La declaración de los derechos universales de la ONU, están asumidos e instituidos por la mayor parte de las Constituciones de los países del mundo occidental. Las mismas declaran como derechos fundamentales o inalienables de todos los seres humanos el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna.
La constatación que hacemos es que no existe la igualdad proclamada constitucionalmente: cientos de miles de personas, trabajadoras de todos los sectores de la producción y de la distribución, al igual que gran parte de la población, han sido sometidas a un trato “criminal” y premeditado de lesión y deterioro de su salud por el hecho de trabajar y coexistir con un producto “asesino”, el AMIANTO.
Las personas empresarias y las instituciones públicas, tenían constancia desde los años 40 del siglo pasado, que el AMIANTO era peligroso y que causaría y causa enfermedades graves, muchas de ellas con resultado de muerte y, de manera premeditada, permitieron hasta el año 2002 en el Estado Español que este fuera utilizado como un factor de producción barato, sin importarles un pimiento las consecuencias sobre los derechos fundamentales de millones de personas, en la vida y la salud.
La desigualdad también se mide en la siniestralidad, el dolor y la muerte. La protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber inalienable que las empresarias y las Administraciones Públicas, tienen que cumplir.
La quiebra de este deber de protección, se produjo desde el momento que las Administraciones Públicas permitieron –y permiten- a las empresarias, incumplir las legislaciones laborales protectoras de los derechos de las personas trabajadoras, así como permitieron –y permiten- que el Mercado y sus mercaderes, utilicen productos en nuestras viviendas, en los elementos cotidianos de la vida (calefacción, aires acondicionados, estufas, calentadores, etc., etc.) que nos condena a una mala salud física y ambiental, todo a mayor gloria de una minoría de la población, rica, poderosa, plutócrata en nombre de una competitividad, que deteriora y, quizás destruya, las bases sociales, económicas y medioambientales de la vida.
Desmantelada la red protectora, la impunidad es quien rige las relaciones laborales y por extensión, las sociales. La violencia ejercida sobre los derechos humanos fundamentales, se constituye como la “lógica más normal” de la vida y el cotidiano.
Esto sólo es posible, no sólo por la “alianza histórica” entre las oligarquías, poderosos y sus representantes políticos, sino que la ausencia de la lucha de los de abajo, de los ninguneados y ninguneadas, permite su impunidad e invisibiliza el dolor, la muerte y el desprecio por los derechos humanos fundamentales.
Para CGT, la recuperación de la VERDAD, es decir poner en el orden del día de la agenda “política” de las Instituciones, el “crimen y el genocidio” que ha supuesto y supone el producir y distribuir mercancías con un elemento dañino para millones de personas, como es y ha sido el AMIANTO, es un paso imprescindible para que Empresarias e Instituciones Públicas, sean IMPUTADAS y asuman sus responsabilidades civiles, penales y administrativas.
Y además, SE REPARE EL DAÑO CAUSADO, reconociendo que todas las personas que trabajamos y sufrimos el AMIANTO, tenemos derecho a tener un trato preferente en la vigilancia y protección de la salud, con los mejores medios existentes en la actualidad, y se INDEMNICE por el daño causado y se reconozcan los COEFICIENTES REDUCTORES en la jubilación de manera universal para toda esta población.
La “Ley del Mercado” funciona como una máquina trituradora de derechos y de vidas y, las muertes, enfermedades y accidentes que causa esa “Ley”, tiene responsables con nombre y apellidos: las empresarias, sus gerentes, sus directivas y las y los políticos y legisladoras.
JUSTICIA Y REPARACION y CONDENA A LOS RESPONSABLES
