El pasado 30 de junio, emergió en prensa la siniestra recomendación (es decir lex) evacuada por Mario Draghi presidente del BCE: “las proyecciones indican que los costes asociados al envejecimiento representan un reto para la sostenibilidad fiscal (…) en países como Italia y España parece que hay un alto riesgo de que las reformas de las pensiones adoptadas anteriormente se revoquen, (…) lo que podría tener consecuencias negativas para la deuda pública y el crecimiento”.
De modo que el neoliberalismo afianza su estrategia de contrarrevolución por etapas iniciada en la década de los 70 y apadrinada por la tríada del FMI, BM, OMC, estrategia encarnada en la Unión Europea por la plutocracia fiscal-bancaria del Banco Central Europeo (BCE).
El BCE, impone sus prioridades (“deuda pública y crecimiento”) obviando asuntos tan candentes como el reclamo de la deuda bancaria y privada, la reforma fiscal progresiva, el fin de los paraísos fiscales, el impuesto a las transacciones financieras internacionales… y la adjudicación depensiones justaso el fin de la precariedad laboral. Asuntos que determinan precisamente la insostenibilidad del modelo de capitalismo salvaje que defiende el BCE y que -como tantos otros- deberían encararse en el proceso instituyente de una Europa social, de los pueblos, desmilitarizada y solidaria.
Pero es que el BCE, el banco de los bancos –recordemos, que es una poderosa institución NO elegida por la ciudadanía europea- es ajeno a un balance social y sostenible y está incapacitado para evaluar las consecuencias de las políticas que impulsa: la cadena de desastres recientes que ligan el Reino Unido bajo la bota de Margaret a la Grecia expoliada y en régimen de for sale. El desastre planetario que supone el depredador crecimiento al que gusta ofrecer sacrificios humanos.
Al BCE le basta con animar la carrera ciega hacia el abismo de la acumulación de capital, ignorando todos los indicadores que subrayan el avance continental de la desigualdad, la pobreza, la precarización del trabajo, la agravación del cambio climático y la degradación generalizada de la calidad de vida. Si las pensiones constituyen un nicho de negocio deberá imponerse progresivamente su privatización ¿para qué pensar en el mañana? Si hoy pueden ser tasadas como una mercancía y capitalizadas a través de los fondos privados de pensiones, ¿para qué esperar?: ¡A por ello y sin complejos!
En la España de la burbuja-estadística-partido-popular, todo marchaba bien y ordenadamente. A día de hoy sólo hay 3.100.000 desempleadxs mientras que el nuevo empleo de temporada, permitió cubrir casi 90.000 nuevos puestos de trabajo, fundamentalmente en hostelería. Los datos ¿cantan? La herencia de mañas-estadísticas (como el citado de “solo tres millones cien mil desempleadxs”) parece haber sido asumida prontito por la nueva política de estado esgrimida por el PSOE aunque humanizando -eso sí, que se note- los derechos de quienes cuenten con contratos laborales de siete días: ¡Si son siete, son siete y con alta…, ni más ni menos!
De modo que todo marchaba y marcha…aunque según la misma fuente, hacen falta siete empleos para cubrir una pensión. Incluso en esa lógica canina cabe preguntar ¿empleos de qué calibre y para qué cuantía de pensión? Porque, visto lo visto, no parece cálculo demasiado riguroso.
¿A qué “riesgos” se refiere el BCE?
Ciertamente no al riesgo de no devolución del rescate bancario al Estado (ese rescate que “no nos iba a costar un duro” pero que ha sido declarado irrecuperable), porque los Bancos no reintegran, prefieren volver a conceder créditos, alimentar nuevas burbujas y nuevos procesos de endeudamiento familiares, aunque en ese caso siempre obligatoriamente reembolsables por supuesto.
No hay pues problema, el BCE suelta dinero y endeuda a Estados como España y los Estados pagan su deuda y vigilan el déficit… pero a nuestra costa. Desde la reforma constitucional pactada entre el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy (suprimiendo el artículo 135) los beneficiarios del sistema decidieron usar como avales el recorte de lo público, la regresión salarial, el abaratamiento de los costes del trabajo mediante la precarización generalizada y la degradación progresiva de las pensiones.
A partir de ese nuevo pacto de palacio, el Gobierno –cualquier gobierno- tenía manos libres para emitir sin controles deuda pública o contraer crédito y el pago de los intereses de la deuda pública del Estado dejaba de estar incluido en el estadillo de gastos de los presupuestos. Poco importaban las consecuencias sociales si el aval constitucional por omisión-supresión legalizaba el despropósito exigido por los mercados.
Y la nueva Hacienda con marchamo socialista, insistió en ofrecer a la UE semejante garantía: que no cunda el pánico entre los mercaderes: ¡el 135 está suprimido y bien enterrado! Semejante garantía y la estrategia de retocar un poco la reforma laboral heredada, convierte en retórica vacía el alegato de acompañamiento pronunciado por la nueva ministra María Jesús Montero, añadiendo a su garantía la voluntad de “priorizar un modelo social en que valores como la cohesión social, la lucha contra la desigualdad y sostenibilidad, sean señas de identidad”.
Y sin embargo, durante estos últimos años los deslizamientos al gueto de la exclusión se dibujan con cifras escalofriantes, aunque parezcan diluidas entre los vapores de la cañita con ración de bravas. El territorio del Estado cuenta con más de 2.6 millones de paradxs de larga duración que no perciben ningún tipo de subsidios, un 22% de menores de 18 años se sitúa bajo el umbral de pobreza y en brecha salarial y desempleo, España bate récords en la Unión Europea: SÍ, la exclusión se ha instalado a pesar de los currillos veraniegos en bares y terrazas (esos casi 90.000 empleos de temporada que citábamos al principio).
Y en cuanto al empleo juvenil recordamos una de las no tan viejas encuestas de población activa (EPA) que, tras la Reforma laboral de 2012, situaba en un 91% los empleos destruidos de entre los que tradicionalmente eran ocupados por menores de 35 años y un 62% de menores de 25 años con trabajo… pero sometidos a alguna modalidad de contratación temporal, es decir precaria.
No es pues extraña la forzada disyuntiva que encaran los jóvenes menores de 35 años: el exilio laboral ó el apalancamiento forzoso en el domicilio familiar. Así las cosas la institución familiar en este sistema, sirve inicialmente de guardería, después de pensión y finalmente de residencia de mayores. Una institución multiusos y en degradada transformación.
Con semejantes destrozos ¿seguro que la ratio siete empleos/una pensión es creíble?
El saqueo de las pensiones
El pasado marzo viento sur publicaba el recomendable artículo de Manuel Garí (vientosur.info/spip.php?articlel3592) sobre las falacias del relato neoliberal sobre las pensiones. En él se subraya la caracterización de las pensiones como salario diferido y se razona la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.
Porque efectivamenteel agotamiento del Fondo de Reserva es producto de las nefastas políticas neoliberales que por medio de lacontrarreforma laboral de 2012 (y de todo el andamiaje anteriormente emplazado) han llevado al descenso de los salarios -y las aportaciones al sistema- a la persistencia del paro, el aumento de la precariedad y de las personas que trabajan como falsas autónomas y al descenso de número de jóvenes que se incorporan a la cadena productiva. El despilfarro de dinero público y la regresiva política fiscal completan el cuadro.
En este interregno político-veraniego de 2018, de pausa en las movilizaciones de pensionistas y sin desdoro de los análisis del sindicalismo mayoritario,nos situamos a prudente distancia de susestudios y preferimos optar por retomar algunos asuntos esenciales señalados por el sindicalismo que me resulta fiable (http://cgt.org.es/contra-el-robo-de-las-pensiones). El anarcosindicalismo cegetista –nada sospechoso de idolatría constitucional- parte de subrayar la validez del artículo 50 de la constitución del 78 (hélas!…los artículos válidos son precisamente los que se incumplen o se suprimen):
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Así mismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán a sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
CGT pone blanco sobre negro la fractura entre pensiones medias y pensiones reales, las percibidas por más de cuatro millones de pensionistas que cobran mensualidades inferiores al salario mínimo interprofesional y señalando en el documento citado, la regresión en derechos que supone “el retraso paulatino” de la edad de jubilación (hoy a los 65 años y seis meses, en 2021a los 66 y en 2027- es decir dentro de nueve años a los 67), el aumento de años de cotizaciones para alcanzar el 100% de la pensión (desde 35 hasta 37), el aumento del período de cálculo de la Base Reguladora (de los 15 a los 25 años) y el recurrente asunto de la no revalorización anual acorde con el IPC.
Aunque, considerando el alto porcentaje de bajísimas pensiones contributivas percibidas en España, es obligado añadir que tal equj será la convergencia de pensionistas y la tan esperada marea del precariado.
9/07/2018
Acacio Puig, es artista plástico y pensionista.
