La Fiscalía además “denuncia ante la sociedad” que la desigualdad también se mide en la siniestralidad, el dolor y la muerte. La mayor parte de la siniestralidad laboral se registra entre los trabajadores y trabajadoras migrantes, como también en las personas trabajadoras con menor nivel cultural.
La protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber de los empresarios y de las Administraciones Públicas. La quiebra de este deber de protección, se produjo desde el momento que las Administraciones Públicas hicieron saltar por los aires las legislaciones laborales protectoras de los derechos de las personas trabajadoras, y nos entregaron a los empresarios como “carne de cañón” para la batalla de su competitividad.
En el primer semestre del 2015, los accidentes de trabajo están “descontrolados”.
Asistimos a un aumento generalizado de la siniestralidad laboral en el Estado Español. La siniestralidad laboral, una vez “desmontada la red protectora de los derechos laborales”, aumenta en ritmos muy superiores a lo que lo hace el empleo. Empleo que, en sus condiciones actuales de prestación, se encuentra vacío de derechos para la persona que trabaja.
Los datos más dramáticos los arroja la siniestralidad mortal: 285 trabajadores y trabajadoras han perdido la vida en este semestre (un aumento del 3,3%), y además, es que la mayor parte de ellos se han producido durante la jornada de trabajo.
Desmantelada la red protectora, el trabajador/a que entra al empleo, al igual que quien lo mantiene, ha visto precarizado el mismo hasta extremos inhumanos.
El empleo es volátil, vulnerable y causante de muertes y enfermedades perfectamente previsibles y evitables, por lo tanto, es la acción humana de los empresarios quien es responsable de las muertes, de las enfermedades y de la siniestralidad laboral.
La Ley del Mercado funciona como una máquina trituradora de derechos y de vidas y, las muertes, enfermedades y accidentes que causa esa Ley, tiene responsables con nombre y apellidos: los empresarios, sus gerentes, sus directivos y los políticos y legisladores.
Es una guerra donde cada día dos trabajadores/as mueren, es decir son “asesinados legalmente”, bien por accidente, bien por enfermedad laboral. En esta guerra, no aparecen los derechos de refugio, al contrario, las políticas son anti-proactivas en la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
