eldiario.es. Yayo Herrero.- En las últimas semanas se está produciendo un importante ataque desde dos grandes medios de comunicación, El Mundo y El País, a las empresas de la Economía Social y Solidaria que trabajan con el Ayuntamiento de Madrid, así como a varios concejales, asesores y quizá de fondo a la alcaldesa. Se inventan una «trama» y sueltan nombres de personas que trabajan en la economía social o trabajaron en ella y hoy lo hacen en el Ayuntamiento. Las personas nombradas no tienen capacidad de contratación de servicios, pero se insinúa que la tienen y que usan su poder para crear una red clientelar.
No es una novedad. Desde 2015, el intento de descrédito mediático ha sido una constante. De forma recurrente, los nombres de personas y empresas de la economía social se han utilizado como arma arrojadiza contra el gobierno de Ahora Madrid.
Sin embargo, quizás porque se acercan unas nuevas elecciones, este último ataque es más intenso y, llamadme malpensada, parece estar coordinado entre varios medios de comunicación y algunos partidos políticos. Intuyo que, después de unas semanas de sacar todo tipo de información confusa e insidiosa, se terminará produciendo alguna querella infundada del PP, Ciudadanos o ambos, contra Ahora Madrid, que, como en otros casos acabará desestimada o archivada pero que generará ruido de cara a la contienda electoral. La economía social y solidaria y el cooperativismo es el terreno de combate que han elegido para poner en marcha esta estrategia.
En este marco de acoso a las cooperativas, el pasado lunes 30 de abril, se lanzaba una noticia que me afectaba a mí directamente. La escribía un periodista de El País, Luca Constantini, entregado desde hace meses a la causa de mezclar palabras, hechos y nombres en artículos venenosos de escaso rigor y calidad.
Ese lunes pude experimentar el dolor, el agobio y la rabia que da que alguien te difame en un medio de difusión masivo, y exponga una imagen distorsionada de ti ante miles de personas que no te conocen y a las que no puedes llegar para aclarar. Es curioso, pero no estuve tranquila hasta que pude comunicarme con mis hermanos y hermanas, que no son activistas, y solo se me saltaron las lágrimas cuando me expresaron su apoyo y confianza incondicional. Imagino que también se sentirán así Fernando Sabín, compañero imprescindible que, en una serie de piezas aún más delirantes que las que hablan de mí, está sufriendo un acoso tremendo por parte de periodistas de El Mundo; o Toño Hernández, el compañero de activismo y de vida más generoso.
Siento la necesidad de explicar cuáles son las falsedades y las medias verdades con las que Costantini construyó la noticia, que siguen la misma lógica del resto de noticias de este periodista contra Tangente y muy similares a las que El Mundo está usando con otras personas y empresas de la economía social. Siento la obligación de hacerlo ante muchas personas que me conocen y a las que no tengo el derecho de exigir actos de fe ni confianza ciega.
En mi caso, la noticia dice que he sido impulsora y fundadora de la candidatura de Ahora Madrid y además participante de una empresa cooperativa. A partir de esas dos afirmaciones, y sin realizar ningún tipo de acusación concreta, se insinúan todo tipo de uso de influencias y poderes que consiguieron que Carmena haya terminado «dando» 300.000 euros a mi «firma» (mismo término que usa El Mundo para dirigirse a las empresas de economía social). La entradilla del artículo afirma textualmente que «la cooperativa fundada por Yayo Herrero, activista de IU y Ganemos, pertenece a un grupo que ha obtenido ya 1.000.000 de euros del Ayuntamiento de Madrid».
Me gustaría aclarar algunos aspectos respecto a la información publicada.
Uno. Una cooperativa no es la «firma» de nadie. Es una empresa en la que las personas socias-trabajadoras son dueñas y, por tanto, quienes deciden democráticamente sobre todos los aspectos: una trabajadora, un voto.
Yo, efectivamente, fui una de las socias fundadoras de Garúa S. Coop. Mad. hace más de 10 años. En enero de 2012 decidí aceptar una oferta de trabajo externa y dejé de ser socia-trabajadora. Es decir, desde hace casi seis años y medio –salí de Garúa más de tres años antes de las elecciones de 2015- no formo parte de la empresa, y, por no ser trabajadora, no participo ni tengo voto sobre sus proyectos y actividad.
Dos. Tangente es un grupo cooperativo que aglutina a varias empresas –14 en total– de la economía social y que engloba el trabajo de unos 130 profesionales. Se conformó como grupo a finales de 2013, después de que yo hubiese dejado de trabajar en Garúa; por tanto, nunca he tenido la oportunidad de participar ni trabajar en él. Desconozco cuáles son los concursos a los que legítimamente se presenta y los que gana.
Tres. No soy activista ni de IU, ni de Ganemos, ni de ninguna de las organizaciones que construyeron la candidatura de Ahora Madrid. Se lo dejé claro al periodista por correo electrónico el día antes de que sacara la noticia. Me consta que recibió el correo porque recoge fragmentos del mismo en su artículo, pero prefirió mantener la mentira en su titular, supongo que para poder sostener su rocambolesca teoría.
Cuatro. Tampoco fui, como se insinúa, fundadora de Ahora Madrid; no impulsé la creación de la confluencia, no participé en la organización de la campaña electoral de Ahora Madrid. Es cierto que recibí propuestas, e incluso algo de presión, para incluirme en las listas de la candidatura, pero quienes me conocen saben que hasta el momento he optado por no participar en iniciativas que tengan como objetivo presentarse a elecciones. Tampoco he aceptado propuestas que supusiesen trabajar de forma remunerada en la política institucional ni como liberada en movimientos sociales, aunque me parece legítimo y necesario que otras personas lo hagan.
Asistí durante la campaña a un encuentro de Manuela Carmena con las entidades de la economía social madrileña, similar a los que se mantienen con candidatos de otros partidos, en la que le informamos de lo que éramos y le trasladamos nuestras expectativas.
Acudí como ciudadana a los actos de campaña que me interesaban y reivindico mi derecho a hacerlo sin tener que dar explicaciones ni disculparme ante nadie por ello.
Cinco. El artículo de Luca Costantini dice que, aunque yo le he dicho por escrito que no tengo ni he querido tener vinculación orgánica ni económica con el Ayuntamiento, «Herrero sí colaboró con el Consistorio en la auditoría ciudadana de la deuda, por la que se pagaron 500.000 euros en informes y contratos donde participaron miembros de Fuhem, otro colectivo dirigido por Herrero».
Este es un asunto sobre el que el mismo periodista trató de ensuciar en otros artículos previos. Lo explico de nuevo. Varias personas fuimos invitadas a participar en el consejo de la auditoría de la deuda. La realización de esta auditoría era una de las promesas centrales del programa con el que Ahora Madrid concurrió a las elecciones. El consejo asesor está integrado por personas expertas en los diferentes ámbitos que se pretendían auditar y la participación en este consejo es voluntaria y gratuita. Mi aportación se centra en proporcionar criterios para la evaluación de políticas públicas en materia medioambiental, cosa en la que, faltando a la modestia, he de decir que tengo conocimientos más que suficientes y contrastados.
Las personas que estamos en el consejo asesor no participamos en la decisión de a qué empresas o personas se adjudican esos trabajos técnicos. En cualquier caso, el colmo de la cutrez periodística es decir que en esos informes y contratos adjudicados participaron miembros de Fuhem. Una compañera, que además de trabajar en Fuhem colabora con una universidad, se postuló, en nombre de ésta última, como candidata para coordinar el trabajo de la auditoría. Su candidatura no ganó la licitación, pero la noticia sugiere lo contrario.
Además, y como aclaración, Fuhem – el periodista escribió mal el nombre en el artículo– no es un colectivo, sino que es una fundación de reconocido prestigio en el conjunto del Estado y en especial en Madrid, con casi 60 años de historia. Lo que sí es cierto es que tengo el orgullo de ser su directora desde enero de 2012, aunque siempre he observado con escrúpulo la distancia entre mi actividad política y mi trabajo profesional.
Vamos, que ni trabajo en Garúa, ni formo parte de Tangente, ni soy activista de IU o Ganemos. No he formado, ni formo parte del proyecto de Ahora Madrid. No hay personas de Fuhem que hayan trabajado en la auditoría de la deuda. No cobro por ser parte del consejo asesor, ni participo en la asignación de esos trabajos. Costantini sabía todo esto porque yo se lo explicité, pero en su artículo insinúa lo contrario.
Señalar a la economía social
Pienso mucho lo que cuesta llevar las prácticas feministas a la política. No se está consiguiendo ni en la organización de los tiempos, ni en las formas, ni en la capacidad de debatir, ni de buscar acuerdos. Creo que algunos medios, con ataques infundados como estos, tienen una parte importante de culpa y se convierten en importantes aliados del patriarcado más rancio.
He de decir que la calidad del artículo de Luca Costantini me parece pésima y, aunque soy crítica desde hace años con la línea editorial de El País, me parece tremendo que un diario de esa tirada no tenga controles de calidad que impidan que personas como esta arrastren el nivel y prestigio de su periódico hasta extremos tan bajos.
Pero no quiero reivindicar solo mi nombre o mi honestidad. No quiero ponerme de perfil ante lo que es el propósito de fondo de esta campaña de El País y El Mundo que trata de meter miedo, hacer pensar que todos somos iguales y señalar a la Economía Social y Solidaria y a quienes trabajan en ella como un atajo de advenedizos que ocupan un lugar que no les corresponde.
Defiendo que cualquier persona puede intentar ocupar con honestidad el lugar en el que desee estar. La gente tiene derecho a participar en la política institucional independientemente de dónde haya trabajado en el pasado y a ser tratada en los medios con el debido respeto y rigor. La institución tiene que vigilar la honestidad de las actuaciones, velar por la correcta gestión de lo público y actuar con firmeza ante cualquier irregularidad. Es precisamente la impunidad la que iguala a honestos y a corruptos.
Quiero decir, también, que Garúa es una excelente empresa, integrada por profesionales enormemente cualificados. Es el lugar donde, sin duda, volveré a trabajar. Es la empresa en la que es posible hacer tareas con sentido, criar hijos e hijas a la vez que se trabaja, desarrollar proyectos propios.
No me sorprende que mis excompañeras hayan obtenido tres contratos en diferentes concejalías en torno al diseño de un «proceso participativo», la implementación de un «plan de consumo sostenible» y «actividades formativas para la introducción de la alimentación ecológica». En esos tres aspectos, Garúa es una referencia. Me alegra mucho que el Ayuntamiento, a partir de los procedimientos administrativos que tiene establecidos, les haya seleccionado.
El proyecto de 292.000 euros al que hace referencia el titular de El País está adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por otra entidad (que lleva el 95% del trabajo y la facturación) y Garúa (que lleva el 5% restante). Es curioso que solo aparezca el nombre de Garúa. Quizás sea porque era la única forma de poder construir «el notición». Y esa ausencia resulta aún más relevante por el hecho de que la otra entidad es la que lleva prestando ese servicio desde 2004, cuando ni siquiera era soñado el 15M y gobernaba el PP.
El objetivo: generar miedo
Cuando los artículos hablan de «dar a dedo», se pretende equiparar y confundir millonarias dádivas mediante sobres y comisiones ilegales con la adjudicación de trabajos concretos y verificables que, según los propios datos de El País, y teniendo en cuenta que en Tangente trabajan 130 personas, han supuesto una retribución bruta de unos 2.500 euros por trabajadora y año. Es obvio que el «pelotazo» descubierto por el sagaz periodista suena ridículo y que para las empresas de Tangente, el Ayuntamiento de Madrid es un cliente más.
El propósito de esta ofensiva mediática es triple. Por un lado, hacer pensar que da lo mismo quién esté en las instituciones. Hagamos creer que todo es lo mismo. Fabriquemos supuestas «tramas corruptas» que salpiquen a concejales, asesoras y a sus espacios de procedencia.
En segundo lugar, se persigue asestar un golpe a una forma alternativa de concebir la economía y las empresas. Se ensucian los nombres de muchas personas y de entidades empresariales que llevan años construyendo modelos económicos alternativos que tienen como prioridad la autoorganización, el bienestar, el mantenimiento y crecimiento del empleo, a la vez que se producen servicios socialmente necesarios que no destruyen la naturaleza y resuelven necesidades humanas.
Y el tercer objetivo es generar miedo. Miedo a defender y llevar a cabo los programas; miedo a ocupar espacios legítimos, miedo a emplear otros lenguajes y otras prácticas… Después de casi tres años de acoso mediático en el Ayuntamiento es ya hora de no tener miedo. Han sido muchos meses de querer pasar inadvertidos ante ofensivas que no van a cesar hasta que desaparezcas o dejes de ser lo que eres.
Canto en un coro de mujeres y nuestra directora utiliza las mejores metáforas para explicarnos cómo tenemos que interpretar un tema. A veces, cuando no estamos seguras, no llegamos a las notas más altas, desafinamos o el sonido no sale limpio. En esos momentos nos dice «chicas, están cantando con miedo y así la canción no expresa nada. Canten sin miedo, canten como si la voz les saliera de los ovarios». Y oye, la voz termina saliendo, y juntas somos capaces de conquistar las notas más altas.
Por eso, hoy quiero sacar mi voz también de los ovarios, porque no quiero tener miedo.
Voy a seguir defendiendo que la economía social y solidaria es una opción necesaria para revertir un modelo económico que echa a las personas de sus casas para luego especular con ellas; que le corta la luz a la gente cuando no puede pagar; que hace expedientes de regulación de empleo, a veces incluso teniendo beneficios; que recorta en servicios públicos; que pretende encerrar a la mujeres en casa para que se ocupen de sostener la reproducción cotidiana; que genera masas de personas desempleadas, las culpa y estigmatiza por no tener empleo; que destruye bienes finitos y desregula los ciclos naturales de los que dependemos.
Quiero reivindicar el derecho de las personas a trabajar, a construir empresas y a ser activistas o participar en la institución si así lo desean. No hay que esconder que muchas nos organizamos para transformar un modelo que le declara la guerra a la vida. Lo hacemos consciente y orgullosamente.
He intentado tener siempre un buen nivel de diálogo en todas las organizaciones políticas a las que he podido acceder o me han prestado atención, con el fin, confieso, de tratar de influir en la transversalización de las cuestiones ecológicas y feministas en sus programas y acciones y proponer alianzas y confluencias. Pienso seguir haciéndolo.
He hablado, como dice Costantini, de economía social en ámbitos de «IU, Ganemos e incluso de Podemos». Sí, lo he hecho y también en ámbitos del PSOE, del PNV o de la CUP. He hablado de economía ecosocial invitada por ayuntamientos de todos los colores políticos, también del PP, en universidades de todo el Estado, en centros sociales ocupados, en parroquias, conventos, asociaciones de budistas, en cursos para jueces y juezas, en formaciones para sindicalistas de todo el espectro… En todos los lugares en los que he tenido la oportunidad de hacerlo.
Lo voy a seguir haciendo, aún más si puedo, y además, trabajaré en las empresas de economía social que quiera y nos presentaremos a todos los concursos públicos que podamos, porque el espacio de la economía es también nuestro espacio y tenemos derecho a estar en él.
Seguiré firmando los manifiestos que me parezcan oportunos y apoyando todas aquellas causas que crea debo apoyar. No creo que se llegue a más gente ocultando las ideas en las que una cree. Lo transversal es saber explicarlas y estar dispuesta a debatirlas con cualquiera, con respeto y poniendo el cuerpo cuando haga falta.
No todos somos iguales
Tener posición política clara es un derecho perfectamente compatible con poner en marcha empresas y pretender vivir del trabajo en ellas. La clave es hacerlo con honestidad y transparencia, ahí están los portales del ayuntamiento en los que se detallan los contratos adjudicados. También son accesibles las cuentas de las empresas de la economía social, que no sólo miden sus resultados en términos monetarios, sino que también hacen balances sociales que incluyen la calidad del empleo y de los servicios prestados, la sostenibilidad o la igualdad de género.
No todas somos iguales. Ni las empresas son iguales, ni las organizaciones empresariales, ni las personas que gobiernan, ni las que están en la judicatura, ni tampoco los periodistas. En algunas de mis charlas, durante el coloquio la gente más fatalista suele plantear que cuando las economías alternativas cojan fuerza, el sistema iría a saco a por ellas. Puede que estemos llegando a ese momento y, de ser así, habrá que disputar esa hegemonía económica.
A mí me sirve de inspiración el movimiento feminista que ha pasado activamente a reclamarlo y exigirlo todo. Ante la violencia estructural o mediática estamos obligadas a dar un paso adelante, no dejar estas agresiones sin respuesta y defendernos colectivamente.
