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Acción Sindical

Las trabajadoras y trabajadores de Aena se concentraran frente al Congreso el miercoles 14 de febrero

El próximo 11 de febrero, se cumplirán tres años de la salida a bolsa de la red pública de aeropuertos de Aena. Desde su privatización (58€), el 11 de febrero de 2015, las acciones de Aena cotizan a tres veces precio de salida, en torno a los 180 euros.

Los accionistas ademas de la revalorización de las acciones están siendo recompensados con la mitad de los beneficios de la compañia, pues esa cantidad es la que promete Aena en su política de dividendos. Las compañías aéreas han conseguido que Aena venga reduciendo sus tarifas sobre el 2,2% anual con un objetivo del 11% en las tasas aeroportuarias hasta 2021. Por otro lado los Bancos que tienen la deuda de Aena con la garantía de ENAIRE (el estado), vienen recibiendo las amortizaciones y los intereses en tiempo y forma. Y como guinda del pastel, los aeropuertos de la red de Aena cerraron 2017 con más de 249,2 millones de pasajeros, un 8,2% más que en el año anterior, en el que es ya el mejor año de su historia. Se estiman unos ingresos brutos de 4000 millones de €uros. Por si fuera poco, ahora Aena quiere hacer caja con la venta de terrenos, algunos expropio para las ampliaciones de Madrid-Barajas y Barcelona, sera otro regalo a los de siempre.

SI, podemos decir que Aena va bien!!!

Pero ¿ les va bien a los trabajadores que trabajan para Aena?, Podemos decir bien alto, que NO!!!

Ni a les va bien a los trabajadores de Aena, ni tampoco a los trabajadores del sector aéreo que trabajan para Aena. La precarización laboral se ha instalado y no tiene mucha intención de irse de encima de nuestras espaldas. Ejemplo cercano tenemos el de nuestros compañeros temporales en Aena, o el acoso que tenemos con los Coberturas Obligarías, entre otros. Pero fuera de Aena siguen apretando a la baja temeraria, en contratos de las concesiones y subcontratas, con el deterioro que supone para las condiciones laborales de los trabajadores.

Coincidiendo con el aniversario del expolio de Aena, debemos hacer visible el deterioro laboral que está suponiendo y reivindicar la mejora de las condiciones laborales.

Se han marcado unas relaciones con otros sindicatos de aena y también con otros compañeros del sector aéreo así como con los movimientos de los trabajadores aeroportuarios como las cafeteras, handling, limpieza,  o PMR´s. Tambien con los trabajadores de CGT que trabajamos por la reivindicación y defensa de lo público y lo común.

Podemos coincidir a todos,en la CONCENTRACIÓN frente al CONGRESO

  • 14 de febrero de 2018, (miércoles) entre las 11:30 y las 13:00 horas, Plaza de las Cortes, 28014 Madrid.
  • Por la erradicación de la temporalidad. Contra la precarización creciente de las condiciones de trabajo en los Aeropuertos.
  • Por el uso público del Aeropuerto de San Javier y la garantía en el empleo de sus trabajadores.
  • Por la recuperación de la calidad y la seguridad. Contra la precariedad laboral, el abaratamiento y el deterioro del servicio en los Aeropuertos, Aena, y el Sector Aéreo.
  • Por la gestión del Sector Aéreo, de Aena, y los Aeropuerto en interés y beneficio general.Por lo público y lo común y contra su privatización y expolio, y contra las maniobras y planes especulativos que perjudican a trabajadores y usuarios.
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Correos

CGT celebra que la movilización de la plantilla haya logrado que Correos cubra las vacantes de San Vicente en València

La plantilla de la Unidad de Reparto nº9 de la calle San Vicente 175 de València acordó en asamblea realizar una huelga de 2 horas desde el pasado 27 de diciembre y con carácter indefinido en contra de los recortes de personal, la pérdida de empleo y por un servicio público de calidad. De esta forma, los trabajadores del distrito 17 del centro de trabajo, tras dos días de huelga parcial, han conseguido finalmente un resultado positivo e inmediato: la empresa ha procedido a cubrir la totalidad de los puestos de trabajo vacantes.

Como consecuencia de las campañas de recortes de personal, falta de cobertura de puestos y pérdida de empleo que de manera periódica acomete Correos, y de las que los auténticamente perjudicados son tanto los trabajadores como la calidad del servicio postal y los usuarios de Correos, CGT propuso la posibilidad de elaborar algún tipo de estrategia en defensa de estos intereses, que son los de todos. Fruto del debate en la propia Unidad de Reparto 9 de València, se acordó convocar los paros reivindicando unas condiciones dignas de trabajo y un servicio público digno.

Cabe señalar que Correos no cumple ni con los requisitos que ella misma planifica. Así, tras lo que la empresa llama reestructuraciones (supresión de secciones de reparto), las secciones que el personal reparte, crecen al serles asignadas partes del recorrido de las secciones suprimidas. Esto ha ocurrido una vez tras otra, llegando a ampliarse hasta ser imposible de asumir. Cuando Correos realiza estas supresiones de puestos de trabajo lo hace asegurando que tras ellas todas las secciones de reparto que quedan permanecerán cubiertas. Pero no es cierto, pues la plantilla permanece cubierta al completo durante unos pocos meses, transcurridos los cuales repite la mecánica, dejando de cubrir nuevos puestos de trabajo, al principio temporalmente, para luego pasar a suprimirlos de forma definitiva. Y así, se repite la historia como si de un bucle se tratara.

Además, a esto hay que sumarle la falta de cobertura de los puestos en las situaciones de absentismo por baja médica y de permisos retribuidos de la plantilla, ya que en estos casos Correos opta por no cubrir los puestos dejando más trabajo para la ya insuficiente plantilla existente, que tiene que asumir ese «extra».

Esta coyuntura ha provocado que lo trabajadores de la UR 9 de Valencia se movilizaran en contra de los recortes, la falta de personal y el deterioro del servicio público. Así, los trabajadores del distrito 17 de Valencia optaron por poner en marcha esta huelga parcial de 2 horas que, con unos costes reducidos para la plantilla (descuentos de 2 horas en nómina) han obtenido unos resultados manifiestamente positivos, ya que tras dos días de paros la empresa reaccionó cubriendo todas las secciones vacantes. Esto demuestra claramente que tener una actitud reivindicativa y de lucha da sus frutos.

CGT-Correos València

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Acción Social

Proyección del documental: «Los antifascistas»


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Huelga Mujer

Argumentario de CGT para la Huelga General del 8 de Marzo

¿A QUIÉN AFECTA?

Afectará a todos los trabajadores y trabajadoras, de todos los ámbitos sectoriales, públicos y privados, funcionarios y funcionarias, al igual que a empresas y organismos encargados de servicios públicos, sin distinción alguna de situación laboral, sexo, edad o condición social.

 TIPO DE HUELGA

Huelga General el día 8 de marzo de 2018, de 24 horas (desde las 00 horas hasta las 24 horas del mismo día): huelga laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil.  El objetivo es parar la vida en toda su extensión y visibilizar el papel protagonista que tiene la mujer en el engranaje de esa vida. La huelga general se plantea como huelga laboral (convocando a toda la clase trabajadora); huelga de cuidados (que evidencie la sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la ausencia de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados y permita la visibilidad máxima de las mujeres); de consumo (la mejor herramienta para luchar contra el capitalismo y potenciar la economía feminista que ponga la vida en el centro) y estudiantil (buscando el apoyo y convocatoria de los sindicatos y organizaciones estudiantiles.

¿QUIÉN CONVOCA?

La CGT en coordinación con el Movimiento Feminista quien viene planteando desde hace años esta propuesta de huelga general de las mujeres y, en consecuencia, son las mujeres quienes deben ocupar el papel protagonista en esta convocatoria y movilización.

FINALIDAD DE LA HUELGA GENERAL

HG contra la ineficaz política en materia laboral, económica y social lo que provoca desigualdad permitida entre hombres y mujeres; convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda o tercera categoría; así como para poner fin a los asesinatos y violencias machistas.

MOTIVACIÓN Y PETICIONES DE LA HUELGA

1.        Acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social de las mujeres respecto de los hombres

2.        Poner fin a la desigualdad constatada de la división sexual del trabajo en este sistema capitalista y patriarcal

3.        La retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan la discriminación y desigual oportunidad en el acceso al empleo y promoción profesional de las mujeres y el fomento de medidas efectivas para la disminución de la mayor tasa de paro femenina.

4.        La adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones

5.        Modificar los estereotipos de género y la persistencia de los valores masculinos en las estructuras de las organizaciones

6.        Control sobre las implantaciones de los Planes de   Igualdad en las empresas

7.        La erradicación del persistente acoso sexual laboral, la precariedad laboral, temporalidad y la alta tasa de contratos con jornadas parciales que sufren las mujeres

8.        El establecimiento de políticas laborales sociales y económicas que hagan efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como la corresponsabilidad en los cuidados.

9.        Consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración y derecho a sus prestaciones contributivas independientes.

10.   La equiparación efectiva y real de las Empleadas del Hogar al régimen general.

11.   La exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas

12.   La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

DESARROLLO DE CONTENIDOS DEL ARGUMENTARIO

A.       La retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que conllevan la discriminación y desigual oportunidad en el acceso al empleo y promoción profesional de las mujeres y el fomento de medidas efectivas para la disminución de la mayor tasa de paro femenina.

A nivel europeo, según datos de la Comisión Europea para el año 2017, las mujeres representan el 60% de las trabajadoras y los trabajadores con estudios superiores y el 45% del empleo total, pero según aumenta la categoría profesional disminuye la presencia de la mujer y en alta dirección se reduce al 14%.

En el Estado español, menos del 10% de embajadores son mujeres, menos del 14% de jueces del Tribunal Supremo son mujeres, menos del 30% de los ministros, menos del 20% de los catedráticos y así numerosas profesiones más (INE 2017).

Son precisos Planes de Igualdad en las empresas de más de 250 personas trabajadoras en donde se deben implantar medidas que garanticen la igualdad en la promoción profesional.

Rechazar las políticas que sitúan al hombre en el centro de la vida y a las mujeres inferiores y subordinadas a él en un contexto de relaciones patriarcales.

El acceso al empleo y la tasa de paro deja patente la desigualdad entre hombres y mujeres. Claro ejemplo de lo anterior son los trabajos feminizados (telemarketing, trabajo de cuidados, enfermería, etc.) que tradicionalmente relacionan la empleabilidad de las mujeres con trabajos precarios.

A su vez, la tasa de paro de las mujeres en el tercer trimestre de 2017 supera en más de nueve puntos a la de los hombres (14,59% respecto a los hombres y 23,88 % de mujeres, con una diferencia entre ambos sexos de 9,29%).

B.        La adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones.

No existe igualdad real retributiva por trabajos de igual valor entre hombres y mujeres, a pesar de que la directiva de 2006 de la Unión Europea que promueve la igualdad de género en el mercado de trabajo. En el Estado español, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año de 2017, las mujeres cobran de media un 23% menos que los hombres, lo que supone trabajar 60 días al año gratis o trabajar 10 años más o empezar 10 años antes para ganar tanto como los hombres.

Esto se traduce en una enorme brecha de género también en las pensiones, con bases de cotización más bajas de las mujeres.

En el Estado español, según datos del INE para el 2017, la cuantía de la pensión media de jubilación de un hombre es de 1.140,4 euros mientras en el caso de las mujeres se sitúa en 718,23 euros.

En cuanto a las pensiones contributivas, en 2017, el número de mujeres que percibe pensiones con cuantía entre 300-700 euros mensuales duplica al número de hombres; mientras que el número de hombres que percibe pensiones a partir de 700 en adelante duplica al número de mujeres que las perciben.

En las pensiones no contributivas, el 76,55% la cobran las mujeres.

C.        La erradicación del persistente acoso sexual laboral, la precariedad laboral, temporalidad y la alta tasa de contratos con jornadas parciales que sufren las mujeres.

Dentro de la precariedad laboral, las mujeres sufren una doble discriminación: el acoso sexual o por razón de sexo, temporalidad y la contratación de jornadas parciales.

El acoso sexual o por razón de sexo contra las mujeres en el trabajo es un reflejo más de las violencias machistas de la sociedad patriarcal en la que vivimos.

Hay una clara diferenciación entre las mujeres migrantes y las españolas, referente a que más de un millón de mujeres han sufrido situaciones de acoso en su actividad laboral, siendo que el 18% de las mujeres migrantes encuestadas declara haberlo sufrido, frente al 9,5% de las mujeres españolas.

Las mujeres tienen una mayor inestabilidad y precariedad laboral, siendo el 26,4% de las mujeres trabajadoras tienen contrato temporal frente al 25,7% de los hombres.

Respecto a la alta tasa de contratos con jornadas parciales, muy vinculado a las tareas de cuidado asignadas a las mujeres, es necesario destacar que según el INE y Ministerio de Empleo y Seguridad Social reflejan una realidad marcadamente diferenciada: el 26,6% de mujeres empleadas con 1 hijo tienen un contrato a tiempo parcial frente al 5,7% de hombres y, en el caso de 3 o más hijos, los porcentajes son un 26,2% de mujeres frente al 6,4% de hombres, siendo que el 97,3% de las personas ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo del cuidado de hijos de 14 o menos años son mujeres.

En el conjunto de 2016, por ejemplo, las mujeres firmaron 8.763.700 contratos, 4.573.000 a tiempo completo (el 52,2%) y 4.190.700 a tiempo parcial (el 47,8%). En cambio, el año previo al estallido de la crisis (2007) los porcentajes fueron del 65,2% y del 34,8%, respectivamente, con un volumen total de contratos muy parecido (8.565.900).

D.       El establecimiento de políticas laborales sociales y económicas que hagan efectivas la conciliación real de la vida familiar laboral y personal, así como la corresponsabilidad en los cuidados.

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal requiere políticas que permitan el cuidado y la atención de las personas dependientes (menores, mayores, personas enfermas y personas con diversidad funcional; la reorganización de los tiempos y espacios de trabajo; de las organizaciones laborales que posibiliten a las personas trabajadoras desarrollarse en las diferentes facetas de su vida; la modificación de los tradicionales estereotipos de mujeres y hombres respecto a su implicación en la familia, hogar y el trabajo.

Las medidas de conciliación se consideran como un «problema exclusivo de las mujeres».

Universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

INE 2017: hay 1.997.800 mujeres que no tienen empleo ni lo buscan por razones familiares frente a tan solo 130.800 hombres; la tasa de actividad es del 53,41% en el caso de las mujeres y un 67,1% en el caso de los hombres; cada año 380.000 mujeres abandonan el mercado de trabajo frente a 14.000 hombres; el 74,34% de los contratos a jornada parcial en 2012 se firmaron con mujeres.

Y es que la convicción social de que la mujer ha de ocuparse de criar y educar y los beneficios económicos y sociales que supone el trabajo doméstico y cuidados no remunerados hace que: 318.598 mujeres hagan uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres (98% de los casos); 32.012 mujeres pidan una excedencia por cuidado de hijos/as frente a 2.116 hombres (94% de los casos); las mujeres dediquen 4 horas y 29 minutos al trabajo doméstico (actividades de mantenimiento del hogar) frente a 2 horas y 32 minutos que dedican los hombres. Además, las mujeres dedican 2 horas y 22 minutos al cuidado de hijos/as frente a 1 hora y 46 minutos los hombres; cerca del medio millón de mujeres empleen a la atención de familiares dependientes el equivalente a una jornada laboral (40 horas semanales) durante 4-8 años; casi un 80% de familias se quede sin plaza pública de atención en los primeros años de vida de sus hijos e hijas; existe incompatibilidad de las jornadas laborales, escolares y familiares (33% de las mujeres se incorpora al puesto de trabajo antes de que abra el colegio y el 59% termina su jornada después de que los centros educativos cierren sus puertas).

La inexistencia de conciliación entre la vida laboral y familiar tiene un enorme impacto sobre la natalidad y lo reflejan estos datos: el 44% de las mujeres entre 20 y 44 años aún no ha tenido hijos/as y el 58% de las mujeres que residen en el Estado español asegura que tener hijos/as representa un obstáculo para la vida profesional. La conciliación sigue tratándose como una cuestión de mujeres, por lo que cuando una mujer no puede conciliar, o bien cuenta con otras mujeres de la familia (el 70% de las abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuida a sus nietos/as), o bien contrata a otra mujer.

Respecto al reparto de cuidados entre hombres y mujeres, siguen siendo mujeres, de diferentes generaciones, o de “otros” orígenes étnico-sociales, las que se redistribuyen los trabajos y las responsabilidades del cuidado.

E.         La equiparación efectiva y real de las Empleadas del Hogar al régimen general.

La actividad laboral con más contratación extranjera es la de servicio de personal doméstico: más de la mitad de los contratos

El empleo doméstico es de los sectores más precarios. Las empleadas del hogar siguen sin poder acceder a la prestación por desempleo; no tienen protección ni prestación social y el despido es libre. Las pensiones de jubilación son inalcanzables.

Exigimos la equiparación total de la acción protectora en materia de incapacidad temporal por contingencias comunes y profesionales de las empleadas del hogar con el régimen general, la garantía de despido indemnizado conforme a las reglas del Estatuto de los Trabajadores y, por supuesto, la cobertura de desempleo de las trabajadoras domésticas.

F.         Exigencia al Gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas.

La posición social y económica a la que se ha relegado históricamente a las mujeres hace que la mayoría de mujeres no cuenten con la posibilidad real de acceso a un empleo que garantice su autonomía.

Las políticas de empleo y la violencia machista tienen vínculos evidentes, pues las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el terreno laboral vienen condicionadas por la reclusión de las mujeres en los hogares y tareas domésticas, y al mismo tiempo, estas políticas de empleo favorecen el más que asentado binomio de mujer/ama de casa.

Sus políticas hacen que nuestra sociedad no se construya sobre la base de la igualdad real entre mujeres y hombres.

Los asesinatos de mujeres por el mero hecho de ser mujeres (feminicidios) ascienden en el año 2017 a 98; Esta cifra no coincide con la cifra del Gobierno, pues sólo computan como víctimas de violencia de género, las mujeres que tienen o han tenido vínculo sentimental o matrimonial con los asesinos feminicidas. Los asesinatos por violencia machista son la punta del iceberg de la sociedad patriarcal en la que vivimos. El Ministerio de Sanidad reconoce sólo 47 feminicidios en el año 2017.

La falta de medidas políticas y de prestaciones públicas unidas a los recortes hacen que no se esté prestando medidas de protección reales y efectivas para proteger la vida y la integridad de las mujeres en riesgo. Esta falta de medidas efectivas favorece que las otras mujeres no logren emanciparse de sus agresores por miedo e inseguridad. La violencia machista, por tanto, se retroalimenta desde el propio Estado.

G.       La igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.

Las mujeres migrantes en el Estado español constituyen el eslabón más precario de nuestra sociedad.

En el ámbito laboral, casi la mitad de las mujeres extranjeras ocupadas desarrollan trabajos no cualificados y en sectores como la hostelería, el comercio o el trabajo doméstico. En sus empleos, más de un millón de mujeres declaran haber sufrido situaciones de acoso en su actividad laboral, siendo que el 18% de las mujeres migrantes encuestadas declara haberlo sufrido, frente al 9,5% de las mujeres españolas.

Y es que la estructura ocupacional española, caracterizada por la terciarización, precarización y segmentación del empleo, fomenta la concentración sectorial y ocupacional de mujeres en empleos precarios y de menor cualificación.

Las condiciones precarias del trabajo de las mujeres migrantes se unen a un paro elevado del 25,36% (diciembre 2017) frente a un 17,44 de las mujeres trabajadoras españolas. Las pensiones de las mujeres migrantes tampoco van a experimentar ninguna mejoría, pues las altas tasas de paro y la contribución de su salario no permiten que puedan disfrutar de ningún tipo de jubilación. Estas condiciones laborales, además, incluyen el acoso sexual y racista en los centros de trabajo, acoso que difícilmente puede ser denunciado por miedo a una expulsión o deportación, debiendo soportar agresiones y violencias habituales.

Se carece de una política migratoria que garantice la regularización, la integración laboral y social de cientos de miles de personas, que en muchos casos pusieron en riesgo sus vidas para acceder a nuestro país.

No se palía la realidad y violencia racial y económica que sufren las mujeres trabajadoras migrantes. expulsión de personas migrantes penadas con 1 año de cárcel, las “devoluciones en caliente” que acaban de ser calificadas como ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o la negativa del Estado a proporcionar asistencia sanitaria a personas migrantes sin papeles.

Se mantienen los CIE que son destinados al internamiento de personas migrantes “sin papeles”, dificultando la reagrupación familiar de las mujeres; en  los controles discriminatorios en barrios, pueblos y ciudades sobre la población con base en meros criterios étnicos o de aspecto exterior, o en facilitar la expulsión de aquellas personas que sean condenadas por la comisión de algún delito, incluso tras el cumplimiento de la oportuna pena de prisión, o la expulsión de las menores en lugar de articular su documentación e integración.

La política en materia de extranjería, la militarización de las fronteras y falta total de medidas de integración social de la población migrante, en concreto de las mujeres, las colocan en una posición altamente peligrosa y vulnerable, pues son más susceptibles de ser raptadas por grupos criminales de trata, explotación sexual y cualquier actividad delictiva que no podría mantenerse con colectivos tan precarios.

H.       Consideración de las tareas de cuidados como trabajo con derecho a remuneración y prestaciones contributivas independientes.

Los sectores con mayor tasa de feminización (limpieza, sector doméstico y atención sanitaria, telemárketing) no son casuales. Esto es el reflejo de la reclusión histórica de las mujeres en los hogares privados para el desarrollo de todas estas tareas.

Las tareas domésticas han cumplido un papel fundamental en el funcionamiento del mercado y la economía. El trabajo invisibilizado de las mujeres en el hogar ha permitido al Estado recortar y privatizar los servicios sanitarios y educativos. Las políticas del Estado capitalista no ofrecen guarderías, residencias de personas ancianas, centros de salud ni hospitales que presten servicios con eficacia, capaces de atender a la sociedad española. El doble papel: por un lado se educa a las mujeres en la maternidad, pero por otro lado se castiga y se penaliza a las mujeres en el mercado de trabajo al ser madres. Esto hace de las mujeres trabajadoras un colectivo altamente precario que beneficia la explotación laboral y las ganancias de las empresas.

El trabajo en el hogar y las tareas de cuidados suponen en las mujeres trabajadoras una doble jornada de trabajo: de un lado el trabajo asalariado y de otro, el trabajo doméstico no remunerado. Existen fuertes dificultades en el acceso y promoción en el empleo y una alta tasa de jornadas parciales en las mujeres como consecuencia del trabajo doméstico que desarrollan o por cuidado de hijos e hijas y demás familiares.

Desde CGT reivindicamos la creación de prestaciones contributivas para las mujeres que desarrollan trabajo doméstico y de cuidados, prestaciones independientes de otras prestaciones relacionadas con vínculos matrimoniales o afectivos con la pareja (pensión de viudedad, compensatoria, etc.). Retribuir el trabajo doméstico de las mujeres además permite autonomía económica a mujeres que sufren violencia machista en sus hogares. Reivindicamos el derecho a una renta suficiente de subsistencia para todas las personas sin contrapartidas, en especial para las mujeres trabajadoras y migrantes, para garantizar su autonomía básica en la sociedad.

I.           Igualdad efectiva entre funcionarios y funcionarias públicas.

Más de la mitad de sus integrantes de las Administraciones Públicas son mujeres (55,29%), mayor porcentaje en el personal de las Comunidades Autónomas (69,07 %). En las áreas de Sanidad y Educación, competencias de las CC.AA., trabajan mujeres en porcentajes muy superiores a la media y este hecho no es casual sino cultural.

Sólo el 26,4% de las Direcciones Generales están al mando de mujeres.

RESUMEN – CONCLUSIONES

  • El sistema capitalista y patriarcal, sustentándose en la capacidad reproductiva de las mujeres, nos ha relegado al ámbito privado, con las responsabilidades de reproducción y cuidados; excluyéndonos del ámbito público y, por lo tanto, de la posibilidad de luchar contra el orden dominante, consiguiendo así un mundo desigual, desvalorizando las funciones reproductivas y de cuidados, desposeyéndolas de valor monetario y haciéndolas invisibles. Así, las mujeres nos convertimos en mano de obra gratuita, al estilo de las personas esclavas, para el mantenimiento del sistema.
  • La CGT nos hacemos eco y hemos venido denunciando la situación de explotación laboral, social y personal, de las mujeres de nuestra clase social, tanto en España como en el resto del mundo, y que se define desde la feminización de la pobreza, la precariedad y la injusticia.
  • Desde CGT hemos declarado y luchado por unas relaciones entre las personas que no tuvieran que verse sometidas a intercambios comerciales de ningún tipo y que, por lo tanto, la explotación laboral no existiera, desapareciendo las relaciones de trabajo sometidas a las leyes del mercado y dejando paso a la autoorganización y la autogestión.
  • Hemos defendido y reivindicado la autogestión de los Servicios Públicos y denunciamos la privatización a los que éstos están sometidos y que afecta especialmente a las mujeres en sectores como telemárketing, limpieza, educación, sanidad…
  • Es precisa la inclusión de la economía feminista en todos los órdenes de la vida, para erradicar las desigualdades como la brecha salarial, la explotación de doble jornada, el acceso a los servicios sociales, pensiones, educación feminista y coeducación, planes de igualdad, rompiendo el “techo de cristal” porque todas las vidas merecen ser sostenidas.
  • Es de justicia el reconocimiento de los derechos de las mujeres refugiadas y migrantes con independencia de su país de origen y etnia.
  • Lo que existe es una falsa igualdad, y denunciamos las situaciones de doble discriminación que sufren las mujeres, una como clase trabajadora (ya sea remunerada o sin remuneración a través de los trabajos reproductivos y de cuidados) y otra como mujeres. Las sucesivas «crisis» económicas, en las que nos sitúan periódicamente la clase dominante político-financiera, siguen manteniendo un sistema social, político y económico de progresiva desprotección y precarización hacia las personas que desarrollan la mayor parte de las tareas productivas y reproductivas del país y hacia las personas que no pueden trabajar, mientras que incrementan los arcos salariales a favor de los equipos directivos, juntas de accionistas y demás atracadores y corruptos que desde la política, la patronal y las instituciones públicas y privadas, saquean el país.
  • Denunciamos el salario precario y el vivir en la precariedad laboral, económica y de prestaciones. Es claro el descenso de la tasa de actividad de las mujeres en el mercado laboral, el aumento del desempleo femenino, el aumento de la temporalidad en el trabajo de las mujeres, la recarga de los cuidados, el deterioro de su salud, la privación de sus derechos sexuales y reproductivos.
  • Denunciamos el peor acceso y condiciones en la educación, el aumento del peso que llevan las mujeres en el sostenimiento económico y psicológico de la familia.
  • Reivindicamos los espacios seguros, erradicando todos los tipos de violencias machistas, sexuales. Denunciamos el incremento de la violencia que sufren las mujeres, tanto en los hogares como en los entornos laborales, manteniéndose los roles sexistas en todos los ámbitos de la vida.
  • Denunciamos la cultura patriarcal, los recortes en la ley del aborto, la represión del derecho a la identidad personal, la expropiación del cuerpo.

Porque los derechos no se piden ni mendigan, se luchan y se conquistan hasta erradicar el que las mujeres sigamos siendo precarias, sumisas, devotas, invisibles. En el contexto actual que estamos viviendo de constante pérdida de derechos y libertades, las personas que conformamos la CGT, luchamos contra todas las discriminaciones y por conseguir la igualdad y lo hacemos junto a todas aquellas otras personas, colectivos, movimientos, asambleas, organizaciones que así lo quieren y sienten.

Las mujeres y hombres de la CGT, no nos resignamos a la precariedad, la explotación, la exclusión social, la injusticia social y la desigualdad. Contra todos los abusos del sistema capitalista y patriarcal, la CGT convoca Huelga General, laboral, de consumo, de cuidados, estudiantil, junto al Movimiento Feminista, de 24 horas, el 8 de Marzo de 2018, haciendo un llamamiento a toda la sociedad para que la secunde y participe en cuantas acciones, manifestaciones y movilizaciones se organicen.

Igualmente, consideramos que el espacio privado en esta huelga debe de ser ocupado por los compañeros y el espacio público por las compañeras.

SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA

HUELGA PARA VIVIR, HUELGA PARA CUIDARNOS

ÚNETE A LA LUCHA QUE SOMOS MUCHAS

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Acción Social

El dilema de las pensiones: quién y cómo pagarlas

Los pensionistas están en pie de guerra. Tras la decisión del gobierno de una subida de las pensiones del 0,25% para el 2018, parte de los pensionistas han decidido salir a la calle a protestar, porque su poder adquisitivo se verá reducido un año más. Por otra parte, en la Comisión del Pacto de Toledo se producen fuertes tensiones entre los diferentes grupos políticos ante el anuncio por parte de la Ministra Fátima Bañez de aumentar los años cotizados para calcular el valor de las pensiones. ¿Qué está pasando con las pensiones? Cómo es posible que personas tan agradecidas como los pensionistas, que tradicionalmente han sido utilizadas por los dos grandes partidos para ganar las elecciones, se subleven y manifiesten abiertamente su descontento? ¿Cómo puede ser que uno de los Pactos más sólidos en España, el Pacto de Toledo de las pensiones, se esté tambaleando?

Sin duda, los cimientos del sistema público de pensiones están en entredicho y muchos se plantean si el sistema es o no es sostenible. Varias generaciones de españoles y españolas se preguntan si cobrarán su pensión cuando les toque jubilarse y si alguna vez podrán hacerlo. La cuestión es si esta valoración es puramente política y, por tanto, subjetiva y condicionada a intereses partidistas y particulares o si realmente es una valoración objetiva derivada de un análisis económico serio y riguroso. Y de ser cierta desde el punto de vista económico, ver si existen soluciones que permitan resolverlo.

El sistema público de pensiones en España está basado en el llamado sistema piramidal o esquema de Ponzi, según el cual las pensiones de quienes han abandonado el mercado laboral, son pagadas por quienes están en activo. Llevamos ya varias décadas en las que se ha producido un incremento del envejecimiento de la población (cada vez hay más pensionistas), a la vez que el empleo, no solo se ha reducido como consecuencia del incremento de las tasas de paro, sino que además se ha precarizado, con salarios cada vez más bajos e inestables. Hemos llegado a un punto en el que de una relación ideal de 4 trabajadores en activo por cada pensionista, se ha pasado a una de menos de 2 trabajadores en activo por pensionista.

Lógicamente, cuando son cada vez más lo que se jubilan y menos los que trabajan y además lo hacen en peores condiciones, llega un punto en el que el sistema ya no se sostiene. Como consecuencia de ello, la Seguridad Social ha ido incrementando su déficit desde el año 2011 hasta llegar al 1,7% del PIB en el 2016, debido a un aumento constante del gasto en pensiones, que ha pasado del 7,6% del PIB en 2008 al 10,7% en 2016. Además, las previsiones estadísticas, según el INE, señalan que este gasto continuará creciendo durante los próximos años y que a pesar de que se consiga reducir el desempleo al 6% en 2060, será insuficiente para compensar el incremento del gasto de las pensiones.

De este análisis puramente matemático se deduce que el sistema público de pensiones deja de ser sostenible y se colapsa. Pero también se deduce otro elemento que a menudo se deja de lado pero que es muy importante tener en cuenta a la hora de buscar soluciones: las causas que han provocado este desajuste vienen de la mala política laboral seguida por los gobiernos, es decir, el incremento del paro y el deterioro de las condiciones laborales. Y estas causas han sido provocadas por las reformas laborales llevadas a cabo por los diferentes partidos que han gobernado España. Señalo esta cuestión porque todas las medidas que se han implantado para tratar de parar el colapso del sistema público de pensiones no han sido más que auténticos parches totalmente inútiles y que en ningún caso han abordado el problema de fondo. Medidas como la modificación del número de años de cotización para el cómputo de la base reguladora de las pensiones, el aumento de la edad de jubilación, el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la pensión o la limitación de la subida de las pensiones con un máximo en el 0,25% (que es la medida que ha creado el malestar actual), son medidas que no abordan en ningún caso las causas de fondo y que realmente lo que pretenden es ir deteriorando el sistema de pensiones de manera intencionada con el fin de sustituirlo por un sistema privado. A finales de 2013, el gobierno del PP aprobó (solo con sus votos) una reforma de las pensiones que desvinculaba su crecimiento de la evolución del IPC (Índice de Precios al Consumo) al sustituirlo por el Índice de Revalorización (IR) y establecía un mínimo de subida en el 0,25% y un máximo en el 0,5% por encima del IPC. Durante los cuatro años siguientes, la subida aprobada ha estado siempre en el mínimo y, por tanto, por debajo del IPC, lo que ha provocado una pérdida constante del poder adquisitivo de los pensionistas.

En el año 2000 se creó el Fondo de Reserva (hucha de las pensiones) con el fin de garantizar el pago de las pensiones. Este Fondo llegó a alcanzar los 66.815 millones de euros en 2011, pero a partir de ese momento ha ido reduciéndose hasta alcanzar los apenas poco más de 8 mil millones en diciembre de 2017. Las pagas extras exigen cerca de 8 mil millones de euros adicionales, por lo que el Fondo de Reserva de las pensiones ya no es suficiente, lo que obliga a buscar otros mecanismos de financiación alternativos. El gobierno ha tenido que solicitar un préstamo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado para poder pagar las pensiones del mes de diciembre de 2017.

Sin ninguna duda, quienes señalan que el sistema público de pensiones en España está quebrado y no existen soluciones reales para recuperarlo, están en parte en lo cierto. Pero lo que no dicen es que no ha habido una verdadera voluntad política por resolverlo y que las medidas aplicadas sobre el mercado de trabajo han acelerado aún más la posible quiebra de la Seguridad Social. ¿Porqué ha sido así? Porque detrás de un sistema privado o mixto de pensiones se esconde un gran negocio para los bancos, empresas aseguradoras y grandes grupos empresariales en general. El sistema público de pensiones en España ha sido históricamente uno de los pilares más importantes que sostiene el Estado de bienestar, desde que se constituyó el Retiro Obrero Obligatorio en 1919. Atentar contra él significa atentar contra el Estado de bienestar, y la crisis económica de 2007 ha sido la excusa perfecta para hacerlo. Es harto improbable que quienes están a favor de la privatización del sistema de pensiones en España, intenten buscar soluciones reales y efectivas a su situación actual. Alentar el negocio privado de los planes de pensiones les asegura el uso de las puertas giratorias, de manera que defender políticamente los privilegios de estas empresas les permite cobrar retribuciones astronómicas una vez abandonan los cargos políticos que ostentaban. El segundo sector que mayor número de exaltos cargos contrata es el bancario, tras el sector energético.

¿Es necesario mantener un sistema público de pensiones? y, si es necesario, ¿es viable?; o ¿lo mejor sería crear un sistema privado-mixto de pensiones al estilo anglosajón? La mayor parte de la población necesita de un sistema público de pensiones, sin ninguna duda. Con un incremento de las desigualdades económicas y de la pobreza, con un empleo de cada vez peor calidad, con salarios bajos y altas tasas de temporalidad, parece improbable que una gran parte de la población reúna las condiciones económicas adecuadas para contratar un plan de pensiones privado suficiente para garantizar un retiro digno. Por tanto, la eliminación del sistema público de pensiones incrementaría aún más la pobreza y las desigualdades en España, lo que afectaría al consumo y la caída de este al desarrollo económico del país. Una gran cantidad de ciudadanos quedaría excluido de las prestaciones por jubilación y dejaría de tener acceso a bienes y servicios de primera necesidad. Luego desde el punto de vista social es fundamental seguir manteniendo un sistema público de pensiones. Quienes defienden un sistema privado de pensiones, lo hacen pensando en el gran negocio que supondría para determinados grupos empresariales, especialmente para bancos y compañías aseguradoras.

El Estado tiene implantado un mecanismo de desgravaciones fiscales y de deducciones en la base impositiva del Impuesto sobre la Renta con el fin de promocionar los planes privados de jubilación y otros tipos de aseguramiento privado dotado con más de 2 mil millones de euros anuales. Sin embargo, hay que decir que no es oro todo lo que reluce, es decir, que se venden las pensiones privadas como un instrumento para aumentar las ganancias de los particulares, cuando se ha demostrado que la rentabilidad de las pensiones privadas en España es ridícula. Según un informe de la OCDE, la rentabilidad media de los fondos de pensiones privados en España durante el período 2008-2012 fue negativa y solo Estonia y Polonia presentaron una rentabilidad más baja que España. De los 257 fondos de pensiones privados que existen en España, solo el 1,16% de los mismos alcanzó una rentabilidad media superior a los bonos del Estado a 15 años. Por otra parte, el dinero que estas empresas consiguen a través de los planes de pensiones los utilizan para especular a través de diferentes tipos de fondos de inversión, entre ellos los fondos buitre. Estamos, por tanto, ante un negocio engañoso para los consumidores, nada ético y al que el Estado destina miles de millones de euros.

La siguiente pregunta que hemos de abordar es si es posible asegurar la viabilidad del sistema de pensiones. No cabe ninguna duda de que manteniendo el sistema económico actual es imposible que el sistema público de pensiones se sostenga. Los salarios más habituales en España ascienden a poco más de 16 mil euros brutos anuales, la devaluación salarial ha sido superior al 10% y el 90% de los contratos que se están creando al amparo de la última reforma laboral son temporales. En este contexto, no solo no es viable el sistema público de pensiones, sino el conjunto del sistema económico. La economía española, con una deuda pública superior al billón de euros y más del 100% del PIB y con un mercado de trabajo cada vez más precarizado, está al límite del colapso. No están en juego las pensiones, sino el conjunto del sistema económico español. Las decisiones en materia económica van directas al corazón del Estado de bienestar, y las pensiones son uno de sus pilares más importantes, como ya hemos señalado anteriormente.

Por tanto, ¿hay solución? Sí la hay, pero exige un cambio del modelo productivo. Mientras sigamos con un modelo productivo basado en la especulación y la temporalidad, va a ser imposible que el sistema económico se recupere. Para asegurar las pensiones y el resto de elementos que constituyen el Estado de bienestar, hay que tomar decisiones pensando en el largo plazo, pero también hay que adoptar medidas a corto plazo. A largo plazo, la única manera de garantizar la sostenibilidad de las pensiones es a través de un empleo de calidad, estable y con salarios altos. Las empresas han de ganar competitividad, no devaluando los salarios, sino apostando por el conocimiento y la innovación. El cambio de modelo productivo solo se consigue con un cambio de mentalidad de las empresas. Lo he dicho en más de una ocasión: empresas socialmente responsables, comprometidas con el entorno, capaces de crear valor añadido a través de la diferenciación, la calidad, el diseño y la innovación y dispuestas a retribuir justamente a sus empleados.

Solo así se consigue un sistema económico inclusivo y sólido. Pero el problema del pago de las pensiones es inmediato, por lo que hay que buscar soluciones a corto plazo. Agotado el Fondo de reserva, solo hay una opción: pagar las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado. Y para ello hay que incrementar los ingresos fiscales, no reducir los gastos sociales. Incrementar los impuestos a quienes más ganan y a las grandes fortunas, desde una visión de solidaridad y de justicia social, es clave en este proceso; al igual que lo es acabar con el fraude fiscal y crear mecanismos para que las grandes empresas paguen los impuestos que realmente les corresponde. Tampoco tiene sentido seguir aplicando exenciones y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de los empresarios, porque se ha demostrado que se trata de una medida totalmente ineficaz. Con estas medidas no se crea más empleo, sino que lo que se consigue es transformar empleo fijo y estable en empleo temporal y precario. La gran cantidad de recursos destinada a este tipo de medidas tan ineficaces, se podría dirigir a apoyar a las empresas en la implantación de sistemas de gestión basados en el conocimiento y la innovación, lo que redundaría en un empleo de calidad, asegurando así el pago de las pensiones del futuro. Otra medida que se podría tomar para incrementar los fondos destinados a las pensiones públicas sería eliminar las desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta por la contratación de planes de pensiones y otros seguros privados, que como ya hemos señalado supera los 2 mil millones de euros anuales. Con todas estas medidas se conseguiría una cantidad económica significativa que podría ir destinada al pago de las pensiones y de otro tipo de prestaciones sociales, asegurando así el Estado de bienestar.

Como se puede observar, existen múltiples medidas que pueden ayudar a mantener el sistema público de pensiones y asegurar su sostenibilidad, tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, no es cierto que las pensiones públicas no se puedan pagar y que haya que buscar otros instrumentos alternativos (o complementarios) como son los planes privados de pensiones. Estos últimos no son más que un negocio poco ético para bancos y compañías de seguros y que en ningún caso resolverían el problema de la quiebra del sistema. Que no nos engañen, quienes sostienen que la Seguridad Social está en quiebra y las pensiones públicas ya no se pueden pagar, son quienes buscan con estas medidas acabar con el Estado de bienestar y lucrarse personalmente. Otra economía es posible.

Texto: Joan Ramon Sanchis Palacio

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/el-dilema-de-las-pensiones-quien-y-como-pagarlas

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Acción Social

Proyección del documental «Ciutat Morta» en el aniversario del 4F


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Acción Sindical

EPA 2017 Cuarto Trimestre 2017

La cadena de la precariedad se consolida y las mujeres se encuentran en la mayoría de los eslabones.

SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT

Los datos son eso, datos. Pero los cuentos que nos cuentan las “cuentas” son ya un relato insoportable que no puede ser invisibilizado bajo las “grandes cifras de los titulares”: se crean 480.000 puestos de trabajo… la economía crece al 3’2%… el déficit cumple con Bruselas…

Estos datos macro no pueden esconder la situación de las clases asalariadas en su devenir cotidiano por el “mercadeo” del mercado de trabajo: la consolidación estructural de la precariedad laboral -y por lo tanto social- de la inmensa mayoría de los y las trabajadoras.

  • El último trimestre muestra que se pierden 50.900 empleos y con ello se invierte la tendencia positiva anterior sobre el porcentaje del desempleo.
  • Las mujeres, nuevamente, consolidan su desigualdad social al ser su porcentaje de desempleadas mayor que los hombres y, a la vez, las mujeres que salen del desempleo son sustancialmente menos que los hombres.
  • La tasa de temporalidad (la proporción de contratos temporales sobre el total de contratos del país) se acerca peligrosamente a los datos del 2013, cuando se llegó a alcanzar casi el 32% de la población ocupada, situándose a finales del 2017 en el 26’7%.
  • El 30% de todos los contratos suscritos en el 2017 tuvieron una duración inferior a un mes.

  • de los 21’5 millones de los contratos realizados en este período, solamente 1’2 millones fueron fijos y 19’5 temporales.
  • ·el 30% de todos los contratos realizados en el 2017 -6’15 millones- se realizaron en el sector servicios y, de éstos, 3’4 millones tuvieron una duración máxima de 7 días.
  • ·la población contratada en estas modalidades temporales son, mayoritariamente, mujeres.

– Las horas extras no pagadas ascienden a 6’4 millones a la semana y suponen el 46% de todas las horas extras realizadas.

  1. la mayoría de esas horas extras son realizadas por hombres.
  2. su porcentaje de cobro supuso el 66% en el caso de las realizadas por hombres y no alcanzó al 45% si  las realizaron mujeres.

Esta realidad, insoportable para la clase obrera en “abstracto”, resulta demoledora en el caso de las mujeres, pues su realidad de explotación laboral lleva implícita la grave violación de su derecho fundamental a la igualdad.

¡YA BASTA, SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA!

Madrid, 29 de Enero de 2018