CGT Cantabria

La recuperación económica que muestra el aumento del Producto Interior Bruto no se han trasladado a la inversión en protección y el llamado gasto social. La parte de lo recaudado que las administraciones destinan a partidas como educación, sanidad o servicios sociales siguen muy por debajo de la media europea.

El porcentaje del Producto Interior Bruto que España destina a gasto social respecto al total del gasto público ha caído desde el 45,8% hasta el 42,2% en el periodo comprendido entre los años 2009 —primeros presupuestos generales tras el comienzo de la crisis— y 2016.

El Reino de España se ha situado durante todo ese ciclo por debajo de la media europea, según indican las últimas estadísticas de Eurostat, que comprende datos hasta 2016. El gasto social está situado en el 16,8% del PIB español, lejos del 20% que supone en el resto de la zona euro.

Aunque el Producto Interior Bruto ha aumentado en el periodo entre 2011 y 2016 —el PIB per cápita ha subido desde 22.900 euros en 2011 hasta 24.100 en 2016— la recuperación anunciada por el Gobierno no ha tenido una traslación en los presupuestos destinados a protección y gasto social. Es decir, se destinan cantidades similares o incluso mayores, pero se invierte menos comparativamente. Las políticas de recortes y reformas estructurales han disminuido esas partidas al tiempo que fluía el dinero de las políticas de estímulo del BCE hacia bancos y multinacionales, lo que se ha traducido en el aumento del PIB.

Los datos publicados por Eurostat agregan el gasto de las distintas administraciones (Gobierno central, comunidades, diputaciones y ayuntamientos), lo que dibuja un mapa general que muestra a qué se dedica el PIB independientemente de qué institución tiene las competencias en cada área.

Así, el Estado español destina en políticas de sanidad un 1,1% menos que los otros países de la UE, cuya media se sitúa en el 7,1% respecto al total del gasto público. También hay una diferencia negativa en educación y en el porcentaje destinado a vivienda.

Solo se destina más que la media de la UE a pensiones de viudedad y subsidios de desempleo, un dato relacionado directamente con el impacto del paro en España: el doble de la media europea y solo por detrás de Grecia. En pensiones, donde se incluye el sistema de reparto de la «hucha de las pensiones», el Estado está un punto por debajo del resto de Europa. Se destinan nueve euros y veinte céntimos de cada cien.

Por el contrario, el Estado está en la media o muy cerca de la media en gasto militar —pese a que los de 2016 fueron los últimos presupuestos que no contabilizaron correctamente el gasto, y la adaptación a la normativa internacional ha hecho aumentar un 32% el presupuesto de Defensa en los PGE de 2017—.

También se sitúa en la media o cerca de la media la protección al medioambiente o el gasto en las administraciones del Estado. Por encima del cómputo general también está el gasto en “seguridad”, entendido como las partidas destinadas a cuerpos policiales.

EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Las cifras de Eurostat indican también que España destinó a educación en 2016 exactamente el mismo porcentaje del PIB a educación que en 2007. Este porcentaje lleva cayendo o estancado, desde 2009. El Estado destina actualmente cuatro euros de cada cien a políticas educativas.

El porcentaje que se destina a políticas de vivienda es menor. Si en 2007 se destinaba un 0,9% del PIB a vivienda —una cifra que superó el 1% en los años posteriores al estallido de la crisis habitacional— hoy en día la partida se ha estancado en el 0,5% del PIB. Actualmente, el Estado destina un euro y medio a cuerpos policiales por cada 50 céntimos que se destinan a políticas generales de vivienda.

Las políticas de sanidad también se han visto afectadas por la ola de recortes que ha tenido lugar desde 2012, el año de la serie histórica en que más se destinó a gasto social. La inversión actual en esta partida es del 6% y, por quinto año consecutivo, se produce un descenso respecto al año anterior.

Protección social, que aglutina distintas partidas (desde pensiones hasta subsidios de desempleo), supone el principal capítulo de inversiones en todos los países de la Unión Europea y donde más distancia hay entre el Estado español y el resto de países de la UE. Especialmente, con los Estados del entorno.

España destina a protección social un 16,8% del total del gasto público, el mismo porcentaje que en 2011. Por primera vez desde el año del cambio del PSOE al PP baja del 17%. La media de la UE es del 19,1%. Francia destina el 24,4% y Portugal el 18%.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/union-europea/gasto-social-espana-porcentaje-mas-bajo-comienzo-crisis

Frente a un populismo dispuesto a aprovechar de forma oportunista y demagógica el actual sentimiento de dolor colectivo, que todos compartimos, para mantener la pena de Prisión Permanente Revisable o incluso ampliar sus supuestos, la asociación LIBRES considera necesario realizar las consideraciones siguientes:

CINCO MENTIRAS SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

• NO SE TRATA DE UNA CADENA PERPETUA.

La revisión de la condena no varía el carácter de pena a perpetuidad. En realidad se trata de una cadena perpetua encubierta a causa de la duración de la pena previa al derecho a su revisión (entre 25 y 35 años) y de la posibilidad, o probabilidad si tenemos en cuenta el rigor de los requisitos para su concesión, de que el condenado/a no llegue nunca a obtener la libertad o la obtenga a una edad extremadamente avanzada.

• ES UNA MEDIDA NECESARIA.

Las penas vigentes en el Código Penal son de hasta treinta años de prisión por la comisión de un sólo delito y de hasta cuarenta años por la comisión de varios, con el cumplimiento íntegro de la condena en los casos más graves (art. 78 CP) lo que muestra claramente la innecesariedad de acudir a penas “permanentes”. Además, la legislación actual cuenta con medidas de libertad vigilada, una vez cumplida la condena.

• ES UNA MEDIDA EFICAZ.

No se ha constatado la eficacia de esta pena para evitar la comisión de delitos graves en ningún país del mundo en el que se esté aplicado. Concretamente en España, transcurridos dos años desde su instauración no ha servido para disminuir la comisión de los delitos que se persiguen con la aplicación de la prisión  permanente.

• ES UNA MEDIDA CONSTITUCIONAL

Es más que discutible la constitucionalidad de esta pena, puesto que si el/la condenado/a no es considerado/a apto/a para su reinserción se constituiría en una auténtica cadena perpetua, lo que incumpliría los siguientes preceptos de la Constitución Española:

Art. 25.2 .- “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”.

Art. 15.- “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”

Art.25.1.- Que se refiere al principio de legalidad, que exige que la tipificación de las penas se concrete en cuanto a su naturaleza y duración, debiendo proveer un mínimo y un máximo de tiempo a cumplir. Con esta indeterminación se vulnera también el principio de igualdad y de no discriminación (Art. 14); y no se respeta el principio de proporcionalidad ni el contenido esencial de los derechos fundamentales.

• ES UNA MEDIDA VIGENTE EN LOS PAÍSES EUROPEOS.

En la Unión Europa únicamente existen penas “permanentes” en Italia y Alemania, pero con unas diferencias esenciales respecto al ordenamiento español, que estriban en los plazos de la posible revisión de la pena (15 años en los antedichos países), así como en las posibilidades reales para que esa revisión se lleve a efecto. Aun siendo una pena de menor duración y más fácil de revisar, la legislación alemana la denomina “pena privativa de libertad a perpetuidad” (Parágrafo 38 del Código Penal alemán –StGB-), sin utilizar eufemismos.