación militar turca el noreste de Siria y ha anunciado la retirada de licencias a la exportación de material milita mantiene tropas en la base militar turca de Incirlik, desde donde salen aviones que están bombardeando ciudades del norte y este de Siria.
Recientemente, el acuerdo entre Turquía y Rusia para retirar las fuerzas kurdas de la franja de 120 Kilómetros del norte de Siria, hasta una Profundidad de 30 Kilómetros, tal como exigía Erdogan, puede suponer el final del proyecto político de Rojava.
Ante esta grave situación y de la complicidad de los gobiernos europeos, manifestamos
⦁ El rechazo total a la invasión de Turquía del norte y este de Siria. Hay que parar la guerra y
ocupación de Turquía hacia este territorio autónomo inmediatamente.
⦁ El apoyo a la población que está defendiendo su territorio y su derecho a auto gobernarse y a vivir en libertad y democracia.
Y exigimos:
⦁ La retirada del ejército español de Turquía y, el fin de todo acuerdo político, militar y comercial con Turquía.
• Implementar sanciones políticas y económicas contra Turquía.
⦁ Que las Naciones Unidas actúen para asumir la responsabilidad de una situación que viola el derecho internacional y creen una zona de exclusión aérea para la protección de la vida de las personas en el Norte y el Este de Siria.
⦁ El reconocimiento de la Administración autónoma y democrática del Norte y del Este de Siria.
• Detener los crímenes de guerra y limpieza étnica por parte de las fuerzas del ejército turco, ISIS, El Nusrat y otros grupos terroristas, yihadistas. Y llevar todos los crímenes de guerra y los criminales de guerra ante la justicia.
#Rojavanoestasola
#RiseUP4Rojava
#WomenDefendRojava
Secretariado Permanente Comité Confederal CGT
“El derecho fundamental a la SALUD de las personas asalariadas, viene siendo lesionado intencionadamente por parte de la Empresa y ahora, el Tribunal Constitucional, reafirma que la “libertad de empresa y la productividad” son valores superiores a la vida y la salud de las personas trabajadoras”
La Sentencia del Constitucional, además de avalar el despido objetivo cuando la persona trabajadora se ausenta del trabajo por deterioro de su salud y esté justificada dicha ausencia por los servicios médicos, muestra su clara apuesta ideológica y política por una clase determinada, el empresariado y su tasa de ganancia.
La mayoría del TC, al apostar por la “libertad de empresa” y su inviolabilidad a ser lesionada por “personas trabajadoras enfermas”, olvidan que según sus propias reglas de juego (normativa), le otorga el papel al patrón-empresario, como único responsable de la vida y la salud de las personas trabajadoras (Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ET), y al avalar que despedir “objetivamente” a una persona trabajadora que causa baja médica por enfermedad justificada, se hacen cómplices del deber de hacer y proteger la salud y la vida de las trabajadoras y, además, sentencian a sabiendas de los daños objetivos, medibles y constatables que esa actuación comportará.
La Carta Social Europea obliga a los estados que la ratificaron, y el estado español es uno de ellos, a las condiciones de trabajo, los derechos de información y consulta, la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y la igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero también a la protección de la salud y seguridad en el trabajo.
La concepción ideológica de estas políticas tiene su raíz en el argumento de que “en una sociedad sin riesgo de pérdida del empleo, el despido no desempeñaría un papel disciplinante y, aunque tal sociedad generase mayores beneficios empresariales que un sistema de liberalismo – laissez faire-, ésta minaría la posición social del patrón”1.
En nombre del mercado y el beneficio privado, clase política, judicaturas y legislativo, reforzaron con sus Reformas Laborales y sus Leyes Mordaza, el “principio de libertad de empresa” como único principio de realidad, convirtiendo la Injusticia Social en algo “natural”, como una ley “sagrada”.
El chantaje al cual se somete a las personas trabajadoras, frente a esta posibilidad real de “ser despedidas” por el hecho de enfermar, la mayoría de las veces a consecuencia de las deplorables condiciones de trabajo, lesiona muy gravemente su derecho fundamental a una salud digna y limita su actuación tanto en la defensa de sus condiciones de trabajo, como en la exigencia de los derechos laborales y sociales.
Tiempos sucios, muy sucios, donde el recorte de los Derechos Fundamentales en nombre de la ECONOMIA, se convierte en la entrega de la dignidad a poderosos, empresarios delincuentes y traficantes de mano de obra.
Categorías
EPA III Trimestre
El estado y la clase política (toda), en nombre de la “ley y el orden”, se desentienden de la realidad social y encima nos criminalizan cuando disentimos, no obedecemos y salimos a las calles a pelear por nuestros Derechos.
El tema de las “elecciones y Catalunya”, les viene de lujo para seguir ocultando la realidad de la crisis social que padecemos la mayoría social, especialmente las clases asalariadas empleadas, paradas, desocupadas, pensionistas, jóvenes, mujeres y migrantes.
Crisis social grave que afecta al empleo, a las prestaciones sociales, a las pensiones públicas, a los hogares y a los cuidados de las personas dependientes, así como al calentamiento global, con afectación del 79% del territorio español y sus repercusiones en la agricultura y la soberanía alimentaria.
La EPA del tercer trimestre, además de mostrar la “desaceleración de la economía”, deja varios indicadores demoledores: El verano deja solo 16.200 personas desempleadas menos, su peor cifra desde 2012 y el desempleo se reduce en la menor tasa desde hace siete años, lo cual sitúa la cifra de personas paradas “oficialmente” en 3,2 millones, siendo los hombres quienes aumentaron el empleo en 74.300 y por el contrario las mujeres incrementaron el desempleo en 4.900.
A la vez que se incrementa la brecha de género en el empleo -por lo tanto se incrementa la desigualdad-, también lo hace en el desempleo, donde las mujeres soportan una tasa de “desahucio” de sus empleos superior en 3,91puntos.
El descenso de los desempleados en verano (16.200) se debe solo a la reducción del desempleo entre los hombres (-33.700) mientras que el número de mujeres paradas aumentó (+17.400). Estos datos dieron como resultado un aumento de la tasa de paro de las mujeres (hasta el 15,92%) y una caída de la de los hombres (situada en el 12,17%).
Quienes pierden el empleo, son los millones de personas empleadas precariamente (contratos temporales) en los servicios ligados a la temporada turística y a la hostelería, por dos factores coyunturales: el frenazo del turismo en el estado español y los miles y miles de contratos a tiempo parcial, los cuales son obligados a trabajar el doble de la jornada “legal”, ahorrándose el empresariado miles de puestos de trabajo.
El número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó en el último trimestre y volvió a superar el millón: 1.010.000 hogares.
El Informe Arope, que mide la pobreza en la U€, dice que el 21,5 % de la población española, es decir, algo más de 10 millones de personas, están en Riesgo de Pobreza, siendo la población desempleada quienes mantiene las tasas más altas de riesgo de pobreza y dentro de este colectivo son las mujeres quienes más sufren esta ausencia de derechos fundamentales a vivir con dignidad.
El 13% de las personas con empleo vive por debajo del umbral de la pobreza europeo, este ratio solo es superado por dos países, Grecia y Rumanía. Es decir, estamos hablando de casi 2,8 millones de personas que trabajan y son pobres.
Nuestros sistemas públicos de protección: desempleo, ausencia de rentas básicas y la mayor privatización de la salud y la educación, aumentan la pobreza y la privatización de bienes básicos para vivir, con especial incidencia en ese más de 1 millón de hogares donde todos sus miembros están en paro.
Pero para una parte minoritaria de la población, la “feria de la economía” les va de lujo: En el 2010 en el Estado Español se contaba con 172.000 millonarios, pues bien, en el 2019 alcanzaba la cifra de 979.000.
61 españoles(as), cuentan con un patrimonio valorado en más de 500 millones de dólares (447,7 millones de euros) y el banco que hace estos estudios (Credit Suisse) también estima que el número de millonarios españoles crecerá un 42% en los próximos cinco años, hasta situarse en 1.394.000 en 2024
Y el gobierno y la clase política, pues siguen haciendo política para esa parte beneficiada, mandando a Bruselas el Plan Presupuestario del Reino de España para el 2020, donde garantizan que el gasto social (educación, sanidad, dependencia, empleo…) sigue no solo congelado, sino disminuido respecto al 2008 y, por sino quedaba claro, que no van a revertir ninguna de las “leyes” que eliminaron derechos laborales y sociales de la mayoría de la población (Reforma Laboral, recortes en Servicios Públicos, Ley Mordaza, etc.), y le dicen a Bruselas que implementarán la “mochila austriaca” que, en síntesis, significa que las personas trabajadoras se van a pagar sus despidos y su complementación de las pensiones, cuando lleguen a los 67 o 70 años a jubilarse.
Y si las clases asalariadas, las personas pensionistas, las mujeres, las desahuciadas… disienten, desobedecemos a estas leyes que atentan contra los Derechos Fundamentales de las personas y salimos a las calles a reclamar Justicia Social, su “estado y todos sus aparatos judiciales y represores” nos aplicarán la “ley el orden constitucional” para garantizar la rentabilidad del capital, la riqueza de una minoría y los derechos (todos) de los poderosos.
CGT se declara insumisa y desobediente con este sistema criminal y absolutamente injusto, y seguimos y seguiremos luchando por la Justicia Social, al estar convencidas de que es el único lenguaje que entienden los poderosos.