Nerviosismo en la Unión Europea tras el resultado del referéndum inglés. La Comisión Europea plantea que el tratado comercial con Canadá sea un acuerdo de competencia exclusiva de la UE, lo que hurtaría a los parlamentos nacionales la posibilidad de ratificarlo o rechazarlo.
Como un castillo de naipes, el efecto del referéndum del Brexit, ha hecho zozobrar el espacio sin democracia que es la Unión Europea. El temor a que las consultas ciudadanas no den los resultados previstos –como ya ocurrió en Francia y Holanda en 2005 e Irlanda en 2008– ha aumentado el nerviosismo entre los dirigentes de la UE. Entre las conversaciones del Consejo Europeo que se celebra este martes y miércoles, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker ha lanzado otra bomba de relojería respecto a los tratados comerciales que se discuten actualmente a nivel continental.
Según fuentes diplomáticas Juncker insistió en esas reuniones en que el CETA, el tratado con Canadá, a falta de ratificación, no tiene que ser considerado un Acuerdo Mixto –lo que exigiría su aprobación por parte de los Parlamentos nacionales– sino un acuerdo de competencia exclusiva de la UE.
La portavoz de la Comisión, Annika Breidthardt, ha confirmado esta mañana que su oficina no considera el acuerdo con Canadá un tratado mixto, de competencia compartida entre las instituciones europeas y las estatales.
La Comisión Europea tiene previsto presentar su propuesta sobre la naturaleza jurídica del CETA el 5 de julio en la reunión del Colegio de Comisarios. Dicha propuesta sólo puede ser rechazada por unanimidad de los Estados miembros y, en caso de salir adelante, puede ser aprobada con una mayoría cualificada de los Estados miembros. Lo cual contradice los artículos 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre política comercial común y 218, para la negociación y celebración de acuerdos entre la Unión y terceros países.
Muchos medios alemanes, entre ellos Handelsblatt, reseñan que Juncker encontrará la oposición del Gobierno de Angela Merkel, reacia a que los Tratados sigan su curso sin la ratificación de los distintos parlamentos nacionales. Tampoco se han hecho esperar las reacciones negativas de los Jefes de Estado de Austria y Luxemburgo.
Si sale adelante esta propuesta de la Comisión, los aspectos jurídicos del CETA serán discutidos en el Consejo informal de Comercio previsto para el 22-23 de septiembre en Bratislava, paso previo para su firma prevista en otoño. En esa misma reunión está previsto que se haga un balance de las negociaciones del TTIP.
Varios países, el último Austria, han puesto en duda que sus respectivos Gobiernos vayan a dar luz verde al CETA. Además, hay resoluciones de parlamentos nacionales en Francia, Holanda, Luxemburgo, Hungría exigiendo que sea mixto y no se autorice la aplicación provisional.
Para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, la sospecha que surge es que podría tratarse de una «operación de chantaje sutil». Así, cuando más presiona la Comisión Europea, los estados miembros pueden creer que la Comisión tiene argumentos sólidos para que el CETA sea se competencia exclusiva de la UE, explica Kucharz, «eso puede forzar a los Estados miembros a querer hacer un intercambio: la Comisión Europea define CETA como mixto y a cambio los Estados miembros aceptan en el Consejo Europeo la aplicación provisional, en contra de los criterios de varios países como Austria o Holanda cuyos parlamentos ya han exigido a sus gobiernos rechazar la aplicación provisional». Así, el precio por la definición de “acuerdo mixto” sería la aplicación provisional. «Eso satisfaría a las mayorías neoliberales de los Estados miembros, incluyendo al Gobierno en funciones del PP en España», explica Kucharz.
La aplicación provisional es muy peligrosa porque permitiría un cambio en los procesos legislativos eliminando competencias parlamentarias y gubernamentales y soberanía popular así como privatizando la justicia. Entre otros, serían posibles con el CETA las demandas de multinacionales contra Estados si deciden proteger la salud pública o el medioambiente o regular los bancos y el sistema financiero», resume este activista ecologista.
En la agenda del presidente de la Comisión también está la aceleración de las negociaciones del TTIP, algo varadas por la creciente oposición social y política, las profundas contradicciones y diferencias en varios temas del acuerdo con EE UU, entre los países de la Unión, así como la imposibilidad de cerrar las negociaciones antes de que termine el mandato de Barack Obama en la Casa Blanca. La conclusión de la reunión del Consejo Europea es que las negociaciones del TTIP «deben continuar».
Mientras se producía esta ofensiva por parte de la Comisión Europea, la sociedad civil europea ha seguido movilizándose para conseguir la retirada de los tratados. El 27 de junio, 240 organizaciones enviaron una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidiéndole que se suspendan las negociaciones de los tratados y recordándole que más de 3,4 millones de personas en todo el continente han firmado una iniciativa ciudadana europea auto-organizada contra el TTIP y el CETA.
