EL MOVIMIENTO LIBERTARIO COMO «ENEMIGO INTERIOR»
Los 14 detenidos por resistencia y desobediencia ya están en libertad con cargos. Otros once, acusados de usurpación, se espera que sean liberados mañana. Los trece acusados de pertenencia a banda terrorista podrían pasar mañana a disposición judicial.
Ter García (Ver noticia en el Periodico Diagonal)
La Operación Piñata se saldó ayer con 38 detenciones. Trece de las personas detenidas ayer, durante la Operación Piñata, salieron la pasada noche en libertad con cargos de resistencia y desobediencia. Según explica a Diagonal Daniel Amelang, abogado de algunos de ellos, sus detenciones tuvieron lugar durante los registros realizados por la Policía Nacional pero no entran en el marco de la Operación Piñata, ordenada por la Audiencia Nacional. La policía acusa a otros once detenidos más de usurpación. Amelang señala que hoy pasarán a disposición judicial.
De las otras trece personas detenidas, éstas con cargos de pertenencia a “organización criminal con fines terroristas”, aún hay poca información. Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de uno de ellos, explica que “en principio, hoy harán la declaración en comisaría y mañana pasarán a disposición judicial”.
La Policía Nacional, en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, detuvieron ayer a 13 personas por “pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas” en el marco de la Operación Piñata, ordenada por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, según las últimas informaciones emitidas desde el cuerpo. La nota de la policía afirma que los detenidos formarían parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Durante la operación, la Policía realizó registros en 17 puntos, entre otros en los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, en donde requisaron material informático. Varias fuentes señalan que, finalmente, durante los registros, la policía detuvo a otras 25 personas, 14 de ellos acusados de resistencia y desobediencia y otros once acusados de usurpación.
Desde La Quimera afirman que la policía “se ha negado a mostrar ningún tipo de orden o dar alguna explicación de lo que estaba sucediendo”. El centro social señala en un comunicado que “esto no es más que otro ataque al movimiento anarquista, con la intención de criminalizar y represaliar nuestra lucha”. Durante el registro del centro social 13-14, la policía detuvo a seis personas, a las que acusa de resistencia a la autoridad.
El Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, con el magistrado Eloy Velasco al frente, es el mismo que, en noviembre de 2013, ordenó la detención de M.C.S. y F.S.D. Velasco les acusó de colocar una bomba, un mes antes, en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza. La explosión del artefacto causó algunos daños en los bancos y escayola del templo, pero no provocó ningún herido. En el auto de procesamiento, Velasco les acusaba también de planear la colocación de otro artefacto explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona, a la que, afirma el juez, fueron de visita. “Del abundante material intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, difícilmente compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el auto de procesamiento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. “Tómese en consideración que, en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de Montserrat, los acusados no muestran interés alguno en la figura de la Virgen, y sí en el resto del templo”, insiste el escrito. Los dos detenidos en noviembre de 2013 siguen a día de hoy en prisión preventiva, según confirmó a Diagonal su abogada, Amelia Alexandre. Este caso fue el primero en el que se mencionó a los GAC, el cual, según el juez, estaría relacionado con otro grupo desconocido, el Comando Mateo Morral.
La Operación Pandora, que tuvo lugar en diciembre de 2014 en Barcelona, volvería a hacer mención a los GAC. En este caso, la operación fue ordenada por el magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Terminó con la detención de 11 personas, también acusadas de pertenecer a los GAC. El uso de un servidor de mail seguro -RiseUp-, algunas actas de asambleas y tener el libro ‘Contra la Democracia’, supuestamente elaborado por los GAC y en el que se hace un recorrido sobre la historia del sistema democrático y las relaciones actuales entre poder económico y político, son pruebas, para la Guardia Civil, de que los detenidos en la Operación Pandora forman parte de una supuesta plataforma que hace de “punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas”. Más adelante, el escrito de procesamiento señala que sus acciones se limitan a lanzar bengalas, petardos y quemar contenedores. El 30 de enero, el juzgado ordenó la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de los detenidos en la Operación Pandora, al tiempo que los Mossos d’Esquadra hicieron públicas -a través de los medios de comunicación- las acusaciones contra ellos.
Criminalizando el anarquismo
Ya en junio de 2014, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, afirmó ante los medios de comunicación que el “terrorismo anarquista se ha implantado en España”. En la misma intervención aseguró la “firmeza” de la policía frente a manifestantes violentos y que “nadie podría alterar la paz social en las calles”. La lucha contra el “terrorismo anarquista” es, según palabras de Cosidó, “una prioridad para la policía”.
Las prioridades de la policía contrastan con el recién aprobado Pacto Antiterrorista, supuestamente enfocado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Impulsado por el Partido Popular y el PSOE, el pacto, supuestamente enfocado a la lucha contra el terrorismo yihadista, contempla una serie de reformas en el Código Penal que incluyen la criminalización de las visitas a páginas webs de colectivos calificados como terroristas, el aumento de la pena por enaltecimiento del terrorismo y la ampliación del mismo concepto de terrorismo, calificativo que ahora pasa a incluir cualquier delito grave contra los bienes jurídicos cuando se lleve a cabo con el objetivo de “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas”.
