La Fiscalía pide a la policía más pruebas, porque las fotografias que ha aportado son “poco claras”
Según la Fiscalía, que acusa a Capín de un delito de atentado contra la autoridad y pide para él dos años de prisión, la policía ha aportado como única prueba unas fotocopias de unas fotografías “poco claras” de los hechos. Por eso ha solicitado el aplazamiento, para que aporte otras fotos y así garantizar la tutela judicial efectiva del acusado.El juicio contra el fotoperiodista Raúl Capín, a quien la policía acusa de agredir a una agente para que no detuviera a una manifestante durante una protesta de Marea Ciudadana en 2013, ha sido aplazado hoy, a petición de la Fiscalía, hasta el próximo 23 de febrero, justo tres años después de aquella manifestación.
En las puertas del juzgado se ha concentrado un centenar de personas, con pancartas en defensa de la libertad de información y en solidaridad con el fotoperiodista.
Con motivo del juicio, la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha expresado su solidaridad con Raúl Capín y ha denunciado que se trata de un “ataque al derecho a la información y a la libertad de prensa”, que forma parte de la “estrategia de persecución, criminalización y represión” del Gobierno del PP “contra medios y periodistas críticos”.
La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) -a la que pertenece laFeSP-, Yolanda Quintana, ha indicado que este juicio “vulnera el derecho de cualquier ciudadano a estar informado”.
Raúl Capín, afiliado al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), es colaborador de Diario Independiente Digital (DID) y Mundo Obrero. El 22 de mayo de 2013, varios policías acudieron a su domicilio, lo detuvieron y lo trasladaron a una comisaría, bajo la ausación de haber agredido a una agente en una manifestación celebrada tres meses antes, el 23 de febrero. Él siempre lo ha negado y sostiene que estaba allí cubriendo la protesta para los medios con los que colabora.
Aquel mismo día también fue detenido en su domicio el fotoperiodista freelance Adolfo Luján, que colabora con Spanish Revolution. Tras esas detenciones, el Sindicato de Periodistas de Madrid y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigieron la inmediata libertad de Capín y Luján y subrayaron que los agentes policiales, en su tarea de mantenimiento del orden público, no deben obstaculizar el trabajo de los informadores, sino facilitar su labor para que puedan cumplir con su obligación constitucional de informar verazmente a la ciudadanía.
Ambas detenciones provocaron en su día protestas y concentraciones de fotoperiodistas en las que denunciaron los cada vez más frecuentes obstáculos a su trabajo informativo por parte de algunos agentes de policía. Tales barreras perjudican sobre todo a fotoperiodistas freelances y de medios de comunicación modestos.
Capín, Luján y el resto de periodistas que suelen cubrir las convocatorias de los movimientos sociales se han quejado repetidamente de que en medios como ABC, La Razón, El Mundo o Telemadrid han sido identificados o señalados en diversas ocasiones como “falsos fotoperiodistas” o “fotógrafos infiltrados en las manifestaciones”.
