Morcillas de Burgos hechas en Vancouver, pimientos del Padrón de la ribera del río Hudson o chorizos de Cantimpalos producidos en Oaxaca. El 24 de enero, la comisión de Comercio del Parlamento Europeo vota el tratado de inversiones con Canadá (CETA), y a principios de febrero será el pleno de la Eurocámara la que vote sí o no –sin posibilidad de enmiendas– la aprobación del texto. A partir de entonces, con su entrada en vigor –que será provisional a falta de la ratificación de los Parlamentos nacionales de la UE–, estará más cerca la conversión de un buen número de denominaciones de origen (hasta 219 en el caso de las denominaciones reconocidas por la legislación española) en papel mojado.
Negociado entre 2009 y 2014, el CETA ha pasado bajo los radares de la opinión pública hasta fechas recientes. Las movilizaciones contra la firma del acuerdo, asociadas al rechazo al TTIP, han tenido efecto en 2015 y en 2016 hasta casi tumbar el proyecto merced a la resistencia de uno de los parlamentos más informados sobre qué supondrá el CETA para las sociedades europeas, la cámara de representantes de Valonia.
Pese a que este Estado belga mantiene sus reticencias, la Comisión Europea consiguió vadear ese obstáculo. Para evitarlo, la sociedad civil ha convocado mañana sábado 21 distintas manifestaciones en toda Europa. Su aval, el hecho de que más de 3,5 millones de personas hayan firmado contra el acuerdo. La cita en España es en más de 20 ciudades. Bélgica, Alemania, Italia y Francia se suman a la cita.
Los individuos que crearon el CETA
De los 26 comisarios salientes de la Comisión Europea que negoció el tratado, nueve trabajan hoy en el sector privado. Los nombres de Viviane Reding, Karel de Gutch o del expresidente Durao Barroso se asocian a las empresas líderes de los sectores que saldrán beneficiados por el acuerdo. Goldman Sachs (Barroso), CVC y Merit Capital (de Gutch) o la minera Nyrstar (Reading) son los nuevos pagadores de tres de los principales artífices del CETA.
Pero las puertas giratorias también funcionan al revés (por eso son giratorias). El caso de Eoin O’Malley, que actualmente trabaja en la dirección de comercio de la Comisión Europea, es uno de los que ha denunciado públicamente el observatorio CEO, radicado en Bruselas. O’Malley fue consejero senior de BussinessEurope, la principal patronal europea, donde se encuentran, entre otras la española CEOE.
Como señala Luis Rico, de Ecologistas en Acción, las negociaciones con Canadá se produjeron durante la presidencia de Stephen Harper, “que representa el ala neoliberal conservadora” del país norteamericano. Harper recibió la lista de deseos de las grandes empresas y su ministro de Comercio, Peter Van Loan, fue más allá y se reunió con las cámaras de comercio del país para asegurarse que sus demandas estaban bien representadas. Hoy Harper trabaja de consultor experto para algunas de las mayores multinacionales del mundo.
CERT, ESF, Bussiness Europe, los impulsores colectivos
Bussiness Europe, The Canada Europe Roundtable for Business (CERT) y el European Services Forum (ESF) han sido los muñidores del acuerdo con Canadá. De sus equipos de abogados y sus informes proceden algunas de las disposiciones más polémicas del tratado.
BussinessEurope, que asegura representar a 20 millones de empresas de 34 países, es un vehículo de las grandes patronales que ha ejercido como lobby en las negociaciones y a la que se le achaca la estrategia de comercio seguida por la Comisión Europea. Su presidenta es la italiana Emma Marcegaglia, procedente de una de las familias italianas del acero, que utilizó, según el medio Il Fatto Quotidiano, la fiscalidad irlandesa y de Luxemburgo para eludir al fisco italiano.
La organización de la sociedad civil The Council of Canadians estima que BusinessEurope “es famosa por haber escrito casi toda la estrategia de crecimiento de 2006 de Global Europe dirigida por las exportaciones, que incluye un agresivo impulso para firmar acuerdos de libre comercio con países en desarrollo y mercados clave”.
«BusinessEurope y otros grupos industriales son regularmente invitados a reuniones exclusivas, donde se les da acceso a información sensible sobre las negociaciones comerciales en curso, información que se retiene de los grupos de interés público».
Lora Verheecke, de CEO, recuerda que ESF ha sido la responsable de que CETA incluya la “lista negativa”; esta lista implicará que todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a menos que se haga una excepción explícita. Es la primera vez que la UE incluye una disposición de este tipo en sus tratados de comercio.
La lista negativa es una medida que ESF ha perseguido desde hace muchos años. Como señala Verheecke, “la relación entre ESF y la Comisión es muy cercana”. Así lo expresó Michel Servoz, antiguo cargo de la dirección de Comercio, hoy en la dirección general de Empleo de la Comisión Europea. Para ésta, dijo Servoz “la contribución de ESF es totalmente decisiva. Los necesitamos a perpetuidad”.
ESF, especifica Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción, representa más de 30 servicios en diferentes sectores como los servicios audiovisuales (Unión Europea de Radiodifusión), el agua y la electricidad (Veolia Environment), las finanzas y los seguros (Deutschland AG, Lloyd’s de Londres) o las telecomunicaciones (France Telecom, Vodafone), y jugó su papel «presionando al Gobierno de Valonia para que votara a favor del CETA».Junto con la lista negativa y la cooperación regulatoria, el gran triunfo de los lobbies de las grandes multinacionales en el texto final del CETA es la inclusión del sistema de tribunal de inversiones (ICS). Conocido como ISDS en otros tratados, de ser aprobado el CETA, el ICS permitirá hacer vinculantes los mecanismos que permiten demandar a los Gobiernos “si consideran que los cambios políticos introducidos por estos en las políticas públicas –incluso los concebidos para proteger la salud, el medioambiente o la estabilidad económica– afectan a los beneficios privados de las multinacionales”.
Las mineras salen ganando
Las empresas mineras canadienses, las primeras del mundo, han sido muy activas en su trabajo de lobby dentro del CERT. «Seguramente, el aspecto más significativo del CETA para las empresas mineras de ambos lados del Atlántico es la inclusión de una disposición inversor-Estado», ha publicado Mineweb, el portal de las empresas mineras.
Otra web del sector minero –Minning– se congratulaba recientemente de la firma del acuerdo en relación al paso que supondrá para la introducción de las arenas bituminosas, un tipo de extracción de petróleo mediante minería a cielo abierto. Las petroleras canadienses y europeas, Repsol entre ellas, han presionado para diluir la Directiva sobre calidad de los combustibles, prevista en un inicio para garantizar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de los objetivos de lucha contra el cambio climático.
El lobby minero no fue el único en intervenir en la redacción del tratado, ni siquiera ha sido el que más ha gastado. La dirección de comercio de la Comisión ha recibido las visitas de la industria agroalimentaria, la de servicios financieros, las farmacéuticas o el sector del automóvil.
La industria farmacéutica, el sector agroindustrial
Potencialmente, el capítulo más costoso de CETA para la administración canadiense es sobre los derechos de propiedad intelectual, según Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción: «El CETA aumentaría el costo de los medicamentos recetados en Canadá en cientos de millones de dólares al año y es evidente que el sector farmacéutico tiene vastos intereses en el acuerdo. Una parte considerable del proyecto de ley C-30 de Canadá, una legislación por ratificar antes del CETA, trata de los cambios en el régimen de patentes de Canadá en respuesta a las demandas de la UE y sus farmacéuticas».
El papel de la agroindustria ha convertido la agricultura en uno de los sectores que se verán más afectados si el Parlamento ratifica de forma provisional el CETA. Lucía Bárcena, de la campaña estatal No al TTIP, explica que una vez entre en vigor el tratado “cualquier regulación en relación a la agroindustria podrá ser revisada en cualquier momento al ser un ‘acuerdo vivo’ –según aparece en el capítulo sobre Cooperación Reguladora– “es decir un proyecto en permanente revisión de las legislaciones actuales o futuras en ámbitos como Sanidad y Fitosanitarios”.
Las consecuencias, la presión que Canadá va a ejercer en contra del principio de precaución que funciona en la Unión Europea y se basa en riesgos que los países norteamericanos no incluyen en su regulación de la agroindustria y la ganadería, como el uso de hormonas y antibióticos o de promotores del crecimiento.
El CETA, dice Bárcena, supondrá que “la concentración de la agroindustria ganadera en Norteamérica obligará a la concentración de la agroindustria ganadera en la UE, con grandes desventajas para las cooperativas, los productores ganaderos y consumidores”. La Asociación Candiense de Ganado (CCA) y Cargill y JBS las grandes multinacionales del empaquetado de carne (controlan el 90% del sector) serán las grandes beneficiadas de la apertura del mercado europeo a los productos norteamericanos.
En este proceso se verán arrastradas las denominaciones de origen. El precedente del tratado Nafta, entre EE UU, México y Canadá y que vinculará al CETA a multinacionales de los otros dos países norteamericanos, ha puesto en evidencia cómo se eliminan las barreras de etiquetado con el argumento de que con las etiquetas se imponen barreras al comercio. Canadá ha aceptado 145 indicaciones prioritarias de la UE de las cuales, 27 de ellas son españolas. “Ahora bien”, recuerda Bárcena “España produce 246 productos con denominación de origen”. De entre esos 246 productos, unos cuantos pueden comenzar a ser producidos en otras regiones. Morcilla de Toronto, Jerez de Wisconsin o Pimientos de Sillicon Valley, entre las posibilidades.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/panorama/32727-ceta-quienes-ganan-con-acuerdo-ue-canada.html
