Ermengol Gassiot / Profesor de la UAB y secretario general de la CGT en Catalunya: «Desde 1966 una universidad no había denunciado a sus profesores»
Guillem Martínez
Ermengol Gassiot (Barcelona, 1972) es profesor del Departament de Prehistòria de la UAB. Paralelamente a su experiencia docente y de campo, desde 2004 ha participado, como arqueólogo forense, en diversas iniciativas de exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil. «Aquí es diferente que en Argentina. Allí, tras una intervención arqueológica, se abre causa jurídica, mientras que aquí la excavación no tiene validez jurídica, y finaliza con alguien que pone una placa o un monumento». Ha exhumado fosas en Olesa, Bruc, Gurb, Osona, Villanueva del Rosario, Santaella y la Guijarrosa. En otro orden de cosas, desde 2007 es delegado sindical en la UAB por CGT –“hemos pasado de ser la cuarta fuerza a la primera»– y, desde 2014, es secretario general de la CGT en Catalunya. Con el arranque de la crisis, la CGT catalana, por cierto, ha experimentado un aumento de afiliados de en torno al 40%, y ha aumentado su número de delegados en un 3%, en un momento en el que CC.OO. los ha visto reducirse en un 18% y UGT entre el 18% y el 20%. Desde hace unos días, es también el primer secretario general de un sindicato encausado por causa penal en democracia. La causa se remonta a hechos acaecidos en 2013 cuando, durante una ocupación del Rectorado, Ermengol Gassiot participó en una rueda de prensa frente al edificio ocupado. La fiscalía argumenta que, tanto él como los otros 26 acusados –estudiantes, profesores y trabajadores de la UAB–, «amparándose en el marco de la representación de estudiantes de la UAB, en ejecución de un plan preconcebido, amparándose en el legítimo derecho a la protesta estudiantil, desarrollaron una secuencia de comportamiento criminal ejecutado en varias fases sucesivas, previamente planificadas, con el objetivo de: paralizar progresivamente la gestión de los órganos de gobierno de la UAB, restringir o impedir el derecho de acceso al lugar de trabajo del personal laboral (…), así como causar todos los desperfectos posibles dentro de las instalaciones».
La ocupación del Rectorado de la UAB es un hecho recurrente desde la primera ocupación, en los 70’s. Esta es la primera ocasión en la que se piden responsabilidades penales –más de 11 años, a cada uno de los acusados– y civiles –unos 380.000 euros–, así como la expulsión de la carrera docente o universitaria, al pedirse también a algunos acusados un destierro de la UAB por cinco años. La última ocupación del Rectorado, si bien resultó la menos conflictiva o violenta, ha resultado la más represaliada. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está dibujando a través de estas peticiones de condena desmesuradas en democracia y de esa descripción de delitos tan aparatosa y extraña? CTXT habla con Ermengol Gassiot sobre todo ello.
¿Cómo se desarrollaron los hechos de los que les acusan?
En la primavera de 2013 se vivieron protestas en la UAB por el despido de centenares de profesores –más de 400– por la vía de la no renovación de contrato, y por el aumento del 66% de la matrícula –Catalunya fue el lugar en el que la subida de tasas fue más elevado, por decisión de la Generalitat–. En la UAB, diversos colectivos de estudiantes y la CGT habían hecho un crítica fuerte a todo esto. Se inició una huelga en febrero. En el Claustro, a su vez, estudiantes, el CAU –Coordinadora Assamblearia de Universitats, un sindicato que agrupa a personal no docente– y la CGT, se impulsaron resoluciones que pedían al Rectorado que no aplique la subida de tasas, transparencia económica, así como poner fin a los despidos. No solo se impusieron en votos, sino que el Claustro rechazó un informe del Rectorado. En abril se inicia la ocupación del Rectorado. Inicialmente, en las primeras dos semanas, los trabajadores del Rectorado entran al edificio a trabajar sin problemas. La Plataforma per a la Universitat Pública –estudiantes y sindicatos– hace suya la ocupación. Muchos compañeros docentes proponen a sus alumnos hacer las clases en el edificio ocupado. No fue mi caso, porque en aquel momento no tenía clases que impartir. En ese punto es cuando hacemos una rueda de prensa, en la que participo, delante del edificio ocupado. Se pedía al Rectorado que cumpliera los puntos de la resolución acordada en el Claustro, para ello se inician negociaciones. Los negociadores, por cierto, también han sido imputados en el auto. A la tercera semana, ante la ausencia de respuesta del Rectorado, se bloquea el acceso al edificio. FInalmente, a la cuarta semana, finaliza la ocupación.
¿Cómo interpreta que se haya producido una demanda fiscal por una ocupación del Rectorado, hasta cierto punto, una tradición periódica en la UAB?
No queda claro quién inicia la denuncia. ¿La UAB? Silvia Carrasco, en aquel momento vicerrectora d’Estudiants, militante de ICV, presenta la denuncia, a título individual. Aparece como abogado el mismo que, entre otros casos, ha participado en el caso de los Pujol, de algún implicado en el caso Nóos y de Messi. La policía realiza indagaciones a partir de esa denuncia. La UAB participa en la información filtrando informes, como alguno que indicaba el nombre de los profesores que impartieron clase en el Rectorado ocupado. O como el peritaje de los daños ocasionados, que la UAB sitúa en 384.000€, una cantidad inverosímil. El Rectorado considera que ese es el importe de los sueldos de las personas que no pudieron acceder a su trabajo en una semana. En 2014, el rector comparece ante la policía. Narra un hilo argumental de los hechos, que comenzaría en la derrota electoral de la candidatura opositora a su lista. Explica que, posteriormente a la derrota, los integrantes de la lista se habían dedicado a desestabilizar la universidad. Explica, y facilita el DNI, quiénes son, a su parecer, los líderes, los ejecutores y los portavoces. Es toda una teoría de la conspiración. El juez, finalmente, ampliará ese listado inicial. En 2015, la UAB se presenta como acusación particular, siempre con el abogado que aparece en la primera denuncia, privada, de Silvia Carrasco.
¿Qué penas les piden?
Cinco años sin pisar la UAB, responsabilidad subsidiaria de 384.000€, 11 años y 6 meses de cárcel, por delito continuado de desórdenes públicos, violación de domicilio de persona jurídica, delito de daños, delito continuado de coacciones y delito de conspiración para delinquir.
¿Cómo valora esta reacción, esta desproporción?
Se entiende a través de las reformas PP para el control del orden público. Es un discurso en el que las protestas se plantean como problemas de orden público. El verdadero problema de todo esto es que el discurso va más allá, a través de medios públicos, de tertulianos. Se está culpabilizando al profesor de impartir ideología.
No existen. por otra parte, precedentes de inculpación de un secretario general de un sindicato en democracia. ¿Cómo valora eso?
En primer lugar, y para encontrar un precedente de una universidad que denuncia penalmente a sus profesores, tendríamos que retrotraernos a 1966. Y sí, se está incrementando la represión sindical desde 2012. Ahí están los casos de Laura Gómez, la secretaria general de CGT Barcelona, o Andrés Bódalo, sindicalista del SAT y concejal por Podemos, ambos detenidos tras la huelga del 29M.
¿Ha experimentado la solidaridad sindical?
Sí, por parte de Intersindical Alternativa Catalana –tienen un trabajador afiliado que está en el sumario–. Los trabajadores de la UAB han escrito un comunicado de solidaridad. UGT y CC.OO. no han dicho nada, sin bien es pronto y hace poco que se ha hecho público el sumario.
¿Se atreve a interpretar el futuro que dibuja este presente?
Es una deriva autoritaria en las democracias parlamentarias. Creo que acabará remitiendo, pero no debemos de estar quietos al respecto. Debemos construir espacios políticos, movilizaciones en la calle para forzar a las instituciones a corregir la deriva.
