CGT Cantabria

El gobierno prepara una reforma laboral encubierta del sector público. Si se aprueba, nos dejará a los trabajadores precarios del sector público sin prácticamente derechos y con la posibilidad de ser despedidos a precio de saldo. La propuesta de reforma ha entrado directamente en el Senado y podría ser aprobada en menos de un mes.

Ya estamos acostumbradas que los gobiernos actuales escondan sus políticas reales. De hecho, ya nos hemos encontrado que al volver de vacaciones nos han subido el IVA, nos han suprimido de conciliación familiar, nos han impuesto aún más trabas para cobrar el PIRMI, nos herrado cerrado el CAP más cercano o han aprovado una nueva legislación neoliberal recortadora de derechos sociolaborales. Ahora mismo una nueva amenaza se cierne en nuestra contra. Aprovechando la infamia que supondrá legislar la impunidad del Borbón recientemente abdicado por medio de una enmienda al Proyecto de Ley de «Racionalización del Sector Público», el PP intentará eliminar, de golpe, una buena parte de los pocos derechos que aún tenemos los y las trabajadoras precarias de este sector. Y lo están intentando hacer por medio de otra enmienda (pulsa aquí para acceder a su texto) que han introducido durante la tramitación en el Senado de esta ley, aprovechando que todo el interés mediático ha desviado hacia el aforo del ex-rey.

¿En qué consiste esta reforma?

Básicamente, y de una única pasada, implica erosionar derechos importantes de los trabajadores / as públicos no funcionarios, especialmente de aquellos que no tenemos contratos indefinidos y de los llamados «indefinidos no fijos». Resumidamente, estas medidas se concretan en:

1) Facilitar la destrucción, vía amortización, de una parte importante de los puestos de trabajo del sector público, al considerar que hay plazas que «no son de necesaria cobertura». Los y las trabajadoras no fijas que ocupamos estas plazas podremos ser despedidas de manera prácticamente directa, con indemnizaciones misérrimas, de sólo 8 a 12 días por año trabajado, y sin que podamos acogernos a los pocos mecanismos de defensa frente a los despidos que todavía reconocen los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

2) Permitir la contratación precaria sin ningún límite de tiempo. Es decir, se deja sin vigencia en el sector público la obligatoriedad de convertir en indefinido un contrato de obra y servicio a los tres años (o cuatro, si hay un convenio que así lo dice). En definitiva, un trabajador precario podrá acumular contratos de obra y servicio por un mismo trabajo en una administración pública hasta que se jubile o alguien decida no renovarlo o finalizar el contrato, una manera de permitir el despido libre prácticamente regalado.

3) Finalmente, legaliza una práctica frecuente pero hasta ahora ilegal en el mundo académico y de la investigación científica, como lo es el encadenamiento irregular de contratos, al plantear que, en estos ámbitos, no se puede aplicar el artículo 15.5 del ET que hasta ahora obliga a hacer indefinido al trabajador que lo sufre.

Llueve sobre mojado

Años de recortes en el sector público por parte de los gobiernos estatal y autonómicos han dejado muy dañados sus trabajadores. El índice de desempleo se ha disparado, de tal manera que en los últimos años una parte importante de los nuevos parados provienen de las administraciones públicas y del sector de actividad vinculado a éstas. Miles de interinos hemos sido expulsados ​​y enviados al paro, por ejemplo en la enseñanza. Miles de contratos temporales no se han renovado. Miles de jubilaciones no han sido cubiertas por nuevas contrataciones. En definitiva, hospitales cerrados, líneas educativas clausuradas, servicios sociales masificados por la pérdida de trabajadores y recursos. Una situación que, en el ámbito de la administración local, todavía está en proceso de empeorar, debido a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) aprobada por el gobierno Rajoy a finales del 2013, la cual despoja la mayoría de los ayuntamientos de sus competencias, y abre la puerta a la privatización masiva de sus servicios.

Estos recortes también han afectado seriamente las personas que hemos podido seguir trabajando en el sector público. Aparte de los recortes salariales, que en Cataluña superan el 20%, hemos visto cómo se perpetuaba la precariedad de muchos de nosotros que, ante la limitación a hacer contratos indefinidos (ya no digamos de acceder a una provisión de plaza de funcionaria) , se nos ha hecho pasar por diferentes formas contractuales: encadenando contratos de obra y servicio, obligándonos a ser falsos autónomos, pasando a situaciones de interinidad, etc. Estas medidas, si se aprueban, permitirán lo que hace tiempo tanto el gobierno español como el de la Generalitat están buscando, en la misma línea que pregona la patronal para el sector privado: facilitar el despido e incrementar el uso de contratos «basura» con salarios muy por debajo de la media actual, precarizar al máximo el empleo en el conjunto del sector público y reducir drásticamente la masa salarial.

Nos afecta a todas

Estas medidas nos afectan a todas. La experiencia nos muestra como la devaluación de las condiciones de trabajo en el sector público termina arrastrando las condiciones y derechos laborales al resto de sectores de la economía. Además, un sector público degradado, con trabajadores / as precarizados y altamente explotadas afectará muy negativamente a las condiciones de vida de una gran mayoría de la población, erosionando la sanidad y la educación pública y, por supuesto, el resto de los servicios públicos de carácter social.

Es por eso que hacemos un llamado urgente a hacer frente de forma contundente contra esta nueva agresión que nos están preparando. Por la defensa del sector público, los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, ni un paso atrás.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de CGT de Catalunya

“La gran estafa social, política y económica del PP, se consolida con la contrareforma
fiscal: desposesión de las rentas y derechos de la mayoría social, a
golpe de BOE y, entrega de los mismos a los ricos y poderosos”
La CGT denunciamos, en su momento, que el Programa de Estabilidad
2014-2017 que el PP remitió a Bruselas a finales de abril, fijaba una rebaja
sustancial en el gasto público de unos 5 puntos del PIB, unos 7.000
millones de euros, al continuar con la congelación de los sueldos de todas
las Administraciones Públicas, seguir con la tasa de reposición 0 en el
empleo público, además de reducir los consumos intermedios.
A la vez, el recorte del gasto abarca también en el período 2013-2017 a las
prestaciones sociales, las de desempleo en unos 6.000 millones y las
pensiones en unos 3.000 millones.
Y además este recorte “bestial e inhumano” se hace en un contexto donde
el crecimiento del coste de la deuda incrementará los intereses en 8.700
millones de euros hasta el 2017, suponiendo que se van a pagar en el
periodo 2012-2017 nada menos que 196.791 millones de euros de intereses
de una deuda que no es legítima y tampoco es pública.
La situación de emergencia social que vive nuestro país: 13 millones de
personas en riesgo de pobreza, 6 millones de personas desempleadas
donde 4 millones no perciben ninguna prestación social, y la impunidad
total de las grandes corporaciones empresariales y los poderosos, ante un
sistema fiscal y político corrompidos desde su esencia, con la nueva
contra-reforma del PP tiene serias perspectivas de agravarse
sustancialmente.

El PP, desde que llegó al poder (noviembre 2011), ha seguido “fielmente”
las políticas del Banco Mundial, el FMI, el BCE y la Comisión Europea:
privatización y recorte de servicios públicos y prestaciones sociales;
desregulación indiscriminada de los mercados laborales; rebajar los
impuestos y las cotizaciones empresariales, y reducción de la progresividad
de los impuestos sobre la renta, incrementado paralelamente los impuestos
indirectos como el IVA.
En esta contra-reforma anunciada para el 2015/2016, la progresividad
es la «gran perjudicada» al simplificar de siete a cinco los tramos
actuales del IRPF. Pero ¿quiénes son los beneficiarios y ganadores de la
misma? Según el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), no más de
73.000 contribuyentes. Por el contrario, los 11,5 millones de trabajadores y
pensionistas que ganan menos de 11.200 euros anuales no se verán
afectados por la rebaja fiscal propuesta por Moncloa, ya que actualmente
no tributan.
La trampa se encuentra en que “la rebaja en el primer tramo de la escala del
IRPF y el aumento de las cuantías de los mínimos personales y familiares
afectan a todos los contribuyentes por igual, por lo que los 8,8 millones de
ciudadanos que cobran entre 12.450 y 33.000 euros amortiguarán el
impacto de la rebaja fiscal de las grandes fortunas, con un aumento de
sus tipos de entre 0,25 y 1 punto sobre la tarifa vigente”.
La bajada de la tributación de rentas del capital, es un reparto de los
beneficios y de la riqueza social, a la inversa: los ricos, cada vez más ricos.
“Afecta negativamente a la progresividad porque quien obtenga más de
un millón de euros en dividendos pagará proporcionalmente igual que
un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros”.
En cuanto a la rebaja del Impuesto de Sociedades, sólo beneficiará a las
grandes empresas y a las grandes corporaciones, sobre todo las del Ibex 35,
que en la actualidad su tributación real se sitúa en una media del 3,5%,
ocasionando una pérdida recaudatoria de 26.000 millones.
La reforma fiscal de 1977 (por la que se creó el IRPF como impuesto sobre
la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de1986 (por la
que se estableció el derecho universal a la asistencia sanitaria pública), de
la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocación de
aseguramiento público a todas las personas trabajadoras y ante todas las
contingencias que originan pérdida del salario), los Sistemas Universales
de Prestaciones y Servicios Públicos, son imposibles de mantener sin un
sistema impositivo progresivo y generalizado, es decir, todos y todas
contribuyen y cada quién en función de sus ingresos.
Las políticas de “robo y expoliación” de rentas salariales, de rentas de
pensiones, de desmantelamiento de todo lo público y especialmente de
los derechos esenciales: educación, sanidad, cuidados, dependencia,
cultura, energía, comunicaciones, transporte, etc., están condenando a
la mayoría de la sociedad a una vida precaria, al reino de la ilegalidad
(trabajar en la economía sumergida) y a un modelo social para la mayoría
de la población sin protección social, sin pensiones, sin prestaciones por
enfermedad, sin prestaciones por desempleo.
Una sociedad sin servicios públicos o de muy mala calidad, escasos y sin
protección universal de los mismos, donde la educación infantil, la atención
a la dependencia y los cuidados, sean inexistentes y, “quien los quiera que
los compre”. Se entrega a la población al “mercado” y de ahí a la pobreza
social, material y afectiva.
CGT seguirá insistiendo: las soluciones solo pueden venir de la
movilización social. Hay que pararles cada día, en cada despido, en cada
persona que es desahuciada de su vivienda, en cada robo que nos hacen con
cada euro que pagan de la “deuda ilegitima de los banqueros y grandes
corporaciones empresariales”, en cada cama de hospital que cierran, en
cada línea ferroviaria o aeroportuaria que “regalan a sus amigos ricos”, en
cada profesor/a que impiden enseñar en la pública, en cada persona que
muere abandonada y en soledad porque “los dineros públicos de los
cuidados” se los entregan a los banqueros…
CGT llama a la desobediencia CIVIL y a preparar una Gran HUELGA
GENERAL Laboral, Social y de consumo entre todos y todas, que sea
determinante para cambiar esta situación en favor de la mayoría social.

LA ÚNICA SOLUCION ES LA MOVILIZACIÓN

Secretariado Permanente del Comité Confederal
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)