El comodín que siempre encaja para el sistema

El anarquismo ha sido a lo largo de la historia un comodín con el que poder justificar oleadas de represión por parte del Estado. Cuando el movimiento anarquista se dedicaba a organizar sindicatos, grupos de estudios, centros culturales, periódicos y extender sus ideas, siempre apare­cían, de forma sospechosa, los llamados “dinamiteros”, que venían a provocar una oleada represiva contra estos centros de la organización libertaria. Los procesos de Mont­juic, la Mano Negra, el caso Rull o el de Casas Viejas no dejan de ser sintomáticos. Procesos oscuros, y muchos de ellos montajes por parte de provocadores a sueldo del Estado, según se ha demostrado con el paso de los años. Pero, a pesar de la dura represión que el franquismo efectuó contra el anarquismo –entre otros movimientos–, la llamada Transición democrática no ha sido menos en los ataques contra el anarquismo, efectuados bajo el paraguas de las llamadas “acciones antiterroristas”.

Una de las primeras acciones fue el Caso Scala. La recién legalizada CNT se negó a firmar los Pactos de la Moncloa. Esto, unido al miedo a que existiera un modelo sindical distinto al concertado y a que el anarcosindicalismo creciera, según palabras del propio ministro Rodolfo Martín Villa, provocó que el Gobier­no ordenara la infiltración de agentes provocadores en la CNT. El 15 de enero de 1978, tras una manifestación, cuatro personas murieron en un incendio provocado en la sala de fiestas Scala, en Barcelona, tras la celebración de una manifestación. El Estado aprovechó para lanzarse contra la CNT, deteniendo a algunos de sus miembros, a los que acusó de terrorismo. El agente provocador, Joa­quín Gambín, desapareció días después y nunca más se supo de él. Las penas contra los detenidos llegaron a los 17 años de cárcel. Años después, la justicia reabrió el caso, ahora con un solo acusado, Joaquín Gambín.

Los montajes y la represión ha alcanzado también a las prisiones. Enmarcado en la lucha de los presos sociales, Agustín Rueda fue asesinado, en 1978, a manos de funcionarios de la prisión en la que estaba cumpliendo su condena como un episodio más de las torturas sufridas por los presos.

El juego del terrorismo como arma arrojadiza contra el anarquismo se usó también a finales de la década de los 70 e inicios de los 80. En esos años, las acciones tuvieron como objetivo a la Federación Anarquista Ibérica, la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas y los Grupos Autónomos Anarquistas, a los que se relacionó con los Comandos Autónomos Anticapita­listas con ETA, con todo lo que ello conllevaba.

Años 90 y dos mil

Las acciones contra los anarquistas no pararon. En 1996 fue detenido el secretario general del Comité Nacional de la CNT, José Luis Velasco, por negarse a un registro imprevisto en la sede del comité.

Los casos de supuestas colocaciones de artefactos explosivos contra instituciones o personas concretas proliferaron a finales de los 90 e inicios del 2000. La irrupción de corrientes insurreccionalistas fueron excusa para detener a miembros de Juventudes Libertarias o de la Cruz Negra Anar­quista, organización esta última que trabajaba en el ámbito de presos anarquistas. Tras el atentado de Córdoba de 1998, se dieron numerosas acciones policiales contra el movimiento anarquista. Infiltraciones en las organizaciones citadas o montajes policiales como el de Eduardo García  fueron famosos. Salían a la luz supuestos organigramas de organizaciones y contactos imposibles, dirigidos por “cerebros” desde la cárcel, aparecían grupos anarquistas de dudosa procedencia y detenciones indiscriminadas.

La dinámica no ha cambiado. Eduardo Haro Tecglen decía hace ya algunos años que los primeros sospechosos de algo siempre son de ETA. Si no encaja cualquier otro grupo terrorista y si la pieza sigue suelta, los anarquistas siempre vienen bien. Casos recientes como el del 4F demuestran que la máxima que Haro Tecglen sigue siendo completamente válida. La criminalización del anarquismo es un suma y sigue.